Frentes Políticos
Resumen:
1. Coordinación. Ante el avance del huracán Erick, el almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, ha desplegado el Plan Marina en su fase de prevención en cinco estados, Oaxaca, Guerrero, Colima, Tabasco y Campeche. La Marina no sólo navega, también limpia lodo, asegura caminos y cuida costas. La Semar trabaja codo a codo con gobernadores como Salomón Jara y Evelyn Salgado, quienes entienden la gravedad; y con Javier May Rodríguez, de Tabasco, y Layda Sansores, de Campeche, quienes lideran el rubro de la improvisación. Mientras algunos mandatarios prometen, la Marina actúa. Gran diferencia.
Transcripción:
1. Coordinación. Ante el avance del huracán Erick, el almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, ha desplegado el Plan Marina en su fase de prevención en cinco estados, Oaxaca, Guerrero, Colima, Tabasco y Campeche. La Marina no sólo navega, también limpia lodo, asegura caminos y cuida costas. La Semar trabaja codo a codo con gobernadores como Salomón Jara y Evelyn Salgado, quienes entienden la gravedad; y con Javier May Rodríguez, de Tabasco, y Layda Sansores, de Campeche, quienes lideran el rubro de la improvisación. Mientras algunos mandatarios prometen, la Marina actúa. Gran diferencia.
2. Hecho está. Con 22 votos a favor, Morena, PT y Verde aprobaron en comisiones el paquete de reformas que consolida el mando militar de la Guardia Nacional, respaldado por Ricardo Monreal, impulsado por Julio César Moreno desde la Comisión de Justicia y defendido con entusiasmo por Lilia Aguilar Gil y Leonel Godoy. En la trinchera opuesta, Arturo Yáñez (PRI) habló de “dictadura perfecta”, Margarita Zavala (PAN) denunció contradicciones legales, y Pablo Vázquez Ahued (MC) advirtió sobre una “invasión de atribuciones”. Pero nada detuvo la aplanadora. Todavía la oposición no alcanza a entender el alcance de su derrumbe. Ahí está.
3. Impunes. 16 años, tres sexenios y cero castigos. Gobernadores y alcaldes, sin importar partido, llevan más de una década violando la Constitución al no profesionalizar a sus policías. La ley ordenaba certificarlos o enfrentar cárcel, pero nadie cayó. Lo que sí cayó fue la responsabilidad, se la entregaron al Ejército, de Ricardo Trevilla Trejo, y ahora piden apoyo a la Guardia Nacional, de Hernán Cortés Hernández. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, propone nuevos mecanismos para obligar al cumplimiento, pero si los estados sólo responden a presiones castrenses, ¿de qué sirve el pacto federal? Seguridad sin profesionalización es impunidad pactada. Dejen de simular, gobernadores.
4. Contraste. Mientras Layda Sansores, mandataria campechana, presume castigar periodistas como si gobernara un feudo, Alejandro Armenta, en Puebla, se planta del lado correcto de la historia. El gobernador garantiza la libertad de expresión “como se protege a mujeres y niños”, y no desde el escritorio, sino con apertura y atención directa. En Campeche se impone el silencio judicial; en Puebla se promueve el diálogo ciudadano. Claudia Sheinbaum ya lo dijo, los gobernadores deben garantizar la libertad de prensa. Armenta entendió el mensaje. Layda no. Entre el garrote y la garantía, cada quien elige cómo quiere ser recordado. ¡Ups!
5. Incendiaria. Lenia Batres volvió a escena, no con argumentos, sino con ausencia. La ministra decidió reventar la sesión de la Segunda Sala de la Corte no por causas de fuerza mayor, sino como gesto político y, así, impedir una votación fiscal que, según ella, le habría costado más de 4 mil millones al erario. Pero la jugada es más que financiera, es ideológica, teatral y estratégica. Argumenta que los temas fiscales deben discutirse en el Pleno por “transparencia”, como si la opacidad fuera nueva en el tribunal. Lo cierto es que su activismo judicial ya supera al jurídico. Lenia no se presentó, pero dejó claro que no vino a impartir justicia, sino a alinearla.
2. Hecho está. Con 22 votos a favor, Morena, PT y Verde aprobaron en comisiones el paquete de reformas que consolida el mando militar de la Guardia Nacional, respaldado por Ricardo Monreal, impulsado por Julio César Moreno desde la Comisión de Justicia y defendido con entusiasmo por Lilia Aguilar Gil y Leonel Godoy. En la trinchera opuesta, Arturo Yáñez (PRI) habló de “dictadura perfecta”, Margarita Zavala (PAN) denunció contradicciones legales, y Pablo Vázquez Ahued (MC) advirtió sobre una “invasión de atribuciones”. Pero nada detuvo la aplanadora. Todavía la oposición no alcanza a entender el alcance de su derrumbe. Ahí está.
3. Impunes. 16 años, tres sexenios y cero castigos. Gobernadores y alcaldes, sin importar partido, llevan más de una década violando la Constitución al no profesionalizar a sus policías. La ley ordenaba certificarlos o enfrentar cárcel, pero nadie cayó. Lo que sí cayó fue la responsabilidad, se la entregaron al Ejército, de Ricardo Trevilla Trejo, y ahora piden apoyo a la Guardia Nacional, de Hernán Cortés Hernández. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, propone nuevos mecanismos para obligar al cumplimiento, pero si los estados sólo responden a presiones castrenses, ¿de qué sirve el pacto federal? Seguridad sin profesionalización es impunidad pactada. Dejen de simular, gobernadores.
4. Contraste. Mientras Layda Sansores, mandataria campechana, presume castigar periodistas como si gobernara un feudo, Alejandro Armenta, en Puebla, se planta del lado correcto de la historia. El gobernador garantiza la libertad de expresión “como se protege a mujeres y niños”, y no desde el escritorio, sino con apertura y atención directa. En Campeche se impone el silencio judicial; en Puebla se promueve el diálogo ciudadano. Claudia Sheinbaum ya lo dijo, los gobernadores deben garantizar la libertad de prensa. Armenta entendió el mensaje. Layda no. Entre el garrote y la garantía, cada quien elige cómo quiere ser recordado. ¡Ups!
5. Incendiaria. Lenia Batres volvió a escena, no con argumentos, sino con ausencia. La ministra decidió reventar la sesión de la Segunda Sala de la Corte no por causas de fuerza mayor, sino como gesto político y, así, impedir una votación fiscal que, según ella, le habría costado más de 4 mil millones al erario. Pero la jugada es más que financiera, es ideológica, teatral y estratégica. Argumenta que los temas fiscales deben discutirse en el Pleno por “transparencia”, como si la opacidad fuera nueva en el tribunal. Lo cierto es que su activismo judicial ya supera al jurídico. Lenia no se presentó, pero dejó claro que no vino a impartir justicia, sino a alinearla.