Una cuenta, un testigo y la trama del huachicol... de cemento
Resumen:
CRUZ AZUL EN TULA Planta Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, en Hidalgo Foto: Alejandro Saldívar.
Transcripción:
CRUZ AZUL EN TULA
Una cuenta, un testigo y la trama del huachicol... de cemento
ÁXEL CHÁVEZ
PACHUCA, HGO.- Una denuncia por presunto fraude, debido a transferencias desde una cuenta en el banco HSBC "mediante engaños", llevó a conocer un probable entramado de robo de producto en la planta de Tula, que los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) denominaron "huachicoleo de cemento".
Una carpeta de investigación de la Fiscalía capitalina relacionada con el conflicto de Cruz Azul, a la que Proceso tuvo acceso, evidencia una trama de venta no regulada, uso de compañías alternas y procedimientos simulados por la que se investiga a miembros de uno de los dos grupos que disputan el control directivo de la Cooperativa La Cruz Azul SCL.
Se trata de la facción liderada por Federico Sarabia Pozo, detenido por este caso el 31 de agosto último en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR). Asumido antes como presidente legítimo o administrador facultado para el manejo de La Cruz Azul, Sarabia era afín a Guillermo Billy Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa y expresidente del club de futbol de primera división, detenido el 16 de enero de 2025 en la Ciudad de México, tras permanecer prófugo desde 2020.
A su vez, el grupo de Sarabia acusa a Víctor Velázquez Rangel, el líder de la otra corriente en disputa, de sabotaje para impedir la producción cementera, toma ilegal del inmueble en el antiguo poblado de Jasso, de daño patrimonial, posible corrupción en el manejo financiero y de ser favorecido por un supuesto vínculo con el partido en el poder, Morena, así como por relaciones políticas con la FGR presidida por Ernestina Godoy Ramos.
El grupo de Sarabia tenía la posesión de la planta en Tula hasta la jornada violenta que inició la madrugada del 12 de febrero último, tras la intervención en territorio hidalguense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para recuperar el inmueble por orden de un juez de aquella entidad.
Ambos grupos se acusan del saldo de los enfrentamientos armados en intentos previos por tomar la planta en Tula: el más grave, el del 27 de abril de 2022, cuando convoyes de autobuses de la Ciudad de México y el Estado de México llegaron para apoderarse de las instalaciones; hubo tiroteos, incendio de vehículos y ocho muertos.
La confrontación entre ambas facciones mantiene a un poblado en crisis social, agudizada por la falta de empleo, la caída de venta de comercios y el temor de que ocurran más ataques. Luego de que la planta fue entregada al grupo de Velázquez, hombres armados no identificados ingresaron y la tienen, hasta ahora, bajo custodia. Después, también ingresó personal de seguridad.
Los entramados
El 11 de mayo de 2022 la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros de la FGJCDMX inició la carpeta de investigación CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/00760/05-2022 tras una denuncia presentada por el presunto desfalco de 129 millones 960 mil pesos, mediante movimiento de una cuenta de HSBC por parte de Esteban Alejandro Gómez Castillo, quien se acreditó como representante legal de Azul Concretos y Premezclados, SA de CV. Dicha empresa está constituida con capital de los cooperativistas.
El dictamen en materia de contabilidad CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/00760/05-2022 refiere que entre esos 129.6 millones de pesos hubo mil 327 transferencias con el concepto "pago de nómina a socios", para 155 beneficiarios que ascendieron a 67.6 millones de pesos. Federico Sarabia Pozo (número de socio 2112) recibió 660 mil pesos vía 12 operaciones.
Dicho dictamen fue elaborado por la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Financieros, con información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La movilidad era periódica; por ejemplo, por el "pago de nómina a socios" en el primer bimestre 2021 se transfirieron tres millones 745 mil pesos en la primera quincena de enero; tres millones 645 mil en la segunda quincena del mismo mes; tres millones 435 mil pesos en la primera quincena de febrero, y tres millones 590 mil pesos para la segunda de febrero -las últimas operaciones analizadas en la denuncia.
Pero esta trama de presunto desfalco se inició en 2020, cuando el grupo de Sarabia "pretendía desconocer a los Consejos legales y en funciones de Administración y Vigilancia", según la reconstrucción de la Fiscalía.
En esa asamblea nombraron funcionarios que con sus supuestas nuevas facultades removieron al presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración para nombrar un administrador único, Federico Sarabia Pozo.
