Bajo Sospecha //Ayotzinapa: 11 años sin justicia
Resumen:
AYOTZINAPA: 11 AÑOS SIN JUSTICIA
Transcripción:
AYOTZINAPA: 11 AÑOS SIN JUSTICIA
El próximo viernes se cumplen 11 años de aquella trágica noche en Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Once años después, el caso Ayotzinapa sigue siendo politizado; muchos de los culpables están en libertad, hay inocentes detenidos o en prisión domiciliaria, y a los padres de esos jóvenes nunca se les ha hecho justicia, ya que nunca han tenido certeza de lo sucedido debido a las manipulaciones en las investigaciones.
En 2018, como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió resolver el caso; incluso, fue una de las 100 promesas de campaña que nunca cumplió. Lo único que hizo fue crear una comisión denominada "De la Verdad", encabezada por el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quienes no llegaron a una conclusión clara.
En 11 años de investigación, solamente se han podido identificar los restos de tres estudiantes normalistas, dos de ellos desde que comenzaron las investigaciones, en la administración de Enrique Peña Nieto.
Después de tratar de manejar varias versiones en una investigación que nunca pudieron acreditar, finalmente el responsable de encontrar la historia real de lo que pasó en esa noche del 26-27 de septiembre en Iguala, Alejandro Encinas, tuvo que reconocer, apenas hace dos años, que los estudiantes iban infiltrados y que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, al cual acusan de ser el responsable del ataque cometido contra los estudiantes.
Lo que se plasma en ese informe es muy parecido a lo que hace 9 años publicó Jorge Fernández Menéndez en su libro "La noche de Iguala", y lo que hemos escrito desde entonces en estas páginas de La Razón.
Ésta es la historia que contamos hace años en esta columna, muy parecida a la versión que hoy dan las autoridades.
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, trabajaban con un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Tres de los hermanos de Pineda Villa eran líderes de este grupo.
Ella se encontraba en un mitin y se le informó que miembros de Los Rojos, un grupo enfrentado con Guerreros Unidos, llegarían a boicotear el acto, por lo cual la Policía de Iguala, muy ligada al cártel de Guerreros Unidos, detuvo a los jóvenes.
Desaparecieron desde entonces y se presume que fueron asesinados.
En 2014, el padre Alejandro Solalinde me contó en una entrevista que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos fueron quemados. Fue un escándalo, pero tenía razón.
Los estudiantes habían sido confundidos por el grupo criminal Guerreros Unidos con el grupo contrario, el de Los Rojos.
José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014, cuando se escondían en una vivienda de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Del grupo criminal Guerreros Unidos, los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes, se encontraban detenidos Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil, quien fue capturado en 2015, pero cuatro años más tarde, en 2019, quedó en libertad tras argumentar que sufrió tortura durante su detención, que lo obligaron a confesar un delito que, según dijo, no cometió.
Lo mismo ocurrió con sus sicarios, quienes fueron detenidos antes, en noviembre de 2014.
Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; y Salvador Reza Jacobo, El Wereke, todos aseguraron que las órdenes las dio Gildardo López. Sin embargo, siguieron el mismo argumento de El Gil y también fueron puestos en libertad en 2019, alegando que, bajo tortura, fueron obligados a confesar que participaron en el caso Ayotzinapa.
En Todo Personal tuvimos acceso a las declaraciones de estos cuatro sicarios: El Chereje, El Pato, El Jona y El Wereke.
Ellos confesaron que asesinaron a por lo menos 15 estudiantes normalistas, que les entregaron con vida a jefes policiales de Iguala y Cocula. Cada uno de esos cuatro sicarios relató por separado que varios ya habían muerto "por asfixia".
En ningún momento se vio que estuvieran coaccionados o que hubieran sufrido tortura; más bien, de forma tranquila, narraron a quien les hacía las preguntas que las órdenes venían desde arriba y que ellos buscaban a un infiltrado de Los Rojos, que incluso se hizo pasar por estudiante.
Pero El Gil y estos cuatro presuntos autores materiales no fueron los únicos liberados cinco años después de la desaparición de los jóvenes.
El 15 de septiembre de 2019, la FGR informó que el juez de distrito que lleva el caso Ayotzinapa liberó a los policías locales procesados, entre ellos, Felipe Flores, quien el 26 de septiembre de 2014 era el secretario de Seguridad Pública de Iguala.
También fueron liberados 21 agentes municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, quienes permanecían en el penal federal de Tepic, acusados del secuestro de los jóvenes.
Para junio de 2020, las autoridades detuvieron a José Ángel Casarrubias, uno de los responsables de la ejecución de los estudiantes, pero es procesado por otros delitos, no por el caso Ayotzinapa.
Su hermano, Sidronio, El Chino, fue vinculado al caso de los estudiantes y es de los pocos detenidos.
A ninguno de los padres de familia se les ha hecho justicia, y cada día los familiares están más lejos de encontrarla.
Los sicarios están libres y finalmente se ha tenido que reconocer que lo que sucedió esa noche fue que los estudiantes fueron confundidos, y que los Guerreros Unidos pensaron que formaban parte de su grupo rival, Los Rojos.
En 2024, en el tercer informe de la Comisión para la verdad del caso Ayotzinapa, se señaló que lo único claro es que las investigaciones confirmaron lo que se dijo en 2015.
Los padres de los 43 estudiantes siguen buscando respuestas, mientras que uno de sus abogados, Vidulfo Rosales, es hoy asesor del ministro presidente, Hugo Aguilar.
Apenas en agosto pasado, Vidulfo Rosales acudió a una reunión con el actual presidente de la Corte, Hugo Aguilar, previo a rendir protesta. Al terminar ese encuentro, el abogado anunció a través de una carta que dejaba el caso Ayotzinapa.
El año pasado, Vidulfo Rosales, junto a los padres de los normalistas, sostuvo un encuentro con la administración de López Obrador y, al salir, dijo no estar satisfecho con el reporte de la investigación sobre los 43 normalistas. Parecía un rompimiento entre el gobierno de López Obrador y los familiares de las víctimas, quienes acusaban de no haber avances.
A algún acuerdo personal llegó Rosales, quien a partir de este mes trabaja con el presidente de la SCJN, mientras los padres de familia esperan todavía respuestas.
FAMILIARES de los normalistas, antes de su entrada a Palacio Nacional, el 4 de septiembre.
BIBIANA BELSASSO
El próximo viernes se cumplen 11 años de aquella trágica noche en Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Once años después, el caso Ayotzinapa sigue siendo politizado; muchos de los culpables están en libertad, hay inocentes detenidos o en prisión domiciliaria, y a los padres de esos jóvenes nunca se les ha hecho justicia, ya que nunca han tenido certeza de lo sucedido debido a las manipulaciones en las investigaciones.
En 2018, como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió resolver el caso; incluso, fue una de las 100 promesas de campaña que nunca cumplió. Lo único que hizo fue crear una comisión denominada "De la Verdad", encabezada por el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quienes no llegaron a una conclusión clara.
En 11 años de investigación, solamente se han podido identificar los restos de tres estudiantes normalistas, dos de ellos desde que comenzaron las investigaciones, en la administración de Enrique Peña Nieto.
Después de tratar de manejar varias versiones en una investigación que nunca pudieron acreditar, finalmente el responsable de encontrar la historia real de lo que pasó en esa noche del 26-27 de septiembre en Iguala, Alejandro Encinas, tuvo que reconocer, apenas hace dos años, que los estudiantes iban infiltrados y que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, al cual acusan de ser el responsable del ataque cometido contra los estudiantes.
Lo que se plasma en ese informe es muy parecido a lo que hace 9 años publicó Jorge Fernández Menéndez en su libro "La noche de Iguala", y lo que hemos escrito desde entonces en estas páginas de La Razón.
Ésta es la historia que contamos hace años en esta columna, muy parecida a la versión que hoy dan las autoridades.
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, trabajaban con un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Tres de los hermanos de Pineda Villa eran líderes de este grupo.
Ella se encontraba en un mitin y se le informó que miembros de Los Rojos, un grupo enfrentado con Guerreros Unidos, llegarían a boicotear el acto, por lo cual la Policía de Iguala, muy ligada al cártel de Guerreros Unidos, detuvo a los jóvenes.
Desaparecieron desde entonces y se presume que fueron asesinados.
En 2014, el padre Alejandro Solalinde me contó en una entrevista que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos fueron quemados. Fue un escándalo, pero tenía razón.
