Análisis Superior // El espíritu de Pirro
Resumen:
A mi hermano Renato Flores, con todo mi amor.
Es claro que Morena y el gobierno saliente desean que la reforma al Poder Judicial sea aprobada antes de que termine el gobierno del actual Presidente porque, como diría Mario Delgado, le quieren dar un regalo de despedida.
Es claro que Morena y el gobierno saliente desean que la reforma al Poder Judicial sea aprobada antes de que termine el gobierno del actual Presidente porque, como diría Mario Delgado, le quieren dar un regalo de despedida.
Transcripción:
A mi hermano Renato Flores, con todo mi amor.
Es claro que Morena y el gobierno saliente desean que la reforma al Poder Judicial sea aprobada antes de que termine el gobierno del actual Presidente porque, como diría Mario Delgado, le quieren dar un regalo de despedida.
El Padre del Análisis Superior compara esta obsesión con la que tuvo Pirro en las llamadas guerras pírricas, en las que se esforzó tanto en ganar batallas a los romanos que terminó perdiendo la guerra.
Son muchos los legisladores de oposición y versiones periodísticas sobre las presiones en contra de algunos de los 43 senadores de oposición que van desde la oferta de aliarse a Morena, traicionando a los votantes que los llevaron al Congreso, a otros con cañonazos y a algunos más con expedientes no sólo en contra de ellos, sino de sus familias.
Sin embargo, bien vale la pena preguntarse la relación costo beneficio de hacer una reforma judicial así.
Parecería que darle un regalo de este tipo al Presidente es una de las principales motivaciones, así como una idea bizarra según la cual el Presidente saliente carga con el peso político de las medidas.
Sin embargo, eso es un mito que se hizo particularmente común durante la época del populismo priista. José López Portillo cargó con el costo político, cualquier cosa que eso sea, de haber estatizado la banca.
Sin embargo, fue el gobierno de Miguel de la Madrid el que tuvo que pagar los costos de esa y otras decisiones equivocadas de su antecesor.
La Presidencia de Claudia Sheinbaum va a tener que asumir el costo real de una medida que tiene un total repudio de la comunidad financiera. Nadie se opone a que se reforme este Poder de la Unión ni los extranjeros al derecho que tiene un gobierno de tomar las decisiones de un gobierno. El problema está centrado tanto en las formas como en la utilidad práctica de estas medidas.
Estos cuestionamientos han causado que el tipo de cambio pase de niveles de 16.50 a 19.96 pesos por dólar al cierre del viernes; aumento en el costo de financiamiento para el gobierno federal, así como una salida de capitales.
No son únicamente las muchas opiniones de calificadoras, advertencias de bancos de inversión, grupos de iniciativa privada y, en general, de analistas que han disminuido la estimación del crecimiento de la economía mexicana.
No olvide que los encuestados por el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez, han subido exponencialmente el riesgo de la gobernanza como factor que limita el crecimiento económico.
REMATE PACIENTE
Si realmente los 43 senadores de oposición cumplen con su palabra y votan en contra de la reforma al Poder Judicial, ¿cuáles serían las consecuencias reales? Los mercados respirarían muy profundamente, puesto que verían la posibilidad de que la reforma al Poder Judicial se hiciera de una manera más eficiente y, sobre todo, que beneficiara más a la mayoría de los mexicanos.
Claudia Sheinbaum y su nuevo gobierno tendrían mayor espacio para gobernar. De entrada, no pagarían ningún costo político o real de la medida, antes disfrutaría de una toma de posesión con mucho menos tensión y en un clima sustancialmente mejor. Adicionalmente, podría construir una mejor reforma al Poder Judicial que no proviniera del capricho, sino de la búsqueda de los mejores intereses de la mayoría de los mexicanos.
La propia Presidenta electa ha dicho que ella tiene la posibilidad de proponer a tres ministros de la SCJN, es decir, podría elegir entre aquellos que no sólo son afines a su movimiento, sino también para que tengan, como debe ser, claro que el respeto a la Constitución debe regirlos.
Estar dispuestos a complicar el inicio del nuevo gobierno no parece ser una decisión muy inteligente, no sólo para el país, sino también para el propio legado de una administración saliente. Carlos Salinas de Gortari estaba tan preocupado en su legado que dejó las bases para la última gran crisis financiera en la economía mexicana que tuvo grandes costos, no sólo para el gobierno de Ernesto Zedillo, sino para su partido, que perdió la siguiente elección.
