Póker Político // Abogados unen sus voces en contra de reforma judicial obradorista: "sólo se pretende maquillar la imposición del poder presidencial absoluto"
Resumen:
Ayer viernes, día dedicado a reconocer la labor de los profesionales de la abogacía, jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación alzaron su voz en contra de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se pretende aprobar sin modificación alguna por los congresistas que inician legislatura en septiembre próximo.
Transcripción:
Ayer viernes, día dedicado a reconocer la labor de los profesionales de la abogacía, jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación alzaron su voz en contra de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se pretende aprobar sin modificación alguna por los congresistas que inician legislatura en septiembre próximo.
Con una profusa manifestación, las y los abogados hicieron un fuerte pronunciamiento que, de inicio, además del agravio del que se sienten víctimas, acusan que los foros convocados por las Cámaras del Congreso y Palacio Nacional no son más que una práctica dilatoria para "maquillar" la destrucción del "único contrapeso al poder político absoluto".
El nutrido grupo de jueces y magistrados federales, así como de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), realizó una protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en sintonía con otras plazas públicas en diferentes ciudades del país, en contra de la reforma que se discute en esta semana para reformar a ese poder, y advirtieron que preparan un plan para ir contra esa legislación, sobre todo apoyándose en organismos internacionales, y también anunciaron que buscarán frenar la "sobrerrepresentación" de Morena, el partido oficialista, en el Congreso.
Y es que, en una semana llena de contrastes y contrapropuestas en torno a la reforma judicial, los juzgadores niegan que se libere por sistema a delincuentes, y que los jueces pertenezcan a una élite. Califican como un grave error la idea de someter el nombramiento de jueces al voto popular, tal como lo hicieron en su momento los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos algunos que fueron elegidos en el Senado a propuesta de López Obrador como Juan Luis González Alcántara (2018), Margarita Ríos Farjat (2019) y Loretta Ortiz Ahlf (2021). Yasmin Esquivel y la autollamada "ministra del Pueblo", Lenia Batres, son las únicas que se mantienen en línea con la propuesta presidencial de reforma.
Mediante un posicionamiento de cinco hojas, los jueces federales de México rechazan enérgicamente la reforma judicial. Afirman que los foros son una táctica dilatoria para disfrazar la erosión del sistema de justicia.
Desmienten la liberación sistemática de delincuentes y critican la propuesta de nombramientos de jueces por voto popular.
En el documento, los abogados mexicanos expresan: Críticas a los Diálogos Nacionales, pues señalan que los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial son una estrategia dilatoria para frenar la protesta de los integrantes del Poder Judicial.
También manifiestan su rechazo a acusaciones falsas, pues desmienten las acusaciones de corrupción, representación de élites conservadoras y liberación de delincuentes sin pruebas.
Aseguran que su trabajo es controlar el poder arbitrario y defender a las personas frente al poder mismo del Estado.
Expresan claramente que NO son políticos y rechazan cualquier invitación a compartir el poder político. Defienden que su labor exige capacidad, independencia y autonomía.
Hacen también una férrea defensa de la carrera judicial, toda vez que explican que ser miembro de la carrera judicial es un orgullo y no un motivo de vergüenza, destacando que representan el capital humano profesional al servicio del pueblo.
Y en cuanto a la transparencia y lucha contra la impunidad, resaltan que su trabajo es transparente y que condenan los delitos con pruebas, sin consignas, apoyando la igualdad de género y los derechos de las infancias.
El contexto en el que se desarrollan los encuentros para discutir, analizar y dialogar en torno a la reforma judicial obradorista se contextualiza en hechos contundentes: En México, todos los días, miles de personas son blanco de un delito.
Datos oficiales afirman que más de 70 mil actos ilícitos del fuero local y federal se cometen cada 24 horas, pero la probabilidad de que terminen ante un juez es inferior al uno por ciento.
Y es que la mayoría de los casos, aun cuando se denuncian, se atoran ante el Ministerio Público, pues, el que la víctima de un delito pueda llevar su caso ante un juez se vuelve casi una utopía. Pero la propuesta obradorista de reforma no habla de incluir a las fiscalías y los ministerios públicos, sólo se traduce en acabar con el sistema federal de justicia.