Los estudiantes habían sido confundidos por el grupo criminal Guerreros Unidos con el grupo contrario, el de Los Rojos.
José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos el 4 de noviembre de 2014, cuando se escondían en una vivienda de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Del grupo criminal Guerreros Unidos, los responsables materiales de la desaparición de los estudiantes, se encontraban detenidos Gildardo López Astudillo, alias El Gil o El Cabo Gil, quien fue capturado en 2015, pero cuatro años más tarde, en 2019, quedó en libertad tras argumentar que sufrió tortura durante su detención, que lo obligaron a confesar un delito que, según dijo, no cometió.
Lo mismo ocurrió con sus sicarios, quienes fueron detenidos antes, en noviembre de 2014.
Agustín García Reyes, El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; y Salvador Reza Jacobo, El Wereke, todos aseguraron que las órdenes las dio Gildardo López. Sin embargo, siguieron el mismo argumento de El Gil y también fueron puestos en libertad en 2019, alegando que, bajo tortura, fueron obligados a confesar que participaron en el caso Ayotzinapa.
En Todo Personal tuvimos acceso a las declaraciones de estos cuatro sicarios: El Chereje, El Pato, El Jona y El Wereke.
Ellos confesaron que asesinaron a por lo menos 15 estudiantes normalistas, que les entregaron con vida a jefes policiales de Iguala y Cocula. Cada uno de esos cuatro sicarios relató por separado que varios ya habían muerto "por asfixia".
En ningún momento se vio que estuvieran coaccionados o que hubieran sufrido tortura; más bien, de forma tranquila, narraron a quien les hacía las preguntas que las órdenes venían desde arriba y que ellos buscaban a un infiltrado de Los Rojos, que incluso se hizo pasar por estudiante.
Pero El Gil y estos cuatro presuntos autores materiales no fueron los únicos liberados cinco años después de la desaparición de los jóvenes.
El 15 de septiembre de 2019, la FGR informó que el juez de distrito que lleva el caso Ayotzinapa liberó a los policías locales procesados, entre ellos, Felipe Flores, quien el 26 de septiembre de 2014 era el secretario de Seguridad Pública de Iguala.
También fueron liberados 21 agentes municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, quienes permanecían en el penal federal de Tepic, acusados del secuestro de los jóvenes.
Para junio de 2020, las autoridades detuvieron a José Ángel Casarrubias, uno de los responsables de la ejecución de los estudiantes, pero es procesado por otros delitos, no por el caso Ayotzinapa.
Su hermano, Sidronio, El Chino, fue vinculado al caso de los estudiantes y es de los pocos detenidos.
A ninguno de los padres de familia se les ha hecho justicia, y cada día los familiares están más lejos de encontrarla.
Los sicarios están libres y finalmente se ha tenido que reconocer que lo que sucedió esa noche fue que los estudiantes fueron confundidos, y que los Guerreros Unidos pensaron que formaban parte de su grupo rival, Los Rojos.
En 2024, en el tercer informe de la Comisión para la verdad del caso Ayotzinapa, se señaló que lo único claro es que las investigaciones confirmaron lo que se dijo en 2015.
Los padres de los 43 estudiantes siguen buscando respuestas, mientras que uno de sus abogados, Vidulfo Rosales, es hoy asesor del ministro presidente, Hugo Aguilar.
Apenas en agosto pasado, Vidulfo Rosales acudió a una reunión con el actual presidente de la Corte, Hugo Aguilar, previo a rendir protesta. Al terminar ese encuentro, el abogado anunció a través de una carta que dejaba el caso Ayotzinapa.
El año pasado, Vidulfo Rosales, junto a los padres de los normalistas, sostuvo un encuentro con la administración de López Obrador y, al salir, dijo no estar satisfecho con el reporte de la investigación sobre los 43 normalistas. Parecía un rompimiento entre el gobierno de López Obrador y los familiares de las víctimas, quienes acusaban de no haber avances.
A algún acuerdo personal llegó Rosales, quien a partir de este mes trabaja con el presidente de la SCJN, mientras los padres de familia esperan todavía respuestas.
FAMILIARES de los normalistas, antes de su entrada a Palacio Nacional, el 4 de septiembre.
BIBIANA BELSASSO