Acusado de matar a Samir Flores estaba preso al momento del crimen
Resumen:
Un parte policial y testimonios revelan que Javier Rosendo Pareja se encontraba, además, a 149 kilómetros del lugar donde el ecologista recibió dos impactos de bala en la cabeza; “lo único que quiero es justicia”, clama desde el penal de Cuautla.
Transcripción:
Javier Rosendo Pareja se encuentra en prisión, acusado por la Fiscalía de Morelos del asesinato del activista Samir Flores, perpetrado el 20 de febrero de 2019; sin embargo, documentos y testimonios recabados por MILENIO revelan que al momento del crimen estaba detenido en Guerrero.
Entrevistado en el penal de Cuautla, Javier pide esclarecer un crimen que, asegura, no cometió, y desde el exilio su hermano Marcelo acusa venganza política y amenazas contra la familia.
Una boleta de arresto, un parte policial y testimonios de involucrados en el caso dejan ver irregularidades en la investigación y detención de quien es señalado como autor material del asesinato del ecologista opositor a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.
Ferviente opositor al Proyecto Integral Morelos, conformado por dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, Samir Flores, indígena náhuatl originario de Amilcingo, fue asesinado a las 5:30 horas del 20 de febrero de 2019, según reportes oficiales.
Ese día, sujetos a bordo de dos automóviles llegaron a su domicilio, en dicha comunidad, preguntaron por él y, cuando salió, lo mataron. Se escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego, dos impactaron en su cabeza.
Más de dos años después, la Fiscalía de Morelos dijo que uno de esos sujetos fue Javier, cuya detención fue anunciada por el fiscal Uriel Carmona el 30 de septiembre de 2021.
Sin embargo, documentos presentados por la defensa muestran que ese mismo día y a esa misma hora, el presunto culpable estaba a 149 kilómetros del lugar y a más de 3 horas, en el municipio guerrerense de Olinalá.
Según una boleta de arresto y un parte policial, una noche antes fue detenido en estado de ebriedad y dejado en libertad hasta las 8:30 horas del día siguiente, tres horas después del homicidio de Samir. También consta que su liberación costó 500 pesos.
Javier pasa sus días en una cárcel de mediana seguridad, conviviendo con presos acusados de secuestro y homicidio. Aparenta ser un hombre tranquilo, con buena conducta y que sueña con recibir la noticia de su liberación porque, afirma, que él no mató a Samir.
El juicio duerme el sueño de los justos. A más de tres años de su arresto, se encuentra en la etapa de investigación y, por si fuera poco, la Fiscalía de Morelos perdió las pruebas, señala Javier.
“Se perdieron las pruebas que decían que yo estaba encerrado en Olinalá, las de la bitácora, la fiscalía las hizo perdidizas, las elimino”, acusa desde la cárcel distrital de Cuautla.
“Hasta que mi abogado fue Chilpancingo al libro a buscar, otra vez, el informe, aparecieron las pruebas. Pero la fiscalía puso amparos en el proceso para que se fuera tardando”, añade.
No es la primera vez que ha estado recluido y no es la primera vez que es víctima del sistema de justicia de Morelos. En septiembre de 2019, siete meses después del asesinato del activista, estaba preso en Cuautla, enfrentando un proceso distinto. Junto con su hermano Marcelo fue acusado de secuestro, extorsión y tráfico de drogas, pero quedaron en libertad por falta de pruebas.
En su momento, la Fiscalía de Morelos señaló a los hermanos Rosendo Pareja de estar vinculados con una organización delictiva en Huecahuaxco, municipio de Ocuituco, y operar para Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder de Los Rojos, detenido enjulio de ese año en Guerrero.
—Estaba trabajando en el campo y los ministeriales de Morelos fueron hasta el Estado de México a traerme por un arma.
—6¿Alguna vez te mostraron el arma”, ¿la reconociste?
—Sí la presentaron, pero no la reconozco como mía, por eso salimos absueltos de ese caso.
