Blinda Poder Judicial a 22 magistrados que calificarán la elección
Resumen:
El Poder Judicial activó un protocolo de seguridad para los magistrados electorales que resolverán las impugnaciones declararán la validez de las elecciones de este 2 de junio en todo el país, por lo que hasta ahora 22 ya tienen un chofer y una camioneta blindada, en medio de un clima de violencia que se intensificó al cierre de las campañas.
Transcripción:
El Poder Judicial activó un protocolo de seguridad para los magistrados electorales que resolverán las impugnaciones declararán la validez de las elecciones de este 2 de junio en todo el país, por lo que hasta ahora 22 ya tienen un chofer y una camioneta blindada, en medio de un clima de violencia que se intensificó al cierre de las campañas.
El Poder Judicial activó un protocolo de seguridad para los magistrados electorales que resolverán las impugnaciones y declararán la validez de los comicios de este 2 de junio en todo el país.
Hasta ahora, 22 magistrados electorales ya cuentan con un chofer y una camioneta blindada, en medio de un clima de violencia que se intensificó al cierre de las campañas.
De los cinco integrantes de la Sala Superior, solo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón descartó solicitar esta seguridad.
En tanto, las 18 camionetas restantes se han distribuido en las salas regionales.
El protocolo establecido para designar dicha protección se basa en que cada uno de ellos debe hacer la petición personal y la magistrada presidenta Mónica Soto gestiona ante el Poder Judicial la entrega de la unidad blindada con chofer.
El compromiso es responder con rapidez a cada petición, como ha sucedido luego de los ajustes al protocolo de seguridad federal para brindar el equipo de inmediato mientras se hace un análisis del nivel de riesgo de cada candidatura que solicita la protección.
En este caso, el magistrado que solicite la protección contará con la camioneta blindada durante todo el proceso electoral, es decir, hasta que concluya la validación de los comicios o, en su caso, hasta que cada uno así lo determine.
En ese sentido, la magistrada presidenta, Mónica Soto, mantiene reuniones semanales con los integrantes de las salas regionales para conocer las condiciones de seguridad de cada zona y atender de manera prioritaria su solicitud de protección.
Sobre todo porque estas son las primeras en recibir las impugnaciones a las decisiones de los 32 tribunales electorales estatales sobre la contienda antes de que pasen a una sentencia definitiva a la Sala Superior.
Dicho recibimiento de quejas y recursos sucede durante las campañas, pues las salas regionales validan los registros de candidaturas y coaliciones, así como posibles ilícitos. Después atienden las impugnaciones relacionadas a las elecciones, con excepción de la presidencial, que es facultad exclusiva de la Sala Superior.
El protocolo se mantiene activo para que cualquier magistrado electoral que pertenezca al Poder Judicial de la Federación y que tenga algún tipo de riesgo, o por mera prevención, pueda solicitar en cualquier momento esta protección inicial, o bien, pedir algún refuerzo.
A principios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que luego del asesinato del chofer del director de Comunicación del Tribunal Electoral, Eduardo del Río, los magistrados de la Sala Superior tuvieron comunicación directa con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que fueran considerados en el protocolo de seguridad durante la elección, tal y como se brinda los candidatos.
MILENIO reveló que el 11 de abril la magistrada presidenta, Mónica Soto, se reunió con los integrantes de las salas regionales de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México, Toluca y la Especializada para consultar de manera directa si alguien se ha sentido en riesgo, ha sido blanco de amenazas o si considera que requiere protección.
Este medio también confirmó que tras el anuncio del presidente López Obrador, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, consideró que al depender del Poder Judicial éste podía brindar esa seguridad a los magistrados electorales.
En ese sentido, desde mediados de mayo fue entregado un primer bloque de 22 camionetas blindadas y un chofer para cada una, para un mismo número de magistrados.
Quienes lo piden, cuentan con una camioneta antibalas y un chofer
El Poder Judicial activó un protocolo de seguridad para los magistrados electorales que resolverán las impugnaciones y declararán la validez de los comicios de este 2 de junio en todo el país.
Hasta ahora, 22 magistrados electorales ya cuentan con un chofer y una camioneta blindada, en medio de un clima de violencia que se intensificó al cierre de las campañas.
De los cinco integrantes de la Sala Superior, solo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón descartó solicitar esta seguridad.
En tanto, las 18 camionetas restantes se han distribuido en las salas regionales.
El protocolo establecido para designar dicha protección se basa en que cada uno de ellos debe hacer la petición personal y la magistrada presidenta Mónica Soto gestiona ante el Poder Judicial la entrega de la unidad blindada con chofer.
El compromiso es responder con rapidez a cada petición, como ha sucedido luego de los ajustes al protocolo de seguridad federal para brindar el equipo de inmediato mientras se hace un análisis del nivel de riesgo de cada candidatura que solicita la protección.
En este caso, el magistrado que solicite la protección contará con la camioneta blindada durante todo el proceso electoral, es decir, hasta que concluya la validación de los comicios o, en su caso, hasta que cada uno así lo determine.
En ese sentido, la magistrada presidenta, Mónica Soto, mantiene reuniones semanales con los integrantes de las salas regionales para conocer las condiciones de seguridad de cada zona y atender de manera prioritaria su solicitud de protección.
Sobre todo porque estas son las primeras en recibir las impugnaciones a las decisiones de los 32 tribunales electorales estatales sobre la contienda antes de que pasen a una sentencia definitiva a la Sala Superior.
Dicho recibimiento de quejas y recursos sucede durante las campañas, pues las salas regionales validan los registros de candidaturas y coaliciones, así como posibles ilícitos. Después atienden las impugnaciones relacionadas a las elecciones, con excepción de la presidencial, que es facultad exclusiva de la Sala Superior.
El protocolo se mantiene activo para que cualquier magistrado electoral que pertenezca al Poder Judicial de la Federación y que tenga algún tipo de riesgo, o por mera prevención, pueda solicitar en cualquier momento esta protección inicial, o bien, pedir algún refuerzo.
A principios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que luego del asesinato del chofer del director de Comunicación del Tribunal Electoral, Eduardo del Río, los magistrados de la Sala Superior tuvieron comunicación directa con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que fueran considerados en el protocolo de seguridad durante la elección, tal y como se brinda los candidatos.
MILENIO reveló que el 11 de abril la magistrada presidenta, Mónica Soto, se reunió con los integrantes de las salas regionales de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México, Toluca y la Especializada para consultar de manera directa si alguien se ha sentido en riesgo, ha sido blanco de amenazas o si considera que requiere protección.
Este medio también confirmó que tras el anuncio del presidente López Obrador, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, consideró que al depender del Poder Judicial éste podía brindar esa seguridad a los magistrados electorales.
En ese sentido, desde mediados de mayo fue entregado un primer bloque de 22 camionetas blindadas y un chofer para cada una, para un mismo número de magistrados.
Quienes lo piden, cuentan con una camioneta antibalas y un chofer