Jueces sin castigo: las fallas internas del sistema
Resumen:
Durante 24 años, el Poder Judicial de la Federación (PJF) fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral o delitos como enriquecimiento ilícito y acoso sexual. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el órgano responsable de vigilar el comportamiento de miles de funcionarios del Poder Judicial.
Transcripción:
Durante 24 años, el Poder Judicial de la Federación (PJF) fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral o delitos como enriquecimiento ilícito y acoso sexual. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el órgano responsable de vigilar el comportamiento de miles de funcionarios del Poder Judicial.
Una revisión de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre 2000 y 2023, así como la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves y la revisión, de principio a fin, de una treintena de casos penales, ofrece una radiografía inédita del sistema que vigila a mil 500 jueces y magistrados.
Este trabajo de investigación se inició mucho antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera una reforma total al Poder Judicial. Uno de los pilares de la iniciativa consiste en disolver el CJF y sustituirlo por un órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial.
El análisis de la información obtenida mediante cientos de solicitudes de información y una veintena de impugnaciones permitió conocer que, en 24 años, el CJF impuso 664 sanciones por faltas administrativas leves y graves a 423 jueces y magistrados. La sanción más severa fue la destitución ordenada contra 22 jueces y ocho magistrados. La mayoría de las sanciones administrativas consistieron en un apercibimiento privado, dirigido solo como una advertencia por escrito de que no vaya a reincidir. En cambio, el 15% fueron amonestaciones públicas; en esos casos, la persona asistida al edificio del consejo, donde un alto funcionario le da a conocer el castigo. La tercera medida disciplinaria más común fue la suspensión, con el 15% de los casos.
Entre los casos que merecieron un simple regaño se encuentran juzgadores que fabricaron acusaciones contra empleados por denunciar sus arbitrariedades, que fueron negligentes o descuidados, que mantuvieron relaciones sexuales en sus oficinas y que negaron amparos a personas torturadas. El CJF rara vez fue más lejos. Aunque tiene la facultad de acusar funcionarios ante el Ministerio Público federal (MP), en 24 años apenas presentó 23 denuncias penales contra juzgadores. La más reciente fue en 2020 contra un magistrado, según datos vía transparencia.
Las denuncias penales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se convirtieron en 28 investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). La fiscalía resolvió no ejercer acción penal en siete de los casos. Otras 14 carpetas continúan en su cancha, pese a que cinco llevan poco más de 10 años en fase de investigación. La indagación en contra de otro juez continúa abierta, aunque su familia lo veló en una funeraria de Monterrey, Nuevo León, en enero de 2019.
Solamente siete casos llegaron ante un juez, después de rebotar entre juzgados. Algunos delitos habían prescrito cuando los recibió el juzgador.
Aunque la fiscalía logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en un tribunal. A la fecha, ninguna de las investigaciones que inició por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia ha terminado en una sentencia condenatoria irrevocable. Es decir, en 24 años, el CJF no ha ganado un solo caso en contra de jueces y magistrados a los que descubrió presuntamente cometiendo delitos.
Quinto Elemento Lab (QEL) obtuvo vía transparencia los expedientes judiciales relacionados con las 23 denuncias penales y, tras revisar las sentencias emitidas en primera instancia, los amparos, las apelaciones, las declaraciones recabadas, los dictámenes financieros, las órdenes de detención, y los autos de vinculación a proceso, encontró que entre 2000 y mediados de 2024 solo cuatro juzgadores pisaron la cárcel, y por muy corto tiempo.
Las investigaciones internas, a criterio de la Judicatura Federal, evidencian faltas graves que no ameritaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero sí la inhabilitación o destitución.
Según la revisión hecha a docenas de expedientes que concluyeron con esos castigos, el CJF actuó de forma reactiva cada vez que un juzgador fue exhibido en la prensa, pero no de forma preventiva ni investigativa. Con frecuencia, resolvieron mudar de juzgado a los funcionarios y los investigaron solo cuando en la nueva sede hubo quejas de sus colegas.
El consejo falló en detectar las inconsistencias en la evolución del patrimonio de los juzgadores. En el caso de un magistrado del Tribunal Colegiado en Sinaloa, no detectaron irregularidades en 15 años de declaraciones patrimoniales.
En la mayoría de las 41 destituciones e inhabilitaciones impuestas a 38 jueces y magistrados, el Consejo de la Judicatura Federal descubrió tan tarde las conductas infractoras que, en los casos que presentó ante el Ministerio Público, el delito había prescrito o estaba a punto de hacerlo.
Al igual que en México, en otros países existen órganos internos de vigilancia y sanción, integrados por magistrados que juzgan a sus pares. Mario Melgar-Adalid, integrante del CJF en 1995, explicó que con este diseño se buscó garantizar que los jueces pudieran emitir sus fallos libres de presiones.
