Trump ordena enviar tropas a Chicago pese a que los jueces bloquean esos despliegues
Resumen:
Una magistrada declara ilegal una medida similar en Oregón y dice que el caso es clave para el sistema democrático en Estados Unidos.
Transcripción:
Trump ordena enviar tropas a Chicago pese a que los jueces bloquean esos despliegues
Una magistrada declara ilegal una medida similar en Oregón y dice que el caso es clave para el sistema democrático en Estados Unidos.
El republicano Donald Trump redobla su estrategia de desplegar tropas en ciudades y estados de mayoría demócrata, pese a que se acumulan las decisiones judiciales en contra de esa medida. El sábado, el presidente de Estados Unidos —que la semana pasada llegó a proponer utilizar las urbes como "campos de entrenamiento" para las Fuerzas Armadas— ordenó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Illinois, cuya ciudad más poblada es Chicago.
Ayer, activó a otros 300 efectivos, estos de la Guardia Nacional de California —formada por voluntarios— para movilizarlos en Portland (Oregón), donde una jueza había declarado ilegal que Trump desplegara a los militares, según denunció el gobernador de California, Gavin Newsom. "Es un abuso tal de poder y de la ley que corta la respiración. La Administración Trump está atacando el Estado de derecho sin ningún tipo de ambages", denunció el gobernador en un comunicado.
Con el envío de efectivos de la Guardia Nacional a Illinois, Trump cumplió con la amenaza que ha repetido desde hace semanas, pese a la rotunda oposición del gobernador del estado, J.B. Pritzker.
En un dictamen muy crítico hacia las posiciones del presidente, la jueza de distrito Karin Immergut, en Oregón, se puso del lado de las autoridades demócratas del estado y ordenó a última hora del sábado el bloqueo cautelar de la orden de movilización de la Guardia Nacional, que Trump había previsto mantener durante 60 días. El bloqueo estará en vigor al menos dos semanas, mientras el caso se examina en un tribunal. Pese a esa decisión, Trump decidió ayer enviar al estado de Oregón a ese cuerpo de voluntarios, pero desde California.
La decisión de Immergut se suma a la de otro juez federal de California, Charles Breyer, que determinó hace un mes que el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en las calles de Los Ángeles, ordenada por Trump en junio, fue ilegal.
Los reveses judiciales no han impedido que Trump siga adelante y cumpla la amenaza que venía formulando desde agosto: ordenar el despliegue de tropas en Illinois, uno de los grandes estados feudos del Partido Demócrata, con el argumento de luchar contra una delincuencia que él considera fuera de control. "En plenos disturbios violentos y desgobierno, donde los líderes locales como Pritzker han rechazado intervenir para sofocarlos, el presidente Trump ha autorizado que 300 guardias nacionales protejan los activos y funcionarios federales", confirmó el sábado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. "El presidente Trump no va a mirar hacia otro lado mientras la delincuencia se apodera de las ciudades estadounidenses", insistió. El gobernador de Illinois y las autoridades de Chicago replican que los niveles de delincuencia se han reducido en los últimos años.
La iniciativa se sumaba así a otras similares que han afectado en los últimos meses a cinco territorios: soldados de la Guardia Nacional han sido enviados desde junio a Los Ángeles (California), Washington D.C. (Distrito de Columbia), Memphis (Tennessee) y Portland (Oregón).
Se espera que los soldados de la Guardia Nacional de Illinois, que aún deben comenzar a desplegarse, tengan como misión proteger las instalaciones y los efectivos de la Agencia de Control de Inmigración (ICE) en Chicago, donde ese organismo lleva a cabo agresivas redadas para detener a inmigrantes en situación irregular. El mismo sábado, agentes federales de fronteras dispararon contra una conductora a la que acusaron de formar parte de un grupo que intentó chocar a propósito contra uno de sus vehículos. Varios activistas, en cambio, denuncian que los automóviles de ICE se lanzaron contra los coches civiles y abrieron fuego. "En perjuicio de la nación".
En su orden, la jueza de Oregón indica que la descripción de Trump sobre el supuesto caos en Portland "simplemente no guarda conexión alguna con los hechos". Además de considerar probable que haya violado la Décima Enmienda, y con ello haya violado también la soberanía del estado de Oregón, Immergut advierte que el despliegue de tropas corre el riesgo de difuminar la línea entre el mandato civil y el militar.
"Este país tiene una tradición larga y fundamental de resistirse a los excesos del Gobierno, especialmente cuando llegan en forma de una intrusión militar en los asuntos civiles", expone la togada. "(El Gobierno) ha presentado una serie de argumentos que, si se aceptan, corren el riesgo de provocar que se difumine la línea entre el poder federal civil y militar, en perjuicio de esta nación", continúa. El caso, subraya Immergut, es de una enorme importancia. "Afecta a la intersección de tres de los principios más fundamentales de nuestra democracia constitucional", señala: la relación entre el Gobierno federal y los estados; la relación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden; y el papel de los tribunales.
"Obedecer lo que la Constitución ordena con respecto a estos tres principios es la clave de lo que es vivir en un Estado de derecho en Estados Unidos", zanja la jueza.
La estrategia de la Casa Blanca se centra en zonas gobernadas por la oposición.
