Juez suprema
Resumen:
Con un simple "no tiene sustento", la Presidenta dejó claro que ninguna opinión vale salvo la suya y que manda su criterio personal.
Transcripción:
Con un simple "no tiene sustento", la Presidenta dejó claro que ninguna opinión vale salvo la suya y que manda su criterio personal.
Juez supremo
Cortante y tajante, habló la Presidenta: "No tiene sustento", y así pronunció la última y definitiva palabra sobre la preocupación del sector privado mexicano que objeta los numerosos inconvenientes de los incrementos al IEPS, tanto en refrescos como en cigarros y alcoholes.
Poco o nada le importó que los refresqueros le indicaran a su Gobierno que los refrescos representan solo el 5 por ciento del consumo calórico de los mexicanos, y que, por lo tanto, atacando su consumo no se resuelve el problema, pues queda el otro 95 por ciento. Lo cual lleva a preguntarse qué se hará con las fritangas, los churros, el "chocolate del bienestar", los tacos de chicharrón, las carnitas, la barbacoa, el pibil, la birria y otros manjares deliciosos, pero no precisamente nutritivos.
Por otra parte, los representantes de las tabacaleras hicieron ver al señor Kershenobich, "experto en salud" de la señora, que el 70 por ciento del precio del cigarro son impuestos, y que el precio de una cajetilla se disparará, creando un mercado negro que controlarán los mafiosos vía el contrabando. La gente no dejará de fumar, simplemente comprará los cigarros "los malitos", fortaleciendo al crimen y debilitando a la sociedad y al propio Gobierno mexicano.
No obstante, el mérito de las objeciones requería, cuando menos, un estudio formal para determinar su validez; estas fueron rechazadas por la Presidenta, así nomás: "No tiene sustento". Dejando claro que ninguna opinión vale salvo la suya. O sea, en pocas palabras: que ni con la razón la convencen. Y que en México las decisiones se determinan unilateralmente por el criterio presidencial, basado no en lo que es o pudiera ser, sino en lo que la señora cree -aunque no sea cierto- que es.
No existe, pues, inclusión en la toma de decisiones, ni discusión social respecto a qué es lo que conviene a los mexicanos. Y luego afirman que no son autocráticos y que México es el país más democrático del mundo. Si fuéramos realmente una democracia, la Presidenta ni siquiera debería opinar: quienes, en todo caso, deben hacerlo son los expertos -si es que los hay- de la Secretaría de Salud.
La Presidenta no es, ni puede ser, ajonjolí de todos los moles y no puede poseer la última y definitiva palabra aplicable a todo lo que incumbe a la vida nacional. Un Gobierno democrático debe escuchar a todo el mundo, incluir todas las opiniones y tomar decisiones basadas en hechos, no en creencias o suposiciones falsas.
Este no es un país totalitario en el que solo una opinión cuenta; nuestro Gobierno debe ser inclusivo y tomar en cuenta todas las opiniones e intereses legítimos en la toma de decisiones que, creyéndose buenas, causan daños colaterales. Tales como crear un huachitabaco fiscal que solo beneficiará al crimen organizado, o generar pérdidas de empleo en una industria amplia y arraigada, como la refresquera, en un afán inútil por, según ellos, combatir la obesidad sin resultado alguno.
Paradójicamente, habló la Presidenta en su sentencia definitiva sobre la diabetes y la hipertensión.
¿Saben qué sí combate estos padecimientos, que son una epidemia global? ¡Las medicinas! Sí, esas que no hay por la incompetencia de un Gobierno que desmanteló lo que funcionaba para instaurar cuasisistemas fracasados que no cumplen su cometido.
Reprobable resulta que, para solucionar un problema, ignoren por completo lo que sí pueden hacer para resolverlo; y en su lugar inventen medidas que implican un mayor daño colateral que beneficios para la población. Kafka se revuelca en su tumba, arrebatado por la risa, estupefacto ante el hecho de que su concepto del absurdo ha sido rebasado por las decisiones del Gobierno mexicano.
Y sí, lo anterior sería muy risible, de no ser porque las consecuencias de estas decisiones chicharroneras -herencia gestada por el Mahoma Macuspano, aunque apenas ahora se implementen- resultan tan perjudiciales: industrias enteras, con todos sus empleos, serán destruidas. Ningún gordo enflacará y los que fuman seguirán haciéndolo, solo que comprando su tabaco a la mafia.
