Transcripción:
#Feminicidio
CRIMEN SIN CASTIGO
Las fallas sistemáticas del Poder Judicial y los presuntos actos de corrupción y negligencia de jueces y ministerios públicos han convertido el asesinato de Marisela Escobedo y su hija en una demostración de impunidad. ¿La elección de jueces, magistrados y ministros evitará casos similares en el futuro?
El asesinato de Marisela Escobedo Ortiz es uno de los casos de impunidad más conocidos en el país.
Después de emprender una lucha constante desde la desaparición y asesinato de su hija en 2008, y de exigir justicia, murió acribillada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Rubí Frayre Escobedo, de 16 años, fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza, en Ciudad Juárez. A pesar de que Barraza confesó el crimen e incluso señaló el lugar donde enterró a la joven, tres jueces lo liberaron en 2010, argumentando falta de elementos para sostener la acusación.
Casos como este han puesto en duda la impartición de justicia en México. Jueces corruptos o incluso vinculados con grupos delictivos han formado un sistema judicial fallido que permitió la impunidad en el asesinato de Rubí y lanzó a su madre, Marisela Escobedo, a la desprotección total frente a un asesino confeso en libertad que finalmente cobró venganza.
La elección judicial que está en puerta ofrece la oportunidad de elegir a quienes integran los tribunales, con el objetivo de evitar que casos como el de Marisela Escobedo sigan ocurriendo en el país. Se trata de ejercer un derecho, pero también de lograr que la justicia sea para todos.
Se pretende que este proceso fortalezca la transparencia y legitimidad del sistema judicial al permitir que la ciudadanía participe directamente en la selección de sus autoridades juzgadoras.
EL DATO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 44/2013, donde señaló graves negligencias y violaciones a derechos humanos por parte de la Fiscalía de Chihuahua, como la falta de debida diligencia en la investigación, la revictimización de Marisela y su familia, y la impunidad ante un feminicida confeso.
El asesino, Sergio Barraza, confesó al menos cuatro veces haber matado a Rubí: a su familia (agosto 2008), a policías durante su detención (junio 2009), a un psicólogo (en una entrevista grabada), y en el juicio oral, donde pidió perdón a Marisela.
Los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib fueron los juzgadores que anularon la confesión del asesino. Argumentaron tres razones: las confesiones no se formalizaron ante un Ministerio Público, no contaron con un defensor presente (aunque Barraza nunca negó los hechos) y se consideraron "pruebas ilícitas", pues su detención inicial fue por sustracción de menores (delito que no procedió).
Cadena de fallas: Fiscalía incompetente, no aseguró las confesiones con protocolos legales, no presentó pruebas contundentes, como análisis periciales robustos, y ignoró testimonios clave, como el del testigo protegido Ángel Gabriel.
La impunidad: la absolución del feminicida confeso se basó en el nuevo sistema penal acusatorio (implementado en Chihuahua desde 2008). En este caso se usó para proteger al victimario; los jueces privilegiaron formalismos sobre la verdad.
Consecuencias: Barraza huyó y se unió a Los Zetas. Marisela fue asesinada en 2010 mientras protestaba. Otro tribunal condenó a Barraza a 50 años, pero el feminicida ya había huido a Zacatecas.
Chihuahua sin justicia: ausencia de perspectiva de género, en 2010 el feminicidio no estaba tipificado en Chihuahua (se aprobó hasta 2017); jueces sin capacitación; priorizaron tecnicismos legales sobre el contexto de violencia machista; impunidad estructural: la Fiscalía no protegió a Marisela pese a sus denuncias de amenazas.
Revictimización: las confesiones no bastan si el sistema no las valida. Las víctimas deben luchar no solo contra el crimen, sino contra el Estado.
Cronología del crimen: Durante más de dos años, Marisela Escobedo buscó justicia para su hija, pero solo encontró la muerte.
29 de agosto: Rubí Marisol Frayre es vista con vida por última vez. Su pareja, Sergio Barraza, le dice a Marisela que se mudaron a Aguascalientes por trabajo. 2 de enero: Barraza y su familia afirman que Rubí los abandonó por otro hombre. Marisela inicia la búsqueda días después y denuncia la desaparición, pero se enfrenta al desinterés de las autoridades. 30 de enero: Un testigo revela que Barraza confesó el crimen. La policía municipal tenía un reporte desde agosto de 2008 donde el padrastro de Barraza denunció el homicidio, pero lo archivaron. Junio 19: Barraza confiesa y señala dónde enterró a Rubí. Los restos son identificados. Se emite orden de aprehensión, pero la Fiscalía no logra consolidar el caso. Febrero: Inicia el juicio contra Barraza, las autoridades tienen su confesión, además de pruebas presentadas por Marisela. 3 de mayo: Un tribunal libera a Barraza por "falta de pruebas", ignorando su confesión. 16 de mayo: Marisela Escobedo presenta queja ante la CNDH, que luego expondrá las graves negligencias. 21 de mayo: Un tribunal superior revoca la absolución y ordena reaprehender a Barraza, quien huyó a Zacatecas. 13 de julio: Marisela ubica a Sergio Barraza en Fresnillo, Zacatecas, pero la policía no lo detiene. 13 de septiembre: La madre de Rubí denuncia amenazas de muerte de Los Zetas (donde Barraza se refugió), pero nadie la protege. 16 de diciembre: Marisela es asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde exigía justicia para su hija. 2012: 16 de noviembre: Sergio Barraza muere en un enfrentamiento con el ejército en Zacatecas. Nunca enfrentó a la justicia.