Refundación
Resumen:
Refundación
Transcripción:
Refundación
El cambio radical del Poder Judicial traerá incertidumbre y parálisis, pero el mayor riesgo es que el sistema derive en "populismo judicial".
Muy pocas veces en la historia de un país se lleva a cabo un cambio institucional tan radical como el que estamos presenciando. Los símbolos lo dejaron claro: caracoles, copal, la encomienda a Quetzalcóatl, las y los ministros recibiendo sus bastones de mando. También las medidas de austeridad: reducción de sueldos y eliminación de prestaciones como seguros de gastos médicos y de vida. Todo ello transmite un mensaje inequívoco: el primero de septiembre comenzó una refundación del Poder Judicial en México.
No hay forma de eliminar la gran incertidumbre jurídica que produce un cambio tan radical. Ni modo. Se necesita tiempo para que el funcionamiento cotidiano del nuevo sistema genere sus propios patrones de comportamiento que restablezcan la predictibilidad judicial. Ello tomará algunos años.
Todavía falta una segunda elección judicial en el 2027.
En el corto plazo, la mayor preocupación no es filosófica sino práctica: cómo transitar el cambio de estafeta sin que se paralice el sistema. Este proceso de cambio de jueces, rotación de equipos, movimientos de áreas administrativas está siendo caótico y mal organizado. A nivel federal, lo que se sabe es que el Organo de Administración Judicial (que acaba de nacer) apenas les está pidiendo los datos personales a las personas que resul taron electas y aún no ha determinado qué juzgado tribunal serán adscritas cada una de ellas. Es decir: el cambio de estafeta va para largo.
Ello es una pésima noticia para los usuarios del sistema.
En cualquier litigio, el tiempo juega en contra de la parte cumplidora y a favor de la deudora. Una empresa que entrega mercancía, presta un servicio o paga a un proveedor y no recibe lo pactado, depende de los tribunales para cobrar.
También dependen de un tribunal las personas que necesitan cobrar pensión alimenticia, el pago de un alquiler, la reparación de un daño una deuda común corriente. Para todas estas personas, la parálisis de los tribunales producto del cambio de estafeta les cuesta dinero calidad de vida. Quienes se benefician son el deudor, el que incumplió, el que hizo trampa. La incertidumbre estructural del nuevo comienzo se suma así a una indefensión inmediata para los justiciables. Los cumplidores -los que entregaron, los que prestaron, los que pagaron- son los más descobijados. El riesgo que esta lentitud erosione la confianza en los tribunales antes de que el nuevo sistema tenga siquiera oportunidad de construir su legitimidad.
En el largo plazo, la preocupación es más grave: que el Poder Judicial ya no sea apto en absoluto para establecer los límites jurídicos a los poderosos, sobre todo las autoridades. La vinculación del Poder
Judicial con el sistema electoral puede derivar en lo que se conoce como "populismo judicial", que no es otra cosa que la colonización de la justicia por el lenguaje, las formas y la retórica del populismo político.
Así, con pretexto del sentir popular el antagonismo entre el pueblo y la élite, los límites que marca la ley se diluyen por completo.
Un ejemplo de populismo judicial fue la sentencia del Tribunal Constitucional de El Salvador que abrió la puerta a la reelección inmediata de Nayib Bukele, pese a que la Constitución lo prohibía expresamente. La sentencia apela a la voluntad popular por encima de las normas escritas. Es la lógica de "el pueblo lo pide, el tribunal lo valida". Ese es el núcleo del populismo judicial: jueces que legitiman decisiones políticas con un "ropaje jurídico" construido sobre emociones, argumentos ideológicos.
Ese es el mayor riesgo de la refundación del sistema de justicia.
La incertidumbre inicial es normal; la lentitud, aunque costosa, puede superarse. Lo verdaderamente amenazante es que el Poder Judicial adopte la retórica populista y se convierta en instrumento de legitimación política. Si eso ocurre, perderá autoridad moral para arbitrar conflicto y proteger derechos.
Lo que definirá al nuevo sistema no será la austeridad ni los símbolos de ruptura, sino si logra ser árbitro independiente o simple acompañante del poder.
