Conagua arma ofensiva contra mercado negro
Resumen:
Estrategia: Subdirector jurídico anuncia combate al tráfico de concesiones con más penas por pozos clandestinos, falsificación de títulos y simulación de usos agrícolas.
Transcripción:
Estrategia: Subdirector jurídico anuncia combate al tráfico de concesiones con más penas por pozos clandestinos, falsificación de títulos y simulación de usos agrícolas.
Conagua arma ofensiva contra el mercado negro.
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar el mercado negro de concesiones y el robo de agua, "que no solo afecta la disponibilidad, sino también la garantía del derecho humano" al líquido, detalla Óscar Zavala Gamboa, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Conagua.
Reforma a la Ley de Aguas:
Hasta 10 años de cárcel por desviar cauces y 5.6 mdp por huachicol hídrico.
Óscar Zavala, subdirector de Conagua, refiere que la propuesta busca eliminar el mercado negro de concesiones y el robo de líquido.
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar el mercado negro de concesiones y el robo del líquido, "que no solamente afecta la disponibilidad, sino también la garantía del derecho humano al líquido", dijo Óscar Zavala, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Entre los cambios clave de la iniciativa de reforma, enviada ayer al Congreso, se propone crear un capítulo de delitos hídricos, se incluye la eliminación de los bancos de agua y el establecimiento de un fondo de reservas nacionales para reasignar los volúmenes de líquido recuperado, además de un nuevo Registro Nacional del Agua que consolidará los sistemas existentes.
El abogado destacó que el marco normativo de la Ley de Aguas Nacionales, que data de 1992, promueve un sistema de mercado hídrico, "donde los particulares libremente pueden disponer de los recursos hídricos; los concesionarios libremente llevaban a cabo transacciones con ellos, al margen de la ley, cuando es de la nación".
Destacó que antes de 1992 solo existían 2,500 títulos de concesión, y en la actualidad hay 536,000 títulos que están siendo revisados por la actual administración de la Conagua; a la fecha, se han detectado cerca de 59,000 irregularidades.
"Nos dimos cuenta de que hay una gran cantidad de títulos de concesión con irregularidades. ¿Qué es lo que se permite con este mercado negro? Que se pueda concesionar un título de concesión incluso en zonas donde no hay agua, y es un tema muy relevante y delicado, donde uno encuentra títulos de concesión asignados en acuíferos sobreexplotados; hay acuíferos que están sobreconcesionados tres veces más de la capacidad de agua que tienen", expresó.
El abogado explicó que para combatir el mercado negro y el robo del líquido también se propone crear un capítulo de delitos hídricos en la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (reglamentaria al artículo 27 de la Constitución), ya que en el Código Penal federal estos ilícitos no se encuentran tipificados, lo que obstaculiza su castigo.
Explicó que, si bien algunos delitos hídricos se encuentran plasmados en otras legislaciones, como la Ley General de Bienes Nacionales, en muchos casos la Conagua no logra encuadrar ciertas conductas como delitos hídricos, por lo que no se castigan.
"Lo complejo de estos tipos penales es que no se encuentran lo suficientemente especificados al ámbito del agua, por lo que eso ha obstaculizado que se presenten denuncias y que, procesalmente, cueste mucho trabajo", detalló el funcionario.
El abogado indicó que un tipo penal es la falsificación de títulos de concesión o la asignación de estos de manera contraria a la ley, pero si, por ejemplo, un servidor público emite un permiso para aprovechar el recurso y no un título de concesión, el delito ya no encuadraría en el supuesto que establece el Código Penal.
"Eso ha sido una salida para que tengamos salvedades y vericuetos y no se pueda sancionar la conducta. Por eso fue importante establecer un catálogo especial de delitos hídricos que incluyan tanto la asignación del agua y su protección, así como la función de los servidores en el manejo de estas actividades".
De esta manera, la iniciativa presidencial enviada ayer incorpora como tipos penales la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, así como actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites, además del desvío ilegal del flujo o cauce natural, con penas más elevadas que van de uno a 10 años de prisión y de 300 a 4,000 días de multa, que se perseguirán de oficio.
