El Espectador // California prohíbe a NSO atacar WhatsApp
Resumen:
CALIFORNIA PROHÍBE A NSO ATACAR WHATSAPP
Transcripción:
CALIFORNIA PROHÍBE A NSO ATACAR WHATSAPP
Un tribunal federal impuso una medida cautelar permanente que prohíbe a NSO Group volver a interferir con WhatsApp, al tiempo que redujo los daños punitivos de 167.25 millones de dólares a cuatro millones de dólares. La orden de 25 páginas, firmada el 17 de octubre de 2025 por la jueza Phyllis J. Hamilton (N.D. Cal., No. 19-cv-07123-PJH), marca el punto más alto de un litigio iniciado por WhatsApp Inc. y Facebook Inc. (Meta) en 2019.
La cautelar impide a NSO usar o emular la plataforma, recolectar datos, crear cuentas o hacer ingeniería inversa del código de WhatsApp, así como operar a través de sus servidores.
WhatsApp Inc. y Facebook Inc. interpusieron el 29 de octubre de 2019 una demanda en la Corte del Distrito Norte de California contra NSO Group y Q Cyber por presunto acceso no autorizado bajo el Computer Fraud and Abuse Act. La presentación, asignada a la división San Francisco/Oakland, solicita una orden judicial permanente y daños, y fue firmada por el abogado Travis LeBlanc.
El expediente incluye un anexo de tres páginas que compila manuales y guías del sistema Pegasus; entre ellos, el índice del "Pegasus Product Description", y ofrece una mirada poco frecuente a cómo el proveedor presenta su herramienta a potenciales clientes gubernamentales: qué datos promete obtener, cómo se instala y qué esquema de soporte ofrece.
Según el anexo, Pegasus está diseñado para extraer mensajes de texto, correos electrónicos, historiales de llamadas y actividad en aplicaciones de mensajería. El material lo describe como una solución de "instalación remota y encubierta", con capacidad para operar "sin interacción del objetivo" y "sin dejar rastros" en dispositivos iOS y Android.
Así es, mientras en algunos lugares del mundo se piensa que los de NSO dejaron de vender sus herramientas, lo que se demuestra en este caso es que siguen avanzando en su negocio de espionaje, en el que México juega un papel importante.
En la audiencia de agosto, la corte escuchó evidencias de que NSO siguió recolectando mensajes de usuarios a través de WhatsApp hasta abril de 2025.
RODRÍGUEZ ARREGUI
Después de varios años fuera del radar público, el exsubsecretario de Transporte calderonista, Manuel Rodríguez Arregui, ha vuelto a escena. No desde la política, sino desde las empresas de telepeaje que ahora presionan por recuperar contratos en Caminos y Puente Federales, de Rubén Hernández Bermúdez.
El exfuncionario juega otra vez en el terreno que mejor conoce: la burocracia y la intimidación.
El interés de Rodríguez Arregui no es casual. A través de su fondo de inversión AINDA Energía e Infraestructura, presuntamente canalizó millones de dólares a Neology México, propietaria de Controles Electromecánicos, una de las firmas que participó en la reciente licitación por el mantenimiento preventivo de los sistemas de telepeaje.
Controles Electromecánicos y Kapsch Trafficcom habían quedado fuera del proceso inicial, y las inconformidades no tardaron en presentarse. El Órgano Interno de Control de Capufe las atendió con rigor jurídico y no con complacencia. El 16 de octubre declaró la nulidad parcial del fallo y ordenó reponer el procedimiento. Sin embargo, la discusión se trasladó al terreno de la presión; Rodríguez Arregui buscó revertir el golpe al tratar de intimidar a quienes investigaron el caso.
La Secretaría de Gobernación determinó que la columnista Laura Puente Enríquez, autora de uno de esos textos, fue víctima de hostigamiento e incorporó su caso al Mecanismo Federal de Protección.
En Capufe, el OIC respondió con derecho; en Gobernación, se defendió la libertad de prensa. Ambos envían un mensaje: la presión ya no es una herramienta válida, ni en las licitaciones ni en el debate público.
