Nudo Gordiano // El futuro que ya nos alcanzó
Resumen:
La construcción resiliente debe ser obligatoria, no opcional. Japón cuenta con estricta legislación en materia de construcción y un parque de simulación de desastres al que acuden a diario mil personas para aprender a sobrevivir en una ciudad devastada. México necesita actualizar y hacer cumplir los códigos de construcción, prohibir el desarrollo urbano en zonas de alto riesgo e implementar auditorías obligatorias de resiliencia para toda la infraestructura crítica.
Transcripción:
El futuro que ya nos alcanzó
Los números no mienten; son brutales: entre 1999 y 2017, el 91% de los recursos de la declaratoria de desastre en México fueron destinados a eventos climáticos, y por cada desastre geológico hubo 13 desastres relacionados con el clima, con un costo 10 veces mayor. Solo en 2024, los desastres naturales ocasionaron 633 muertes y pérdidas calculadas en 14,434 millones de pesos. Y esto es apenas el principio.
Las proyecciones científicas indican que, en una trayectoria alta en carbono, las temperaturas en México podrían incrementar hasta 2.1°C para 2050, con olas de calor que durarán un 4,005% más de tiempo y sequías agrícolas un 34% más largas. En un siglo, la temperatura ha aumentado en México 3.2 grados, mientras que el resto del mundo lo ha hecho dos grados. Lo más alarmante es la velocidad del cambio: las lluvias con precipitaciones de 80 milímetros por metro cuadrado, que antes se veían cada 30 o 50 años, ahora se repiten en menos de 10. Los huracanes, como Otis, ya no son anomalías; son el nuevo normal.
El costo de la inacción es devastador. Sin acciones urgentes, México puede perder el 1.97% de su PIB para 2050, cifra que sube al 5.4% para 2100. Entre 2004 y 2022, los desastres registrados por el Cenapred acumularon costos de 585 mil 516 mdp. Pero hay esperanza: limitar el aumento de temperaturas a 2°C reduciría los costos por impactos climáticos al 1.1% del PIB para 2050. Y aquí viene el dato crucial: por cada peso invertido en prevención, se ahorran hasta siete pesos en reconstrucción.
Sin embargo, México sigue apostando por la reconstrucción sobre la prevención. En el Presupuesto de Egresos 2024 se destinaron apenas 18,485 mdp para atender y prevenir emergencias, un aumento de solo 881 millones respecto al año anterior. Esto es risible, considerando que tan solo en 2023, los desastres dejaron daños por 88,910 millones de pesos. México necesita triplicar, como mínimo, su presupuesto de prevención. Y no es gasto, es inversión.
La construcción resiliente debe ser obligatoria, no opcional. Japón cuenta con estricta legislación en materia de construcción y un parque de simulación de desastres al que acuden a diario mil personas para aprender a sobrevivir en una ciudad devastada. México necesita actualizar y hacer cumplir los códigos de construcción, prohibir el desarrollo urbano en zonas de alto riesgo e implementar auditorías obligatorias de resiliencia para toda la infraestructura crítica.
La educación y la cultura de prevención son fundamentales.
Japón ha creado Organizaciones Voluntarias de Administración de Desastres Locales para fortalecer la solidaridad comunitaria y preparar a la población mediante simulacros periódicos. Necesitamos educación sobre gestión de riesgos desde la primaria, simulacros mensuales en todas las instituciones y brigadas comunitarias capacitadas en cada colonia.
El empresariado debe entender que la gestión de riesgos no es filantropía, es supervivencia empresarial. El Banco Mundial señala la importancia de instrumentos financieros como seguros paramétricos y bonos de catástrofe. Las empresas deben invertir en infraestructura resiliente, desarrollar planes de continuidad y participar en fondos de prevención.
La ventana de oportunidad se cierra rápidamente. El Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM advierte que en 2025 estamos a punto de rebasar los 1.5 grados, lo que pondría al planeta en un problema climático aún mayor. Se prevé que cultivos básicos como maíz, caña de azúcar y trigo tengan rendimientos de 5 a 20% menores en las próximas décadas y hasta 80% menores para finales de siglo.
México está en una encrucijada. Podemos seguir reaccionando a cada desastre con parches y discursos, o podemos transformar radicalmente nuestra aproximación al riesgo. La pregunta es si estaremos preparados o no. El Estado mexicano, la sociedad civil y el empresariado tienen una responsabilidad histórica. No actuar con la urgencia y escala necesarias no es solo irresponsable; es criminal.