"No es lo mismo el huachicoleo del agua, que es robar el agua o extraerla de forma ilegal, a que alguien tenga un título de concesión y haga un uso distinto de este. Puede ser que este título sea para uso agrícola y se esté utilizando para vender pipas, por ejemplo, o puede ser que ya se venció el título de concesión del industrial y lo siga utilizando sin haber iniciado ningún trámite. Son dos supuestos totalmente distintos, y esa es la claridad que se busca dar".
Otro de los delitos que se busca tipificar es el transporte de las aguas que provengan, ya sea de huachicoleo (es decir, extracción ilegal de pozos o tuberías) o de concesiones irregulares, "porque no proviene de una situación lícita y ese supuesto tampoco estaba sancionado".
También se propone penalizar el desvío de cauces, como el caso del rancho El Saucito de César Duarte en Chihuahua, donde se construyeron presas y represas de manera ilegal: "Es claro que hace falta un fortalecimiento del marco normativo, y el asunto sigue en la Fiscalía General de la República; estamos integrando las carpetas de investigación".
En cuanto a las penas, el actual marco de referencia para imponer sanciones por infracciones a la Ley de Aguas Nacionales va de 260 unidades de medida de actualización hasta 26,000. La reforma propone llevarlas de las 260 unidades hasta 50,000 (unos 5.6 millones de pesos).
El subdirector de Asuntos Jurídicos destacó que "la figura mercantilista" de los bancos de agua, plasmada en la vigente ley, desaparece en la iniciativa presidencial para dar paso al Fondo de Reserva de Aguas Nacionales.
"El banco de agua, como lo establece la ley vigente, permitía que en una institución, en un banco, literalmente, pudieran las partes y los funcionarios llevar a cabo transacciones con los títulos de concesión. Prácticamente, la asignación del agua estaba en manos de particulares a través de esta figura. Eso, por supuesto, es una visión absolutamente mercantilista de uno de los recursos más importantes que tiene la nación".
En cambio, el nuevo Fondo de Reserva de Aguas tendrá la función de recuperar los volúmenes de agua "para que, a través de un nuevo procedimiento donde se eliminan las transmisiones, se dé lugar a una reasignación de volúmenes".
"Las transmisiones se permiten entre particulares, y con la asignación de volúmenes es la Conagua la que coloca o reasigna esos volúmenes donde más se necesita", dijo el subdirector.
ASÍ LO DIJO: "No es lo mismo extraer de forma ilegal el agua, a que alguien tenga un título de concesión y haga un uso distinto, como vender pipas", Óscar Zavala Gamboa, subdirector de Conagua.
Conagua arma ofensiva contra el mercado negro.
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar el mercado negro de concesiones y el robo de agua, "que no solo afecta la disponibilidad, sino también la garantía del derecho humano" al líquido, detalla Óscar Zavala Gamboa, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Conagua.
Reforma a la Ley de Aguas:
Hasta 10 años de cárcel por desviar cauces y 5.6 mdp por huachicol hídrico.
Óscar Zavala, subdirector de Conagua, refiere que la propuesta busca eliminar el mercado negro de concesiones y el robo de líquido.
La propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar el mercado negro de concesiones y el robo del líquido, "que no solamente afecta la disponibilidad, sino también la garantía del derecho humano al líquido", dijo Óscar Zavala, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Entre los cambios clave de la iniciativa de reforma, enviada ayer al Congreso, se propone crear un capítulo de delitos hídricos, se incluye la eliminación de los bancos de agua y el establecimiento de un fondo de reservas nacionales para reasignar los volúmenes de líquido recuperado, además de un nuevo Registro Nacional del Agua que consolidará los sistemas existentes.
El abogado destacó que el marco normativo de la Ley de Aguas Nacionales, que data de 1992, promueve un sistema de mercado hídrico, "donde los particulares libremente pueden disponer de los recursos hídricos; los concesionarios libremente llevaban a cabo transacciones con ellos, al margen de la ley, cuando es de la nación".
Destacó que antes de 1992 solo existían 2,500 títulos de concesión, y en la actualidad hay 536,000 títulos que están siendo revisados por la actual administración de la Conagua; a la fecha, se han detectado cerca de 59,000 irregularidades.
"Nos dimos cuenta de que hay una gran cantidad de títulos de concesión con irregularidades. ¿Qué es lo que se permite con este mercado negro? Que se pueda concesionar un título de concesión incluso en zonas donde no hay agua, y es un tema muy relevante y delicado, donde uno encuentra títulos de concesión asignados en acuíferos sobreexplotados; hay acuíferos que están sobreconcesionados tres veces más de la capacidad de agua que tienen", expresó.