El 16 de julio de 2020, lo detienen otra vez en Texcala, colindando con San Juan, “con una bolsita de droga y un arma”, y lo ponen disposición del Ministerio Público de Cuautla; casi un año después, a punto de quedar libre, le ejecutan una orden de aprensión por homicidio.
Tras su arresto, los hijos de Javier dejaron los estudios para trabajar y llevar dinero a casa, porque él era el sustento. “Lo único que pido es que se haga justicia, que se investigue bien, porque ellos tienen las pruebas”, exige.
Los testigos En septiembre de ese año, el fiscal celebró la detención del autor del crimen contra Samir, tras ubicarlo en Cuautla, a sabiendas de que no había elementos suficientes para probarlo.
La imputación se basó en declaraciones de supuestos vecinos y en la versión de un policía de Temoac, quien falleció días después de confesar. Pero ni ala familia de Samir, ni a la organización ala que pertenecía, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, les consta que Javier haya estado implicado en el homicidio.
El testigo Marcos Fuentes Patrón, El Marcos, El Cuacharpas o El Ratón, trabajador de la construcción que siempre había colaborado con la familia, señala a Javier de haber planeado la muerte con Azael Martínez Castillo, El Hazán, y Salvador Aparicio Castillo, El Chava.
El segundo testigo, Enrique Flores Parra, policía municipal, “resulta que vino a declarar ocho o 10 días antes de que muriera en ese accidente”, dice Marcelo.
El hermano de Javier, quien fue dirigente del Partido del Trabajo en Yecapixtla, rechaza haber conocido al activista, y su hermano “mucho menos”, pues “él no estaba metido en la política”.
La confrontación política, relata, ya cobró la vida de dos cuñados. Al salir del penal en 2019, un grupo de sicarios los atacó y, después de una persecución, Alvaro y su hermano Héctor fueron secuestrados; el 22 de septiembre, ambos amanecieron con un tiro en la frente en Toluca.
Desgastado, desde su autoexilio en un domicilio al oriente de Morelos, reconoce que vive con miedo e insiste en que su hermano es un “chivo expiatorio” en un caso que aún está en la etapa de investigación y deja en evidencia el uso faccioso de la fiscalía.
“Nosotros queremos que se llegue a la verdad, pero que no se castigue o se busque un chivo expiatorio, como se está haciendo con mi hermano ”.
Entrevistado en el penal de Cuautla, Javier pide esclarecer un crimen que, asegura, no cometió, y desde el exilio su hermano Marcelo acusa venganza política y amenazas contra la familia.
Una boleta de arresto, un parte policial y testimonios de involucrados en el caso dejan ver irregularidades en la investigación y detención de quien es señalado como autor material del asesinato del ecologista opositor a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.
Ferviente opositor al Proyecto Integral Morelos, conformado por dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, Samir Flores, indígena náhuatl originario de Amilcingo, fue asesinado a las 5:30 horas del 20 de febrero de 2019, según reportes oficiales.
Ese día, sujetos a bordo de dos automóviles llegaron a su domicilio, en dicha comunidad, preguntaron por él y, cuando salió, lo mataron. Se escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego, dos impactaron en su cabeza.
Más de dos años después, la Fiscalía de Morelos dijo que uno de esos sujetos fue Javier, cuya detención fue anunciada por el fiscal Uriel Carmona el 30 de septiembre de 2021.
Sin embargo, documentos presentados por la defensa muestran que ese mismo día y a esa misma hora, el presunto culpable estaba a 149 kilómetros del lugar y a más de 3 horas, en el municipio guerrerense de Olinalá.
Según una boleta de arresto y un parte policial, una noche antes fue detenido en estado de ebriedad y dejado en libertad hasta las 8:30 horas del día siguiente, tres horas después del homicidio de Samir. También consta que su liberación costó 500 pesos.
Javier pasa sus días en una cárcel de mediana seguridad, conviviendo con presos acusados de secuestro y homicidio. Aparenta ser un hombre tranquilo, con buena conducta y que sueña con recibir la noticia de su liberación porque, afirma, que él no mató a Samir.