ANA LAURA MAGALONI
El cambio radical del Poder Judicial traerá incertidumbre y parálisis, pero el mayor riesgo es que el sistema derive en "populismo judicial".
Muy pocas veces en la historia de un país se lleva a cabo un cambio institucional tan radical como el que estamos presenciando. Los símbolos lo dejaron claro: caracoles, copal, la encomienda a Quetzalcóatl, las y los ministros recibiendo sus bastones de mando. También las medidas de austeridad: reducción de sueldos y eliminación de prestaciones como seguros de gastos médicos y de vida. Todo ello transmite un mensaje inequívoco: el primero de septiembre comenzó una refundación del Poder Judicial en México.
No hay forma de eliminar la gran incertidumbre jurídica que produce un cambio tan radical. Ni modo. Se necesita tiempo para que el funcionamiento cotidiano del nuevo sistema genere sus propios patrones de comportamiento que restablezcan la predictibilidad judicial. Ello tomará algunos años.
Todavía falta una segunda elección judicial en el 2027.
En el corto plazo, la mayor preocupación no es filosófica sino práctica: cómo transitar el cambio de estafeta sin que se paralice el sistema. Este proceso de cambio de jueces, rotación de equipos, movimientos de áreas administrativas está siendo caótico y mal organizado. A nivel federal, lo que se sabe es que el Organo de Administración Judicial (que acaba de nacer) apenas les está pidiendo los datos personales a las personas que resul taron electas y aún no ha determinado qué juzgado tribunal serán adscritas cada una de ellas. Es decir: el cambio de estafeta va para largo.
Ello es una pésima noticia para los usuarios del sistema.
En cualquier litigio, el tiempo juega en contra de la parte cumplidora y a favor de la deudora. Una empresa que entrega mercancía, presta un servicio o paga a un proveedor y no recibe lo pactado, depende de los tribunales para cobrar.
También dependen de un tribunal las personas que necesitan cobrar pensión alimenticia, el pago de un alquiler, la reparación de un daño una deuda común corriente. Para todas estas personas, la parálisis de los tribunales producto del cambio de estafeta les cuesta dinero calidad de vida. Quienes se benefician son el deudor, el que incumplió, el que hizo trampa. La incertidumbre estructural del nuevo comienzo se suma así a una indefensión inmediata para los justiciables. Los cumplidores -los que entregaron, los que prestaron, los que pagaron- son los más descobijados. El riesgo que esta lentitud erosione la confianza en los tribunales antes de que el nuevo sistema tenga siquiera oportunidad de construir su legitimidad.
En el largo plazo, la preocupación es más grave: que el Poder Judicial ya no sea apto en absoluto para establecer los límites jurídicos a los poderosos, sobre todo las autoridades. La vinculación del Poder
Judicial con el sistema electoral puede derivar en lo que se conoce como "populismo judicial", que no es otra cosa que la colonización de la justicia por el lenguaje, las formas y la retórica del populismo político.
Así, con pretexto del sentir popular el antagonismo entre el pueblo y la élite, los límites que marca la ley se diluyen por completo.
Un ejemplo de populismo judicial fue la sentencia del Tribunal Constitucional de El Salvador que abrió la puerta a la reelección inmediata de Nayib Bukele, pese a que la Constitución lo prohibía expresamente. La sentencia apela a la voluntad popular por encima de las normas escritas. Es la lógica de "el pueblo lo pide, el tribunal lo valida". Ese es el núcleo del populismo judicial: jueces que legitiman decisiones políticas con un "ropaje jurídico" construido sobre emociones, argumentos ideológicos.
Ese es el mayor riesgo de la refundación del sistema de justicia.
La incertidumbre inicial es normal; la lentitud, aunque costosa, puede superarse. Lo verdaderamente amenazante es que el Poder Judicial adopte la retórica populista y se convierta en instrumento de legitimación política. Si eso ocurre, perderá autoridad moral para arbitrar conflicto y proteger derechos.
Lo que definirá al nuevo sistema no será la austeridad ni los símbolos de ruptura, sino si logra ser árbitro independiente o simple acompañante del poder.
ANA LAURA MAGALONI