Clara Brugada enfrenta a las mafias del espacio público
Resumen:
Clara Brugada enfrenta a las mafias del espacio público
Transcripción:
Clara Brugada enfrenta a las mafias del espacio público
El fenómeno de los llamados “franeleros” en la Ciudad de México ha dejado de ser una simple molestia urbana para convertirse en una amenaza real a la convivencia, la seguridad y la legalidad en el espacio público.
Por eso, la decisión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de enviar al Congreso capitalino una iniciativa para frenar estos abusos representa un punto de inflexión necesario y urgente.
Se trata de una propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX con un enfoque integral: detener la extorsión, la violencia y la apropiación indebida de la vía pública, sin criminalizar la pobreza, pero combatiendo la impunidad.
El cambio más relevante es la imposición de un arresto inconmutable de 36 horas a quienes obstruyan, aparten lugares y coaccionen a conductores con cobros ilegales.
La intención es clara: que no puedan evadir la sanción simplemente pagando una multa.
La realidad es cruda. En muchas zonas de la ciudad, los llamados “viene, viene” han evolucionado hasta constituirse en verdaderas mafias locales.
Imponen tarifas que van de los 30 a los 200 pesos por estacionarse en espacios públicos y, si alguien se niega a pagar o retirar los enseres que usan para apartar lugares, las represalias son brutales: coches rayados, cristales rotos, amenazas, golpes e incluso el uso de armas.
Más grave aún es que, según denuncias ciudadanas, en algunas zonas estos grupos actúan como “halcones” al servicio del crimen organizado: vigilan rutinas, detectan hogares vacíos y alertan a delincuentes para cometer robos.
Este entramado delictivo ha crecido, en parte, gracias a la complicidad de autoridades locales y algunos policías corruptos que permiten, toleran o incluso protegen su operación.
Los franeleros se han adueñado de calles, avenidas, barrios enteros y hasta espacios frente a oficinas de gobierno, hospitales, parques, estadios, restaurantes y comercios.
La usurpación del espacio público se ha convertido en una actividad lucrativa alimentada por la impunidad y la corrupción.
Detrás de este fenómeno hay dinero, mucho dinero, y romper ese circuito exige voluntad política, aplicación de la ley y participación ciudadana.
La iniciativa de Brugada busca, también, atender las causas sociales de fondo, por eso reconoce que muchos de estos individuos enfrentan situaciones de desempleo o precariedad.
Por ello, el plan incluye capacitación, oportunidades de emprendimiento y trabajo digno, con el objetivo de ofrecer una alternativa real a la ilegalidad.
Esta estrategia se acompañará de la campaña de concientización ciudadana: “El espacio público es de todas y todos”, que informará sobre las nuevas sanciones, explicará los derechos de la ciudadanía e incluirá un número telefónico para reportes y denuncias, subrayó la propia jefa de gobierno.
El reto será coordinar a policías, fiscalía, alcaldías, comercios y vecinos bajo una misma lógica: el espacio público no se vende ni se arrebata.
Las calles no son territorio de nadie; son el corazón democrático de una ciudad.
Son el espacio donde caminamos, convivimos, trabajamos y nos expresamos, resaltó Clara Brugada.
Cuando alguien se adueña de ellas, no solo comete un abuso, sino que rompe el principio de equidad social al convertir un derecho colectivo en privilegio particular.
En una ciudad que aspire a ser ordenada, habitable y segura, no se puede permitir que vivir con dignidad dependa de pactar con la ilegalidad.
Romper con el círculo de corrupción que lucra con lo que nos pertenece a todos es una prioridad.
Esta iniciativa de Brugada es un enorme paso en esa dirección, pero su éxito dependerá de que el Congreso y la ciudadanía la respaldemos participando con firmeza.
Esta iniciativa de Brugada es un enorme paso en esa dirección, pero su éxito dependerá de que el Congreso y la ciudadanía la respalden participando con firmeza.
VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA
DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El fenómeno de los llamados “franeleros” en la Ciudad de México ha dejado de ser una simple molestia urbana para convertirse en una amenaza real a la convivencia, la seguridad y la legalidad en el espacio público.
Por eso, la decisión de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de enviar al Congreso capitalino una iniciativa para frenar estos abusos representa un punto de inflexión necesario y urgente.
Se trata de una propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX con un enfoque integral: detener la extorsión, la violencia y la apropiación indebida de la vía pública, sin criminalizar la pobreza, pero combatiendo la impunidad.
El cambio más relevante es la imposición de un arresto inconmutable de 36 horas a quienes obstruyan, aparten lugares y coaccionen a conductores con cobros ilegales.
La intención es clara: que no puedan evadir la sanción simplemente pagando una multa.
La realidad es cruda. En muchas zonas de la ciudad, los llamados “viene, viene” han evolucionado hasta constituirse en verdaderas mafias locales.
Imponen tarifas que van de los 30 a los 200 pesos por estacionarse en espacios públicos y, si alguien se niega a pagar o retirar los enseres que usan para apartar lugares, las represalias son brutales: coches rayados, cristales rotos, amenazas, golpes e incluso el uso de armas.
Más grave aún es que, según denuncias ciudadanas, en algunas zonas estos grupos actúan como “halcones” al servicio del crimen organizado: vigilan rutinas, detectan hogares vacíos y alertan a delincuentes para cometer robos.
Este entramado delictivo ha crecido, en parte, gracias a la complicidad de autoridades locales y algunos policías corruptos que permiten, toleran o incluso protegen su operación.
Los franeleros se han adueñado de calles, avenidas, barrios enteros y hasta espacios frente a oficinas de gobierno, hospitales, parques, estadios, restaurantes y comercios.
La usurpación del espacio público se ha convertido en una actividad lucrativa alimentada por la impunidad y la corrupción.
Detrás de este fenómeno hay dinero, mucho dinero, y romper ese circuito exige voluntad política, aplicación de la ley y participación ciudadana.
La iniciativa de Brugada busca, también, atender las causas sociales de fondo, por eso reconoce que muchos de estos individuos enfrentan situaciones de desempleo o precariedad.
Por ello, el plan incluye capacitación, oportunidades de emprendimiento y trabajo digno, con el objetivo de ofrecer una alternativa real a la ilegalidad.
Esta estrategia se acompañará de la campaña de concientización ciudadana: “El espacio público es de todas y todos”, que informará sobre las nuevas sanciones, explicará los derechos de la ciudadanía e incluirá un número telefónico para reportes y denuncias, subrayó la propia jefa de gobierno.
El reto será coordinar a policías, fiscalía, alcaldías, comercios y vecinos bajo una misma lógica: el espacio público no se vende ni se arrebata.
Las calles no son territorio de nadie; son el corazón democrático de una ciudad.
Son el espacio donde caminamos, convivimos, trabajamos y nos expresamos, resaltó Clara Brugada.
Cuando alguien se adueña de ellas, no solo comete un abuso, sino que rompe el principio de equidad social al convertir un derecho colectivo en privilegio particular.
En una ciudad que aspire a ser ordenada, habitable y segura, no se puede permitir que vivir con dignidad dependa de pactar con la ilegalidad.
Romper con el círculo de corrupción que lucra con lo que nos pertenece a todos es una prioridad.
Esta iniciativa de Brugada es un enorme paso en esa dirección, pero su éxito dependerá de que el Congreso y la ciudadanía la respaldemos participando con firmeza.
Esta iniciativa de Brugada es un enorme paso en esa dirección, pero su éxito dependerá de que el Congreso y la ciudadanía la respalden participando con firmeza.
VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA
DIPUTADO DE MORENA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO