La estafa siniestra en Hidalgo se fraguó en gabinete de Omar Fayad
Resumen:
El pasado 24 de noviembre, el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer la detención de cuatro alcaldes de municipios de la entidad por su presunta relación con el caso denominado por las autoridades hidalguenses como la “Estafa Siniestra”
Transcripción:
El pasado 24 de noviembre, el encargado de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer la detención de cuatro alcaldes de municipios de la entidad por su presunta relación con el caso denominado por las autoridades hidalguenses como la “Estafa Siniestra”
Dicha operación ilícita consistiría en un mecanismo mediante el cual presuntamente se desviaron 522 millones de pesos a través de 13 municipios y dos Secretarías del gobierno de Hidalgo, tiene a tres alcaldes en prisión y vinculados a proceso y dos declarados prófugos, otro que por un amparo libró la reclusión y hasta fue a la marcha de AMLO del 27 de noviembre.
Según el portal Emeequis, a ellos se les señala como responsables de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones por transferencias hechas a empresas fantasma, que emitieron facturas por servicios y obras inexistentes. Sin embargo, son apenas la punta de una hebra de saqueo de recursos que, de acuerdo con las investigaciones del caso, escala al primer círculo del exgobernador priísta Omar Fayad Meneses.
A decir de presuntos implicados que buscan un criterio de oportunidad al aportar información de figuras de mayor rango en esta posible cadena delictiva, la autoría intelectual de este método de sustracción de dinero pertenece a un ex integrante del gabinete de Fayad, quien dejó el cargo el pasado 4 de septiembre.
No obstante, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia de la entidad asegura en las carpetas que, para operar, tuvo la complicidad, por acción y omisión, del aparato gubernamental que debía, primero, justificar que el dinero fuera transferido a los municipios, y después vigilar que las obras se llevaran a cabo.
MODUS OPERANDI
De acuerdo a las investigaciones, los recursos extraordinarios asignados fueron de 14 millones 215 mil 780 pesos en el primer caso. Mientras que, en el segundo municipio, 26 millones 615 mil 780 pesos fueron autorizados en dos fondos asignados a rehabilitación y mejora de accesos y espacios recreativos, así como a la adquisición de insumos para el COVID-19.
En el tercer caso fueron 71 millones de 960 mil 890 que fueron distribuidos en arrendamiento de maquinaria para mejoramiento de caminos rurales así como servicios de fumigación. Por último, el cuarto caso fue de 29 millones 224 mil 736 pesos para fumigación y la generación de una aplicación digital en un museo virtual para el sistema DIF
Sin embargo, el mismo procurador informó que aparte de los ahora detenidos se estaría investigando también a los presidentes municipales de otras 9 demarcaciones más sin aclarar de quienes se trataban, quienes junto con los otros detenidos habrían desviado más de 500 millones de pesos bajo el modus operandi señalado por las autoridades en la conferencia de prensa.
EL PATRÓN
El 23 de noviembre fueron aprehendidos los primeros cuatro alcaldes (Huautla, Epazoyucan, Yahualica y Nopala). Al día siguiente, la policía ministerial coordinó un operativo para aprehender en la serranía hidalguense al alcalde de Pisaflores, el priísta Luis Francisco González Garay.
Los elementos arribaron a las propiedades que tenían identificadas en su rango de movilidad, pero no lo hallaron. Peinaron la demarcación y tampoco lo encontraron.
A través de labor de inteligencia, detectaron que González Garay se había desplazado a otra entidad. Había escapado.
La PGJEH solicitó al Tribunal Superior de Justicia estatal una declaración como prófugo de la justicia, que fue otorgada, por lo cual perdió sus derechos políticos. Asimismo, la asamblea municipal lo destituyó por enfrentar este caso de corrupción y haberse evadido de la justicia.
La orden de aprehensión en contra del militante tricolor es por los posibles delitos de uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 30 millones 960 mil 890 pesos, con el mismo modus operandi.
Se estima que el monto global de la “estafa siniestra” alcanzaría los 522 millones 824 mil 955 pesos, dinero que el gobierno de Hidalgo busca recuperar a través de un símil del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que se busca crear en el estado, motivo por el cual dos semanas atrás el mandatario envió una iniciativa al congreso local.
Además, debido a que el objetivo es llegar a la autoría intelectual, Santiago Nieto planteó la posibilidad de que imputados, mediante criterios de oportunidad, señalen a mandos superiores en esta presunta red de corrupción, con el objetivo de que sean llevados a proceso.