Pero el sistema tiene sus grietas. Las áreas dedicadas a vigilar y sancionar a funcionarios están a cargo de magistrados de circuito o secretarios de juzgado o de tribunal. Cuando la falta no es grave, el caso lo resuelve la Comisión de Disciplina del CJF. Si se trata de faltas que ameriten destitución o inhabilitación, son resueltas por el pleno del Consejo de la Judicatura, que encabeza la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Cuesta mucho trabajo que un amigo venga a ejercer la disciplina frente a otro amigo, conocido o compañero del trabajo; esto ha ido entorpeciendo un poco la función disciplinaria", dijo Melgar-Adalid.
Fallas en la detección
El CJF tiene diversas maneras de captar información sobre la conducta de los juzgadores. Realiza visitas regulares y sorpresivas a los juzgados y tribunales, procesa las quejas que llegan a sus buzones físicos y digitales, y vigila la evolución patrimonial de las personas.
La lectura de los expedientes sobre faltas graves permite advertir que las áreas del CJF fallan en detectar irregularidades a tiempo. La mayoría de las investigaciones que derivaron en una destitución no se iniciaron por los descubrimientos que hicieron, sino por escándalos en la prensa por quejas que presentaron víctimas de delitos y autoridades subordinadas.
La contraloría del CJF es la encargada de dar seguimiento a la evolución patrimonial de los juzgadores. Verifica sus registros bancarios, inmobiliarios, vehiculares y su declaración patrimonial. Puede pedir información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pese a estas facultades, falla en detectar inconsistencias. Sucedió con Isidro Avelar Gutiérrez, suspendido provisionalmente en 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos exhibió sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. "Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones de narcotráfico a cambio de fallos judiciales favorables", reportó el gobierno estadounidense.
El CJF lo denunció ante la FGR porque encontró que parte de su patrimonio podía ser de procedencia ilícita y que Avelar Gutiérrez no fue veraz en las declaraciones de modificación patrimonial de 2014 a 2018, algo que la contraloría no detectó en todos esos años.
El nuevo tribunal
Si el Congreso aprueba la iniciativa de reforma enviada por el presidente, en lugar del Consejo de la Judicatura Federal habrá un Tribunal de Disciplina Judicial formado por cinco magistrados electos por voto popular con aún más facultades.
La iniciativa propone que pueda investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte y solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia contra estos, así como vigilar a los integrantes del Tribunal Electoral, competencia que no tiene actualmente.
El diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, cree que es un primer paso para acabar con la corrupción en el sistema. Otros ven algunas señales de alerta.
La iniciativa propone que el tribunal pueda investigar y sancionar a juzgadores que incurran en actos u omisiones contrarias "al interés público". El riesgo, dijo el exconsejero Melgar-Adalid, es que si un juez emite una sentencia adversa a los intereses del gobierno—como ha sucedido ya—podría ser sujeto de investigación y sanción.
Otro tema es el nombramiento por voto popular de quienes encabezarían el tribunal. Laurence Pantin, de la Fundación para la Justicia, considera que este método incita a las personas en el cargo a responder a intereses políticos o económicos.
Una revisión de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre 2000 y 2023, así como la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves y la revisión, de principio a fin, de una treintena de casos penales, ofrece una radiografía inédita del sistema que vigila a mil 500 jueces y magistrados.
Este trabajo de investigación se inició mucho antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera una reforma total al Poder Judicial. Uno de los pilares de la iniciativa consiste en disolver el CJF y sustituirlo por un órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial.
El análisis de la información obtenida mediante cientos de solicitudes de información y una veintena de impugnaciones permitió conocer que, en 24 años, el CJF impuso 664 sanciones por faltas administrativas leves y graves a 423 jueces y magistrados. La sanción más severa fue la destitución ordenada contra 22 jueces y ocho magistrados. La mayoría de las sanciones administrativas consistieron en un apercibimiento privado, dirigido solo como una advertencia por escrito de que no vaya a reincidir. En cambio, el 15% fueron amonestaciones públicas; en esos casos, la persona asistida al edificio del consejo, donde un alto funcionario le da a conocer el castigo. La tercera medida disciplinaria más común fue la suspensión, con el 15% de los casos.
Entre los casos que merecieron un simple regaño se encuentran juzgadores que fabricaron acusaciones contra empleados por denunciar sus arbitrariedades, que fueron negligentes o descuidados, que mantuvieron relaciones sexuales en sus oficinas y que negaron amparos a personas torturadas. El CJF rara vez fue más lejos. Aunque tiene la facultad de acusar funcionarios ante el Ministerio Público federal (MP), en 24 años apenas presentó 23 denuncias penales contra juzgadores. La más reciente fue en 2020 contra un magistrado, según datos vía transparencia.
Las denuncias penales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se convirtieron en 28 investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). La fiscalía resolvió no ejercer acción penal en siete de los casos. Otras 14 carpetas continúan en su cancha, pese a que cinco llevan poco más de 10 años en fase de investigación. La indagación en contra de otro juez continúa abierta, aunque su familia lo veló en una funeraria de Monterrey, Nuevo León, en enero de 2019.
Solamente siete casos llegaron ante un juez, después de rebotar entre juzgados. Algunos delitos habían prescrito cuando los recibió el juzgador.