Aunque todos los días se vive más presión de las empresas.
HIROSHI TAKAHASHI
Un tribunal federal impuso una medida cautelar permanente que prohíbe a NSO Group volver a interferir con WhatsApp, al tiempo que redujo los daños punitivos de 167.25 millones de dólares a cuatro millones de dólares. La orden de 25 páginas, firmada el 17 de octubre de 2025 por la jueza Phyllis J. Hamilton (N.D. Cal., No. 19-cv-07123-PJH), marca el punto más alto de un litigio iniciado por WhatsApp Inc. y Facebook Inc. (Meta) en 2019.
La cautelar impide a NSO usar o emular la plataforma, recolectar datos, crear cuentas o hacer ingeniería inversa del código de WhatsApp, así como operar a través de sus servidores.
WhatsApp Inc. y Facebook Inc. interpusieron el 29 de octubre de 2019 una demanda en la Corte del Distrito Norte de California contra NSO Group y Q Cyber por presunto acceso no autorizado bajo el Computer Fraud and Abuse Act. La presentación, asignada a la división San Francisco/Oakland, solicita una orden judicial permanente y daños, y fue firmada por el abogado Travis LeBlanc.
El expediente incluye un anexo de tres páginas que compila manuales y guías del sistema Pegasus; entre ellos, el índice del "Pegasus Product Description", y ofrece una mirada poco frecuente a cómo el proveedor presenta su herramienta a potenciales clientes gubernamentales: qué datos promete obtener, cómo se instala y qué esquema de soporte ofrece.
Según el anexo, Pegasus está diseñado para extraer mensajes de texto, correos electrónicos, historiales de llamadas y actividad en aplicaciones de mensajería. El material lo describe como una solución de "instalación remota y encubierta", con capacidad para operar "sin interacción del objetivo" y "sin dejar rastros" en dispositivos iOS y Android.
Así es, mientras en algunos lugares del mundo se piensa que los de NSO dejaron de vender sus herramientas, lo que se demuestra en este caso es que siguen avanzando en su negocio de espionaje, en el que México juega un papel importante.
En la audiencia de agosto, la corte escuchó evidencias de que NSO siguió recolectando mensajes de usuarios a través de WhatsApp hasta abril de 2025.
RODRÍGUEZ ARREGUI
Después de varios años fuera del radar público, el exsubsecretario de Transporte calderonista, Manuel Rodríguez Arregui, ha vuelto a escena. No desde la política, sino desde las empresas de telepeaje que ahora presionan por recuperar contratos en Caminos y Puente Federales, de Rubén Hernández Bermúdez.
El exfuncionario juega otra vez en el terreno que mejor conoce: la burocracia y la intimidación.
El interés de Rodríguez Arregui no es casual. A través de su fondo de inversión AINDA Energía e Infraestructura, presuntamente canalizó millones de dólares a Neology México, propietaria de Controles Electromecánicos, una de las firmas que participó en la reciente licitación por el mantenimiento preventivo de los sistemas de telepeaje.
Controles Electromecánicos y Kapsch Trafficcom habían quedado fuera del proceso inicial, y las inconformidades no tardaron en presentarse. El Órgano Interno de Control de Capufe las atendió con rigor jurídico y no con complacencia. El 16 de octubre declaró la nulidad parcial del fallo y ordenó reponer el procedimiento. Sin embargo, la discusión se trasladó al terreno de la presión; Rodríguez Arregui buscó revertir el golpe al tratar de intimidar a quienes investigaron el caso.
La Secretaría de Gobernación determinó que la columnista Laura Puente Enríquez, autora de uno de esos textos, fue víctima de hostigamiento e incorporó su caso al Mecanismo Federal de Protección.
En Capufe, el OIC respondió con derecho; en Gobernación, se defendió la libertad de prensa. Ambos envían un mensaje: la presión ya no es una herramienta válida, ni en las licitaciones ni en el debate público.
Aunque todos los días se vive más presión de las empresas.
HIROSHI TAKAHASHI