Historias de NegoCEOs // Grupo GICSA, en el ojo del huracán en la BMV
Resumen:
Grupo GICSA, en el ojo del huracán en la BMV
Transcripción:
Grupo GICSA, en el ojo del huracán en la BMV
En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hay una bomba de tiempo: el centro bursátil que ahora encabeza. Jorge Alegría permitió que el Grupo GICSA se enlistara como emisora con un documento alterado.
El asunto ya detonó un procedimiento judicial que se encuentra actualmente en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se aguarda una resolución con posibles sanciones para quienes participaron en la presunta alteración de una acta de asamblea con la que se inició el procedimiento para la colocación de títulos en el mercado de capitales.
De acuerdo con los señalamientos que obran en el proceso judicial, del 23 de enero de 2015, GICSA, otrora empresa líder del sector inmobiliario y de construcción, realizóuna asamblea extraordinaria de accionistas en la que se acordó iniciar el procedimiento para convertirse en empresa pública. Sin embargo, ante la necesidad de ajustarse a los requerimientos que les hizo en marzo de ese año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ese entonces a cargo de Jaime González Aguadé, los accionistas mayoritarios, Elías Cababie Daniel y Jaime Dayán Tawil, omitieron convocar a una nueva asamblea y decidieron alterar el acta original.
En una revisión de los documentos con los que la firma que dirige Abraham Cababie Daniel ingresó de manera definitiva a la
BMV, mediante un procedimiento que concluyó en junio de ese mismo 2015, se confirma que el acta de asamblea con la aprobación de los accionistas mantiene la fecha y las firmas del 23 de enero, pero en su contenido está alterada. Entre las modificaciones que los accionistas mayoritarios realizaron está la creación de un fideicomiso en Grupo Financiero Actinver, dirigido actualmente por Luis Hernández, en el que depositaron las acciones de la compañía sin el consentimiento de los socios minoritarios.
Ese último hecho, la constitución arbitraria del fideicomiso de control, fue el que derivó en la demanda y el procedimiento civil, el cual llegó hasta la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ahora regresó al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En las próximas horas o días, el Tribunal que integran los magistrados Gabriela Eleonora Cortés Araujo, Alejandro Sánchez Lópezy Carlos Arellano Hobelsberger, deberá emitiri una resolución final sobre el caso. Se trata de una decisión clave si se toma en cuenta que algunos de esos juzgadores se han anotado para competir en la elección judicial, por lo que querrán resolver conforme a derecho.
En sentencias anteriores se tie ne registro que los juzgadores han confirmado las irregularidades del acta de asamblea con la que GICSA ingresó a la BMV. Incluso hay presuntas confesiones de Elías Cababie respecto a que alteró el documento; no obstante, se ha analizado también para esta sentencia el Artículo 4° de la Ley del Mercado de Valores, que establece que los actos ilegales de las empresas bursátiles no pueden causar nulidad por protección de los terceros inversionistas.
En este caso, las ilegalidades se habrían cometido cuando la compañía todavía no tenía la categoría de "pública", por lo que dicho criterio terminaría por ser desechado por los magistrados.
Adicionalmente, los mismos juzgadores han determinado que, más allá de la discusión sobre la nulidad del acta de asamblea, el Artículo 4° concede la posibilidad de imponersanciones administrativas o penales contra los sujetos que incurrieron en la ilegalidad.
El procedimiento judicial ha generado diversas causas penales contra los empresarios Elías Cababie y Jaime Dayán, así como contra el representante legal de la compañía, Jesús Jerónimo Bugeda Piñeiro; a los tres se les giraron órdenes de aprehensión el pasado 28 de agosto, aunque cuentan con una suspensión provisional que impide por el momento su ejecución.
Otro dato que preocupa a las autoridades del mercado de valores, de manera independiente al sentido de la resolución, es que los procedimientos civiles y penales que enfrentan Grupo GICSA y sus accionistas mayoritarios no han sido informados como eventos relevantes a sus inversionistas de la BMV, lo que resulta también violatorio del Artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores.