Con esta aparente nueva facultad, Sarabia requirió a HSBC el control de la cuenta que tenía Azul Concretos y Premezclados y se realizaron las transferencias por 129.9 millones de pesos.
Entre los documentos del expediente ministerial consultado figura el acta 1,897, volumen 34, folio 6601 a 6615, protocolizada por el notario público 13 de Tula, Daniel Fernando Rangel Moctezuma, que da cuenta de una "asamblea de socios de la Cooperativa Cruz Azul del 26 de agosto de 2020", porque todo caso era llevado ante un fedatario para crear lo que las autoridades llamaron "la apariencia de legalidad".
En otra acta del 10 de septiembre de 2020 Federico Sarabia Pozo se presentó como "presidente del Consejo de Administración y delegado especial de la Cooperativa Cruz Azul" ante el notario público número 7 del distrito de Tula, para solicitar que se protocolizara una "minuta para el proceso de carga manual de cemento" que los miembros de la "nueva directiva" habían elaborado el 3 de septiembre, y que se formalizaran "los acuerdos tomados en la misma".
Había un asunto medular: un procedimiento provisional para generar órdenes de volumen de venta complementarias, manuales y control para el despacho y embarque de cemento, que aplicaba para comerciar el producto de las plantas ubicadas en ciudad Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo; Lagunas, en Oaxaca; Tepezalá, en Aguascalientes, y Palmar de Bravo, en Puebla.
La justificación de esta medida era que necesitaban más suministro para asegurar que las empresas Azul Concretos y Premezclados y Azul Cerámica "no incurran en incumplimientos y penalizaciones derivadas de los contratos y compromisos ya adquiridos con anterioridad".
Y es que tenían afectaciones respecto a la dotación de cemento que recibían por parte de Cooperativa Cruz Azul, ya que esta última abastecía prioritariamente de cemento y concreto al gobierno federal para dos proyectos: la "construcción de un aeropuerto mixto civil/militar, con capacidad internacional en la Base Militar Aérea No.1", en Santa Lucía, Estado de México, y la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
A nombre de Cooperativa Cruz Azul, Planta Hidalgo, se firmó un contrato de distribución y venta de cemento con Azul Concretos y Premezclados. Por la primera empresa firmó César Sócrates Piñera Barajas, como interventor, y por la segunda Joel Vázquez Dolores, como administrador general.
Con éste se imprimirían remisiones de manera manual en el departamento de Despacho de Cemento antes de la salida del material; el jefe de Envase y Embarque llevaría un "registro provisional alterno de manera manual en Excel, para que una vez recobradas las instalaciones del Edificio Corporativo (Ciudad de México) y el sistema ERP Oracle JDEdwards, ingresen y concilien sus inventarios".
En el curso de la investigación se sumó un informe de la Dirección de Gestión de Capital Humano de la Cooperativa, que da cuenta de que "los socios" que recibieron las transferencias entre el 15 de marzo al 30 de septiembre de 2021 de la cuenta HSBC habían sido excluidos mediante Asamblea General Ordinaria el 18 de abril de 2021, y que antes de ese momento "se encontraban suspendidos", ninguno comisionado, encargado o adscrito a alguna de las empresas.
Esto sugería que obtuvieron indebidamente depósitos, porque ya no tenía relación con La Cruz Azul, como después lo consideró el Ministerio Público.
El grupo de Sarabia acusó una exclusión indebida, mientras que la contraparte replicó la pérdida de confianza y supuesta corrupción. Hasta ese momento ambos se asumían como dirigencias legítimas.
La ruta de los testigos
Hasta aquí era la indagatoria de un presunto fraude, hasta que dos personajes le dieron otro giro.
Un primer testigo, Arturo SR, apoderado legal de Médica Azul y electo en la supuesta asamblea que favoreció a Sarabia como secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa, se deslindó del grupo y acusó presunta corrupción ante la Fiscalía: "Continúan ostentándose como miembros de los consejos y firman papeles, dan instrucciones, modifican indebidamente los procesos de venta del cemento de la planta de Hidalgo para que les paguen en empresas que nada tienen que ver con la cooperativa".
Acusó también el ingreso de grupos de choque; "ya nadie se quiere acercar a la planta, pues incluso tenemos miedo de ser lesionados, o peor", y amenazas: "Ellos me dijeron que pensara bien las cosas y lo que iba a hacer, porque si me metía en su camino, ya sabía lo que podía pasar (...) supe que en un altercado que hubo en Oaxaca asesinaron a uno de mis compañeros cooperativistas de nombre Oliverio".
En ese momento el testigo no proporcionó evidencia, más que su dicho, pero esa línea de investigación sobre el presunto robo de cemento terminó por reforzarla alguien desde la misma cúpula directiva, la que se ostentaba como tal: el Atún.
El 8 de junio de 2022 se libró la orden de aprehensión contra Joel Vázquez Dolores, apodado el Atún. Para entonces, la fiscalía capitalina ya había realizado un seguimiento en domicilios identificados y sitios de movilidad tanto en Hidalgo como la capital del país, no sólo de Joel, sino también de Sarabia, de José Alfredo, el hermano de Billy Álvarez y de sus abogados. Todos habían requerido la protección federal ante posibles órdenes de aprehensión.
Vázquez Dolores fue detenido el mismo 8 de junio, alrededor de las 8:30 de la noche, en las inmediaciones de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El tenor de Vázquez Dolores fue buscar, mediante amparos, la libertad, rechazando los cargos que le imputaron en la audiencia inicial del 13 de junio de 2022, que continuó el día 14, cuando el juez de control Agustín Moreno Gaspar lo vinculó a proceso por fraude continuado, como probable coautor material, en agravio de Azul Concretos y Premezclados, SA de CV.
Así, hasta que el 14 de julio de 2022 el Atún solicitó incorporarse como testigo colaborador de la Fiscalía y dio cuenta de supuestos robos y venta ilegal de cemento mediante el cual se habrían sustraído, al menos, 11 mil 938 toneladas en menos de dos años.
La Fiscalía siguió la ruta inducida por el testigo, quien proporcionó documentos, desde actas notariales y contratos mediante los cuales se creó la posibilidad de venta alterna (y partir de ahí surgirían las salidas no reguladas de cemento), hasta bases de datos que mostraban compradores, destinos y desfases entre lo facturado y las salidas reales de material.
El Atún dijo que financiar la "asamblea" en la que fue electa esta directiva costó 23 millones 200 mil pesos, que fueron sustraídos de las cuentas de la Cooperativa Cruz Azul el 12 de agosto de 2020, "por quien tenía los tokens"; que lo hicieron mediante una dispersión a la empresa Leverage Consulting y que la logística y el "acarreo" fue operado por Mauricio Soto Caballero.
El expediente incluye declaraciones en las que Vázquez testificó que habían pagado 164 millones 519 mil 743.14 pesos en despachos de abogados y otros trámites jurídicos en el aparente esquema simulador, "siendo los más sobresalientes Corporativo Administrativo Tamile" y el despacho de Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la República durante el gobierno de Felipe Calderón.
Aseguró que operaron el comercio ilegal y salidas de cemento no reguladas mediante las empresas Himalaya Wholesale Services, Lasoid Group, Pestore Comercializadora, Estudio Logístico Foráneo, Aplafo, Leverage Consulting, Corporativo Administrativo Tamile, Wick Services Legend, Otorgando Soluciones Drinkee, Loasis Connection Services y Jablima.
Con Lasoid Group, Azul Concretos -la empresa que dirigía el Atún- firmó un contrato de "consignación de mercancías", con una comisión de 3% sobre ventas: "El registro de ventas ilegalmente sacado de la planta de Hidalgo se llevaba en tablas de Excel, las remisiones eran manuales y éstas indicaban el producto, cantidad, hora, transporte, cliente y precio, información que administraba Lasoid Group".
Hasta lo último que supo el Atún -según lo que le dijo a la Fiscalía- es que se había generado un ambiente de molestia porque, aunado a las cantidades de dinero que se movilizaban, se dieron cuenta de que Lasoid Group tenía un saldo pendiente con ellos que, "someramente", se calculó en 287 millones 735 mil 746.04 pesos.
La última trinchera
En una pequeña localidad llamada Jasso, en el municipio de Tula, nació el Club Deportivo Cruz Azul en 1927. Desde 2015 el lugar fue renombrado como Ciudad Cooperativa Cruz Azul para facilitar su administración y en reconocimiento al legado del equipo de primera división del futbol mexicano.
En el antiguo Jasso se ubica la planta cementera donde Federico Sarabia y cooperativistas hidalguenses se había apersonado para convertirlo en su último bastión, mientras Víctor Velázquez ya controlaba el club de futbol y otros bienes como hoteles productoras de cemento en la capital del país y otras entidades.