Aunque la fiscalía logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en un tribunal. A la fecha, ninguna de las investigaciones que inició por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia ha terminado en una sentencia condenatoria irrevocable. Es decir, en 24 años, el CJF no ha ganado un solo caso en contra de jueces y magistrados a los que descubrió presuntamente cometiendo delitos.
Quinto Elemento Lab (QEL) obtuvo vía transparencia los expedientes judiciales relacionados con las 23 denuncias penales y, tras revisar las sentencias emitidas en primera instancia, los amparos, las apelaciones, las declaraciones recabadas, los dictámenes financieros, las órdenes de detención, y los autos de vinculación a proceso, encontró que entre 2000 y mediados de 2024 solo cuatro juzgadores pisaron la cárcel, y por muy corto tiempo.
Las investigaciones internas, a criterio de la Judicatura Federal, evidencian faltas graves que no ameritaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero sí la inhabilitación o destitución.
Según la revisión hecha a docenas de expedientes que concluyeron con esos castigos, el CJF actuó de forma reactiva cada vez que un juzgador fue exhibido en la prensa, pero no de forma preventiva ni investigativa. Con frecuencia, resolvieron mudar de juzgado a los funcionarios y los investigaron solo cuando en la nueva sede hubo quejas de sus colegas.
El consejo falló en detectar las inconsistencias en la evolución del patrimonio de los juzgadores. En el caso de un magistrado del Tribunal Colegiado en Sinaloa, no detectaron irregularidades en 15 años de declaraciones patrimoniales.
En la mayoría de las 41 destituciones e inhabilitaciones impuestas a 38 jueces y magistrados, el Consejo de la Judicatura Federal descubrió tan tarde las conductas infractoras que, en los casos que presentó ante el Ministerio Público, el delito había prescrito o estaba a punto de hacerlo.
Al igual que en México, en otros países existen órganos internos de vigilancia y sanción, integrados por magistrados que juzgan a sus pares. Mario Melgar-Adalid, integrante del CJF en 1995, explicó que con este diseño se buscó garantizar que los jueces pudieran emitir sus fallos libres de presiones.
Pero el sistema tiene sus grietas. Las áreas dedicadas a vigilar y sancionar a funcionarios están a cargo de magistrados de circuito o secretarios de juzgado o de tribunal. Cuando la falta no es grave, el caso lo resuelve la Comisión de Disciplina del CJF. Si se trata de faltas que ameriten destitución o inhabilitación, son resueltas por el pleno del Consejo de la Judicatura, que encabeza la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Cuesta mucho trabajo que un amigo venga a ejercer la disciplina frente a otro amigo, conocido o compañero del trabajo; esto ha ido entorpeciendo un poco la función disciplinaria", dijo Melgar-Adalid.
Fallas en la detección
El CJF tiene diversas maneras de captar información sobre la conducta de los juzgadores. Realiza visitas regulares y sorpresivas a los juzgados y tribunales, procesa las quejas que llegan a sus buzones físicos y digitales, y vigila la evolución patrimonial de las personas.
La lectura de los expedientes sobre faltas graves permite advertir que las áreas del CJF fallan en detectar irregularidades a tiempo. La mayoría de las investigaciones que derivaron en una destitución no se iniciaron por los descubrimientos que hicieron, sino por escándalos en la prensa por quejas que presentaron víctimas de delitos y autoridades subordinadas.
La contraloría del CJF es la encargada de dar seguimiento a la evolución patrimonial de los juzgadores. Verifica sus registros bancarios, inmobiliarios, vehiculares y su declaración patrimonial. Puede pedir información a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pese a estas facultades, falla en detectar inconsistencias. Sucedió con Isidro Avelar Gutiérrez, suspendido provisionalmente en 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos exhibió sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. "Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones de narcotráfico a cambio de fallos judiciales favorables", reportó el gobierno estadounidense.
El CJF lo denunció ante la FGR porque encontró que parte de su patrimonio podía ser de procedencia ilícita y que Avelar Gutiérrez no fue veraz en las declaraciones de modificación patrimonial de 2014 a 2018, algo que la contraloría no detectó en todos esos años.
El nuevo tribunal
Si el Congreso aprueba la iniciativa de reforma enviada por el presidente, en lugar del Consejo de la Judicatura Federal habrá un Tribunal de Disciplina Judicial formado por cinco magistrados electos por voto popular con aún más facultades.
La iniciativa propone que pueda investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte y solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia contra estos, así como vigilar a los integrantes del Tribunal Electoral, competencia que no tiene actualmente.
El diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, cree que es un primer paso para acabar con la corrupción en el sistema. Otros ven algunas señales de alerta.
La iniciativa propone que el tribunal pueda investigar y sancionar a juzgadores que incurran en actos u omisiones contrarias "al interés público". El riesgo, dijo el exconsejero Melgar-Adalid, es que si un juez emite una sentencia adversa a los intereses del gobierno—como ha sucedido ya—podría ser sujeto de investigación y sanción.
Otro tema es el nombramiento por voto popular de quienes encabezarían el tribunal. Laurence Pantin, de la Fundación para la Justicia, considera que este método incita a las personas en el cargo a responder a intereses políticos o económicos.