MANUEL J. JÁUREGUI
Juez supremo
Cortante y tajante, habló la Presidenta: "No tiene sustento", y así pronunció la última y definitiva palabra sobre la preocupación del sector privado mexicano que objeta los numerosos inconvenientes de los incrementos al IEPS, tanto en refrescos como en cigarros y alcoholes.
Poco o nada le importó que los refresqueros le indicaran a su Gobierno que los refrescos representan solo el 5 por ciento del consumo calórico de los mexicanos, y que, por lo tanto, atacando su consumo no se resuelve el problema, pues queda el otro 95 por ciento. Lo cual lleva a preguntarse qué se hará con las fritangas, los churros, el "chocolate del bienestar", los tacos de chicharrón, las carnitas, la barbacoa, el pibil, la birria y otros manjares deliciosos, pero no precisamente nutritivos.
Por otra parte, los representantes de las tabacaleras hicieron ver al señor Kershenobich, "experto en salud" de la señora, que el 70 por ciento del precio del cigarro son impuestos, y que el precio de una cajetilla se disparará, creando un mercado negro que controlarán los mafiosos vía el contrabando. La gente no dejará de fumar, simplemente comprará los cigarros "los malitos", fortaleciendo al crimen y debilitando a la sociedad y al propio Gobierno mexicano.
No obstante, el mérito de las objeciones requería, cuando menos, un estudio formal para determinar su validez; estas fueron rechazadas por la Presidenta, así nomás: "No tiene sustento". Dejando claro que ninguna opinión vale salvo la suya. O sea, en pocas palabras: que ni con la razón la convencen. Y que en México las decisiones se determinan unilateralmente por el criterio presidencial, basado no en lo que es o pudiera ser, sino en lo que la señora cree -aunque no sea cierto- que es.
No existe, pues, inclusión en la toma de decisiones, ni discusión social respecto a qué es lo que conviene a los mexicanos. Y luego afirman que no son autocráticos y que México es el país más democrático del mundo. Si fuéramos realmente una democracia, la Presidenta ni siquiera debería opinar: quienes, en todo caso, deben hacerlo son los expertos -si es que los hay- de la Secretaría de Salud.
La Presidenta no es, ni puede ser, ajonjolí de todos los moles y no puede poseer la última y definitiva palabra aplicable a todo lo que incumbe a la vida nacional. Un Gobierno democrático debe escuchar a todo el mundo, incluir todas las opiniones y tomar decisiones basadas en hechos, no en creencias o suposiciones falsas.
Este no es un país totalitario en el que solo una opinión cuenta; nuestro Gobierno debe ser inclusivo y tomar en cuenta todas las opiniones e intereses legítimos en la toma de decisiones que, creyéndose buenas, causan daños colaterales. Tales como crear un huachitabaco fiscal que solo beneficiará al crimen organizado, o generar pérdidas de empleo en una industria amplia y arraigada, como la refresquera, en un afán inútil por, según ellos, combatir la obesidad sin resultado alguno.
Paradójicamente, habló la Presidenta en su sentencia definitiva sobre la diabetes y la hipertensión.
¿Saben qué sí combate estos padecimientos, que son una epidemia global? ¡Las medicinas! Sí, esas que no hay por la incompetencia de un Gobierno que desmanteló lo que funcionaba para instaurar cuasisistemas fracasados que no cumplen su cometido.
Reprobable resulta que, para solucionar un problema, ignoren por completo lo que sí pueden hacer para resolverlo; y en su lugar inventen medidas que implican un mayor daño colateral que beneficios para la población. Kafka se revuelca en su tumba, arrebatado por la risa, estupefacto ante el hecho de que su concepto del absurdo ha sido rebasado por las decisiones del Gobierno mexicano.
Y sí, lo anterior sería muy risible, de no ser porque las consecuencias de estas decisiones chicharroneras -herencia gestada por el Mahoma Macuspano, aunque apenas ahora se implementen- resultan tan perjudiciales: industrias enteras, con todos sus empleos, serán destruidas. Ningún gordo enflacará y los que fuman seguirán haciéndolo, solo que comprando su tabaco a la mafia.
MANUEL J. JÁUREGUI