Tras intentos fallidos siempre violentos, con enfrentamientos armados, heridos y muertos, la madrugada del 12 de febrero, tras una resolución judicial girada desde el Estado de México, con un juez de aquella entidad y con un operativo presidido por la fiscalía mexiquense, se "restituyó" la planta, entregada al grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel.
La FGJEM intervino porque en agosto de 2025 inició una carpeta de investigación por probable comercio de cemento apócrifo en Ecatepec y Tecámac, bajo la marca Cruz Azul.
Su seguimiento lo llevó a Tula, con bultos de la marca oficial, pero con un terminado de menor calidad y del que, sostiene, no hay facturación y venta regulada.
Un peritaje preliminar de la Fiscalía del Estado de México considera daños por más de 300 millones de dólares en la planta de Tula, mientras que el grupo denominado de la resistencia insiste que la toma del inmueble por parte de Velázquez es ilegal, porque él -afirman- no es ni ha sido presidente del Consejo de Administración; por lo tanto, "cualquier negociación, acuerdo, contrato o pacto que pretenda llevar con los socios es ilegal".
Sostienen que tenían un amparo que impedía la toma de la planta y que desde noviembre de 2021 resoluciones firmes les dan a ellos la legal dirección.
Proceso confirmó que dentro de las instalaciones hay hombres armados que llegaron tras la entrega de la planta al nuevo grupo -los cuales lanzaron un explosivo contra la reportera Beatriz Flores cuando hacía la cobertura del operativo de restitución el 12 de febrero-, pero a las instalaciones también han ingresado cooperativistas y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que respaldaron a Velázquez, además de que se han realizado actividades de reactivación y sociales para la "reconciliación" de cooperativistas y familias divididas por la pugna de poder.
Hoy Ciudad Cooperativa Cruz Azul enfrenta una crisis social derivada de los conflictos en la planta, que es su principal motor económico, así como otra parálisis que incluye la caída de ventas en comercios, el cierre de los mismos y el miedo.
Para los más viejos, Jasso es un polvo seco que se mete en los huesos y en los recuerdos, donde nació la "Máquina", "entre el cemento y el sudor de hombres como nosotros", dice un cooperativista mayor, con su voz cansada que atraviesa el celular.
Don Jorge, dice, a secas, "sólo así". Después de decir pobreza, de decir temor, de intentar creer que no puede venir algo peor tras los últimos acontecimientos violentos en Cruz Azul, el letargo lo rompe al hablar de futbol: el estadio 10 de Diciembre, "templo de concreto y sueños", donde todo se olvidaba por 90 minutos.
"Nos guiaba Raúl Cárdenas, y todos, todos mexicanos, puro corazón, ganamos el primero de cinco títulos que nos hicieron una máquina de verdad, no de fierro, (sino) de hombres que jugaban con el alma", dice cuando evoca el primer campeonato que llegó ahí, a Jasso, apenas cinco años después de haber subido a primera división, tras vencer 7-1 al Zamora en la temporada 1963-64. Todas aquellas viejas glorias, en el 10 de Diciembre.
"Ahora miro alrededor y el estadio sigue ahí, calladito, pero la vida se ha vuelto más gris".
La pobreza aprieta como garra vieja y, conoce él y más gente, el miedo ronda las calles donde antes corrían niños con balones de trapo.
La pugna por la Cooperativa Cruz Azul alcanza un nuevo nivel con lo que la FGJCDMX llama "huachicoleo de cemento", un esquema de presunto robo y venta paralela ilegal del producto que involucra a directivos enfrentados. La Fiscalía rastreó transferencias millonarias, actas notariales y contratos que dieron apariencia de legalidad a operaciones fraudulentas. El grupo de Federico Sarabia es investigado por desfalcos y violencia, mientras acusa a Víctor Velázquez de sabotaje y vínculos políticos. Los enfrentamientos por la planta de Tula han dejado muertos, heridos y un clima de crisis social.
Convocan a una supuesta Asamblea General Ordinaria de Socios en la Cooperativa, que se realizó el 26 de agosto de 2020, cuando -según el denunciante- había medidas cautelares que prohibían hacer alguna asamblea (expediente 392/2020, del Juzgado Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México).
Planta Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, en Hidalgo. Foto: Alejandro Saldívar.
Sarabia Pozo. Control de cuenta bancaria. Foto: Galo Cañas Rodríguez.
Victor Manuel Velázquez. Batalla por el control. Foto: Octavio Gómez.
