Transcripción:
Buenrostro: transnacionales vinculadas con huachicol fiscal
Calcula pérdida de mil mdp con cada desembarque; revela más sobreprecio en compra de medicinas
La secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, aseguró que empresas transnacionales con mucho dinero y gran prestigio participan en el delito del huachicoleo fiscal. Dijo que, por prudencia, no se revelan nombres porque sus acciones se vendrían abajo y se generaría un caos en el mercado.
En entrevista en Con los de Casa -de EL UNIVERSAL-, la funcionaria calculó que la pérdida que causan estas firmas es de aproximadamente mil millones de pesos con cada desembarque que hacen.
Además, reveló que el sobreprecio detectado en la compra consolidada de medicamentos aumentó a casi 15 mil millones de pesos.
Se detectó que 18 compañías vendieron fármacos sin contar con licencia sanitaria. Adelantó sanciones considerables para 41 empresas que han incumplido.
EL DATO
Grandes firmas están coludidas con encargados de aduanas, la marina mercante y comercio exterior, dice Raquel Buenrostro.
"DE 15 MIL MDP, SOBREPRECIO EN COMPRA DE MEDICINAS"
En huachicol fiscal participan empresas transnacionales de mucho dinero y gran prestigio en colusión con encargados de aduanas, la marina mercante y áreas de comercio exterior, acusa.
ENTREVISTA RAQUEL BUENROSTRO SÁNCHEZ
Titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
En el delito de huachicol fiscal participan los encargados de las aduanas, la marina mercante y las áreas de comercio exterior en colusión con empresas transnacionales de mucho dinero, gran prestigio y de las que, por prudencia y para no generar un caos en el mercado, no se revelan los nombres porque se vendrían abajo sus acciones, explicó Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a David Aponte y Maite Azuela, en el programa "Con los de Casa" de EL UNIVERSAL.
La dependencia no ha difundido el nombre de las empresas que evaden el pago de impuestos para evitar que enfrenten una caída de sus acciones, dijo la funcionaria.
"Hay empresas transnacionales que, para traer un buquetanque, no es Juan Pérez. Son empresas de mucho dinero y de alto prestigio que son parte del problema; si se hace público, se les vienen abajo todas las acciones. Entonces, nosotros tratamos de ser prudentes, porque no buscamos generar un caos en el mercado, pero sí queremos que se haga justicia", expresó.
Sobre el contrabando de combustibles, aseguró que las empresas transnacionales que participan causan una pérdida de alrededor de mil millones de pesos con cada desembarque que realizan.
"El huachicol fiscal, en lugar de decir que son gasolina o diésel que tienen que pagar IEPS, lo reportan como aceite vegetal o lubricantes, como cualquier otro producto que no tiene IEPS, y entonces, en cada desembarque, son como mil millones de pesos de no pago de impuestos", expuso.
EL UNIVERSAL publicó que, de acuerdo con cálculos de las secretarías de Energía, Economía y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), si se frena el huachicol fiscal asegurando el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las importaciones de gasolina y diésel, el fisco obtendría ingresos adicionales superiores a 100 mil millones de pesos anuales.
Buenrostro Sánchez explicó que, cuando se desempeñó como titular del SAT, realizó diversas denuncias por contrabando de combustible ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especial de Responsabilidades de Servidores Públicos; sin embargo, no ha habido resultados hasta el momento.
"Todos esos temas que nosotros metimos cuando estábamos en el SAT, de denuncias de contrabando, todas están ahorita en la fiscalía, por un lado, en la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, pero también hay otra parte en la Fiscalía Especial de Responsabilidades de Servidores Públicos, porque los funcionarios con delitos penales van a esa fiscalía. Entonces, en ambas tenemos procedimientos; por ejemplo, de aquí ya se turnaron y ya están en la fiscalía, y no han avanzado", subrayó.
Detalló que, en lo que va de la actual administración y como secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, aún no tienen denuncias nuevas por huachicol fiscal: "En lo que nosotros tenemos en estos seis meses, al día de hoy no tenemos en inventario todavía denuncias nuevas", comentó.
También precisó que el sobreprecio detectado en la compra consolidada de medicamentos aumentó a casi 15 mil millones de pesos, es decir, 2 mil millones de pesos más que los denunciados en un principio, cuando se canceló la licitación de 175 claves de fármacos.
"Si mal no recuerdo, son casi 15 mil millones de pesos; son 2 mil millones de pesos más", refirió.
Añadió que también encontraron 18 empresas que vendieron medicamentos sin contar con licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cual calificó como un tema grave: "Hubo fallos a empresas que no contaban con registro sanitario; eso es lo más grave del asunto", afirmó.
Detalló que habrá sanciones considerables para 41 empresas que han incumplido con contratos anteriores al entregar menos medicamentos de los vendidos: "Son empresas que continuamente caen en incumplimiento; tenemos contratos con ellos de años pasados, que ganaron, pero nunca abastecieron. Se dan buenos precios, pero a la hora de la verdad, si les compramos 100 piezas, nada más entregan dos. Entonces también los estamos castigando... eso sí tiene que ser una sanción grave".