Los demócratas denuncian que el republicano abusa de su poder.
Donald Trump y su esposa Melania, ayer en la Base Andrews (Maryland).
Una magistrada declara ilegal una medida similar en Oregón y dice que el caso es clave para el sistema democrático en Estados Unidos.
El republicano Donald Trump redobla su estrategia de desplegar tropas en ciudades y estados de mayoría demócrata, pese a que se acumulan las decisiones judiciales en contra de esa medida. El sábado, el presidente de Estados Unidos —que la semana pasada llegó a proponer utilizar las urbes como "campos de entrenamiento" para las Fuerzas Armadas— ordenó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Illinois, cuya ciudad más poblada es Chicago.
Ayer, activó a otros 300 efectivos, estos de la Guardia Nacional de California —formada por voluntarios— para movilizarlos en Portland (Oregón), donde una jueza había declarado ilegal que Trump desplegara a los militares, según denunció el gobernador de California, Gavin Newsom. "Es un abuso tal de poder y de la ley que corta la respiración. La Administración Trump está atacando el Estado de derecho sin ningún tipo de ambages", denunció el gobernador en un comunicado.
Con el envío de efectivos de la Guardia Nacional a Illinois, Trump cumplió con la amenaza que ha repetido desde hace semanas, pese a la rotunda oposición del gobernador del estado, J.B. Pritzker.
En un dictamen muy crítico hacia las posiciones del presidente, la jueza de distrito Karin Immergut, en Oregón, se puso del lado de las autoridades demócratas del estado y ordenó a última hora del sábado el bloqueo cautelar de la orden de movilización de la Guardia Nacional, que Trump había previsto mantener durante 60 días. El bloqueo estará en vigor al menos dos semanas, mientras el caso se examina en un tribunal. Pese a esa decisión, Trump decidió ayer enviar al estado de Oregón a ese cuerpo de voluntarios, pero desde California.
La decisión de Immergut se suma a la de otro juez federal de California, Charles Breyer, que determinó hace un mes que el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en las calles de Los Ángeles, ordenada por Trump en junio, fue ilegal.
Los reveses judiciales no han impedido que Trump siga adelante y cumpla la amenaza que venía formulando desde agosto: ordenar el despliegue de tropas en Illinois, uno de los grandes estados feudos del Partido Demócrata, con el argumento de luchar contra una delincuencia que él considera fuera de control. "En plenos disturbios violentos y desgobierno, donde los líderes locales como Pritzker han rechazado intervenir para sofocarlos, el presidente Trump ha autorizado que 300 guardias nacionales protejan los activos y funcionarios federales", confirmó el sábado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. "El presidente Trump no va a mirar hacia otro lado mientras la delincuencia se apodera de las ciudades estadounidenses", insistió. El gobernador de Illinois y las autoridades de Chicago replican que los niveles de delincuencia se han reducido en los últimos años.
La iniciativa se sumaba así a otras similares que han afectado en los últimos meses a cinco territorios: soldados de la Guardia Nacional han sido enviados desde junio a Los Ángeles (California), Washington D.C. (Distrito de Columbia), Memphis (Tennessee) y Portland (Oregón).
Se espera que los soldados de la Guardia Nacional de Illinois, que aún deben comenzar a desplegarse, tengan como misión proteger las instalaciones y los efectivos de la Agencia de Control de Inmigración (ICE) en Chicago, donde ese organismo lleva a cabo agresivas redadas para detener a inmigrantes en situación irregular. El mismo sábado, agentes federales de fronteras dispararon contra una conductora a la que acusaron de formar parte de un grupo que intentó chocar a propósito contra uno de sus vehículos. Varios activistas, en cambio, denuncian que los automóviles de ICE se lanzaron contra los coches civiles y abrieron fuego. "En perjuicio de la nación".
En su orden, la jueza de Oregón indica que la descripción de Trump sobre el supuesto caos en Portland "simplemente no guarda conexión alguna con los hechos". Además de considerar probable que haya violado la Décima Enmienda, y con ello haya violado también la soberanía del estado de Oregón, Immergut advierte que el despliegue de tropas corre el riesgo de difuminar la línea entre el mandato civil y el militar.
"Este país tiene una tradición larga y fundamental de resistirse a los excesos del Gobierno, especialmente cuando llegan en forma de una intrusión militar en los asuntos civiles", expone la togada. "(El Gobierno) ha presentado una serie de argumentos que, si se aceptan, corren el riesgo de provocar que se difumine la línea entre el poder federal civil y militar, en perjuicio de esta nación", continúa. El caso, subraya Immergut, es de una enorme importancia. "Afecta a la intersección de tres de los principios más fundamentales de nuestra democracia constitucional", señala: la relación entre el Gobierno federal y los estados; la relación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden; y el papel de los tribunales.
"Obedecer lo que la Constitución ordena con respecto a estos tres principios es la clave de lo que es vivir en un Estado de derecho en Estados Unidos", zanja la jueza.
La estrategia de la Casa Blanca se centra en zonas gobernadas por la oposición.
Los demócratas denuncian que el republicano abusa de su poder.
Donald Trump y su esposa Melania, ayer en la Base Andrews (Maryland).