Se permitió que GICSA se enlistara con un documento alterado.
MARIO MALDONADO
En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hay una bomba de tiempo: el centro bursátil que ahora encabeza. Jorge Alegría permitió que el Grupo GICSA se enlistara como emisora con un documento alterado.
El asunto ya detonó un procedimiento judicial que se encuentra actualmente en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se aguarda una resolución con posibles sanciones para quienes participaron en la presunta alteración de una acta de asamblea con la que se inició el procedimiento para la colocación de títulos en el mercado de capitales.
De acuerdo con los señalamientos que obran en el proceso judicial, del 23 de enero de 2015, GICSA, otrora empresa líder del sector inmobiliario y de construcción, realizóuna asamblea extraordinaria de accionistas en la que se acordó iniciar el procedimiento para convertirse en empresa pública. Sin embargo, ante la necesidad de ajustarse a los requerimientos que les hizo en marzo de ese año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ese entonces a cargo de Jaime González Aguadé, los accionistas mayoritarios, Elías Cababie Daniel y Jaime Dayán Tawil, omitieron convocar a una nueva asamblea y decidieron alterar el acta original.
En una revisión de los documentos con los que la firma que dirige Abraham Cababie Daniel ingresó de manera definitiva a la
BMV, mediante un procedimiento que concluyó en junio de ese mismo 2015, se confirma que el acta de asamblea con la aprobación de los accionistas mantiene la fecha y las firmas del 23 de enero, pero en su contenido está alterada. Entre las modificaciones que los accionistas mayoritarios realizaron está la creación de un fideicomiso en Grupo Financiero Actinver, dirigido actualmente por Luis Hernández, en el que depositaron las acciones de la compañía sin el consentimiento de los socios minoritarios.
Ese último hecho, la constitución arbitraria del fideicomiso de control, fue el que derivó en la demanda y el procedimiento civil, el cual llegó hasta la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ahora regresó al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En las próximas horas o días, el Tribunal que integran los magistrados Gabriela Eleonora Cortés Araujo, Alejandro Sánchez Lópezy Carlos Arellano Hobelsberger, deberá emitiri una resolución final sobre el caso. Se trata de una decisión clave si se toma en cuenta que algunos de esos juzgadores se han anotado para competir en la elección judicial, por lo que querrán resolver conforme a derecho.
En sentencias anteriores se tie ne registro que los juzgadores han confirmado las irregularidades del acta de asamblea con la que GICSA ingresó a la BMV. Incluso hay presuntas confesiones de Elías Cababie respecto a que alteró el documento; no obstante, se ha analizado también para esta sentencia el Artículo 4° de la Ley del Mercado de Valores, que establece que los actos ilegales de las empresas bursátiles no pueden causar nulidad por protección de los terceros inversionistas.
En este caso, las ilegalidades se habrían cometido cuando la compañía todavía no tenía la categoría de "pública", por lo que dicho criterio terminaría por ser desechado por los magistrados.
Adicionalmente, los mismos juzgadores han determinado que, más allá de la discusión sobre la nulidad del acta de asamblea, el Artículo 4° concede la posibilidad de imponersanciones administrativas o penales contra los sujetos que incurrieron en la ilegalidad.
El procedimiento judicial ha generado diversas causas penales contra los empresarios Elías Cababie y Jaime Dayán, así como contra el representante legal de la compañía, Jesús Jerónimo Bugeda Piñeiro; a los tres se les giraron órdenes de aprehensión el pasado 28 de agosto, aunque cuentan con una suspensión provisional que impide por el momento su ejecución.
Otro dato que preocupa a las autoridades del mercado de valores, de manera independiente al sentido de la resolución, es que los procedimientos civiles y penales que enfrentan Grupo GICSA y sus accionistas mayoritarios no han sido informados como eventos relevantes a sus inversionistas de la BMV, lo que resulta también violatorio del Artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores.
Se permitió que GICSA se enlistara con un documento alterado.
MARIO MALDONADO