¿Reforma a Ley del Infonavit pone en riesgo aportaciones de trabajadores y empresarios?

En los cambios no hay claridad sobre el origen del capital con el que ese organismo creará una empresa para construir inmuebles.

La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que ya fue aprobada en el Senado, pone en riesgo los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores, debido a que en los cambios a esa norma no hay claridad sobre el origen del capital con el que ese organismo creará una empresa para construir inmuebles.

Adicionalmente, la iniciativa modifica la integración de la Asamblea General del Infonavit y de su Consejo de Administración, reduciendo el número de integrantes y, de manera arbitraria, también disminuye la representación de los trabajadores y del sector empresarial de la Comisión de Vigilancia de la institución, aumentando a los miembros del gobierno federal.

Con esto, serán los representantes gubernamentales los que tendrán el control de las decisiones que se tomen en cuanto a la fiscalización de las actividades y proyectos del Infonavit, a pesar de que los recursos con los que este opera provienen de los patrones y de los trabajadores.

Todo esto implica un importante retroceso en los procesos democráticos al interior de los órganos de administración del Instituto, además de una trasgresión a los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los empleados mexicanos, quienes -durante décadas- han aportado, junto con las empresas, multimillonarios recursos que formalmente no le pertenecen al Infonavit.

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Vigilancia controlada por el gobierno

La propuesta de reforma, que aun debe avalarse en la Cámara de Diputados, cambia de la siguiente forma el número de representantes de los órganos de gobierno del Infonavit.

Hay que destacar que la propiedad de los ahorros acumulados en la subcuenta de vivienda de los trabajadores en México tiene nombre y apellido: El de cada uno de los ciudadanos que durante su vida laboral -obligatoriamente- han entregado al organismo una parte de sus percepciones devengadas, para que el Infonavit solo sea el que administre dichos recursos.

Y lo mismo ocurre con las aportaciones del sector patronal, pues estas forman parte de la onerosa carga que los empresarios formales deben considerar al momento de contratar a sus empleados.

Al tratarse de un ente que opera en forma tripartita, actualmente la correlación del poder decisorio en los órganos de administración del Infonavit es igualitaria para los tres sectores: El patronal, el de los trabajadores y el del gobierno.

Con la reforma se rompe el equilibrio en la Comisión de Vigilancia, aumentando la representación gubernamental en detrimento del derecho de quienes realmente son los aportantes del dinero que administra el instituto.

Así, la vigilancia del manejo de esos recursos, que hoy ascienden a dos billones de pesos, quedará al arbitrio de los representantes gubernamentales.

Un negocio de riesgo

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ya advirtió que la edificación de vivienda no debe estar directamente a cargo del Infonavit, pues -de entrada- una empresa constructora del Estado afectaría a más 7,000 micro, pequeñas y medianas empresas que intervienen en el mercado mexicano de la construcción.

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Lo que se pretende es que el Infonavit conforme un consorcio constructor para edificar 500,000 inmuebles de interés social, con una inversión de 288,000 millones de pesos, de acuerdo con declaraciones hechas por el director del organismo, Octavio Romero Oropeza.

Ese objetivo es un negocio de riesgo, en opinión de la CMIC, y justo por las posibilidades de fracaso, también señaladas por el sector privado de la construcción, se requiere mantener una estrecha vigilancia sobre el desempeño, proyectos e inversiones del Infonavit.

Es esta vigilancia la que quiere eliminar la presencia igualitaria de los representantes de los trabajadores y de las empresas, para que sea el gobierno federal el que pueda actuar sin contrapesos reales.