Indagan a juez ligado a cártel inmobiliario
Resumen:
El Consejo de la Judicatura del Estado de México investiga al juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, después que Excélsior publicó que éste auspicia un cártel del despojo inmobiliario en territorio del estado de Morelos.
Transcripción:
El Consejo de la Judicatura del Estado de México investiga al juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, después que Excélsior publicó que éste auspicia un cártel del despojo inmobiliario en territorio del estado de Morelos.
El lunes pasado, se hizo público cómo este cártel del despojo inmobiliario consumó el ilícito, con la anuencia de ese juzgador, que cuatro días después del inicio de la demanda (para despojar) obsequió un acuerdo; otro acuerdo el 17 de febrero de 2023, otro más el 9 de marzo siguiente y la sentencia definitiva el 15 de marzo, donde se ordena la escrituración a nombre de Sergio Rodrigo Pérez Latisnere.
A REVISIÓN
En una tarjeta informativa del Poder Judicial del Estado de México, como parte de su reacción a la publicación señala:
“El Consejo de la Judicatura ha ordenado una revisión de la actuación del juzgador para determinar si existen irregularidades durante el proceso. En caso de encontrarlas, iniciaría los procedimientos legales en contra de quien resulte responsable”.
De acuerdo con la documentación del caso, los involucrados, que obtuvieron información de un predio de cuatro mil 206 metros cuadrados en Palmira, Cuernavaca, Morelos, interpusieron una demanda en el juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, para apoderarse del inmueble de alta plusvalía en esa zona el metro cuadrado es de aproximadamente siete mil pesos, hasta lograr la escrituración que, según la nota informativa del Poder Judicial mexiquense, está “en trámite y pendiente de resolución” ante el Notario Público interino 130, del Estado de México, licenciado Martín Gilberto Adame López, con domicilio en calle México Nuevo I1, colonia Lomas de Atizapán, C.P. 52977, Cd. López Mateos, Estado de México.
En la misma tarjeta informativa, sobre la denuncia del predio de Palmira se señala que “existe un juicio sobre otorgamiento y firma de escritura en trámite y en todas sus etapas, en el que se ha dictado sentencia definitiva”; que “el demandado (es decir el propietario verdadero) promovió un juicio de amparo indirecto ante juzgados federales, el que se encuentra en trámite y pendiente de resolución”; que “el amparo concedió la suspensión provisional para que los actos se mantengan en el estado en el que se encuentran, quedando salvaguardados los derechos del promovente del amparo”.
Por lo que asegura el Poder Judicial del Estado de México que “el probable afectado no enfrenta un estado de indefensión, ya que fue parte en el juicio de otorgamiento y firma de escritura.
El órgano jurisdiccional federal deberá resolver el amparo para que se continúe con las etapas del juicio” El pasado 26 de junio este diario publicó que un juez, un notario público, un sindicato (usado como grupo invasor y de choque), y un particular se asocian para armar procesos “legales” en el Edomex y apoderarse ilegalmente de propiedades en el estado de Morelos, replicando el modus operandi de los cárteles del despojo en la CDMX y Oaxaca.
Un inmueble ubicado en Palmira, Cuernavaca, Morelos, en una zona de alta plusvalía donde el metro cuadrado cuesta 7 mil pesos, le fue despojado a su propietario a través de un proceso judicial.
El lunes pasado, se hizo público cómo este cártel del despojo inmobiliario consumó el ilícito, con la anuencia de ese juzgador, que cuatro días después del inicio de la demanda (para despojar) obsequió un acuerdo; otro acuerdo el 17 de febrero de 2023, otro más el 9 de marzo siguiente y la sentencia definitiva el 15 de marzo, donde se ordena la escrituración a nombre de Sergio Rodrigo Pérez Latisnere.
A REVISIÓN
En una tarjeta informativa del Poder Judicial del Estado de México, como parte de su reacción a la publicación señala:
“El Consejo de la Judicatura ha ordenado una revisión de la actuación del juzgador para determinar si existen irregularidades durante el proceso. En caso de encontrarlas, iniciaría los procedimientos legales en contra de quien resulte responsable”.
De acuerdo con la documentación del caso, los involucrados, que obtuvieron información de un predio de cuatro mil 206 metros cuadrados en Palmira, Cuernavaca, Morelos, interpusieron una demanda en el juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, para apoderarse del inmueble de alta plusvalía en esa zona el metro cuadrado es de aproximadamente siete mil pesos, hasta lograr la escrituración que, según la nota informativa del Poder Judicial mexiquense, está “en trámite y pendiente de resolución” ante el Notario Público interino 130, del Estado de México, licenciado Martín Gilberto Adame López, con domicilio en calle México Nuevo I1, colonia Lomas de Atizapán, C.P. 52977, Cd. López Mateos, Estado de México.
En la misma tarjeta informativa, sobre la denuncia del predio de Palmira se señala que “existe un juicio sobre otorgamiento y firma de escritura en trámite y en todas sus etapas, en el que se ha dictado sentencia definitiva”; que “el demandado (es decir el propietario verdadero) promovió un juicio de amparo indirecto ante juzgados federales, el que se encuentra en trámite y pendiente de resolución”; que “el amparo concedió la suspensión provisional para que los actos se mantengan en el estado en el que se encuentran, quedando salvaguardados los derechos del promovente del amparo”.
Por lo que asegura el Poder Judicial del Estado de México que “el probable afectado no enfrenta un estado de indefensión, ya que fue parte en el juicio de otorgamiento y firma de escritura.
El órgano jurisdiccional federal deberá resolver el amparo para que se continúe con las etapas del juicio” El pasado 26 de junio este diario publicó que un juez, un notario público, un sindicato (usado como grupo invasor y de choque), y un particular se asocian para armar procesos “legales” en el Edomex y apoderarse ilegalmente de propiedades en el estado de Morelos, replicando el modus operandi de los cárteles del despojo en la CDMX y Oaxaca.
Un inmueble ubicado en Palmira, Cuernavaca, Morelos, en una zona de alta plusvalía donde el metro cuadrado cuesta 7 mil pesos, le fue despojado a su propietario a través de un proceso judicial.