Transcripción:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo jueves un proyecto que desecha el primero de múltiples amparos contra los decretos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar más de dos millones de autos importados ilegalmente al país, conocidos como "chocolates".
La Ministra Yasmin Esquivel propuso declarar que las asociaciones de distribuidores de automóviles carecen de interés legítimo o jurídico para impugnar estos decretos, que iniciaron en 2022 y que el propio López Obrador extendió hasta 2026, en una decisión anunciada al cierre de su sexenio.
Estas agrupaciones, tanto estatales como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), cuestionaron los decretos al acusar que existe una afectación a la venta de vehículos nuevos y usados, porque afirmaron que equivalen a legalizar el delito de contrabando.
El proyecto de Esquivel, que solo requiere otros cuatro votos del Pleno para ser aprobado, rechaza que estas asociaciones tengan derecho a impugnar los decretos, que permiten a los dueños de autos llamados "chocolates" legalizar un vehículo con un pago de 2,500 pesos al gobierno, dinero que, en teoría, se utiliza para tapar baches.
"El objeto social de la quejosa está relacionado con velar por los intereses de manera general de concesionarios de fabricantes de ensambladoras de vehículos automotores y del comercio automotriz, sin que expresamente se mencione que tiene como propósito en particular a los propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera, que incluso dentro de su objeto ellos lleven a cabo la venta o regularización de los mismos", se establece en el proyecto.
"Este tribunal Pleno considera que es indispensable que las personas físicas y jurídicas al menos demuestren una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuentan respecto del resto de la población, sin que esa afectación pueda demostrarse tan solo con la escritura constitutiva de una asociación civil, en la que se diga que su objeto social es la protección de determinados derechos en general".
El amparo que revisará la Corte fue promovido por la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Tamaulipas y, en primera instancia, también fue desechado por un juez federal.
La AMDA, que agrupa a más de 2,600 distribuidores de automóviles nuevos, urgió al Congreso en junio pasado a derogar el decreto de AMLO y, si bien la presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente que se le harían cambios, sigue vigente en la actualidad.
Como parte del litigio de un amparo de la AMDA, una jueza ordenó en mayo de 2024 al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), responsable del programa, varias medidas para mitigar los daños ambientales provocados por la regularización de los autos "chocolate".
Impacto directo en estados con mayor número de vehículos extranjeros regularizados bajo el programa impulsado por el gobierno federal.
El plan para regularizar autos de procedencia extranjera fue presentado como una medida temporal y se extendió en varias ocasiones.
Sonora: 197,585, Baja California: 380,952, Durango: 164,925, Fuente: SSPC, Chihuahua: 423,344, Zacatecas: 196,232, Jalisco: 13,492, Coahuila: 188,598, Nuevo León: 17,410, Tamaulipas: 423,127, Michoacán: 168,738 (Del 19/Mar/2022 al 22/Jul/2024) MEDIDA TRANSEXENAL.
Al cierre de su sexenio, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador extendió la vigencia del decreto de regularización hasta 2026.
Busca atender la demanda de trámites de interesados.
El programa está en operación desde enero de 2022.
El trámite requiere un pago de 1,500 pesos.
Las autoridades han regularizado más de 2.4 millones de vehículos.
Se han recaudado más de 6,000 millones de pesos.
Los recursos son para la pavimentación de vialidades en 17 estados.