Transcripción:
Hasta luego... pero sí producen fentanilo.
Y fue Ken Salazar quien ayer ofreció su última conferencia como embajador de Estados Unidos aquí. No omitió advertir que "hay fentanilo en México y se produce acá". Un dicho que va en contraposición a lo que ha tratado de sostener desde hace varios meses nuestro país. Lo dijo, además, antes de afirmar que el debate sobre si se produce o no elopioide en el país "no nos lleva a donde tenemos que ir", a propósito del reciente reportaje de The New York Times. Quienes conocen temas diplomáticos aprecian que, al ir dejando el cargo que le encomendó el presidente Joe Biden, Salazar ha ido ganando cada vez mayor libertad para expresar su real sentir y pensar sobre los temas bilaterales. También, en su momento, sobre las experiencias que tuvo durante el primer gobierno de la Cuarta Transformación. Así que habrá que estar pendientes. Por lo pronto, Salazar se ha informado que deja el país el miércoles.
Sentenciado, agresor de estadounidenses.
Y fue la Fiscalía de Durango la que ayer informó que, en el caso del asesinato de un grupo de ciudadanos estadounidenses, obtuvo una sentencia de 66 años de prisión en contra del responsable, Iram Uranga Armendáriz. Los hechos, que provocaron revuelo, ocurrieron el pasado 27 de diciembre, luego de una discusión en la que habría estado de por medio el pago de un terreno. Tras ese diferendo, el agresor partió en su camioneta y fue perseguido por Antonio Fernández, Vicente Peña Jr., Jorge Vargas Aguirre y un menor de edad. Las dos camionetas en las que viajaban ambos grupos se detuvieron en el entronque con el poblado Las Palmas, Santiago Papasquiaro. Ahí, se informa, Fernández empezó a discutir con Uranga hasta que este último sacó un arma y le disparó.
Después hizo lo mismo con Peña. Vargas y el menor corrieron hacia el sitio y también recibieron balazos del homicida. El 4 de enero, a este último lo detuvieron y ayer la Fiscalía estatal dio cuenta de la sentencia. Fue un caso de resolución expedita.
Cerraban los ojos en Tabasco.
Nos comentan que quien no se pierde las conferencias de prensa del gobernador de Tabasco, Javier May, es su antecesor, Carlos Manuel Merino, ahora director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Y es que constantemente el actual mandatario hace alusiones al pasado, como ayer, cuando dijo, palabras más, palabras menos, que la delincuencia organizada opera desde hace años, pero "antes era cerrar los ojos y no pasaba nada". ¿A qué costo se mantenía esa paz?, preguntó. Al referirse a la importancia de atacar las causas de la violencia, dijo que cuando llegó al Gobierno encontró los centros de desarrollo social abandonados. Por si fuera poco, también señaló que los antros clandestinos, como La Casita Azul, que fue atacada a balazos el sábado, existen desde hace tiempo.
Sin querer o no, nos hacen ver que el gobernador dio ayer una pincelada de la herencia negra que recibió y que no logra revertir. Porque, como sea, ya tiene tres meses en el cargo. Pendientes.
Harfuch ante embajadores.
De la mayor relevancia, nos cuentan, la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la reunión de embajadores y cónsules de México en el extranjero. En la sede de la Cancillería, el funcionario expuso ante el cuerpo diplomático el plan integral de seguridad del Gobierno federal, con el que se busca recuperar la paz en determinadas regiones del país. Un punto clave de su intervención, nos dicen, fue cuando se pronunció por fortalecer la estrategia de seguridad mediante la colaboración con actores estratégicos internacionales. Esto es importante, dada la renuencia que mostró la administración anterior en los temas de cooperación con organismos externos para combatir al crimen. García Harfuch pidió a los representantes de nuestro país en el extranjero su apoyo para comunicar los avances en el combate a la delincuencia organizada. Estos logros no son menores, por lo que vale la pena presumirlos en el exterior. Ahí el dato.
Insisten en reclamo, pero...
Y es la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, nos comentan, la que mantiene su exigencia de que la elección judicial se suspenda "ante graves inconsistencias en la organización".
Y es que considera que este proceso "lejos de democratizar al Poder Judicial, expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República". La agrupación de personas juzgadoras, que se ha opuesto desde el principio a la reforma al Poder Judicial, ha anotado entre su lista de razones para frenar la elección el recorte presupuestal de 52% al INE, el ajuste del 43% en la cifra de casillas a instalar, la no revisión del padrón electoral y la disminución de recursos materiales que garantizarían la inviolabilidad del voto. Una más es la complejidad del proceso de votación en SÍ, dado que se contemplan seis boletas diferentes con hasta 60 candidatos por cargo. Esos son algunos de sus planteamientos, aunque lo más seguro, nos dicen, es que su petición de detener la elección no prosperará.
Ante la amenaza de las deportaciones.
Y nos piden estar pendientes los próximos días 15 y 16 de enero, cuando se llevará a cabo la reunión con diplomáticos de América Latina y el Caribe, para conocer la dimensión del flujo migratorio hacia el norte del continente. Fue el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien ayer dio cuenta de estas fechas. La información y los acuerdos que se puedan tomar entre naciones serán relevantes de cara a la amenaza de realizar deportaciones masivas que ha planteado el presidente electo, Donald Trump, quien está a sólo dos semanas de asumir el control de la Casa Blanca. Por lo pronto, ante esto, la Cancillería dio la instrucción a los cónsules de defender los derechos de los connacionales, pero pidió hacerlo de manera profesional. "Se trata de despegar una diplomacia inteligente y efectiva, no una diplomacia de narrativas huecas".