Tumban de 'Estafa' primera condena
Resumen:
Niega tribunal amparo solicitado por la Auditoría Superior
Transcripción:
Niega tribunal amparo solicitado por la Auditoría Superior
Tumban de 'Estafa' primera condena
Afirman que juez responsable modificó los hechos para dictar sentencia
Un tribunal federal echó abajo, en forma definitiva, la primera sentencia condenatoria que fue dictada en un juicio del caso de la Estafa Maestra, por un pago de 7.8 millones de pesos que inicialmente fue señalado como ilegal.
Se trata de la condena de seis meses de prisión y el pago de una multa de 2,103 pesos, impuesta en 2023 a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social).
En primera instancia, un juez federal halló culpable a la ex funcionaria por haber pagado de manera ilegal 7 millones 850 mil 140 pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), pero el castigo fue revocado en la segunda instancia judicial.
Ahora, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ha puesto el punto final en el asunto, al negar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el amparo con el que pretendía que la acusada fuera nuevamente declarada culpable y condenada.
Por unanimidad, los magistrados del colegiado ratificaron la absolución de segunda instancia en favor de Montoya, porque consideraron que el juez responsable del juicio modificó los hechos para sentenciarla a seis meses de cárcel.
El tribunal llegó a esta conclusión porque la FGR acusó a la ex funcionaria de pagar ilegalmente una factura y el juez la condenó por el hecho de otorgar una autorización de contenido económico. "El 'pagar' y el 'otorgar autorización para pagar' implican la actualización de hechos diferentes, tan es así que cada una de esas hipótesis tiene prevista su propia descripción legal, pero al estimar el juez que los atribuidos a la justiciable cuadran en la segunda de ellas, modificó la base fáctica establecida en la acusación, lo que atenta contra los principios de división de funciones o acusatorio, con el de imparcialidad y defensa", sentenció.
Montoya fue acusada en este juicio de pagar ilegalmente la factura 3624, serie A, del 5 de junio de 2015, por un monto de 7 millones 850 mil 140 pesos, los cuales eran parte de un convenio en el que la Sedesol pagó un total de 60 millones 952 mil 400 pesos a la UNACH.
El contrato en cuestión había sido suscrito para que la universidad constituyera unos comités comunitarios que iban a instrumentar proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La FGR argumentó que este pago era ilegal porque, en principio, el servicio no fue prestado, no hubo una solicitud del área usuaria o requirente, y el oficio de proveedores fue elaborado el 21 de septiembre de 2015, es decir, 100 días después del depósito.
Este es el segundo proceso que libra Montoya en el caso de la Estafa Maestra y solo tiene pendiente uno.
Además del caso de la UNACH, también libró el proceso por los pagos de 400 millones de pesos que en 2015 hizo la Sedesol a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
En ese asunto, la UPCH subcontrató a Productos Serel, una empresa de Grupo Cosmos de Jack Landsmanas Stern, en un porcentaje mayor al 49 por ciento que marca la Ley de Adquisiciones.
El caso que aún está en trámite contra Montoya es el de una contratación presuntamente ilegal de la Sedatu a la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 20 millones de pesos.
En junio de 2015, fue acusada de un pago ilegal por 7 millones 850 mil 140 a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
El contrato era para que la universidad constituyera comités comunitarios que iban a instrumentar proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La FGR acusó que el servicio no fue prestado, no hubo una solicitud del área usuaria o requirente, y el oficio de proveedores fue elaborado 100 días después del depósito. Sin embargo, un tribunal determinó que el juez responsable del juicio modificó los hechos para sentenciar a la ex funcionaria.
Montoya libró otro proceso por pagos de 400 millones de pesos que en 2015 hizo la Sedesol a la Universidad Politécnica de Chiapas para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Edomex, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Un caso que aún está en trámite contra Montoya es el de una contratación presuntamente ilegal de la Sedatu a la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 20 millones.
En marzo de 2019, la FGR anunció que imputaría a Montoya Santos por desvíos de 185 millones de pesos a través de un convenio con la Universidad Politécnica Francisco Madero, de Hidalgo.
LIBRA CASOS Martha Lidia Montoya Santos, quien era directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol, ha librado ya varios procesos de la Estafa Maestra.