Hasta el momento, el extitular de la UlF de la Secretaría de Hacienda aseguró que existe evidencia suficiente de que funcionarios del anterior gobierno estatal habrían participado en este mecanismo, por lo que se prevé que en próximos días se den a conocer más nombre en relación al caso.
Dicha operación ilícita consistiría en un mecanismo mediante el cual presuntamente se desviaron 522 millones de pesos a través de 13 municipios y dos Secretarías del gobierno de Hidalgo, tiene a tres alcaldes en prisión y vinculados a proceso y dos declarados prófugos, otro que por un amparo libró la reclusión y hasta fue a la marcha de AMLO del 27 de noviembre.
Según el portal Emeequis, a ellos se les señala como responsables de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones por transferencias hechas a empresas fantasma, que emitieron facturas por servicios y obras inexistentes. Sin embargo, son apenas la punta de una hebra de saqueo de recursos que, de acuerdo con las investigaciones del caso, escala al primer círculo del exgobernador priísta Omar Fayad Meneses.
A decir de presuntos implicados que buscan un criterio de oportunidad al aportar información de figuras de mayor rango en esta posible cadena delictiva, la autoría intelectual de este método de sustracción de dinero pertenece a un ex integrante del gabinete de Fayad, quien dejó el cargo el pasado 4 de septiembre.
No obstante, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia de la entidad asegura en las carpetas que, para operar, tuvo la complicidad, por acción y omisión, del aparato gubernamental que debía, primero, justificar que el dinero fuera transferido a los municipios, y después vigilar que las obras se llevaran a cabo.
MODUS OPERANDI
De acuerdo a las investigaciones, los recursos extraordinarios asignados fueron de 14 millones 215 mil 780 pesos en el primer caso. Mientras que, en el segundo municipio, 26 millones 615 mil 780 pesos fueron autorizados en dos fondos asignados a rehabilitación y mejora de accesos y espacios recreativos, así como a la adquisición de insumos para el COVID-19.
En el tercer caso fueron 71 millones de 960 mil 890 que fueron distribuidos en arrendamiento de maquinaria para mejoramiento de caminos rurales así como servicios de fumigación. Por último, el cuarto caso fue de 29 millones 224 mil 736 pesos para fumigación y la generación de una aplicación digital en un museo virtual para el sistema DIF
Sin embargo, el mismo procurador informó que aparte de los ahora detenidos se estaría investigando también a los presidentes municipales de otras 9 demarcaciones más sin aclarar de quienes se trataban, quienes junto con los otros detenidos habrían desviado más de 500 millones de pesos bajo el modus operandi señalado por las autoridades en la conferencia de prensa.
EL PATRÓN
El 23 de noviembre fueron aprehendidos los primeros cuatro alcaldes (Huautla, Epazoyucan, Yahualica y Nopala). Al día siguiente, la policía ministerial coordinó un operativo para aprehender en la serranía hidalguense al alcalde de Pisaflores, el priísta Luis Francisco González Garay.
Los elementos arribaron a las propiedades que tenían identificadas en su rango de movilidad, pero no lo hallaron. Peinaron la demarcación y tampoco lo encontraron.
A través de labor de inteligencia, detectaron que González Garay se había desplazado a otra entidad. Había escapado.
La PGJEH solicitó al Tribunal Superior de Justicia estatal una declaración como prófugo de la justicia, que fue otorgada, por lo cual perdió sus derechos políticos. Asimismo, la asamblea municipal lo destituyó por enfrentar este caso de corrupción y haberse evadido de la justicia.
La orden de aprehensión en contra del militante tricolor es por los posibles delitos de uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 30 millones 960 mil 890 pesos, con el mismo modus operandi.
Se estima que el monto global de la “estafa siniestra” alcanzaría los 522 millones 824 mil 955 pesos, dinero que el gobierno de Hidalgo busca recuperar a través de un símil del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que se busca crear en el estado, motivo por el cual dos semanas atrás el mandatario envió una iniciativa al congreso local.
Además, debido a que el objetivo es llegar a la autoría intelectual, Santiago Nieto planteó la posibilidad de que imputados, mediante criterios de oportunidad, señalen a mandos superiores en esta presunta red de corrupción, con el objetivo de que sean llevados a proceso.
Hasta el momento, el extitular de la UlF de la Secretaría de Hacienda aseguró que existe evidencia suficiente de que funcionarios del anterior gobierno estatal habrían participado en este mecanismo, por lo que se prevé que en próximos días se den a conocer más nombre en relación al caso.