El abogado explicó que para combatir el mercado negro y el robo del líquido también se propone crear un capítulo de delitos hídricos en la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (reglamentaria al artículo 27 de la Constitución), ya que en el Código Penal federal estos ilícitos no se encuentran tipificados, lo que obstaculiza su castigo.
Explicó que, si bien algunos delitos hídricos se encuentran plasmados en otras legislaciones, como la Ley General de Bienes Nacionales, en muchos casos la Conagua no logra encuadrar ciertas conductas como delitos hídricos, por lo que no se castigan.
"Lo complejo de estos tipos penales es que no se encuentran lo suficientemente especificados al ámbito del agua, por lo que eso ha obstaculizado que se presenten denuncias y que, procesalmente, cueste mucho trabajo", detalló el funcionario.
El abogado indicó que un tipo penal es la falsificación de títulos de concesión o la asignación de estos de manera contraria a la ley, pero si, por ejemplo, un servidor público emite un permiso para aprovechar el recurso y no un título de concesión, el delito ya no encuadraría en el supuesto que establece el Código Penal.
"Eso ha sido una salida para que tengamos salvedades y vericuetos y no se pueda sancionar la conducta. Por eso fue importante establecer un catálogo especial de delitos hídricos que incluyan tanto la asignación del agua y su protección, así como la función de los servidores en el manejo de estas actividades".
De esta manera, la iniciativa presidencial enviada ayer incorpora como tipos penales la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, así como actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites, además del desvío ilegal del flujo o cauce natural, con penas más elevadas que van de uno a 10 años de prisión y de 300 a 4,000 días de multa, que se perseguirán de oficio.
"No es lo mismo el huachicoleo del agua, que es robar el agua o extraerla de forma ilegal, a que alguien tenga un título de concesión y haga un uso distinto de este. Puede ser que este título sea para uso agrícola y se esté utilizando para vender pipas, por ejemplo, o puede ser que ya se venció el título de concesión del industrial y lo siga utilizando sin haber iniciado ningún trámite. Son dos supuestos totalmente distintos, y esa es la claridad que se busca dar".
Otro de los delitos que se busca tipificar es el transporte de las aguas que provengan, ya sea de huachicoleo (es decir, extracción ilegal de pozos o tuberías) o de concesiones irregulares, "porque no proviene de una situación lícita y ese supuesto tampoco estaba sancionado".
También se propone penalizar el desvío de cauces, como el caso del rancho El Saucito de César Duarte en Chihuahua, donde se construyeron presas y represas de manera ilegal: "Es claro que hace falta un fortalecimiento del marco normativo, y el asunto sigue en la Fiscalía General de la República; estamos integrando las carpetas de investigación".
En cuanto a las penas, el actual marco de referencia para imponer sanciones por infracciones a la Ley de Aguas Nacionales va de 260 unidades de medida de actualización hasta 26,000. La reforma propone llevarlas de las 260 unidades hasta 50,000 (unos 5.6 millones de pesos).
El subdirector de Asuntos Jurídicos destacó que "la figura mercantilista" de los bancos de agua, plasmada en la vigente ley, desaparece en la iniciativa presidencial para dar paso al Fondo de Reserva de Aguas Nacionales.
"El banco de agua, como lo establece la ley vigente, permitía que en una institución, en un banco, literalmente, pudieran las partes y los funcionarios llevar a cabo transacciones con los títulos de concesión. Prácticamente, la asignación del agua estaba en manos de particulares a través de esta figura. Eso, por supuesto, es una visión absolutamente mercantilista de uno de los recursos más importantes que tiene la nación".
En cambio, el nuevo Fondo de Reserva de Aguas tendrá la función de recuperar los volúmenes de agua "para que, a través de un nuevo procedimiento donde se eliminan las transmisiones, se dé lugar a una reasignación de volúmenes".
"Las transmisiones se permiten entre particulares, y con la asignación de volúmenes es la Conagua la que coloca o reasigna esos volúmenes donde más se necesita", dijo el subdirector.
ASÍ LO DIJO: "No es lo mismo extraer de forma ilegal el agua, a que alguien tenga un título de concesión y haga un uso distinto, como vender pipas", Óscar Zavala Gamboa, subdirector de Conagua.