CYCNA de Oriente, planta del grupo Cruz Azul. Foto: Hilda Ríos.
Una cuenta, un testigo y la trama del huachicol... de cemento
ÁXEL CHÁVEZ
PACHUCA, HGO.- Una denuncia por presunto fraude, debido a transferencias desde una cuenta en el banco HSBC "mediante engaños", llevó a conocer un probable entramado de robo de producto en la planta de Tula, que los agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) denominaron "huachicoleo de cemento".
Una carpeta de investigación de la Fiscalía capitalina relacionada con el conflicto de Cruz Azul, a la que Proceso tuvo acceso, evidencia una trama de venta no regulada, uso de compañías alternas y procedimientos simulados por la que se investiga a miembros de uno de los dos grupos que disputan el control directivo de la Cooperativa La Cruz Azul SCL.
Se trata de la facción liderada por Federico Sarabia Pozo, detenido por este caso el 31 de agosto último en un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR). Asumido antes como presidente legítimo o administrador facultado para el manejo de La Cruz Azul, Sarabia era afín a Guillermo Billy Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa y expresidente del club de futbol de primera división, detenido el 16 de enero de 2025 en la Ciudad de México, tras permanecer prófugo desde 2020.
A su vez, el grupo de Sarabia acusa a Víctor Velázquez Rangel, el líder de la otra corriente en disputa, de sabotaje para impedir la producción cementera, toma ilegal del inmueble en el antiguo poblado de Jasso, de daño patrimonial, posible corrupción en el manejo financiero y de ser favorecido por un supuesto vínculo con el partido en el poder, Morena, así como por relaciones políticas con la FGR presidida por Ernestina Godoy Ramos.
El grupo de Sarabia tenía la posesión de la planta en Tula hasta la jornada violenta que inició la madrugada del 12 de febrero último, tras la intervención en territorio hidalguense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para recuperar el inmueble por orden de un juez de aquella entidad.
Ambos grupos se acusan del saldo de los enfrentamientos armados en intentos previos por tomar la planta en Tula: el más grave, el del 27 de abril de 2022, cuando convoyes de autobuses de la Ciudad de México y el Estado de México llegaron para apoderarse de las instalaciones; hubo tiroteos, incendio de vehículos y ocho muertos.
La confrontación entre ambas facciones mantiene a un poblado en crisis social, agudizada por la falta de empleo, la caída de venta de comercios y el temor de que ocurran más ataques. Luego de que la planta fue entregada al grupo de Velázquez, hombres armados no identificados ingresaron y la tienen, hasta ahora, bajo custodia. Después, también ingresó personal de seguridad.
Los entramados
El 11 de mayo de 2022 la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros de la FGJCDMX inició la carpeta de investigación CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/00760/05-2022 tras una denuncia presentada por el presunto desfalco de 129 millones 960 mil pesos, mediante movimiento de una cuenta de HSBC por parte de Esteban Alejandro Gómez Castillo, quien se acreditó como representante legal de Azul Concretos y Premezclados, SA de CV. Dicha empresa está constituida con capital de los cooperativistas.
El dictamen en materia de contabilidad CI-FIEDF/T/UI-1 S/D/00760/05-2022 refiere que entre esos 129.6 millones de pesos hubo mil 327 transferencias con el concepto "pago de nómina a socios", para 155 beneficiarios que ascendieron a 67.6 millones de pesos. Federico Sarabia Pozo (número de socio 2112) recibió 660 mil pesos vía 12 operaciones.
Dicho dictamen fue elaborado por la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Financieros, con información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La movilidad era periódica; por ejemplo, por el "pago de nómina a socios" en el primer bimestre 2021 se transfirieron tres millones 745 mil pesos en la primera quincena de enero; tres millones 645 mil en la segunda quincena del mismo mes; tres millones 435 mil pesos en la primera quincena de febrero, y tres millones 590 mil pesos para la segunda de febrero -las últimas operaciones analizadas en la denuncia.
Pero esta trama de presunto desfalco se inició en 2020, cuando el grupo de Sarabia "pretendía desconocer a los Consejos legales y en funciones de Administración y Vigilancia", según la reconstrucción de la Fiscalía.
En esa asamblea nombraron funcionarios que con sus supuestas nuevas facultades removieron al presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración para nombrar un administrador único, Federico Sarabia Pozo.
Con esta aparente nueva facultad, Sarabia requirió a HSBC el control de la cuenta que tenía Azul Concretos y Premezclados y se realizaron las transferencias por 129.9 millones de pesos.