Protesta durante la comparecencia de Rosario Robles en el Congreso en octubre de 2018.
Tumban de 'Estafa' primera condena
Afirman que juez responsable modificó los hechos para dictar sentencia
Un tribunal federal echó abajo, en forma definitiva, la primera sentencia condenatoria que fue dictada en un juicio del caso de la Estafa Maestra, por un pago de 7.8 millones de pesos que inicialmente fue señalado como ilegal.
Se trata de la condena de seis meses de prisión y el pago de una multa de 2,103 pesos, impuesta en 2023 a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social).
En primera instancia, un juez federal halló culpable a la ex funcionaria por haber pagado de manera ilegal 7 millones 850 mil 140 pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), pero el castigo fue revocado en la segunda instancia judicial.
Ahora, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ha puesto el punto final en el asunto, al negar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el amparo con el que pretendía que la acusada fuera nuevamente declarada culpable y condenada.
Por unanimidad, los magistrados del colegiado ratificaron la absolución de segunda instancia en favor de Montoya, porque consideraron que el juez responsable del juicio modificó los hechos para sentenciarla a seis meses de cárcel.
El tribunal llegó a esta conclusión porque la FGR acusó a la ex funcionaria de pagar ilegalmente una factura y el juez la condenó por el hecho de otorgar una autorización de contenido económico. "El 'pagar' y el 'otorgar autorización para pagar' implican la actualización de hechos diferentes, tan es así que cada una de esas hipótesis tiene prevista su propia descripción legal, pero al estimar el juez que los atribuidos a la justiciable cuadran en la segunda de ellas, modificó la base fáctica establecida en la acusación, lo que atenta contra los principios de división de funciones o acusatorio, con el de imparcialidad y defensa", sentenció.
Montoya fue acusada en este juicio de pagar ilegalmente la factura 3624, serie A, del 5 de junio de 2015, por un monto de 7 millones 850 mil 140 pesos, los cuales eran parte de un convenio en el que la Sedesol pagó un total de 60 millones 952 mil 400 pesos a la UNACH.
El contrato en cuestión había sido suscrito para que la universidad constituyera unos comités comunitarios que iban a instrumentar proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La FGR argumentó que este pago era ilegal porque, en principio, el servicio no fue prestado, no hubo una solicitud del área usuaria o requirente, y el oficio de proveedores fue elaborado el 21 de septiembre de 2015, es decir, 100 días después del depósito.
Este es el segundo proceso que libra Montoya en el caso de la Estafa Maestra y solo tiene pendiente uno.
Además del caso de la UNACH, también libró el proceso por los pagos de 400 millones de pesos que en 2015 hizo la Sedesol a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
En ese asunto, la UPCH subcontrató a Productos Serel, una empresa de Grupo Cosmos de Jack Landsmanas Stern, en un porcentaje mayor al 49 por ciento que marca la Ley de Adquisiciones.
El caso que aún está en trámite contra Montoya es el de una contratación presuntamente ilegal de la Sedatu a la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 20 millones de pesos.
En junio de 2015, fue acusada de un pago ilegal por 7 millones 850 mil 140 a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
El contrato era para que la universidad constituyera comités comunitarios que iban a instrumentar proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
La FGR acusó que el servicio no fue prestado, no hubo una solicitud del área usuaria o requirente, y el oficio de proveedores fue elaborado 100 días después del depósito. Sin embargo, un tribunal determinó que el juez responsable del juicio modificó los hechos para sentenciar a la ex funcionaria.
Montoya libró otro proceso por pagos de 400 millones de pesos que en 2015 hizo la Sedesol a la Universidad Politécnica de Chiapas para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Edomex, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Un caso que aún está en trámite contra Montoya es el de una contratación presuntamente ilegal de la Sedatu a la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 20 millones.
En marzo de 2019, la FGR anunció que imputaría a Montoya Santos por desvíos de 185 millones de pesos a través de un convenio con la Universidad Politécnica Francisco Madero, de Hidalgo.
LIBRA CASOS Martha Lidia Montoya Santos, quien era directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol, ha librado ya varios procesos de la Estafa Maestra.
Protesta durante la comparecencia de Rosario Robles en el Congreso en octubre de 2018.