A la nueva Presidenta le serviría mucho más iniciar su gestión en un clima de distensión y hasta de reconciliación que un esquema en el que se imponga la visión de una persona sobre un mejor futuro para la mayoría, incluidos quienes tendrán las responsabilidades de mando.
¿Realmente es tan difícil ver que es mejor una victoria en la que se disminuyan los costos a una en la que se tengan que tomar muchas bajas?
Es claro que Morena y el gobierno saliente desean que la reforma al Poder Judicial sea aprobada antes de que termine el gobierno del actual Presidente porque, como diría Mario Delgado, le quieren dar un regalo de despedida.
El Padre del Análisis Superior compara esta obsesión con la que tuvo Pirro en las llamadas guerras pírricas, en las que se esforzó tanto en ganar batallas a los romanos que terminó perdiendo la guerra.
Son muchos los legisladores de oposición y versiones periodísticas sobre las presiones en contra de algunos de los 43 senadores de oposición que van desde la oferta de aliarse a Morena, traicionando a los votantes que los llevaron al Congreso, a otros con cañonazos y a algunos más con expedientes no sólo en contra de ellos, sino de sus familias.
Sin embargo, bien vale la pena preguntarse la relación costo beneficio de hacer una reforma judicial así.
Parecería que darle un regalo de este tipo al Presidente es una de las principales motivaciones, así como una idea bizarra según la cual el Presidente saliente carga con el peso político de las medidas.
Sin embargo, eso es un mito que se hizo particularmente común durante la época del populismo priista. José López Portillo cargó con el costo político, cualquier cosa que eso sea, de haber estatizado la banca.
Sin embargo, fue el gobierno de Miguel de la Madrid el que tuvo que pagar los costos de esa y otras decisiones equivocadas de su antecesor.
La Presidencia de Claudia Sheinbaum va a tener que asumir el costo real de una medida que tiene un total repudio de la comunidad financiera. Nadie se opone a que se reforme este Poder de la Unión ni los extranjeros al derecho que tiene un gobierno de tomar las decisiones de un gobierno. El problema está centrado tanto en las formas como en la utilidad práctica de estas medidas.
Estos cuestionamientos han causado que el tipo de cambio pase de niveles de 16.50 a 19.96 pesos por dólar al cierre del viernes; aumento en el costo de financiamiento para el gobierno federal, así como una salida de capitales.
No son únicamente las muchas opiniones de calificadoras, advertencias de bancos de inversión, grupos de iniciativa privada y, en general, de analistas que han disminuido la estimación del crecimiento de la economía mexicana.
No olvide que los encuestados por el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez, han subido exponencialmente el riesgo de la gobernanza como factor que limita el crecimiento económico.
REMATE PACIENTE
Si realmente los 43 senadores de oposición cumplen con su palabra y votan en contra de la reforma al Poder Judicial, ¿cuáles serían las consecuencias reales? Los mercados respirarían muy profundamente, puesto que verían la posibilidad de que la reforma al Poder Judicial se hiciera de una manera más eficiente y, sobre todo, que beneficiara más a la mayoría de los mexicanos.
Claudia Sheinbaum y su nuevo gobierno tendrían mayor espacio para gobernar. De entrada, no pagarían ningún costo político o real de la medida, antes disfrutaría de una toma de posesión con mucho menos tensión y en un clima sustancialmente mejor. Adicionalmente, podría construir una mejor reforma al Poder Judicial que no proviniera del capricho, sino de la búsqueda de los mejores intereses de la mayoría de los mexicanos.
La propia Presidenta electa ha dicho que ella tiene la posibilidad de proponer a tres ministros de la SCJN, es decir, podría elegir entre aquellos que no sólo son afines a su movimiento, sino también para que tengan, como debe ser, claro que el respeto a la Constitución debe regirlos.
Estar dispuestos a complicar el inicio del nuevo gobierno no parece ser una decisión muy inteligente, no sólo para el país, sino también para el propio legado de una administración saliente. Carlos Salinas de Gortari estaba tan preocupado en su legado que dejó las bases para la última gran crisis financiera en la economía mexicana que tuvo grandes costos, no sólo para el gobierno de Ernesto Zedillo, sino para su partido, que perdió la siguiente elección.
A la nueva Presidenta le serviría mucho más iniciar su gestión en un clima de distensión y hasta de reconciliación que un esquema en el que se imponga la visión de una persona sobre un mejor futuro para la mayoría, incluidos quienes tendrán las responsabilidades de mando.
¿Realmente es tan difícil ver que es mejor una victoria en la que se disminuyan los costos a una en la que se tengan que tomar muchas bajas?