Crónica de una militarización anunciada
Resumen:
En septiembre, el blog Paz y Seguridad de la revista nexos convocó a autores y organizaciones a hacer un balance de seguridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los textos elegidos serán publicados en este espacio. Esta es la cuarta entrega.
Transcripción:
En septiembre, el blog Paz y Seguridad de la revista nexos convocó a autores y organizaciones a hacer un balance de seguridad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los textos elegidos serán publicados en este espacio. Esta es la cuarta entrega.
Las entregas anteriores son
La costumbre de mentir
Una Fiscalía sin norte: ¿cuál es la estrategia en la procuración de justicia federal?
Gobiernos bajo asedio: la violencia político criminal a nivel subnacional
"Nunca hubo una muerte más anunciada"es una de las frases más contundentes de la obra de García Márquez: narra cómo todo un pueblo conocía el destino fatal que le esperaba a Santiago Nasar. Algo similar le ha pasado a nuestro país, la seguridad pública ha sido totalmente militarizada, situación que diversos sectores sociales advertían y veían venir tras una reforma constitucional en materia de Guardia Nacional (GN) que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Congreso de la Unión en febrero de este año.
La Cámara de Diputados y la de Senadores aprobaron dicha iniciativa;1 ésta va más allá del traslado administrativo y operativo de esta corporación de seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La reforma implica la militarización plena y permanente de la seguridad pública por la reforma "elimina la prohibición para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas ajenas a la disciplina militar, una prohibición histórica que ha sido parte de nuestro orden constitucional desde que terminó la Revolución".
¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Nunca se supo que pasaría? ¿Por qué si se sabía nadie hizo nada? Son probablemente algunas preguntas que nos podríamos plantear, pero lo cierto es que siempre hubo señales de que México estaba profundizando un proceso de militarización y que podría decantar en una militarización plena si no se respetaban y fortalecían los controles civiles existentes en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha ratificado el Estado mexicano.
Si bien durante la campaña presidencial de 2018, López Obrador se pronunció en contra de la militarización abiertamente y proponía un enfoque diferente para la seguridad pública, lo cierto es que, desde que tomó protesta como presidente de la República, el discurso comenzó a cambiar. Con ello se aceleró el proceso de militarización en la seguridad pública, pero también en otras esferas de la vida del país.
Durante la ceremonia de toma de protesta el 1.o de diciembre de 2018, ante el pleno de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno se encargaría de erradicar las causas estructurales de la inseguridad y la violencia en el país. También mencionó que se requería la conformación de una GN "ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, [por ello] estoy solicitando al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una GN para realizar funciones de seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos". Aquí, la primera alarma identificada por especialistas: el discurso señaló la ineficacia y la corrupción en las policías por su origen civil y enalteció a las Fuerzas Armadas como las únicas realmente comprometidas con el pueblo de México
Además, días antes de que arrancara el sexenio, López Obrador presentó el "Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024". Lisa Sánchez identificó que este plan no era la ruta correcta para la pacificación del país, por tres motivos principales. "Primero, porque la evidencia demuestra que el Ejército y la Marina son altamente eficientes en ejercer la violencia letal, pero no así para desempeñar labores de seguridad pública al margen de su inconstitucionalidad. Segundo, porque su presencia retrasa, cuando no cancela, la posibilidad de resolver el verdadero problema de fondo que es la carencia de policías y fiscalías fuertes, suficientes, capaces y eficientes. Y tercero, porque demuestra la falta de coherencia con la que el nuevo gobierno abordará fenómenos tan complejos como la inseguridad".
Si bien por acuerdo de todas las fuerzas políticas se aprobó la creación de la GN en mayo de 2019, la cual tendría entrenamiento, mandos y composición civil, la propuesta original de López Obrador fue que dicha corporación fuera militar. Ello no fue posible en ese momento porque no contaba con los votos suficientes en el Legislativo. Sin embargo, de último momento hubo una trastocada a este acuerdo, pues la la Ley de Guardia Nacional incluía: 1) la posibilidad de que la GN fuera dirigida por un militar en retiro; 2) la oportunidad de que se conformara también por elementos castrenses separados "funcionalmente" de sus instituciones armadas de origen; y 3) la introducción de un Artículo Quinto Transitorio por el que el presidente quedaba facultado para disponer de la Fuerza Armada permanente hasta el 27 de marzo de 2024 para desempeñar tareas de seguridad pública.2 Es decir, hubo una primera intención de retomar el origen militar de la GN que quería el presidente López Obrador.