Adelantó que la Secretaría Anticorrupción le dará seguimiento a las denuncias ante la Fiscalía General de la República "para realmente tener una sanción y que sean medidas ejemplares".
"Lo que vamos a hacer es continuar con los procesos; tenemos mucha confianza en que, tratándose de un tema de salud que pone en riesgo la vida de las personas, también podamos tener este mismo seguimiento en el Tribunal Fiscal Administrativo y en la Fiscalía General de la República, que también le den el peso que se merecen estos casos", reiteró.
Ahorro por extinción del Inai va a proyectos prioritarios.
La secretaria Buenrostro comentó que con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se ahorrarán alrededor de 500 millones de pesos que serán destinados a los proyectos prioritarios del gobierno federal.
"Antes, el Inai funcionaba con alrededor de mil 500 millones de pesos al año y vamos a ocupar más de 600 millones de pesos al año. [El ahorro] va a proyectos prioritarios, a otro tipo, a infraestructura, a servicios", expuso.
Explicó que la Secretaría Anticorrupción funcionará como un área normativa para regular y emitir lineamientos y reglas para proteger los datos personales, pero no los tendrán en su posesión.
"El INAI no tiene las bases de datos y nosotros tampoco las vamos a tener; por ejemplo, las que tiene el INE, todo lo que tiene que ver con la credencial de elector, lo tiene el INF. Nosotros no los tenemos, ni tenemos acceso a ellos. Toda información bancaria, por ejemplo, en el caso de un privado, lo tiene el banco; nosotros no. Entonces, la información de datos personales está donde tiene que estar y aquí se firman y se regulan los avisos de privacidad", subrayó.
Explicó que el proceso para solicitar información a los sujetos obligados "va a funcionar prácticamente igual que como funcionaba antes". Cuando una respuesta no es satisfactoria para el solicitante, podrá interponer una queja ante el órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo.
"La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, nosotros no podemos emitir ningún documento e interferir en ese tipo de decisiones; no podemos firmar nada, se queda en el órgano que tiene autonomía técnica", expresó.
Dijo que los inconformes con la entrega de información podrán acudir ante el Poder Judicial para que resuelva la solicitud: "Cuando en el INAI... no era satisfactoria [la respuesta], se iban al Poder Judicial, se iban al amparo y aquí también vamos al Poder Judicial; incluso en el Poder Judicial, a diferencia de lo que había antes, nosotros propusimos en la ley y el legislativo estuvo de acuerdo, que pasara a un tribunal especial."
La secretaria comentó que con la nueva organización que aplicará la dependencia para asumir las facultades que tenía el INAI, generará un ahorro de más del 50% en comparación con lo que gastaba el instituto.
"Nosotros, con la nueva propuesta de cómo nos vamos a organizar, generamos un ahorro total global de más del 50% con relación a lo que costaba el INAI. Entonces, tenemos un ahorro de 50% y absorbemos 80% de la carga de trabajo, por decirlo, porque el INAI era muy horizontal; era una pirámide invertida. Había muchísimos directores generales, 28 directores generales, más secretarios de acuerdo que también son altos niveles, y abajo había poquita gente; lo que hacía era terciarizar las tareas, había un contrato para que llevara la nómina, un contrato para la limpieza; todo lo terciaban", explicó.
Manifestó que se recortó al personal de alto mando para generar ahorro al presupuesto que tenía antes el INAI: "Disminuimos mucho la estructura de los altos mandos y fortalecimos a la gente que está trabajando, que yo digo siempre, la que arrastre lápiz."
"Eso nos lleva a un ahorro; nosotros vamos a ahorrar tanto en servicios personales, vamos a funcionar con 35% del presupuesto del INAI, en total, nosotros vamos a generar un ahorro al erario, al pueblo de México, de 500 millones de pesos menos al año", insistió.
Afirmó que Transparencia para el Pueblo funcionará de manera similar a cómo lo hacen otros órganos desconcentrados en Estados Unidos y Canadá: "Así funciona en todo el mundo; si nosotros vemos cómo funciona en el mundo, lo que se habla es que los órganos de acceso a información son independientes, y la palabra que se usa internacionalmente es con independencia... y precisamente con una figura como la del órgano desconcentrado que se está proponiendo, que es con autonomía técnica; por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá son oficinas que están adentro, en Estados Unidos adentro de la Casa Blanca de la Secretaría de Estado, y en Canadá también, ni siquiera hay un concentrado, cada dependencia es obligada a contestar de manera directa. Si nosotros revisamos los países, el modelo que estamos proponiendo está entre los mejores estándares internacionales", opinó.
"Hay empresas transnacionales para traer un buquetanque, no es Juan Pérez; son empresas de mucho dinero y de alto prestigio que son parte del problema".
"Son empresas que continuamente caen en incumplimiento (...) que ganaron pero nunca abastecieron (...) si les compramos 100 piezas, entregan dos."
"El INAI funcionaba, más o menos, con alrededor de mil 500 millones de pesos al año y vamos a ocupar más de 600 millones de pesos al año. [El ahorro] se va a proyectos prioritarios."