Aumentan ataques y amenazas a candidatos
Resumen:
En la víspera de las elecciones del 6 de junio 117 aspirantes, candidatas o candidatos han sido amenazados o agredidos.
Transcripción:
En la víspera de las elecciones del 6 de junio 117 aspirantes, candidatas o candidatos han sido amenazados o agredidos.
De ellos, 71 son hombres, 46 mujeres, en 103 eventos. Algunos, involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación.
De los casos registrados, 10 son graves por ser una desaparición o fallecimiento, en tanto que 85 han recibido atención especializada por lo que se les otorgó un botón de pánico, escolta y rondines en sus domicilios.
Al puntualizar que no se trata de un problema generalizado que se exprese en todo el país, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que 82 por ciento son aspirantes a presidentes municipales, ayuntamientos y diputaciones locales, y el resto a puestos federales.
“Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio”, sostuvo.
La funcionaria federal señaló que la delincuencia organizada y de cuello blanco busca incidir en esta elección convirtiéndose en el partido del crimen, por lo cual el objetivo principal del gobierno federal es salvaguardar la seguridad en el proceso electoral.
Sostuvo que desde el 4 de marzo el asunto que más ha ocupado al gobierno es el de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos y candidatas a ocupar 21 mil cargos de elección popular amenazados por los criminales.
En la conferencia de prensa matutina y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez les dijo a los candidatos que no están solos y no se permitirá que “el partido del crimen” decida la elección.
Indicó que los aspirantes que estén amenazados pueden llamar al 911 para denunciar, además de que se instaló un centro de monitoreo que opera las 24 horas para brindar atención.
Detalló que en coordinación con las autoridades estatales se han brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con protección de elementos de la policía estatal; 16 de la Guardia Nacional; 3 con otras autoridades.
“Se han analizado 58 casos donde se ha detectado probable violencia. Afortunadamente no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país”, expresó.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez señaló que la mayoría de las amenazas y agresiones contra candidatos se concentran en los estados de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Citó los lamentables casos de Karla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura, a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre Gladis Merlín Castro el pasado 15 de febrero, un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia y por el cual ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas a proceso penal.
Otro caso lamentable es el asesinato de Julio César Galindo, expresidente de Coparmex en San Luis Potosí, también aspirante a cargo de elección popular y por cuya investigación la fiscalía del estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas a la presidencia municipal de Chalma, Veracruz.
También es de destacar la detención reciente por parte del gobierno del estado de Guanajuato de los responsables en el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta, exdiputado Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la presidencia municipal de Juventino Rosas, en Guanajuato. Se encuentran involucrados también servidores públicos del propio municipio.
“Como estos tres casos, esperemos que ningún otro quede impune”.
De ellos, 71 son hombres, 46 mujeres, en 103 eventos. Algunos, involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación.
De los casos registrados, 10 son graves por ser una desaparición o fallecimiento, en tanto que 85 han recibido atención especializada por lo que se les otorgó un botón de pánico, escolta y rondines en sus domicilios.
Al puntualizar que no se trata de un problema generalizado que se exprese en todo el país, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que 82 por ciento son aspirantes a presidentes municipales, ayuntamientos y diputaciones locales, y el resto a puestos federales.
“Sabemos que en algunas partes del país estas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio”, sostuvo.
La funcionaria federal señaló que la delincuencia organizada y de cuello blanco busca incidir en esta elección convirtiéndose en el partido del crimen, por lo cual el objetivo principal del gobierno federal es salvaguardar la seguridad en el proceso electoral.
Sostuvo que desde el 4 de marzo el asunto que más ha ocupado al gobierno es el de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos y candidatas a ocupar 21 mil cargos de elección popular amenazados por los criminales.
En la conferencia de prensa matutina y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez les dijo a los candidatos que no están solos y no se permitirá que “el partido del crimen” decida la elección.
Indicó que los aspirantes que estén amenazados pueden llamar al 911 para denunciar, además de que se instaló un centro de monitoreo que opera las 24 horas para brindar atención.
Detalló que en coordinación con las autoridades estatales se han brindado medidas de protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con protección de elementos de la policía estatal; 16 de la Guardia Nacional; 3 con otras autoridades.
“Se han analizado 58 casos donde se ha detectado probable violencia. Afortunadamente no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país”, expresó.
La secretaria Rosa Icela Rodríguez señaló que la mayoría de las amenazas y agresiones contra candidatos se concentran en los estados de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Citó los lamentables casos de Karla Enríquez Merlín, aspirante a una candidatura, a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre Gladis Merlín Castro el pasado 15 de febrero, un hecho doloroso que atenta contra la vida y la democracia y por el cual ya hay dos personas de su círculo cercano vinculadas a proceso penal.
Otro caso lamentable es el asesinato de Julio César Galindo, expresidente de Coparmex en San Luis Potosí, también aspirante a cargo de elección popular y por cuya investigación la fiscalía del estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con quien tuvo diferencias por negocios, una de ellas también con aspiraciones políticas a la presidencia municipal de Chalma, Veracruz.
También es de destacar la detención reciente por parte del gobierno del estado de Guanajuato de los responsables en el asesinato del diputado Juan Antonio Acosta, exdiputado Juan Antonio Acosta Cano, quien pretendía contender por la presidencia municipal de Juventino Rosas, en Guanajuato. Se encuentran involucrados también servidores públicos del propio municipio.
“Como estos tres casos, esperemos que ningún otro quede impune”.