Transparencia se atomizará en el país; pasará de 33 "ventanillas" a más de 300
Resumen:
La reforma de trasparencia ocasionará que se atomicen las "ventanillas" para que los ciudadanos reclamen cuando el gobierno les niegue información, pues pasarán de 33, es decir, los 32 institutos estatales que desaparecerán y uno nacional que ya se extinguió, a más de 300 oficinas menores, que es la cifra mínima de "autoridades garantes" que habrá en el país.
Transcripción:
La reforma de trasparencia ocasionará que se atomicen las "ventanillas" para que los ciudadanos reclamen cuando el gobierno les niegue información, pues pasarán de 33, es decir, los 32 institutos estatales que desaparecerán y uno nacional que ya se extinguió, a más de 300 oficinas menores, que es la cifra mínima de "autoridades garantes" que habrá en el país.
Fragmento del acceso a la información
Después de que en marzo desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 19 de junio se cumplió el plazo para que los institutos de los estados también comenzaran a desaparecer.
La extinción de los institutos de transparencia no solo implicó atomizar sus funciones en muchos entes menores; también borró la autonomía que tenían.
Así como las funciones del INAI fueron repartidas entre 18 autoridades a nivel federal, las facultades de los institutos locales se repartirán, al menos, entre nueve autoridades por cada estado, es decir, unas 288 autoridades estatales.
Eso daría un total nacional, mínimo, de 306 "ventanillas" en las que se podrá reclamar, dependiendo la institución que haya negado la información, lo que, además, significa que las instituciones se revisarán a sí mismas.
A pesar de que la reforma constitucional se anunció como de "simplificación orgánica", la nueva Ley General de Transparencia multiplicó las instancias responsables en el país.
A nivel federal, las 18 autoridades serán: una para el Poder Ejecutivo, que se llama Transparencia para el Pueblo; una para la Cámara de Diputados; una para el Senado; una para el Poder Judicial y una para la Auditoría Superior de la Federación, que para estos efectos se cuenta por separado.
Además, una para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y una para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que vigilarán a los sindicatos.
Y una por cada organismo autónomo: el INE, que además vigilará la transparencia de los partidos políticos; la CNDH; la FGR; el Banco de México; el INEGI; la UNAM; la UAM, la Universidad Autónoma de Chapingo; la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y los todavía existentes IFT y Cofece.
Cada una de esas nuevas "ventanillas" atenderá las quejas de los ciudadanos, según les corresponda.
A nivel estatal, réplica
A nivel estatal, el esquema se replicará y las nueve "autoridades garantes" que, mínimo, serán: una para el Poder Ejecutivo, una para el Congreso, una para el Poder Judicial, una para la auditoría estatal y una para la autoridad laboral.
Además, una para el instituto electoral, una para la Comisión de Derechos Humanos, una para la Fiscalía y una para la universidad autónoma estatal, pero estas instituciones educativas pueden ser más.
Multiplicadas esas nueve autoridades por 32 estados, dan un total de 288 "ventanillas", pero podrían ser más si los municipios se contaran por separado.
Hasta ahora, la Ley General establece que la autoridad garante del Poder Ejecutivo local atenderá las quejas contramunicipios, pero más de 300 gobiernos municipales presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar esa disposición.
Los presidentes municipales panistas, a la que se sumó la Asociación Nacional de Alcaldes, en representación de otros 314 gobiernos municipales, acusaron que la ley viola el principio del municipio libre y soberano, pues pretende que el gobierno estatal tenga autoridad sobre el municipal en materia de transparencia.
De lo que resuelva la Corte, se podrá determinar si aumentarán las "ventanillas".
Para María del Carmen Nava, comisionada del instituto de transparencia de la Ciudad de México, la atomización hará que los ciudadanos dejen de preguntar.