A pesar de que se estableció que la GN tendría un carácter civil, en la práctica era militar. Pese a esta situación, algunos organismos internacionales vieron una oportunidad única la conformación de la GN como un cuerpo de seguridad pública y su supuesto carácter civil. Por ejemplo, la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet declaró al concluir su visita a México en 2019 que, el "Estado mexicano solicitó formalmente a mi Oficina asistencia técnica en materia de derechos humanos relacionados con la operación, transparencia y rendición de cuentas de la GN. Y esta misma mañana hemos firmado un acuerdo en este sentido".
Dicho acuerdo no logró implementarse porque en la práctica la GN era militar y el discurso militarista del presidente López Obrador permitió que las Fuerzas Armadas continuaran operando en tareas de seguridad. Si bien originalmente esta participación estaría limitada hasta 2024 mientras se establecía la GN y debía ser excepcional, regulada, fiscalizada, subordinada y coordinada, este periodo se extendió hasta 2028 con una reforma constitucional en 2022 cuando quedó claro que la corporación no terminaría de integrarse para esa fecha y que el gobierno federal no había tomado medidas para fortalecer a los cuerpos civiles de seguridad.
Actualmente la participación de las Fuerzas Armadas va más allá de la esfera de la seguridad pública. De acuerdo con datos del "Inventario Nacional de lo Militarizado", desde que comenzó el proceso de militarización en 2007 el gobierno federal y los gobiernos locales han transferido funciones y presupuestos a las Fuerzas Armadas en 291 ocasiones por medio de distintos medios (convenios, leyes, acuerdos, etc.). En particular, el gobierno federal ha firmado 126 convenios para transferir funciones civiles a las Fuerzas Armadas; 51 se transfirieron en los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador, y 83 % corresponden a tareas civiles distintas a la seguridad pública.
Lo alarmante es que ahora las Fuerzas Armadas tienen el control efectivo de los puntos estratégicos del país: aduanas, aeropuertos, carreteras y puertos. Esto les permite tener el control de entrada, traslado y salida de personas y mercancías del país, lo que abre la posibilidad de que cometan delitos e impere la corrupción y la opacidad. Adicionalmente, el presidente les entregó la construcción de los proyectos insignia de su administración: el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los aeropuertos de Chetumal y Tulum, el Tren Interoceánico, la refinería "Dos Bocas", así como treinta empresas de participación estatal mayoritaria, las cuales damos cuenta en nuestra investigación "El Negocio de la Militarización".
Adicionalmente, hemos visto cómo ha aumentado el presupuesto que se les destina a las Fuerzas Armadas. Para 2024, las Fuerzas Armadas suman el tercer presupuesto aprobado más grande de toda la Administración Pública Federal para 2024 con 1.34 mil millones de pesos, sólo por debajo de la Secretaría de Educación Pública (2.35 mil millones) y la Secretaría de Bienestar (1.86 mil millones). Negar que existe un proceso de militarización cuando está respaldado por un presupuesto tan grande, es negar la realidad y es claramente una señal contundente de que la militarización está presente y ganando cada vez más espacios en la toma de decisiones que competen únicamente a las autoridades civiles democráticamente electas.
La recién aprobada reforma obedece a que, en 2022, el presidente intentó que la GN quedará bajo el control de la Sedena por medio de una reforma que fue aprobada por el Legislativo (a las leyes secundarias, no a la Constitución por no contar con los votos suficientes para ello) pero declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ir en contra del carácter civil de la corporación tal como lo establece actualmente la Constitución. Debemos enmarcar esta reforma dentro del paquete de iniciativas enviadas en febrero de este año, las cuales están orientadas a rediseñar el régimen político del país y dejar plasmada la militarización de la seguridad pública en la Constitución.
Aprobar una reforma así representa diversos problemas. Militariza totalmente la seguridad pública a nivel federal y afecta la justicia porque la GN tendrá facultades de investigación del delito, con lo que la justicia también se militariza. Hay policías locales que no cuentan con esta facultad y ante la reforma del Poder Judicial sin duda la defensa de los derechos humanos de las personas está aún en un mayor riesgo. Además, aumenta el poder político y económico de las Fuerzas Armadas. Además de administrar el tercer presupuesto más grande, sólo por debajo de las Secretarías de Educación Pública y Bienestar, ahora la Secretaría de la Defensa también administrarán los recursos de la GN sin mencionar que debemos pagar como ciudadanía las pensiones que recibirán estos elementos, las cuales no se comparan con las del resto de los trabajadores del país. La reforma también centraliza el poder en manos del Ejecutivo federal y amplía sus facultades; ahora podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para cualquier tarea que establezca la Constitución y las leyes que de ella emanen, es decir, se profundizará la militarización en otras áreas de la vida pública del país. Por último, dificulta el funcionamiento operativo de la GN y merma su estado de fuerza, esto es particularmente alarmante porque la reforma no establece cómo habrá de garantizarse su entrenamiento policial.
