La voluntad propia
Resumen:
La separación de poderes es un principio fundamental de la democracia moderna.
Transcripción:
La separación de poderes es un principio fundamental de la democracia moderna.
Propuesto por Montesquieu y refinado por los padres fundadores de Estados Unidos, este concepto busca prevenir la concentración excesiva del poder en una sola institución o individuo.
James Madison, en el Federalist Paper No. 51, explicó que, en una democracia, cada rama de gobierno debe tener "una voluntad propia" (a will of its own).
Esta idea va más allá de la mera división formal de funciones, pues la "voluntad propia" implica que cada poder del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- debe tener la capacidad y la determinación de actuar de manera independiente, incluso cuando esto signifique oponerse a las otras ramas. No se trata sólo de tener diferentes funciones, sino de tener la autonomía para ejercerlas sin someterse a presiones indebidas de los otros poderes.
Esta independencia es crucial por numerosas razones. En primer lugar, actúa como un baluarte contra la tiranía, evitando que un solo poder acumule demasiada autoridad y se vuelva autoritario.
Además, juega un papel vital en la protección de los derechos individuales, ya que cada rama del gobierno puede defender a la ciudadanía de los posibles abusos de las otras.
En segundo lugar, la "voluntad propia" de cada poder también contribuye significativamente a mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales.
Cuando existe una deliberación genuina entre poderes verdaderamente independientes, es más probable que surjan políticas equilibradas y más efectivas. Este proceso de debate y contrapeso no sólo refina las propuestas, sino que también ayuda a prevenir errores y excesos.
En tercer lugar, la separación de poderes tiene impacto sobre la percepción pública y la legitimidad del sistema político. Cuando la ciudadanía ve un gobierno dividido y controlado, donde cada rama actúa como un verdadero contrapeso de las otras, tiende a confiar más en sus instituciones. Esta confianza es el cimiento sobre el cual se construye una democracia estable y duradera.
Así debe funcionar el sistema de separación de poderes -al menos en teoría-, pues la situación actual en México pone en duda la existencia de esta "voluntad propia" en los diferentes poderes y niveles de gobierno y evidencia una erosión de la separación de poderes en México.
La reciente aprobación de la reforma judicial en México, impulsada por el partido gobernante Morena y sus aliados, no sólo es preocupante por su contenido -que propone cambios radicales como la elección popular de jueces-, sino por el proceso mismo de su aprobación. En menos de 24 horas después de su paso por el Congreso federal la reforma fue avalada por la mayoría de los Congresos estatales, en un despliegue de eficiencia legislativa que sería admirable si no fuera tan inquietante.
Este proceso relámpago -la sesión del Congreso de Oaxaca para aprobar la reforma duró únicamente seis minutos (sic!)- plantea serias interrogantes sobre la calidad del debate legislativo y la verdadera independencia de estas instituciones.
¿Cómo es posible un análisis profundo y una deliberación seria sobre una reforma constitucional en tan poco tiempo? La respuesta incómoda es que, probablemente, no lo hubo. La velocidad del proceso sugiere que los legisladores -federales y estatales- actuaron más como una extensión del Ejecutivo que como un poder independiente con "voluntad propia".
En este contexto -y más allá del caso mexicano- ¿podemos seguir hablando de democracia cuando los poderes del Estado renuncian a su "voluntad propia"?
Si asumimos que la democracia no se define sólo por la existencia de elecciones o por la regla de la mayoría, sino que requiere un sistema de pesos y contrapesos funcional, donde diferentes instituciones puedan actuar como controles mutuos efectivos, la respuesta resulta por demás inquietante: la concentración de poder que permite a un solo partido o líder dominar todas las ramas del gobierno socava la esencia misma de la democracia.
Cuando el Legislativo se convierte en un mero sello de aprobación para las iniciativas del Ejecutivo, y cuando el Judicial pierde su capacidad de actuar como un control independiente, nos acercamos peligrosamente a un sistema autoritario.
Cuando los poderes del Estado actúan al unísono, siguiendo la voluntad de un solo líder o partido, es válido cuestionar si aún estamos ante una democracia funcional.
La existencia de elecciones periódicas no es suficiente para garantizar un sistema democrático si los controles institucionales se han debilitado hasta el punto de ser ineficaces: la preservación de la democracia requiere más que estructuras formales, demanda una cultura política que valore y defienda la independencia de las instituciones. Necesita liderazgos y élites políticas capaces de respetar los límites de su poder y de una ciudadanía vigilante que exija rendición de cuentas. Sin estos elementos, incluso las constituciones más robustas pueden volverse ineficaces.
El desafío para México, y para cualquier democracia que enfrente dinámicas similares, es cómo revitalizar esa "voluntad propia" en cada rama del gobierno. Cómo fomentar una cultura política que no sólo tolere, sino que celebre el disenso constructivo y la deliberación profunda. Que se entienda el disenso y la existencia de intereses particulares -inclusive cuando llegan a ser contradictorios- no como una amenaza, sino como un fenómeno natural y una fuente de fortaleza y resiliencia para nuestro sistema democrático.
Fomentar esa cultura que celebre el disenso constructivo también implica cambiar las narrativas dominantes sobre el éxito político. En lugar de valorar únicamente la capacidad de imponer una agenda, se debe reconocer y celebrar la habilidad para construir consensos, negociar compromisos y reconocer los méritos de las propuestas de otros.
La lección de Madison sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de dos siglos: sin una verdadera separación de poderes, sin instituciones capaces de ejercer una "voluntad propia", la democracia se convierte en poco más que una fachada, un cascarón vacío que oculta la realidad de un poder cada vez más concentrado y menos responsable.