"Esa atomización va a llevar al desincentivo por parte de la sociedad a pedir información, porque si de por sí ahora se requería un perfil de alta especialización para poder litigar la información con los autónomos, y eso que éramos 33 en el país, ahora se va a volver una cuestión, más allá de un rompecabezas", dijo.
Más allá de la atomización, la independencia
Hasta ahora, los Congresos locales de seis estados han aprobado reformas a sus constituciones y ya desaparecieron sus institutos, mientras que en siete ya hay reforma, pero los institutos siguen operando, y en 10 hay iniciativa sin aprobar.
En los demás, no se ha identificado propuesta de reforma constitucional.
Con las reformas constitucionales y legales, las legislaturas tendrán la libertad de crear nuevos modelos de transparencia locales.
La autoridad del Poder Ejecutivo local será, en parte, la más relevante porque es la que tendrá facultad sobre un mayor número de instituciones, pues abarcará todas las dependencias gubernamentales estatales.
Y ahí, la discusión se centrará, principalmente, en dos temas: qué tanta independencia tendrá esa autoridad respecto del gobernante local y cómo funcionará la oficina de esa autoridad.
Consultado al respecto, el ex comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, consideró que uno de los temas de más análisis va a ser el modelo de la autoridad garante y qué tan imparcial será su titular para revisar cuando el gobierno niegue información.
"A nivel federal, pasó de ser colegiado, a unipersonal y la designación de su titular depende de un criterio político.
"Para evitar eso a nivel local, los estados tienen que dar garantías de independencia del titular y evitar esas dudas sobre si van a ser imparciales", comentó.
Alcalá opinó que es posible que un estado se aventure a crear otro órgano autónomo en uso de su libertad legislativa, aún en contravención de la Constitución federal, y que se litigue hasta que la Corte dé la última palabra.
La comisionada Nava secundó la idea de Alcalá:
"Sería increíble poder ver entidades que conservaran la autonomía del garante de acceso a la información; sobre todo, porque estamos hablando de derechos humanos, y en derechos humanos no hay ninguna traba para acotarte a una camisa de fuerza, que es lo que está en el retroceso de la reforma constitucional federal", dijo Nava.
Además, deberá definirse si la autoridad de cada estado será colegiada, es decir, con al menos tres titulares, o si será unipersonal, como quedó a nivel federal.
Alcalá también recomendó que en los estados se creen consejos ciudadanos que observen el trabajo de las autoridades de transparencia locales.
ksh
Fragmento del acceso a la información
Después de que en marzo desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el 19 de junio se cumplió el plazo para que los institutos de los estados también comenzaran a desaparecer.
La extinción de los institutos de transparencia no solo implicó atomizar sus funciones en muchos entes menores; también borró la autonomía que tenían.
Así como las funciones del INAI fueron repartidas entre 18 autoridades a nivel federal, las facultades de los institutos locales se repartirán, al menos, entre nueve autoridades por cada estado, es decir, unas 288 autoridades estatales.
Eso daría un total nacional, mínimo, de 306 "ventanillas" en las que se podrá reclamar, dependiendo la institución que haya negado la información, lo que, además, significa que las instituciones se revisarán a sí mismas.
A pesar de que la reforma constitucional se anunció como de "simplificación orgánica", la nueva Ley General de Transparencia multiplicó las instancias responsables en el país.
A nivel federal, las 18 autoridades serán: una para el Poder Ejecutivo, que se llama Transparencia para el Pueblo; una para la Cámara de Diputados; una para el Senado; una para el Poder Judicial y una para la Auditoría Superior de la Federación, que para estos efectos se cuenta por separado.
Además, una para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y una para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que vigilarán a los sindicatos.
Y una por cada organismo autónomo: el INE, que además vigilará la transparencia de los partidos políticos; la CNDH; la FGR; el Banco de México; el INEGI; la UNAM; la UAM, la Universidad Autónoma de Chapingo; la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y los todavía existentes IFT y Cofece.
