El juicio a García Ortiz evidencia la rivalidad en la cúpula de la Fiscalía
Resumen:
El juicio a García Ortiz evidencia la rivalidad en la cúpula de la Fiscalía
Transcripción:
El juicio a García Ortiz evidencia la rivalidad en la cúpula de la Fiscalía
Tres fiscales respaldan al jefe del Ministerio Público frente a la jefa de Madrid
La primera sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, puso de manifiesto la fuerte rivalidad en la cúpula de la Fiscalía. Tres fiscales respaldaron al jefe del Ministerio Público frente a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Esta difundió sospechas sobre García Ortiz y la filtración del correo electrónico que envió el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía fraude fiscal. Uno de los fiscales señaló que era conocida la "animadversión" de Lastra contra García Ortiz.
Álvaro García Ortiz.
La vista contra García Ortiz se abre con una durísima denuncia de la Abogacía del Estado: la contra Suprema Consuelo Castro solicita la nulidad radical de toda la causa.
Un alegato de defensa insólito para un juicio insólito
Alguien no avisado que se pasase ayer por el Tribunal Supremo se encontraría con la insólita imagen de un juicio sin aparente acusado. Entre los solemnes muros de la Sala Segunda, que acoge una de las vistas más sonadas de los últimos años, no había ni rastro de un banquillo físico. El encausado, vestido de toga igual que magistrados, fiscales y abogados, ocupaba una esquina del estrado, junto a su defensa. Y en esa misma fila se alineaba el Ministerio Público, representado en primer lugar por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en la trinchera contraria a la que se le presupone. Así que sonó casi lógico el desliz del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, rápidamente corregido con una sonrisa: "Por la defensa... perdón, por la Fiscalía".
Sánchez Conde, efectivamente, estaba allí no para acusar, sino para defender al inquilino del banquillo imaginario, su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Todo resultó insólito en este primer día del primer juicio de la historia al máximo representante del Ministerio Público español. Una vista oral que culmina la mayor investigación practicada nunca por una de las decenas de filtraciones judiciales que se producen cada año. Insólitas las imágenes e insólitas las palabras.
Como las acusaciones lanzadas por toda una abogada del Estado -exjefa además de ese cuerpo de letrados de la Administración-, Consuelo Castro, para denunciar que el Supremo, el máximo órgano judicial del país, ha instruido contra el fiscal general un proceso de "naturaleza inquisitorial y de carácter prospectivo", en el que "se han vulnerado derechos fundamentales". Hasta el punto, según ella, de impedir al acusado ejercer su derecho a la defensa frente a la imputación de haber filtrado las comunicaciones entre la Fiscalía y el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que este admitía un fraude de 350.000 euros a Hacienda.
Castro, cabeza del equipo jurídico que representa a García Ortiz, protagonizó la primera sesión del juicio con un alegato tremendo, durísimo. Sin ninguna concesión, fue arrojando sus puñales dialécticos durante más de media hora. Los siete magistrados del tribunal escuchaban con gesto imperturbable. La letrada del Estado sostuvo que, lejos del principio de presunción de inocencia, las diligencias se guiaron por la "idea preconcebida de que el investigado era culpable". Lo probaría, según ella, que la instrucción ni siquiera llegase a indagar a las decenas de otros fiscales y funcionarios -tanto en la Fiscalía de Madrid como en la del Estado- que también tenían acceso a las direcciones genéricas de correo a las que se envió la comunicación filtrada y por la que se acusa a García Ortiz de un delito de revelación de secretos.
A Consuelo Castro le une una estrecha relación personal con el acusado desde que ambos coincidieron hace años en Galicia en el juicio por la catástrofe del Prestige. La letrada se extendió en denunciar el registro practicado durante 10 horas en el despacho del fiscal y la incautación de sus dispositivos electrónicos. "Se le han practicado las mismas diligencias que decreta la Audiencia Nacional para los más graves delitos de terrorismo", clamó. La actuación de García Ortiz, enfatizó, solo pretendía atajar los bulos difundidos entre medios afines por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (el célebre MAR). El propósito de este, remachó, no era otro que sembrar la idea de una "confabulación de Hacienda, la Fiscalía y el Gobierno" contra la presidenta madrileña.