Sin duda, la militarización no se ha anunciado de poco a poco: ha sido abierta, amplia y con un discurso que promueve los valores castrenses. Para muestra los discursos que pronunciaron los secretarios de la Defensa Nacional y Mariana en el pasado desfile militar que conmemora la independencia del país. Discursos que anuncian que la militarización está presente y avanza a todo galope para debilitar el Estado de derecho.
La militarización ya está aquí y se presenta como ese destino fatalista. Pensar en darle más poder político y más autonomía económica a las Fuerzas Armadas en pleno 2024 nos hace recordar momentos por demás oscuros que han pasado en otras latitudes del mundo. Si bien las esperanzas para que se retome la vía civil se disuelven cada vez más fácil, la sociedad civil seguirá resistiendo estos embates y, como señala Márquez en Crónica de una muerte anunciada: "La fatalidad nos hace invisibles".
Jonathan De Vicente Encarnación
Director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia. Profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM.
1 La reforma fue aprobada el jueves 19 de septiembre en lo general, con 362 votos a favor y cero en contra. El contenido completo de esta iniciativa se puede consultar aquí.
2 Lisa Sánchez, "La militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales", Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), noviembre de 2020.
De Vicente Encarnación, J. (2024, 22 octubre). Crónica de una militarización anunciada. nexos. Recuperado el 24 de octubre de 2024 de https://seguridad.nexos.com.mx/cronica-de-una-militarizacion-anunciada/
De Vicente Encarnación, Jonathan. "Crónica de una militarización anunciada." nexos, octubre 22, 2024. https://seguridad.nexos.com.mx/cronica-de-una-militarizacion-anunciada/
DE VICENTE ENCARNACIÓN, Jonathan. Crónica de una militarización anunciada. nexos [en línea]. 22 octubre 2024. [Consulta: 24 octubre 2024]. Disponible en: https://seguridad.nexos.com.mx/cronica-de-una-militarizacion-anunciada/
De Vicente Encarnación, Jonathan. "Crónica de una militarización anunciada." nexos. 22 Oct. 2024, https://seguridad.nexos.com.mx/cronica-de-una-militarizacion-anunciada/.
Las entregas anteriores son
La costumbre de mentir
Una Fiscalía sin norte: ¿cuál es la estrategia en la procuración de justicia federal?
Gobiernos bajo asedio: la violencia político criminal a nivel subnacional
"Nunca hubo una muerte más anunciada"es una de las frases más contundentes de la obra de García Márquez: narra cómo todo un pueblo conocía el destino fatal que le esperaba a Santiago Nasar. Algo similar le ha pasado a nuestro país, la seguridad pública ha sido totalmente militarizada, situación que diversos sectores sociales advertían y veían venir tras una reforma constitucional en materia de Guardia Nacional (GN) que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió al Congreso de la Unión en febrero de este año.
La Cámara de Diputados y la de Senadores aprobaron dicha iniciativa;1 ésta va más allá del traslado administrativo y operativo de esta corporación de seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La reforma implica la militarización plena y permanente de la seguridad pública por la reforma "elimina la prohibición para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas ajenas a la disciplina militar, una prohibición histórica que ha sido parte de nuestro orden constitucional desde que terminó la Revolución".
¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Nunca se supo que pasaría? ¿Por qué si se sabía nadie hizo nada? Son probablemente algunas preguntas que nos podríamos plantear, pero lo cierto es que siempre hubo señales de que México estaba profundizando un proceso de militarización y que podría decantar en una militarización plena si no se respetaban y fortalecían los controles civiles existentes en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha ratificado el Estado mexicano.
Si bien durante la campaña presidencial de 2018, López Obrador se pronunció en contra de la militarización abiertamente y proponía un enfoque diferente para la seguridad pública, lo cierto es que, desde que tomó protesta como presidente de la República, el discurso comenzó a cambiar. Con ello se aceleró el proceso de militarización en la seguridad pública, pero también en otras esferas de la vida del país.
