Transcripción:
Balance
Durante el sexenio pasado, la parte crítica de la iniciativa privada manifestó preocupaciones que no pudieron o no quisieron ser atendidas por Andrés Manuel López Obrador, que ahora deben ser revaloradas a la luz de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Voces muy poderosas, como las de la Coparmex o Concamin, presididas por Juan José Sierra y Alejandro Malagón, retomaban las voces de sus agremiados, que decían que la máxima preocupación era el estado de derecho y la seguridad para la actividad privada. Durante el gobierno pasado, se hizo creer que cambiando a los ministros de la SCJN se cumpliría con esta demanda. Con la mejor de las intenciones, puede creerse que se trató de una solución equivocada; con las peores, de un intento político de concentrar el poder al estilo del México de la década de los 90.
La elección de ministros de la SCJN no corrige el problema de fondo: asaltos, robos de mercancía, extorsiones y demás delitos que afectan mucho más a los micro y pequeños empresarios.
Tampoco responde a la demanda de acceso a la justicia rápida y expedita en los primeros contactos de los afectados. La previsión que se "atendió" durante el sexenio pasado estuvo llena de frases políticas que resultaron falsas, como "se acabó la corrupción", "estamos combatiendo las causas" y otras peores como "abrazos no balazos".
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por un modelo en el que se ataca a los delincuentes no solo con acciones puntuales ante la comisión de delitos, sino a través de la prevención. En este sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sí está logrando resultados. Como las cifras lo demuestran, no solo están disminuyendo los asesinatos en términos reales (no a través de retruécanos estadísticos, como se hizo en el sexenio anterior). La inseguridad en carreteras y el robo de mercancías ha disminuido, no como un producto del discurso, sino de las acciones.
El trabajo que han realizado destacadamente los equipos de Concamin con la SSPC, que incluye mejores sistemas de seguimiento, vigilancia y coordinación tecnológica, está dando resultados.
REMATE FINANCIERO El cambio en el enfoque al delito tiene uno de sus puntos más relevantes en la sustitución de dirección en la UIF.
Pablo Gómez fue removido a un lugar que parece una salida decorosa por su carácter de leyenda de la izquierda mexicana, para poner a un hombre con verdadera capacidad técnica que evite el uso del sistema financiero por parte de la delincuencia. La AMB, presidida por Emilio Romano, había venido demandando una buena coordinación con esta rama de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, como se vio en el tema del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Intercam, CI Banco y Vector. Hacienda, la CNBV, presidida por Jesús de la Fuente, así como el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, habían hecho un gran trabajo con los participantes privados del sistema financiero, que se complicó por las acciones de Gómez. Sin hacer demasiados aspavientos, la presidenta Sheinbaum puso en la UIF a un hombre que sí tiene las características adecuadas para el puesto: Omar Reyes, quien difícilmente pudo ser mejor recibido por los miembros decentes del sistema financiero.
REMATE ENERGÉTICO Otra de las demandas que no pudieron o no quisieron ser atendidas durante el sexenio anterior tenía que ver con el sector energético. Personajes como Rocío Nahle, Octavio Romero y Manuel Bartlett establecieron un bloqueo en contra de la participación privada en el sector energético, enarbolando un discurso no solo arcaico, sino ineficiente. El poder nocivo de estos personajes ha disminuido e incluso Romero ha venido mutando en sus acciones dentro del Infonavit. Ya no está obsesionado con crear una constructora dentro del organismo tripartito, sino que, como lo pidió la CMIC, presidida por Luis Méndez Jaled, abrió la puerta a las empresas privadas, lo que fortalece el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como lo ha señalado el Padre del Análisis Superior, desde el nombramiento de Luz Elena González como secretaria de Energía se marcó un rompimiento con lo hecho el sexenio pasado en el sector energético. La prioridad es que haya energía suficiente no solo para la demanda actual, sino para el crecimiento del país. El primer punto fue convertir a esta secretaria en cabeza del sector, del cual dependen directamente Pemex y la CFE, encabezadas por Víctor Rodríguez y Emilia Calleja. A partir de ahí, tener una real coordinación con Hacienda no solo en el discurso, sino en los hechos, que van más allá de las acciones de salvamento que han sido una larga tradición.
El que se haya encargado a Jorge Mendoza, director de Banobras, el proceso de capitalización de Pemex es una decisión muy inteligente.
David Páramo