Entre los documentos del expediente ministerial consultado figura el acta 1,897, volumen 34, folio 6601 a 6615, protocolizada por el notario público 13 de Tula, Daniel Fernando Rangel Moctezuma, que da cuenta de una "asamblea de socios de la Cooperativa Cruz Azul del 26 de agosto de 2020", porque todo caso era llevado ante un fedatario para crear lo que las autoridades llamaron "la apariencia de legalidad".
En otra acta del 10 de septiembre de 2020 Federico Sarabia Pozo se presentó como "presidente del Consejo de Administración y delegado especial de la Cooperativa Cruz Azul" ante el notario público número 7 del distrito de Tula, para solicitar que se protocolizara una "minuta para el proceso de carga manual de cemento" que los miembros de la "nueva directiva" habían elaborado el 3 de septiembre, y que se formalizaran "los acuerdos tomados en la misma".
Había un asunto medular: un procedimiento provisional para generar órdenes de volumen de venta complementarias, manuales y control para el despacho y embarque de cemento, que aplicaba para comerciar el producto de las plantas ubicadas en ciudad Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo; Lagunas, en Oaxaca; Tepezalá, en Aguascalientes, y Palmar de Bravo, en Puebla.
La justificación de esta medida era que necesitaban más suministro para asegurar que las empresas Azul Concretos y Premezclados y Azul Cerámica "no incurran en incumplimientos y penalizaciones derivadas de los contratos y compromisos ya adquiridos con anterioridad".
Y es que tenían afectaciones respecto a la dotación de cemento que recibían por parte de Cooperativa Cruz Azul, ya que esta última abastecía prioritariamente de cemento y concreto al gobierno federal para dos proyectos: la "construcción de un aeropuerto mixto civil/militar, con capacidad internacional en la Base Militar Aérea No.1", en Santa Lucía, Estado de México, y la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.
A nombre de Cooperativa Cruz Azul, Planta Hidalgo, se firmó un contrato de distribución y venta de cemento con Azul Concretos y Premezclados. Por la primera empresa firmó César Sócrates Piñera Barajas, como interventor, y por la segunda Joel Vázquez Dolores, como administrador general.
Con éste se imprimirían remisiones de manera manual en el departamento de Despacho de Cemento antes de la salida del material; el jefe de Envase y Embarque llevaría un "registro provisional alterno de manera manual en Excel, para que una vez recobradas las instalaciones del Edificio Corporativo (Ciudad de México) y el sistema ERP Oracle JDEdwards, ingresen y concilien sus inventarios".
En el curso de la investigación se sumó un informe de la Dirección de Gestión de Capital Humano de la Cooperativa, que da cuenta de que "los socios" que recibieron las transferencias entre el 15 de marzo al 30 de septiembre de 2021 de la cuenta HSBC habían sido excluidos mediante Asamblea General Ordinaria el 18 de abril de 2021, y que antes de ese momento "se encontraban suspendidos", ninguno comisionado, encargado o adscrito a alguna de las empresas.
Esto sugería que obtuvieron indebidamente depósitos, porque ya no tenía relación con La Cruz Azul, como después lo consideró el Ministerio Público.
El grupo de Sarabia acusó una exclusión indebida, mientras que la contraparte replicó la pérdida de confianza y supuesta corrupción. Hasta ese momento ambos se asumían como dirigencias legítimas.
La ruta de los testigos
Hasta aquí era la indagatoria de un presunto fraude, hasta que dos personajes le dieron otro giro.
Un primer testigo, Arturo SR, apoderado legal de Médica Azul y electo en la supuesta asamblea que favoreció a Sarabia como secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa, se deslindó del grupo y acusó presunta corrupción ante la Fiscalía: "Continúan ostentándose como miembros de los consejos y firman papeles, dan instrucciones, modifican indebidamente los procesos de venta del cemento de la planta de Hidalgo para que les paguen en empresas que nada tienen que ver con la cooperativa".
Acusó también el ingreso de grupos de choque; "ya nadie se quiere acercar a la planta, pues incluso tenemos miedo de ser lesionados, o peor", y amenazas: "Ellos me dijeron que pensara bien las cosas y lo que iba a hacer, porque si me metía en su camino, ya sabía lo que podía pasar (...) supe que en un altercado que hubo en Oaxaca asesinaron a uno de mis compañeros cooperativistas de nombre Oliverio".
En ese momento el testigo no proporcionó evidencia, más que su dicho, pero esa línea de investigación sobre el presunto robo de cemento terminó por reforzarla alguien desde la misma cúpula directiva, la que se ostentaba como tal: el Atún.
El 8 de junio de 2022 se libró la orden de aprehensión contra Joel Vázquez Dolores, apodado el Atún. Para entonces, la fiscalía capitalina ya había realizado un seguimiento en domicilios identificados y sitios de movilidad tanto en Hidalgo como la capital del país, no sólo de Joel, sino también de Sarabia, de José Alfredo, el hermano de Billy Álvarez y de sus abogados. Todos habían requerido la protección federal ante posibles órdenes de aprehensión.
Vázquez Dolores fue detenido el mismo 8 de junio, alrededor de las 8:30 de la noche, en las inmediaciones de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El tenor de Vázquez Dolores fue buscar, mediante amparos, la libertad, rechazando los cargos que le imputaron en la audiencia inicial del 13 de junio de 2022, que continuó el día 14, cuando el juez de control Agustín Moreno Gaspar lo vinculó a proceso por fraude continuado, como probable coautor material, en agravio de Azul Concretos y Premezclados, SA de CV.
Así, hasta que el 14 de julio de 2022 el Atún solicitó incorporarse como testigo colaborador de la Fiscalía y dio cuenta de supuestos robos y venta ilegal de cemento mediante el cual se habrían sustraído, al menos, 11 mil 938 toneladas en menos de dos años.
La Fiscalía siguió la ruta inducida por el testigo, quien proporcionó documentos, desde actas notariales y contratos mediante los cuales se creó la posibilidad de venta alterna (y partir de ahí surgirían las salidas no reguladas de cemento), hasta bases de datos que mostraban compradores, destinos y desfases entre lo facturado y las salidas reales de material.
El Atún dijo que financiar la "asamblea" en la que fue electa esta directiva costó 23 millones 200 mil pesos, que fueron sustraídos de las cuentas de la Cooperativa Cruz Azul el 12 de agosto de 2020, "por quien tenía los tokens"; que lo hicieron mediante una dispersión a la empresa Leverage Consulting y que la logística y el "acarreo" fue operado por Mauricio Soto Caballero.
El expediente incluye declaraciones en las que Vázquez testificó que habían pagado 164 millones 519 mil 743.14 pesos en despachos de abogados y otros trámites jurídicos en el aparente esquema simulador, "siendo los más sobresalientes Corporativo Administrativo Tamile" y el despacho de Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la República durante el gobierno de Felipe Calderón.
Aseguró que operaron el comercio ilegal y salidas de cemento no reguladas mediante las empresas Himalaya Wholesale Services, Lasoid Group, Pestore Comercializadora, Estudio Logístico Foráneo, Aplafo, Leverage Consulting, Corporativo Administrativo Tamile, Wick Services Legend, Otorgando Soluciones Drinkee, Loasis Connection Services y Jablima.
Con Lasoid Group, Azul Concretos -la empresa que dirigía el Atún- firmó un contrato de "consignación de mercancías", con una comisión de 3% sobre ventas: "El registro de ventas ilegalmente sacado de la planta de Hidalgo se llevaba en tablas de Excel, las remisiones eran manuales y éstas indicaban el producto, cantidad, hora, transporte, cliente y precio, información que administraba Lasoid Group".
Hasta lo último que supo el Atún -según lo que le dijo a la Fiscalía- es que se había generado un ambiente de molestia porque, aunado a las cantidades de dinero que se movilizaban, se dieron cuenta de que Lasoid Group tenía un saldo pendiente con ellos que, "someramente", se calculó en 287 millones 735 mil 746.04 pesos.
La última trinchera
En una pequeña localidad llamada Jasso, en el municipio de Tula, nació el Club Deportivo Cruz Azul en 1927. Desde 2015 el lugar fue renombrado como Ciudad Cooperativa Cruz Azul para facilitar su administración y en reconocimiento al legado del equipo de primera división del futbol mexicano.
En el antiguo Jasso se ubica la planta cementera donde Federico Sarabia y cooperativistas hidalguenses se había apersonado para convertirlo en su último bastión, mientras Víctor Velázquez ya controlaba el club de futbol y otros bienes como hoteles productoras de cemento en la capital del país y otras entidades.
Tras intentos fallidos siempre violentos, con enfrentamientos armados, heridos y muertos, la madrugada del 12 de febrero, tras una resolución judicial girada desde el Estado de México, con un juez de aquella entidad y con un operativo presidido por la fiscalía mexiquense, se "restituyó" la planta, entregada al grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel.
La FGJEM intervino porque en agosto de 2025 inició una carpeta de investigación por probable comercio de cemento apócrifo en Ecatepec y Tecámac, bajo la marca Cruz Azul.
Su seguimiento lo llevó a Tula, con bultos de la marca oficial, pero con un terminado de menor calidad y del que, sostiene, no hay facturación y venta regulada.
Un peritaje preliminar de la Fiscalía del Estado de México considera daños por más de 300 millones de dólares en la planta de Tula, mientras que el grupo denominado de la resistencia insiste que la toma del inmueble por parte de Velázquez es ilegal, porque él -afirman- no es ni ha sido presidente del Consejo de Administración; por lo tanto, "cualquier negociación, acuerdo, contrato o pacto que pretenda llevar con los socios es ilegal".
Sostienen que tenían un amparo que impedía la toma de la planta y que desde noviembre de 2021 resoluciones firmes les dan a ellos la legal dirección.
Proceso confirmó que dentro de las instalaciones hay hombres armados que llegaron tras la entrega de la planta al nuevo grupo -los cuales lanzaron un explosivo contra la reportera Beatriz Flores cuando hacía la cobertura del operativo de restitución el 12 de febrero-, pero a las instalaciones también han ingresado cooperativistas y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que respaldaron a Velázquez, además de que se han realizado actividades de reactivación y sociales para la "reconciliación" de cooperativistas y familias divididas por la pugna de poder.
Hoy Ciudad Cooperativa Cruz Azul enfrenta una crisis social derivada de los conflictos en la planta, que es su principal motor económico, así como otra parálisis que incluye la caída de ventas en comercios, el cierre de los mismos y el miedo.
Para los más viejos, Jasso es un polvo seco que se mete en los huesos y en los recuerdos, donde nació la "Máquina", "entre el cemento y el sudor de hombres como nosotros", dice un cooperativista mayor, con su voz cansada que atraviesa el celular.
Don Jorge, dice, a secas, "sólo así". Después de decir pobreza, de decir temor, de intentar creer que no puede venir algo peor tras los últimos acontecimientos violentos en Cruz Azul, el letargo lo rompe al hablar de futbol: el estadio 10 de Diciembre, "templo de concreto y sueños", donde todo se olvidaba por 90 minutos.
"Nos guiaba Raúl Cárdenas, y todos, todos mexicanos, puro corazón, ganamos el primero de cinco títulos que nos hicieron una máquina de verdad, no de fierro, (sino) de hombres que jugaban con el alma", dice cuando evoca el primer campeonato que llegó ahí, a Jasso, apenas cinco años después de haber subido a primera división, tras vencer 7-1 al Zamora en la temporada 1963-64. Todas aquellas viejas glorias, en el 10 de Diciembre.
"Ahora miro alrededor y el estadio sigue ahí, calladito, pero la vida se ha vuelto más gris".
La pobreza aprieta como garra vieja y, conoce él y más gente, el miedo ronda las calles donde antes corrían niños con balones de trapo.
La pugna por la Cooperativa Cruz Azul alcanza un nuevo nivel con lo que la FGJCDMX llama "huachicoleo de cemento", un esquema de presunto robo y venta paralela ilegal del producto que involucra a directivos enfrentados. La Fiscalía rastreó transferencias millonarias, actas notariales y contratos que dieron apariencia de legalidad a operaciones fraudulentas. El grupo de Federico Sarabia es investigado por desfalcos y violencia, mientras acusa a Víctor Velázquez de sabotaje y vínculos políticos. Los enfrentamientos por la planta de Tula han dejado muertos, heridos y un clima de crisis social.
Convocan a una supuesta Asamblea General Ordinaria de Socios en la Cooperativa, que se realizó el 26 de agosto de 2020, cuando -según el denunciante- había medidas cautelares que prohibían hacer alguna asamblea (expediente 392/2020, del Juzgado Sexagésimo de lo Civil de la Ciudad de México).
Planta Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, en Hidalgo. Foto: Alejandro Saldívar.
Sarabia Pozo. Control de cuenta bancaria. Foto: Galo Cañas Rodríguez.
Victor Manuel Velázquez. Batalla por el control. Foto: Octavio Gómez.
CYCNA de Oriente, planta del grupo Cruz Azul. Foto: Hilda Ríos.