Agenda Confidencial // ¿Es broma?


Resumen:

AGENDA CONFIDENCIAL ¿Es broma? Por Luis Soto 4.

Transcripción:

AGENDA CONFIDENCIAL ¿Es broma? Por Luis Soto 4

AGENDA CONFIDENCIAL

POR LUIS SOTo @LUISSOTOAGENDA ¿Es broma? a consejera del INE y presidenta de la Comisión de Fiscalización de dicho engendro, perdón, organismo, propone cambios profundos en la fiscalización electoral, argumentando, entre otras cosas, que se deben tener "herramientas del Siglo XXI para fiscalizar campañas del Siglo XXI".

Con ello, afirma, se garantizará transparencia, igualdad, legalidad, rendición de cuentas en todos los comicios.

La señora Humphrey señala que el actual modelo de fiscalización ha quedado obsoleto y no cuenta con los elementos suficientes para verificar, de manera efectiva, el origen, monto y destino de los recursos que utilizan aspirantes, precandidatos candidatos (incluyendo los independientes); partidos políticos y, en su caso, coaliciones tanto de los procesos electorales federales, locales y otros, como el judicial reciente. tiene razón.

Pero los observadores políticos objetivos e imparciales acotan que resulta ingenuo pensar y proponer acabar con los "usos y costumbres" en los procesos electorales que les han puesto precio a los votos ciudadanos; precio que todos los partidos y que sus candidatos han pagado y lo seguirán haciendo, en efectivo o en especie, lo mismo con recursos financieros legales e ilegales.

Con o sin un nuevo esquema de fiscalización, los susodichos procesos seguirán desarrollándose como en el Siglo XX, cuando el PRI era el partido hegemónico, y como se ha hecho en el primer cuarto del Siglo XXI, apuntan los susodichos observadores.

No faltan los "malosos de malolandia" que opinan que un asunto tan serio y grave como erradicar la vieja práctica electorera, a la que se ha incorporado la nueva tecnología, podría transformarse en un caso de risa loca.

Sin embargo, no hay que quitarle las buenas intenciones a la señora Humphrey quien sugiere que al menos seis rubros deberán ser analizados para alcanzar una auténtica fiscalización: 1. Establecer un sistema sancionatorio vinculante y que inhiba la comisión de las irregularidades, con una normativa mínima obligatoria legal, para determinadas infracciones que puedan sancionarse, incluso, con la nulidad de la elección en aquellos casos graves de ventaja indebida.

2. La fiscalización debe permitir al INE revisar a terceros implicados en las elecciones, aun y cuando no estén directamente vinculados a alguna candidatura, para lo cual se requerirá dotar al INE de facultades expresas para investigar, por ejemplo, a plataformas tecnológicas, proveedores digitales, empresas fachadas, entre otros.

3. Debe establecerse en la legislación electoral la cooperación obligatoria y oportuna, con sanciones expresas ante los incumplimientos de instancias como el SAT, la UIF, la FGR, entre otras, para garantizar que el INE cuente con la información fiscal, bancaria y hasta penal de las y los actores participantes.

4. Es necesario establecer un sistema obligatorio de captura de información en línea de los gastos de campaña en tiempo real para la conformación de auditorías preventivas y que los sujetos obligados presenten la comprobación digital y trazable de todas sus operaciones limitando o erradicando el uso de efectivo en sus actividades.

5. El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como la Inteligencia artificial, minería de datos, modelos de riesgos, entre otros, para maximizar la verificación de todas las operaciones de los supuestos obligados.

6. La fiscalización electoral debe incorporar una perspectiva de género para prever que los gastos de actividades dirigidas a mujeres, a indígenas, comunidades de la diversidad sexual, entre otras, no sean utilizadas como una simulación en el llenado de informes.

¿Se supone que con todo esto habrá elecciones limpias, inmaculadas, impecables y sin financiamiento de dudosa procedencia? La señora Humphrey señala que el actual modelo de fiscalización ha quedado obsoleto y no cuenta con los elementos suficientes para verificar, de manera efectiva, el origen, monto y destino de los recursos que utilizan aspirantes, precandidatos candidatos (incluyendo los independientes); partidos políticos y, en su caso, coaliciones tanto de los procesos electorales federales, locales y otros, como el judicial reciente. Y tiene razón

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