Ciencia y Sociedad
Resumen:
¿Ciencia para quién? Entre la comunidad y el capital
Transcripción:
¿Ciencia para quién? Entre la comunidad y el capital
Entre 2018 y 2024, el CONAHCyT ensayó una reorientación significativa de la política científica mexicana: desplazó el eje desde la productividad académica como fin en sí mismo hacia la atención de problemas públicos estructurales. Los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) funcionaron como instrumentos de priorización temática y articulación institucional. No se limitaron a financiar proyectos privados; sino que establecieron agendas de investigación para la incidencia explícitas, promovieron redes interinstitucionales y generaron documentación verificable en convocatorias, informes y repositorios. En ese marco, estos programas tomaron los problemas sociales de las comunidades urbanas y rurales del país como objeto científico central y lo vincularon con decisiones normativas.
El caso del glifosato condensó esa lógica. Se configuró una secuencia que incluyó decretos, compilación pública de evidencia, fortalecimiento de capacidades analíticas para su detección y elaboración de insumos técnicos orientados a la sustitución. Más allá de la controversia comercial, el elemento distintivo fue la construcción de un expediente accesible que permite examinar la base científica de la política adoptada y contrastarla con riesgos sanitarios y ambientales documentados. De manera paralela, el PRONACE de Agentes Tóxicos produjo materiales asociados a territorios específicos, con énfasis en exposiciones y procesos contaminantes, habilitando una relación directa entre diagnóstico científico y problemáticas localizadas.
En el escenario actual, la ahora Secihti, el relato institucional se reorganiza en torno a la soberanía tecnológica y a proyectos emblemáticos como supercómputo, electromovilidad y semiconductores beneficiando a grupos de capital privado. Si bien la evidencia normativa disponible no confirma una eliminación formal de PRONACE; sí revela una modificación en la jerarquía de prioridades de la Secihti. El centro discursivo se desplaza, por ejemplo, desde la mitigación de daños socioambientales hacia la ampliación de capacidades tecnológicas estratégicas. Este cambio altera el criterio de evaluación, en donde la eficacia deja de medirse principalmente por reducción verificable de vulnerabilidades y tiende a asociarse con infraestructura instalada y desarrollo de plataformas.
La cuestión no es oponer desarrollo tecnológico a ciencia orientada a problemas territoriales. El punto crítico es definir qué se considera resultado exigible de una política científica pública. Si los indicadores predominantes se concentran en capacidad instalada, el sistema puede modernizarse sin que disminuyan exposiciones, conflictos socioambientales o riesgos tóxicos. Una política científica con responsabilidad social requiere métricas que integren trazabilidad presupuestal, continuidad institucional, acceso abierto a datos y evidencia empírica de reducción de daño. Sin esos verificadores, la agenda tecnológica del segundo piso de la 4T corre el riesgo de autonomizarse respecto de las crisis que justificaron, en primer término, la reorientación estratégica bajo el sexenio anterior.
* Universidad Autónoma Metropolitana/Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Medio Ambiente y Sociedad (CIMMAS)
Entre 2018 y 2024, el CONAHCyT ensayó una reorientación significativa de la política científica mexicana: desplazó el eje desde la productividad académica como fin en sí mismo hacia la atención de problemas públicos estructurales. Los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) funcionaron como instrumentos de priorización temática y articulación institucional. No se limitaron a financiar proyectos privados; sino que establecieron agendas de investigación para la incidencia explícitas, promovieron redes interinstitucionales y generaron documentación verificable en convocatorias, informes y repositorios. En ese marco, estos programas tomaron los problemas sociales de las comunidades urbanas y rurales del país como objeto científico central y lo vincularon con decisiones normativas.
El caso del glifosato condensó esa lógica. Se configuró una secuencia que incluyó decretos, compilación pública de evidencia, fortalecimiento de capacidades analíticas para su detección y elaboración de insumos técnicos orientados a la sustitución. Más allá de la controversia comercial, el elemento distintivo fue la construcción de un expediente accesible que permite examinar la base científica de la política adoptada y contrastarla con riesgos sanitarios y ambientales documentados. De manera paralela, el PRONACE de Agentes Tóxicos produjo materiales asociados a territorios específicos, con énfasis en exposiciones y procesos contaminantes, habilitando una relación directa entre diagnóstico científico y problemáticas localizadas.
En el escenario actual, la ahora Secihti, el relato institucional se reorganiza en torno a la soberanía tecnológica y a proyectos emblemáticos como supercómputo, electromovilidad y semiconductores beneficiando a grupos de capital privado. Si bien la evidencia normativa disponible no confirma una eliminación formal de PRONACE; sí revela una modificación en la jerarquía de prioridades de la Secihti. El centro discursivo se desplaza, por ejemplo, desde la mitigación de daños socioambientales hacia la ampliación de capacidades tecnológicas estratégicas. Este cambio altera el criterio de evaluación, en donde la eficacia deja de medirse principalmente por reducción verificable de vulnerabilidades y tiende a asociarse con infraestructura instalada y desarrollo de plataformas.
La cuestión no es oponer desarrollo tecnológico a ciencia orientada a problemas territoriales. El punto crítico es definir qué se considera resultado exigible de una política científica pública. Si los indicadores predominantes se concentran en capacidad instalada, el sistema puede modernizarse sin que disminuyan exposiciones, conflictos socioambientales o riesgos tóxicos. Una política científica con responsabilidad social requiere métricas que integren trazabilidad presupuestal, continuidad institucional, acceso abierto a datos y evidencia empírica de reducción de daño. Sin esos verificadores, la agenda tecnológica del segundo piso de la 4T corre el riesgo de autonomizarse respecto de las crisis que justificaron, en primer término, la reorientación estratégica bajo el sexenio anterior.
* Universidad Autónoma Metropolitana/Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Medio Ambiente y Sociedad (CIMMAS)