Las acusaciones -con el abogado del novio de Ayuso de voz cantante- recordaron que todas esas actuaciones fueron avaladas por la Sala de Apelaciones del Supremo. Y ensalzaron la instrucción del juez Ángel Hurtado como "modélica" y hasta "pulcra". Este último adjetivo lo empleó el abogado acusador de una minoritaria asociación de fiscales. Lo argumentó reseñando que "ni siquiera se ordenó registrar el domicilio" de García Ortiz, pese a que -lo dejó caer como quien dice una verdad indubitada- "fue allí donde se cometió el delito". Entonces sí saltó el presidente del tribunal, que lo cortó con una diplomática apelación a la brevedad.
Castro concluyó su zarandeo a la actuación del Supremo reclamando la nulidad total de las diligencias. El tribunal se retiró brevemente a deliberar. Volvió a la media hora con lo que todo el mundo daba por hecho en los pasillos que iba a suceder: posponer hasta la sentencia la decisión final sobre esas alegaciones.
García Ortiz había llegado a pie a primera hora de la mañana a la plaza que da entrada al Supremo, sin esconderse de la multitud de cámaras que lo aguardaban. Desde su esquina del estrado, fue asistiendo a las intervenciones con gesto aparentemente relajado. Tomaba notas y comentaba con los abogados del Estado. Solo se le torció un tanto el gesto cuando testificó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en términos muy poco favorables a él.
Las rarezas del juicio se prolongaron con los cuatro primeros testigos: todos fiscales. Y con las contradicciones que surgieron entre ellos y la imagen bastante tóxica que se ofreció del ambiente en la Fiscalía de Madrid. Tres de los testimonios sirvieron para reforzar a la defensa: los del fiscal de delitos económicos de Madrid, la fiscal jefa provincial y del número dos de la Fiscalía del Estado, Diego Villafañe. El más proclive a las acusaciones fue el de Lastra, cuyo testimonio trató de rebajar Villafañe al afirmar que profesa "animadversión a García Ortiz".
Lastra ratificó su rechazo a la nota de prensa difundida el 14 de marzo de 2024 a instancias de la Fiscalía del Estado para subrayar que fue el novio de Ayuso, Alberto González Amador, quien ofreció un pacto al Ministerio Público y no al revés, como pregonaba MAR. Para Lastra, eso equivalía a "revelar la estrategia de defensa" de un abogado. Cuando la letrada de García Ortiz le preguntó si no consideraba necesario salir al paso de una campaña para acusar a la Fiscalía de actuar por motivos políticos, alegó: "En el nivel de polarización política de la Comunidad de Madrid, yo intento mantener la neutralidad institucional".
Durante la instrucción, Lastra aportó una de las circunstancias valoradas como indicio para sentar en el banquillo a su superior.
Según declaró hace meses, ella espetó al fiscal: "Habéis filtrado la nota". Y él le respondió: "Eso ahora no importa". Ayer matizó que esa mención a la nota fue un "lapsus" y que en realidad quería referirse a los correos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Eso sí, admitió que no recordaba si le había dicho "has filtrado", en singular, u "habéis filtrado", en plural.
A Lastra no la secundaron sus dos subordinados, la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y el de delitos económicos, Julián Salto. Este último fue quien denunció el fraude y a quien el abogado de Amador ofreció un pacto para confesar los delitos y esquivar la cárcel. Salto echó por tierra las fabulaciones de Ayuso y MAR de que todo partía de una "operación de los poderes del Estado". Tanto él como Rodríguez y en esto también Lastra- dejaron claro que cuando se presentó la denuncia no sabían quién era González Amador. "Ha habido una campaña de desinformación de 20 meses", deploró Salto. "[A Ortiz] Se le han practicado las mismas diligencias que a los delitos de terrorismo", Consuelo Castro, exjefa del Cuerpo de Letrados del Estado.
