El ex fiscal general pide al Constitucional que anule su condena
Resumen:
García Ortiz afirma que el Supremo hizo una valoración "irracional y arbitraria".
Transcripción:
El ex fiscal general pide al Constitucional que anule su condena
García Ortiz afirma que el Supremo hizo una valoración "irracional y arbitraria"
R. M. P.
BRAULIO GARCÍA JAÉN
Madrid
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado ya ante el Tribunal Constitucional su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros —entre multa e indemnización— por revelar que Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ofreció a reconocer, para eludir la cárcel, los delitos fiscales por los que finalmente será juzgado. El que fuera jefe del ministerio público sigue la estela de la propia Fiscalía y acusa a los magistrados de hacer una "valoración irracional y arbitraria", "prescindiendo de hechos y pruebas de descargo", al tiempo que insiste en que no había secreto que proteger porque González Amador incurrió en una "autodivulgación" al facilitar toda la información a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso.
El Supremo condenó al ex fiscal general el pasado noviembre al concluir que García Ortiz o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que la defensa del empresario había enviado al fiscal de su caso con la oferta de pacto, y que lo hicieron para que después la Fiscalía pudiera darla a conocer formalmente a través del comunicado que se emitió al día siguiente. García Ortiz fue condenado por la filtración y por el comunicado.
García Ortiz, sin embargo, siempre defendió que se difundió aquel comunicado para desmentir un "bulo". Se refería a la información que había publicado El Mundo, la noche del 13 de marzo, en la que se decía que había sido la Fiscalía la que había ofrecido pactar a la defensa de González Amador; y a las noticias sucesivas publicadas por otros medios que apuntaban que el acuerdo se había frenado por "órdenes de arriba". La realidad era otra: la propuesta había partido del abogado de la pareja de Díaz Ayuso.
Durante el juicio, Miguel Ángel Rodríguez reconoció que había filtrado a la prensa el contenido del correo en el que se revelaba la existencia de las negociaciones y admitió que llegó a la deducción "lógica" de que se había frenado por indicación de la jefatura del ministerio público, pero que no tenía constancia de que fuera así.
El recurso de García Ortiz se basa en que el Supremo hizo "una valoración irracional y arbitraria de los indicios" que hace que "la imputación de la autoría se sustente en meras inferencias abiertas". "La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria", asegura.
Para García Ortiz, la principal inferencia es la que le atribuye la filtración a él o a su entorno, porque no hay pruebas de que fuera él ni de "ese conocimiento o aceptación, si la revelación hubiera provenido de otra persona de su entorno". Por eso cree que esta afirmación se construye únicamente en torno a "una sospecha", la de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien declaró que desde el principio intuyó que las pesquisas contra González Amador se filtrarían y que, cuando sucedió, directamente preguntó a García Ortiz: "¿Has sido tú?".
García Ortiz también reprocha al Supremo que no tuvo en cuenta que el correo electrónico clave del caso, el que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 a Fiscalía con la oferta de reconocer que "ciertamente" se habían cometido delitos fiscales, "había pasado por múltiples manos y soportes".
Así, detalla que el abogado del empresario lo envió a "la cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos, a la que tenían acceso 16 personas, que después llegó al fiscal Salto y que estuvo allí disponible hasta el mismo 13 de marzo, todo ello sin contar que también se lo hizo llegar a un abogado del Estado, que la prensa ya manejaba esa información, porque "varios periodistas de distintos medios ya conocían el contenido del correo antes de que el fiscal general lo tuviera". Varios de ellos lo descartaron directamente como fuente, subraya el recurso, afeando al Supremo que desechara sus testimonios interpretando el derecho al secreto profesional "de forma tan absoluta" que permitiría a los periodistas "no ser veraces cuando voluntariamente optan por declarar en juicio".