Es parcial e incompleta, ¿que no? De acuerdo con los censos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, los mexicanos padecieron 26 millones 834 mil 278 delitos en total. Casi 60 % fueron algún tipo de robo y extorsiones.
Sin embargo, las agencias del Ministerio Público sólo recibieron la denuncia e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por dos millones 164 mil 789 delitos.
Esto significa que, 9 de cada 10 víctimas de un delito prefiere no denunciar.
De los casos denunciados, los datos muestran que el Ministerio Público sólo envió 228 mil 903 a las manos de un juez. Son los casos judicializados, esto es 11 % de los casos denunciados y un ínfimo 0.8 % del universo total de delitos cometidos.
Es decir, aun cuando la víctima se anime a denunciar un delito, sólo en uno de cada diez casos, el proceso llegará a las manos del Poder Judicial.
Y cuando llega ante un juez, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, si hay elementos suficientes, el juez ordenará la apertura del proceso y la investigación de los fiscales continuará por hasta seis meses o, en casos excepcionales, un tiempo superior a ello.
En el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023 se muestra que de los procesos penales que se iniciaron o estaban en curso en 2022, más de la mitad, 51.8% alcanzaron a resolverse de alguna manera. Empero, el restante 48 de casos seguían abiertos porque estaban en fase de investigación complementaria O por algún recurso de impugnación o juicio de amparo.
En 2022, hubo 11 mil 120 procesos penales que llegaron hasta la fase de juicio oral, en los que en 76.6 9 de los casos, la sentencia fue condenatoria para los procesados.
A diferencia de otras materias, como la civil o la mercantil, en el tema penal, la gente no puede denunciar un delito ante un juez.
Ya que, el artículo 21 de la Constitución, y los artículos 127 al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la facultad de recibir las denuncias y de investigar los delitos es exclusiva de las agencias del Ministerio Público adscritas a las fiscalías, con el apoyo de peritos y policías.
Entonces, ¿por qué la reforma no incluye a todo el sistema judicial, con fiscalías y ministeriales, del fuero común, de justicia laboral, agraria, comercial et al? ¿Será que la reforma está dirigida con intereses aviesos de sus promotores? En fin, seguiremos analizando de cerca este importante tema.
iCiaooo!
Con una profusa manifestación, las y los abogados hicieron un fuerte pronunciamiento que, de inicio, además del agravio del que se sienten víctimas, acusan que los foros convocados por las Cámaras del Congreso y Palacio Nacional no son más que una práctica dilatoria para "maquillar" la destrucción del "único contrapeso al poder político absoluto".
El nutrido grupo de jueces y magistrados federales, así como de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), realizó una protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en sintonía con otras plazas públicas en diferentes ciudades del país, en contra de la reforma que se discute en esta semana para reformar a ese poder, y advirtieron que preparan un plan para ir contra esa legislación, sobre todo apoyándose en organismos internacionales, y también anunciaron que buscarán frenar la "sobrerrepresentación" de Morena, el partido oficialista, en el Congreso.
Y es que, en una semana llena de contrastes y contrapropuestas en torno a la reforma judicial, los juzgadores niegan que se libere por sistema a delincuentes, y que los jueces pertenezcan a una élite. Califican como un grave error la idea de someter el nombramiento de jueces al voto popular, tal como lo hicieron en su momento los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos algunos que fueron elegidos en el Senado a propuesta de López Obrador como Juan Luis González Alcántara (2018), Margarita Ríos Farjat (2019) y Loretta Ortiz Ahlf (2021). Yasmin Esquivel y la autollamada "ministra del Pueblo", Lenia Batres, son las únicas que se mantienen en línea con la propuesta presidencial de reforma.
Mediante un posicionamiento de cinco hojas, los jueces federales de México rechazan enérgicamente la reforma judicial. Afirman que los foros son una táctica dilatoria para disfrazar la erosión del sistema de justicia.
Desmienten la liberación sistemática de delincuentes y critican la propuesta de nombramientos de jueces por voto popular.