El juicio duerme el sueño de los justos. A más de tres años de su arresto, se encuentra en la etapa de investigación y, por si fuera poco, la Fiscalía de Morelos perdió las pruebas, señala Javier.
“Se perdieron las pruebas que decían que yo estaba encerrado en Olinalá, las de la bitácora, la fiscalía las hizo perdidizas, las elimino”, acusa desde la cárcel distrital de Cuautla.
“Hasta que mi abogado fue Chilpancingo al libro a buscar, otra vez, el informe, aparecieron las pruebas. Pero la fiscalía puso amparos en el proceso para que se fuera tardando”, añade.
No es la primera vez que ha estado recluido y no es la primera vez que es víctima del sistema de justicia de Morelos. En septiembre de 2019, siete meses después del asesinato del activista, estaba preso en Cuautla, enfrentando un proceso distinto. Junto con su hermano Marcelo fue acusado de secuestro, extorsión y tráfico de drogas, pero quedaron en libertad por falta de pruebas.
En su momento, la Fiscalía de Morelos señaló a los hermanos Rosendo Pareja de estar vinculados con una organización delictiva en Huecahuaxco, municipio de Ocuituco, y operar para Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder de Los Rojos, detenido enjulio de ese año en Guerrero.
—Estaba trabajando en el campo y los ministeriales de Morelos fueron hasta el Estado de México a traerme por un arma.
—6¿Alguna vez te mostraron el arma”, ¿la reconociste?
—Sí la presentaron, pero no la reconozco como mía, por eso salimos absueltos de ese caso.
El 16 de julio de 2020, lo detienen otra vez en Texcala, colindando con San Juan, “con una bolsita de droga y un arma”, y lo ponen disposición del Ministerio Público de Cuautla; casi un año después, a punto de quedar libre, le ejecutan una orden de aprensión por homicidio.
Tras su arresto, los hijos de Javier dejaron los estudios para trabajar y llevar dinero a casa, porque él era el sustento. “Lo único que pido es que se haga justicia, que se investigue bien, porque ellos tienen las pruebas”, exige.
Los testigos En septiembre de ese año, el fiscal celebró la detención del autor del crimen contra Samir, tras ubicarlo en Cuautla, a sabiendas de que no había elementos suficientes para probarlo.
La imputación se basó en declaraciones de supuestos vecinos y en la versión de un policía de Temoac, quien falleció días después de confesar. Pero ni ala familia de Samir, ni a la organización ala que pertenecía, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, les consta que Javier haya estado implicado en el homicidio.
El testigo Marcos Fuentes Patrón, El Marcos, El Cuacharpas o El Ratón, trabajador de la construcción que siempre había colaborado con la familia, señala a Javier de haber planeado la muerte con Azael Martínez Castillo, El Hazán, y Salvador Aparicio Castillo, El Chava.
El segundo testigo, Enrique Flores Parra, policía municipal, “resulta que vino a declarar ocho o 10 días antes de que muriera en ese accidente”, dice Marcelo.
El hermano de Javier, quien fue dirigente del Partido del Trabajo en Yecapixtla, rechaza haber conocido al activista, y su hermano “mucho menos”, pues “él no estaba metido en la política”.
La confrontación política, relata, ya cobró la vida de dos cuñados. Al salir del penal en 2019, un grupo de sicarios los atacó y, después de una persecución, Alvaro y su hermano Héctor fueron secuestrados; el 22 de septiembre, ambos amanecieron con un tiro en la frente en Toluca.
Desgastado, desde su autoexilio en un domicilio al oriente de Morelos, reconoce que vive con miedo e insiste en que su hermano es un “chivo expiatorio” en un caso que aún está en la etapa de investigación y deja en evidencia el uso faccioso de la fiscalía.
“Nosotros queremos que se llegue a la verdad, pero que no se castigue o se busque un chivo expiatorio, como se está haciendo con mi hermano ”.