Durante la ceremonia de toma de protesta el 1.o de diciembre de 2018, ante el pleno de la Cámara de Diputados, Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno se encargaría de erradicar las causas estructurales de la inseguridad y la violencia en el país. También mencionó que se requería la conformación de una GN "ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, [por ello] estoy solicitando al Congreso, con carácter urgente, la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una GN para realizar funciones de seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos". Aquí, la primera alarma identificada por especialistas: el discurso señaló la ineficacia y la corrupción en las policías por su origen civil y enalteció a las Fuerzas Armadas como las únicas realmente comprometidas con el pueblo de México
Además, días antes de que arrancara el sexenio, López Obrador presentó el "Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024". Lisa Sánchez identificó que este plan no era la ruta correcta para la pacificación del país, por tres motivos principales. "Primero, porque la evidencia demuestra que el Ejército y la Marina son altamente eficientes en ejercer la violencia letal, pero no así para desempeñar labores de seguridad pública al margen de su inconstitucionalidad. Segundo, porque su presencia retrasa, cuando no cancela, la posibilidad de resolver el verdadero problema de fondo que es la carencia de policías y fiscalías fuertes, suficientes, capaces y eficientes. Y tercero, porque demuestra la falta de coherencia con la que el nuevo gobierno abordará fenómenos tan complejos como la inseguridad".
Si bien por acuerdo de todas las fuerzas políticas se aprobó la creación de la GN en mayo de 2019, la cual tendría entrenamiento, mandos y composición civil, la propuesta original de López Obrador fue que dicha corporación fuera militar. Ello no fue posible en ese momento porque no contaba con los votos suficientes en el Legislativo. Sin embargo, de último momento hubo una trastocada a este acuerdo, pues la la Ley de Guardia Nacional incluía: 1) la posibilidad de que la GN fuera dirigida por un militar en retiro; 2) la oportunidad de que se conformara también por elementos castrenses separados "funcionalmente" de sus instituciones armadas de origen; y 3) la introducción de un Artículo Quinto Transitorio por el que el presidente quedaba facultado para disponer de la Fuerza Armada permanente hasta el 27 de marzo de 2024 para desempeñar tareas de seguridad pública.2 Es decir, hubo una primera intención de retomar el origen militar de la GN que quería el presidente López Obrador.
A pesar de que se estableció que la GN tendría un carácter civil, en la práctica era militar. Pese a esta situación, algunos organismos internacionales vieron una oportunidad única la conformación de la GN como un cuerpo de seguridad pública y su supuesto carácter civil. Por ejemplo, la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet declaró al concluir su visita a México en 2019 que, el "Estado mexicano solicitó formalmente a mi Oficina asistencia técnica en materia de derechos humanos relacionados con la operación, transparencia y rendición de cuentas de la GN. Y esta misma mañana hemos firmado un acuerdo en este sentido".
Dicho acuerdo no logró implementarse porque en la práctica la GN era militar y el discurso militarista del presidente López Obrador permitió que las Fuerzas Armadas continuaran operando en tareas de seguridad. Si bien originalmente esta participación estaría limitada hasta 2024 mientras se establecía la GN y debía ser excepcional, regulada, fiscalizada, subordinada y coordinada, este periodo se extendió hasta 2028 con una reforma constitucional en 2022 cuando quedó claro que la corporación no terminaría de integrarse para esa fecha y que el gobierno federal no había tomado medidas para fortalecer a los cuerpos civiles de seguridad.
Actualmente la participación de las Fuerzas Armadas va más allá de la esfera de la seguridad pública. De acuerdo con datos del "Inventario Nacional de lo Militarizado", desde que comenzó el proceso de militarización en 2007 el gobierno federal y los gobiernos locales han transferido funciones y presupuestos a las Fuerzas Armadas en 291 ocasiones por medio de distintos medios (convenios, leyes, acuerdos, etc.). En particular, el gobierno federal ha firmado 126 convenios para transferir funciones civiles a las Fuerzas Armadas; 51 se transfirieron en los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador, y 83 % corresponden a tareas civiles distintas a la seguridad pública.
Lo alarmante es que ahora las Fuerzas Armadas tienen el control efectivo de los puntos estratégicos del país: aduanas, aeropuertos, carreteras y puertos. Esto les permite tener el control de entrada, traslado y salida de personas y mercancías del país, lo que abre la posibilidad de que cometan delitos e impere la corrupción y la opacidad. Adicionalmente, el presidente les entregó la construcción de los proyectos insignia de su administración: el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los aeropuertos de Chetumal y Tulum, el Tren Interoceánico, la refinería "Dos Bocas", así como treinta empresas de participación estatal mayoritaria, las cuales damos cuenta en nuestra investigación "El Negocio de la Militarización".
Adicionalmente, hemos visto cómo ha aumentado el presupuesto que se les destina a las Fuerzas Armadas. Para 2024, las Fuerzas Armadas suman el tercer presupuesto aprobado más grande de toda la Administración Pública Federal para 2024 con 1.34 mil millones de pesos, sólo por debajo de la Secretaría de Educación Pública (2.35 mil millones) y la Secretaría de Bienestar (1.86 mil millones). Negar que existe un proceso de militarización cuando está respaldado por un presupuesto tan grande, es negar la realidad y es claramente una señal contundente de que la militarización está presente y ganando cada vez más espacios en la toma de decisiones que competen únicamente a las autoridades civiles democráticamente electas.
La recién aprobada reforma obedece a que, en 2022, el presidente intentó que la GN quedará bajo el control de la Sedena por medio de una reforma que fue aprobada por el Legislativo (a las leyes secundarias, no a la Constitución por no contar con los votos suficientes para ello) pero declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ir en contra del carácter civil de la corporación tal como lo establece actualmente la Constitución. Debemos enmarcar esta reforma dentro del paquete de iniciativas enviadas en febrero de este año, las cuales están orientadas a rediseñar el régimen político del país y dejar plasmada la militarización de la seguridad pública en la Constitución.
Aprobar una reforma así representa diversos problemas. Militariza totalmente la seguridad pública a nivel federal y afecta la justicia porque la GN tendrá facultades de investigación del delito, con lo que la justicia también se militariza. Hay policías locales que no cuentan con esta facultad y ante la reforma del Poder Judicial sin duda la defensa de los derechos humanos de las personas está aún en un mayor riesgo. Además, aumenta el poder político y económico de las Fuerzas Armadas. Además de administrar el tercer presupuesto más grande, sólo por debajo de las Secretarías de Educación Pública y Bienestar, ahora la Secretaría de la Defensa también administrarán los recursos de la GN sin mencionar que debemos pagar como ciudadanía las pensiones que recibirán estos elementos, las cuales no se comparan con las del resto de los trabajadores del país. La reforma también centraliza el poder en manos del Ejecutivo federal y amplía sus facultades; ahora podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para cualquier tarea que establezca la Constitución y las leyes que de ella emanen, es decir, se profundizará la militarización en otras áreas de la vida pública del país. Por último, dificulta el funcionamiento operativo de la GN y merma su estado de fuerza, esto es particularmente alarmante porque la reforma no establece cómo habrá de garantizarse su entrenamiento policial.
Sin duda, la militarización no se ha anunciado de poco a poco: ha sido abierta, amplia y con un discurso que promueve los valores castrenses. Para muestra los discursos que pronunciaron los secretarios de la Defensa Nacional y Mariana en el pasado desfile militar que conmemora la independencia del país. Discursos que anuncian que la militarización está presente y avanza a todo galope para debilitar el Estado de derecho.
La militarización ya está aquí y se presenta como ese destino fatalista. Pensar en darle más poder político y más autonomía económica a las Fuerzas Armadas en pleno 2024 nos hace recordar momentos por demás oscuros que han pasado en otras latitudes del mundo. Si bien las esperanzas para que se retome la vía civil se disuelven cada vez más fácil, la sociedad civil seguirá resistiendo estos embates y, como señala Márquez en Crónica de una muerte anunciada: "La fatalidad nos hace invisibles".
Jonathan De Vicente Encarnación
Director de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia. Profesor de asignatura en la FCPyS de la UNAM.
1 La reforma fue aprobada el jueves 19 de septiembre en lo general, con 362 votos a favor y cero en contra. El contenido completo de esta iniciativa se puede consultar aquí.
2 Lisa Sánchez, "La militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales", Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), noviembre de 2020.
De Vicente Encarnación, J. (2024, 22 octubre). Crónica de una militarización anunciada. nexos. Recuperado el 24 de octubre de 2024 de https://seguridad.nexos.com.mx/cronica-de-una-militarizacion-anunciada/
De Vicente Encarnación, Jonathan. "Crónica de una militarización anunciada." nexos, octubre 22, 2024. https://seguridad.nexos.com.mx/cronica-de-una-militarizacion-anunciada/
DE VICENTE ENCARNACIÓN, Jonathan. Crónica de una militarización anunciada. nexos [en línea]. 22 octubre 2024. [Consulta: 24 octubre 2024]. Disponible en: https://seguridad.nexos.com.mx/cronica-de-una-militarizacion-anunciada/
De Vicente Encarnación, Jonathan. "Crónica de una militarización anunciada." nexos. 22 Oct. 2024, https://seguridad.nexos.com.mx/cronica-de-una-militarizacion-anunciada/.