En tercer lugar, el ex fiscal general critica que el tribunal "no valoró que había existido una autodivulgación por parte de González Amador", ya que "transmitió a Miguel Ángel Rodríguez correos intercambiados entre su letrado y el fiscal, y [Rodríguez] a su vez a periodistas, además de difundir en redes sociales" que "la Fiscalía habría retirado el pacto ofrecido" por "órdenes de arriba".
Todo eso, expone García Ortiz, dio lugar a una "noticia falsa", resaltando que el propio Supremo la calificó así en la sentencia. Para el ex fiscal general, la institución no tenía más remedio que responder oficialmente, a través de la nota de prensa, para desmentir ese bulo. En todo caso, enfatiza, el contenido de ese comunicado "ya era de conocimiento público".
El ex fiscal general también ataca el registro efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su despacho el 30 de octubre de 2024. Recrimina que el juez instructor dio una orden "en términos tan amplios y vagos" que dio a los agentes "una discrecionalidad sin control" que derivó en "la incautación de información irrelevante o confidencial, innecesaria para la investigación en curso", y de la que se hicieron hasta tres copias. La defensa sostiene que fue una medida ilegal por desmedida, porque "el sacrificio de derechos e intereses provocado (...) era desproporcionadamente superior al beneficio esperado". "No se ponderaron los riesgos colaterales de incautar dispositivos que, tratándose del fiscal general, contenían información de altísima sensibilidad para intereses públicos y de seguridad nacional", alerta.
Así rechaza que la explicación que dio García Ortiz durante el juicio, de que borraba sus mensajes periódicamente por razones de seguridad, pueda interpretarse como una "confesión". Aclara que solo lo hizo "por la necesidad de dar explicación a un hecho que se descubrió en esa actuación ilícita", el registro, al que el Supremo confiere un valor probatorio, "muy relevante".
"La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial prescindiendo de hechos y pruebas". Álvaro García Ortiz.
Ex fiscal general de Estado.
El abogado de Amador mandó el correo a una cuenta para 16 personas.
El condenado insiste en que tenía que responder a "una noticia falsa".
Álvaro García Ortiz, en la Universidad de Barcelona, el 26 de febrero. DAVID ZORRAKINO (EP).
García Ortiz afirma que el Supremo hizo una valoración "irracional y arbitraria"
R. M. P.
BRAULIO GARCÍA JAÉN
Madrid
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado ya ante el Tribunal Constitucional su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros —entre multa e indemnización— por revelar que Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ofreció a reconocer, para eludir la cárcel, los delitos fiscales por los que finalmente será juzgado. El que fuera jefe del ministerio público sigue la estela de la propia Fiscalía y acusa a los magistrados de hacer una "valoración irracional y arbitraria", "prescindiendo de hechos y pruebas de descargo", al tiempo que insiste en que no había secreto que proteger porque González Amador incurrió en una "autodivulgación" al facilitar toda la información a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso.
El Supremo condenó al ex fiscal general el pasado noviembre al concluir que García Ortiz o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que la defensa del empresario había enviado al fiscal de su caso con la oferta de pacto, y que lo hicieron para que después la Fiscalía pudiera darla a conocer formalmente a través del comunicado que se emitió al día siguiente. García Ortiz fue condenado por la filtración y por el comunicado.
García Ortiz, sin embargo, siempre defendió que se difundió aquel comunicado para desmentir un "bulo". Se refería a la información que había publicado El Mundo, la noche del 13 de marzo, en la que se decía que había sido la Fiscalía la que había ofrecido pactar a la defensa de González Amador; y a las noticias sucesivas publicadas por otros medios que apuntaban que el acuerdo se había frenado por "órdenes de arriba". La realidad era otra: la propuesta había partido del abogado de la pareja de Díaz Ayuso.
Durante el juicio, Miguel Ángel Rodríguez reconoció que había filtrado a la prensa el contenido del correo en el que se revelaba la existencia de las negociaciones y admitió que llegó a la deducción "lógica" de que se había frenado por indicación de la jefatura del ministerio público, pero que no tenía constancia de que fuera así.