Porque cuando llegue el próximo Otis -y llegará- ya no podremos decir que no lo vimos venir. Los números están sobre la mesa. Las soluciones existen. Falta voluntad política y acción colectiva. Mañana será demasiado tarde.
Yuriria Sierra
Los números no mienten; son brutales: entre 1999 y 2017, el 91% de los recursos de la declaratoria de desastre en México fueron destinados a eventos climáticos, y por cada desastre geológico hubo 13 desastres relacionados con el clima, con un costo 10 veces mayor. Solo en 2024, los desastres naturales ocasionaron 633 muertes y pérdidas calculadas en 14,434 millones de pesos. Y esto es apenas el principio.
Las proyecciones científicas indican que, en una trayectoria alta en carbono, las temperaturas en México podrían incrementar hasta 2.1°C para 2050, con olas de calor que durarán un 4,005% más de tiempo y sequías agrícolas un 34% más largas. En un siglo, la temperatura ha aumentado en México 3.2 grados, mientras que el resto del mundo lo ha hecho dos grados. Lo más alarmante es la velocidad del cambio: las lluvias con precipitaciones de 80 milímetros por metro cuadrado, que antes se veían cada 30 o 50 años, ahora se repiten en menos de 10. Los huracanes, como Otis, ya no son anomalías; son el nuevo normal.
El costo de la inacción es devastador. Sin acciones urgentes, México puede perder el 1.97% de su PIB para 2050, cifra que sube al 5.4% para 2100. Entre 2004 y 2022, los desastres registrados por el Cenapred acumularon costos de 585 mil 516 mdp. Pero hay esperanza: limitar el aumento de temperaturas a 2°C reduciría los costos por impactos climáticos al 1.1% del PIB para 2050. Y aquí viene el dato crucial: por cada peso invertido en prevención, se ahorran hasta siete pesos en reconstrucción.
Sin embargo, México sigue apostando por la reconstrucción sobre la prevención. En el Presupuesto de Egresos 2024 se destinaron apenas 18,485 mdp para atender y prevenir emergencias, un aumento de solo 881 millones respecto al año anterior. Esto es risible, considerando que tan solo en 2023, los desastres dejaron daños por 88,910 millones de pesos. México necesita triplicar, como mínimo, su presupuesto de prevención. Y no es gasto, es inversión.
La construcción resiliente debe ser obligatoria, no opcional. Japón cuenta con estricta legislación en materia de construcción y un parque de simulación de desastres al que acuden a diario mil personas para aprender a sobrevivir en una ciudad devastada. México necesita actualizar y hacer cumplir los códigos de construcción, prohibir el desarrollo urbano en zonas de alto riesgo e implementar auditorías obligatorias de resiliencia para toda la infraestructura crítica.
La educación y la cultura de prevención son fundamentales.
Japón ha creado Organizaciones Voluntarias de Administración de Desastres Locales para fortalecer la solidaridad comunitaria y preparar a la población mediante simulacros periódicos. Necesitamos educación sobre gestión de riesgos desde la primaria, simulacros mensuales en todas las instituciones y brigadas comunitarias capacitadas en cada colonia.
El empresariado debe entender que la gestión de riesgos no es filantropía, es supervivencia empresarial. El Banco Mundial señala la importancia de instrumentos financieros como seguros paramétricos y bonos de catástrofe. Las empresas deben invertir en infraestructura resiliente, desarrollar planes de continuidad y participar en fondos de prevención.
La ventana de oportunidad se cierra rápidamente. El Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM advierte que en 2025 estamos a punto de rebasar los 1.5 grados, lo que pondría al planeta en un problema climático aún mayor. Se prevé que cultivos básicos como maíz, caña de azúcar y trigo tengan rendimientos de 5 a 20% menores en las próximas décadas y hasta 80% menores para finales de siglo.
México está en una encrucijada. Podemos seguir reaccionando a cada desastre con parches y discursos, o podemos transformar radicalmente nuestra aproximación al riesgo. La pregunta es si estaremos preparados o no. El Estado mexicano, la sociedad civil y el empresariado tienen una responsabilidad histórica. No actuar con la urgencia y escala necesarias no es solo irresponsable; es criminal.
Porque cuando llegue el próximo Otis -y llegará- ya no podremos decir que no lo vimos venir. Los números están sobre la mesa. Las soluciones existen. Falta voluntad política y acción colectiva. Mañana será demasiado tarde.
Yuriria Sierra