Cada una de esas nuevas "ventanillas" atenderá las quejas de los ciudadanos, según les corresponda.
A nivel estatal, réplica
A nivel estatal, el esquema se replicará y las nueve "autoridades garantes" que, mínimo, serán: una para el Poder Ejecutivo, una para el Congreso, una para el Poder Judicial, una para la auditoría estatal y una para la autoridad laboral.
Además, una para el instituto electoral, una para la Comisión de Derechos Humanos, una para la Fiscalía y una para la universidad autónoma estatal, pero estas instituciones educativas pueden ser más.
Multiplicadas esas nueve autoridades por 32 estados, dan un total de 288 "ventanillas", pero podrían ser más si los municipios se contaran por separado.
Hasta ahora, la Ley General establece que la autoridad garante del Poder Ejecutivo local atenderá las quejas contramunicipios, pero más de 300 gobiernos municipales presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar esa disposición.
Los presidentes municipales panistas, a la que se sumó la Asociación Nacional de Alcaldes, en representación de otros 314 gobiernos municipales, acusaron que la ley viola el principio del municipio libre y soberano, pues pretende que el gobierno estatal tenga autoridad sobre el municipal en materia de transparencia.
De lo que resuelva la Corte, se podrá determinar si aumentarán las "ventanillas".
Para María del Carmen Nava, comisionada del instituto de transparencia de la Ciudad de México, la atomización hará que los ciudadanos dejen de preguntar.
"Esa atomización va a llevar al desincentivo por parte de la sociedad a pedir información, porque si de por sí ahora se requería un perfil de alta especialización para poder litigar la información con los autónomos, y eso que éramos 33 en el país, ahora se va a volver una cuestión, más allá de un rompecabezas", dijo.
Más allá de la atomización, la independencia
Hasta ahora, los Congresos locales de seis estados han aprobado reformas a sus constituciones y ya desaparecieron sus institutos, mientras que en siete ya hay reforma, pero los institutos siguen operando, y en 10 hay iniciativa sin aprobar.
En los demás, no se ha identificado propuesta de reforma constitucional.
Con las reformas constitucionales y legales, las legislaturas tendrán la libertad de crear nuevos modelos de transparencia locales.
La autoridad del Poder Ejecutivo local será, en parte, la más relevante porque es la que tendrá facultad sobre un mayor número de instituciones, pues abarcará todas las dependencias gubernamentales estatales.
Y ahí, la discusión se centrará, principalmente, en dos temas: qué tanta independencia tendrá esa autoridad respecto del gobernante local y cómo funcionará la oficina de esa autoridad.
Consultado al respecto, el ex comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, consideró que uno de los temas de más análisis va a ser el modelo de la autoridad garante y qué tan imparcial será su titular para revisar cuando el gobierno niegue información.
"A nivel federal, pasó de ser colegiado, a unipersonal y la designación de su titular depende de un criterio político.
"Para evitar eso a nivel local, los estados tienen que dar garantías de independencia del titular y evitar esas dudas sobre si van a ser imparciales", comentó.
Alcalá opinó que es posible que un estado se aventure a crear otro órgano autónomo en uso de su libertad legislativa, aún en contravención de la Constitución federal, y que se litigue hasta que la Corte dé la última palabra.
La comisionada Nava secundó la idea de Alcalá:
"Sería increíble poder ver entidades que conservaran la autonomía del garante de acceso a la información; sobre todo, porque estamos hablando de derechos humanos, y en derechos humanos no hay ninguna traba para acotarte a una camisa de fuerza, que es lo que está en el retroceso de la reforma constitucional federal", dijo Nava.
Además, deberá definirse si la autoridad de cada estado será colegiada, es decir, con al menos tres titulares, o si será unipersonal, como quedó a nivel federal.
Alcalá también recomendó que en los estados se creen consejos ciudadanos que observen el trabajo de las autoridades de transparencia locales.
ksh