Propuesto por Montesquieu y refinado por los padres fundadores de Estados Unidos, este concepto busca prevenir la concentración excesiva del poder en una sola institución o individuo.
James Madison, en el Federalist Paper No. 51, explicó que, en una democracia, cada rama de gobierno debe tener "una voluntad propia" (a will of its own).
Esta idea va más allá de la mera división formal de funciones, pues la "voluntad propia" implica que cada poder del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- debe tener la capacidad y la determinación de actuar de manera independiente, incluso cuando esto signifique oponerse a las otras ramas. No se trata sólo de tener diferentes funciones, sino de tener la autonomía para ejercerlas sin someterse a presiones indebidas de los otros poderes.
Esta independencia es crucial por numerosas razones. En primer lugar, actúa como un baluarte contra la tiranía, evitando que un solo poder acumule demasiada autoridad y se vuelva autoritario.
Además, juega un papel vital en la protección de los derechos individuales, ya que cada rama del gobierno puede defender a la ciudadanía de los posibles abusos de las otras.
En segundo lugar, la "voluntad propia" de cada poder también contribuye significativamente a mejorar la calidad de las decisiones gubernamentales.
Cuando existe una deliberación genuina entre poderes verdaderamente independientes, es más probable que surjan políticas equilibradas y más efectivas. Este proceso de debate y contrapeso no sólo refina las propuestas, sino que también ayuda a prevenir errores y excesos.
En tercer lugar, la separación de poderes tiene impacto sobre la percepción pública y la legitimidad del sistema político. Cuando la ciudadanía ve un gobierno dividido y controlado, donde cada rama actúa como un verdadero contrapeso de las otras, tiende a confiar más en sus instituciones. Esta confianza es el cimiento sobre el cual se construye una democracia estable y duradera.
Así debe funcionar el sistema de separación de poderes -al menos en teoría-, pues la situación actual en México pone en duda la existencia de esta "voluntad propia" en los diferentes poderes y niveles de gobierno y evidencia una erosión de la separación de poderes en México.
La reciente aprobación de la reforma judicial en México, impulsada por el partido gobernante Morena y sus aliados, no sólo es preocupante por su contenido -que propone cambios radicales como la elección popular de jueces-, sino por el proceso mismo de su aprobación. En menos de 24 horas después de su paso por el Congreso federal la reforma fue avalada por la mayoría de los Congresos estatales, en un despliegue de eficiencia legislativa que sería admirable si no fuera tan inquietante.
Este proceso relámpago -la sesión del Congreso de Oaxaca para aprobar la reforma duró únicamente seis minutos (sic!)- plantea serias interrogantes sobre la calidad del debate legislativo y la verdadera independencia de estas instituciones.
¿Cómo es posible un análisis profundo y una deliberación seria sobre una reforma constitucional en tan poco tiempo? La respuesta incómoda es que, probablemente, no lo hubo. La velocidad del proceso sugiere que los legisladores -federales y estatales- actuaron más como una extensión del Ejecutivo que como un poder independiente con "voluntad propia".
En este contexto -y más allá del caso mexicano- ¿podemos seguir hablando de democracia cuando los poderes del Estado renuncian a su "voluntad propia"?
Si asumimos que la democracia no se define sólo por la existencia de elecciones o por la regla de la mayoría, sino que requiere un sistema de pesos y contrapesos funcional, donde diferentes instituciones puedan actuar como controles mutuos efectivos, la respuesta resulta por demás inquietante: la concentración de poder que permite a un solo partido o líder dominar todas las ramas del gobierno socava la esencia misma de la democracia.
Cuando el Legislativo se convierte en un mero sello de aprobación para las iniciativas del Ejecutivo, y cuando el Judicial pierde su capacidad de actuar como un control independiente, nos acercamos peligrosamente a un sistema autoritario.
Cuando los poderes del Estado actúan al unísono, siguiendo la voluntad de un solo líder o partido, es válido cuestionar si aún estamos ante una democracia funcional.
La existencia de elecciones periódicas no es suficiente para garantizar un sistema democrático si los controles institucionales se han debilitado hasta el punto de ser ineficaces: la preservación de la democracia requiere más que estructuras formales, demanda una cultura política que valore y defienda la independencia de las instituciones. Necesita liderazgos y élites políticas capaces de respetar los límites de su poder y de una ciudadanía vigilante que exija rendición de cuentas. Sin estos elementos, incluso las constituciones más robustas pueden volverse ineficaces.
El desafío para México, y para cualquier democracia que enfrente dinámicas similares, es cómo revitalizar esa "voluntad propia" en cada rama del gobierno. Cómo fomentar una cultura política que no sólo tolere, sino que celebre el disenso constructivo y la deliberación profunda. Que se entienda el disenso y la existencia de intereses particulares -inclusive cuando llegan a ser contradictorios- no como una amenaza, sino como un fenómeno natural y una fuente de fortaleza y resiliencia para nuestro sistema democrático.
Fomentar esa cultura que celebre el disenso constructivo también implica cambiar las narrativas dominantes sobre el éxito político. En lugar de valorar únicamente la capacidad de imponer una agenda, se debe reconocer y celebrar la habilidad para construir consensos, negociar compromisos y reconocer los méritos de las propuestas de otros.
La lección de Madison sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de dos siglos: sin una verdadera separación de poderes, sin instituciones capaces de ejercer una "voluntad propia", la democracia se convierte en poco más que una fachada, un cascarón vacío que oculta la realidad de un poder cada vez más concentrado y menos responsable.