Las acusaciones ensalzaron la instrucción "modélica" del juez. El tribunal pospone hasta la sentencia la decisión final sobre las alegaciones.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ayer durante el juicio en el Tribunal Supremo.
Tres fiscales respaldan al jefe del Ministerio Público frente a la jefa de Madrid
La primera sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, puso de manifiesto la fuerte rivalidad en la cúpula de la Fiscalía. Tres fiscales respaldaron al jefe del Ministerio Público frente a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Esta difundió sospechas sobre García Ortiz y la filtración del correo electrónico que envió el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía fraude fiscal. Uno de los fiscales señaló que era conocida la "animadversión" de Lastra contra García Ortiz.
Álvaro García Ortiz.
La vista contra García Ortiz se abre con una durísima denuncia de la Abogacía del Estado: la contra Suprema Consuelo Castro solicita la nulidad radical de toda la causa.
Un alegato de defensa insólito para un juicio insólito
Alguien no avisado que se pasase ayer por el Tribunal Supremo se encontraría con la insólita imagen de un juicio sin aparente acusado. Entre los solemnes muros de la Sala Segunda, que acoge una de las vistas más sonadas de los últimos años, no había ni rastro de un banquillo físico. El encausado, vestido de toga igual que magistrados, fiscales y abogados, ocupaba una esquina del estrado, junto a su defensa. Y en esa misma fila se alineaba el Ministerio Público, representado en primer lugar por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en la trinchera contraria a la que se le presupone. Así que sonó casi lógico el desliz del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, rápidamente corregido con una sonrisa: "Por la defensa... perdón, por la Fiscalía".
Sánchez Conde, efectivamente, estaba allí no para acusar, sino para defender al inquilino del banquillo imaginario, su superior jerárquico, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Todo resultó insólito en este primer día del primer juicio de la historia al máximo representante del Ministerio Público español. Una vista oral que culmina la mayor investigación practicada nunca por una de las decenas de filtraciones judiciales que se producen cada año. Insólitas las imágenes e insólitas las palabras.
Como las acusaciones lanzadas por toda una abogada del Estado -exjefa además de ese cuerpo de letrados de la Administración-, Consuelo Castro, para denunciar que el Supremo, el máximo órgano judicial del país, ha instruido contra el fiscal general un proceso de "naturaleza inquisitorial y de carácter prospectivo", en el que "se han vulnerado derechos fundamentales". Hasta el punto, según ella, de impedir al acusado ejercer su derecho a la defensa frente a la imputación de haber filtrado las comunicaciones entre la Fiscalía y el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que este admitía un fraude de 350.000 euros a Hacienda.
Castro, cabeza del equipo jurídico que representa a García Ortiz, protagonizó la primera sesión del juicio con un alegato tremendo, durísimo. Sin ninguna concesión, fue arrojando sus puñales dialécticos durante más de media hora. Los siete magistrados del tribunal escuchaban con gesto imperturbable. La letrada del Estado sostuvo que, lejos del principio de presunción de inocencia, las diligencias se guiaron por la "idea preconcebida de que el investigado era culpable". Lo probaría, según ella, que la instrucción ni siquiera llegase a indagar a las decenas de otros fiscales y funcionarios -tanto en la Fiscalía de Madrid como en la del Estado- que también tenían acceso a las direcciones genéricas de correo a las que se envió la comunicación filtrada y por la que se acusa a García Ortiz de un delito de revelación de secretos.
A Consuelo Castro le une una estrecha relación personal con el acusado desde que ambos coincidieron hace años en Galicia en el juicio por la catástrofe del Prestige. La letrada se extendió en denunciar el registro practicado durante 10 horas en el despacho del fiscal y la incautación de sus dispositivos electrónicos. "Se le han practicado las mismas diligencias que decreta la Audiencia Nacional para los más graves delitos de terrorismo", clamó. La actuación de García Ortiz, enfatizó, solo pretendía atajar los bulos difundidos entre medios afines por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (el célebre MAR). El propósito de este, remachó, no era otro que sembrar la idea de una "confabulación de Hacienda, la Fiscalía y el Gobierno" contra la presidenta madrileña.
