Radar De Libros // La tormenta judicial


Resumen:

Lo que tendremos es un Poder Judicial menos capaz de desahogar la conflictividad de una sociedad compleja

La tormenta judicial. Implicaciones de la reforma de 2024 en México (Nexos, 2025) es, al mismo tiempo, una alerta sísmica y un reporte sismológico. Por un lado, avisa con urgencia que viene un temblor; por el otro, informa pormenorizadamente su epicentro, profundidad, magnitud y potencial destructivo. Acaso porque es un hecho no consumado pero sí inminente y, por tanto, no queda más que ir dimensionando el inmenso daño que la democracia mexicana está a punto de autoinfligirse. Coordinado por Saúl López Noriega (CDMX, 1980) y Javier Martín Reyes (CDMX, 1986), este volumen ofrece un riguroso mapa crítico de los riesgos y probables efectos –jurídicos, políticos, económicos– de la reforma judicial impulsada, con apoyo mayoritario, por la coalición gobernante.

Transcripción:

Lo que tendremos es un Poder Judicial menos capaz de desahogar la conflictividad de una sociedad compleja

La tormenta judicial. Implicaciones de la reforma de 2024 en México (Nexos, 2025) es, al mismo tiempo, una alerta sísmica y un reporte sismológico. Por un lado, avisa con urgencia que viene un temblor; por el otro, informa pormenorizadamente su epicentro, profundidad, magnitud y potencial destructivo. Acaso porque es un hecho no consumado, pero sí inminente y, por tanto, no queda más que ir dimensionando el inmenso daño que la democracia mexicana está a punto de autoinfligirse. Coordinado por Saúl López Noriega (CDMX, 1980) y Javier Martín Reyes (CDMX, 1986), este volumen ofrece un riguroso mapa crítico de los riesgos y probables efectos –jurídicos, políticos, económicos– de la reforma judicial impulsada, con apoyo mayoritario, por la coalición gobernante.

En su prólogo, Roberto Gargarella caracteriza dicha reforma como una versión trágica del Aleph borgeano: una esfera donde se observan todas las patologías. Porque no es la renovación técnica del aparato judicial, sino el despliegue de una lógica autocrática que lo desactiva como contrapeso institucional y despoja al derecho de su significado como “el poder de los sin poder” (Václav Havel). La elección popular de los jueces —núcleo simbólico y práctico de la reforma— no es una democratización sino una captura política por la vía electoral.

Cada capítulo desmenuza un aspecto clave del proyecto. Guadalupe Salmorán expone el riesgo de convertir al Poder Judicial en botín de partidos o facciones. Andrea Pozas y Julio Ríos señalan los peligros de destruir la carrera judicial. Alfonso Oñate analiza la arbitrariedad con la que podrá conducirse el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. José María Lujambio repasa el debilitamiento de los medios de control constitucional, particularmente del juicio de amparo.

Otros capítulos profundizan en consecuencias menos visibles pero igualmente graves. Sergio López Ayllón explica los amplios márgenes de discrecionalidad para sustituir jueces que tendrá el Órgano de Administración Judicial. María Amparo Hernández Chong aclara el previsible impacto del embate contra el sistema de precedentes y jurisprudencia. Rodrigo Brito revisa los resultados negativos de la figura de los “jueces sin rostro” en la experiencia internacional. Y así sucesivamente un total de 13 capítulos.

Lejos de una mera lamentación, La tormenta judicial es una documentada advertencia –con argumentos, comparaciones y datos– de que en nombre del pueblo se pueden hacer muchas cosas antidemocráticas, incluso desmantelar las instituciones que existen para protegerlo. La conclusión es ineludible: tendremos un Poder Judicial menos autónomo, menos técnico, menos garantista y, en suma, menos capaz de desahogar la conflictividad de una sociedad compleja. En tiempos de reformas hechas deliberadamente para engañar, este libro importa porque ofrece un lenguaje honesto para desmontar la narrativa oficial y entender con claridad los previsibles estragos del terremoto que estamos, como país, a punto de provocarnos.

En nombre del pueblo se pueden desmantelar las instituciones que existen para protegerlo

CARLOS BRAVO REGIDOR