En el documento, los abogados mexicanos expresan: Críticas a los Diálogos Nacionales, pues señalan que los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial son una estrategia dilatoria para frenar la protesta de los integrantes del Poder Judicial.
También manifiestan su rechazo a acusaciones falsas, pues desmienten las acusaciones de corrupción, representación de élites conservadoras y liberación de delincuentes sin pruebas.
Aseguran que su trabajo es controlar el poder arbitrario y defender a las personas frente al poder mismo del Estado.
Expresan claramente que NO son políticos y rechazan cualquier invitación a compartir el poder político. Defienden que su labor exige capacidad, independencia y autonomía.
Hacen también una férrea defensa de la carrera judicial, toda vez que explican que ser miembro de la carrera judicial es un orgullo y no un motivo de vergüenza, destacando que representan el capital humano profesional al servicio del pueblo.
Y en cuanto a la transparencia y lucha contra la impunidad, resaltan que su trabajo es transparente y que condenan los delitos con pruebas, sin consignas, apoyando la igualdad de género y los derechos de las infancias.
El contexto en el que se desarrollan los encuentros para discutir, analizar y dialogar en torno a la reforma judicial obradorista se contextualiza en hechos contundentes: En México, todos los días, miles de personas son blanco de un delito.
Datos oficiales afirman que más de 70 mil actos ilícitos del fuero local y federal se cometen cada 24 horas, pero la probabilidad de que terminen ante un juez es inferior al uno por ciento.
Y es que la mayoría de los casos, aun cuando se denuncian, se atoran ante el Ministerio Público, pues, el que la víctima de un delito pueda llevar su caso ante un juez se vuelve casi una utopía. Pero la propuesta obradorista de reforma no habla de incluir a las fiscalías y los ministerios públicos, sólo se traduce en acabar con el sistema federal de justicia.
Es parcial e incompleta, ¿que no? De acuerdo con los censos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022, los mexicanos padecieron 26 millones 834 mil 278 delitos en total. Casi 60 % fueron algún tipo de robo y extorsiones.
Sin embargo, las agencias del Ministerio Público sólo recibieron la denuncia e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por dos millones 164 mil 789 delitos.
Esto significa que, 9 de cada 10 víctimas de un delito prefiere no denunciar.
De los casos denunciados, los datos muestran que el Ministerio Público sólo envió 228 mil 903 a las manos de un juez. Son los casos judicializados, esto es 11 % de los casos denunciados y un ínfimo 0.8 % del universo total de delitos cometidos.
Es decir, aun cuando la víctima se anime a denunciar un delito, sólo en uno de cada diez casos, el proceso llegará a las manos del Poder Judicial.
Y cuando llega ante un juez, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, si hay elementos suficientes, el juez ordenará la apertura del proceso y la investigación de los fiscales continuará por hasta seis meses o, en casos excepcionales, un tiempo superior a ello.
En el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023 se muestra que de los procesos penales que se iniciaron o estaban en curso en 2022, más de la mitad, 51.8% alcanzaron a resolverse de alguna manera. Empero, el restante 48 de casos seguían abiertos porque estaban en fase de investigación complementaria O por algún recurso de impugnación o juicio de amparo.
En 2022, hubo 11 mil 120 procesos penales que llegaron hasta la fase de juicio oral, en los que en 76.6 9 de los casos, la sentencia fue condenatoria para los procesados.
A diferencia de otras materias, como la civil o la mercantil, en el tema penal, la gente no puede denunciar un delito ante un juez.
Ya que, el artículo 21 de la Constitución, y los artículos 127 al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la facultad de recibir las denuncias y de investigar los delitos es exclusiva de las agencias del Ministerio Público adscritas a las fiscalías, con el apoyo de peritos y policías.
Entonces, ¿por qué la reforma no incluye a todo el sistema judicial, con fiscalías y ministeriales, del fuero común, de justicia laboral, agraria, comercial et al? ¿Será que la reforma está dirigida con intereses aviesos de sus promotores? En fin, seguiremos analizando de cerca este importante tema.
iCiaooo!