Las acusaciones -con el abogado del novio de Ayuso de voz cantante- recordaron que todas esas actuaciones fueron avaladas por la Sala de Apelaciones del Supremo. Y ensalzaron la instrucción del juez Ángel Hurtado como "modélica" y hasta "pulcra". Este último adjetivo lo empleó el abogado acusador de una minoritaria asociación de fiscales. Lo argumentó reseñando que "ni siquiera se ordenó registrar el domicilio" de García Ortiz, pese a que -lo dejó caer como quien dice una verdad indubitada- "fue allí donde se cometió el delito". Entonces sí saltó el presidente del tribunal, que lo cortó con una diplomática apelación a la brevedad.
Castro concluyó su zarandeo a la actuación del Supremo reclamando la nulidad total de las diligencias. El tribunal se retiró brevemente a deliberar. Volvió a la media hora con lo que todo el mundo daba por hecho en los pasillos que iba a suceder: posponer hasta la sentencia la decisión final sobre esas alegaciones.
García Ortiz había llegado a pie a primera hora de la mañana a la plaza que da entrada al Supremo, sin esconderse de la multitud de cámaras que lo aguardaban. Desde su esquina del estrado, fue asistiendo a las intervenciones con gesto aparentemente relajado. Tomaba notas y comentaba con los abogados del Estado. Solo se le torció un tanto el gesto cuando testificó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en términos muy poco favorables a él.
Las rarezas del juicio se prolongaron con los cuatro primeros testigos: todos fiscales. Y con las contradicciones que surgieron entre ellos y la imagen bastante tóxica que se ofreció del ambiente en la Fiscalía de Madrid. Tres de los testimonios sirvieron para reforzar a la defensa: los del fiscal de delitos económicos de Madrid, la fiscal jefa provincial y del número dos de la Fiscalía del Estado, Diego Villafañe. El más proclive a las acusaciones fue el de Lastra, cuyo testimonio trató de rebajar Villafañe al afirmar que profesa "animadversión a García Ortiz".
Lastra ratificó su rechazo a la nota de prensa difundida el 14 de marzo de 2024 a instancias de la Fiscalía del Estado para subrayar que fue el novio de Ayuso, Alberto González Amador, quien ofreció un pacto al Ministerio Público y no al revés, como pregonaba MAR. Para Lastra, eso equivalía a "revelar la estrategia de defensa" de un abogado. Cuando la letrada de García Ortiz le preguntó si no consideraba necesario salir al paso de una campaña para acusar a la Fiscalía de actuar por motivos políticos, alegó: "En el nivel de polarización política de la Comunidad de Madrid, yo intento mantener la neutralidad institucional".
Durante la instrucción, Lastra aportó una de las circunstancias valoradas como indicio para sentar en el banquillo a su superior.
Según declaró hace meses, ella espetó al fiscal: "Habéis filtrado la nota". Y él le respondió: "Eso ahora no importa". Ayer matizó que esa mención a la nota fue un "lapsus" y que en realidad quería referirse a los correos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Eso sí, admitió que no recordaba si le había dicho "has filtrado", en singular, u "habéis filtrado", en plural.
A Lastra no la secundaron sus dos subordinados, la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y el de delitos económicos, Julián Salto. Este último fue quien denunció el fraude y a quien el abogado de Amador ofreció un pacto para confesar los delitos y esquivar la cárcel. Salto echó por tierra las fabulaciones de Ayuso y MAR de que todo partía de una "operación de los poderes del Estado". Tanto él como Rodríguez y en esto también Lastra- dejaron claro que cuando se presentó la denuncia no sabían quién era González Amador. "Ha habido una campaña de desinformación de 20 meses", deploró Salto. "[A Ortiz] Se le han practicado las mismas diligencias que a los delitos de terrorismo", Consuelo Castro, exjefa del Cuerpo de Letrados del Estado.
Las acusaciones ensalzaron la instrucción "modélica" del juez. El tribunal pospone hasta la sentencia la decisión final sobre las alegaciones.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ayer durante el juicio en el Tribunal Supremo.