El recurso de García Ortiz se basa en que el Supremo hizo "una valoración irracional y arbitraria de los indicios" que hace que "la imputación de la autoría se sustente en meras inferencias abiertas". "La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria", asegura.
Para García Ortiz, la principal inferencia es la que le atribuye la filtración a él o a su entorno, porque no hay pruebas de que fuera él ni de "ese conocimiento o aceptación, si la revelación hubiera provenido de otra persona de su entorno". Por eso cree que esta afirmación se construye únicamente en torno a "una sospecha", la de la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien declaró que desde el principio intuyó que las pesquisas contra González Amador se filtrarían y que, cuando sucedió, directamente preguntó a García Ortiz: "¿Has sido tú?".
García Ortiz también reprocha al Supremo que no tuvo en cuenta que el correo electrónico clave del caso, el que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 a Fiscalía con la oferta de reconocer que "ciertamente" se habían cometido delitos fiscales, "había pasado por múltiples manos y soportes".
Así, detalla que el abogado del empresario lo envió a "la cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos, a la que tenían acceso 16 personas, que después llegó al fiscal Salto y que estuvo allí disponible hasta el mismo 13 de marzo, todo ello sin contar que también se lo hizo llegar a un abogado del Estado, que la prensa ya manejaba esa información, porque "varios periodistas de distintos medios ya conocían el contenido del correo antes de que el fiscal general lo tuviera". Varios de ellos lo descartaron directamente como fuente, subraya el recurso, afeando al Supremo que desechara sus testimonios interpretando el derecho al secreto profesional "de forma tan absoluta" que permitiría a los periodistas "no ser veraces cuando voluntariamente optan por declarar en juicio".
En tercer lugar, el ex fiscal general critica que el tribunal "no valoró que había existido una autodivulgación por parte de González Amador", ya que "transmitió a Miguel Ángel Rodríguez correos intercambiados entre su letrado y el fiscal, y [Rodríguez] a su vez a periodistas, además de difundir en redes sociales" que "la Fiscalía habría retirado el pacto ofrecido" por "órdenes de arriba".
Todo eso, expone García Ortiz, dio lugar a una "noticia falsa", resaltando que el propio Supremo la calificó así en la sentencia. Para el ex fiscal general, la institución no tenía más remedio que responder oficialmente, a través de la nota de prensa, para desmentir ese bulo. En todo caso, enfatiza, el contenido de ese comunicado "ya era de conocimiento público".
El ex fiscal general también ataca el registro efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su despacho el 30 de octubre de 2024. Recrimina que el juez instructor dio una orden "en términos tan amplios y vagos" que dio a los agentes "una discrecionalidad sin control" que derivó en "la incautación de información irrelevante o confidencial, innecesaria para la investigación en curso", y de la que se hicieron hasta tres copias. La defensa sostiene que fue una medida ilegal por desmedida, porque "el sacrificio de derechos e intereses provocado (...) era desproporcionadamente superior al beneficio esperado". "No se ponderaron los riesgos colaterales de incautar dispositivos que, tratándose del fiscal general, contenían información de altísima sensibilidad para intereses públicos y de seguridad nacional", alerta.
Así rechaza que la explicación que dio García Ortiz durante el juicio, de que borraba sus mensajes periódicamente por razones de seguridad, pueda interpretarse como una "confesión". Aclara que solo lo hizo "por la necesidad de dar explicación a un hecho que se descubrió en esa actuación ilícita", el registro, al que el Supremo confiere un valor probatorio, "muy relevante".
"La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial prescindiendo de hechos y pruebas". Álvaro García Ortiz.
Ex fiscal general de Estado.
El abogado de Amador mandó el correo a una cuenta para 16 personas.
El condenado insiste en que tenía que responder a "una noticia falsa".
Álvaro García Ortiz, en la Universidad de Barcelona, el 26 de febrero. DAVID ZORRAKINO (EP).