Piden, por Segalmex, cárcel a implicados
Resumen:
La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la justicia federal 15 años de prisión para el empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, en el proceso en el que se les atribuye captar ilegalmente 800 millones de pesos de Segalmex.
Transcripción:
La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la justicia federal 15 años de prisión para el empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, en el proceso en el que se les atribuye captar ilegalmente 800 millones de pesos de Segalmex.
Los depósitos aparentemente fueron autorizados por René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, para adquirir certificados bursátiles a través de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), propiedad de los Dávila.
Por el caso Segalmex, la FGR ha judicializado siete expedientes contra funcionarios, empresarios y destinatarios finales del dinero presuntamente desviado.
En seis de ellos es acusado Gavira Segreste, preso en el Reclusorio Norte desde diciembre pasado, y a quien de momento le han iniciado tres procesos.
Por uno de ellos, por la presunta simulación de la compra-venta de 7 mil toneladas de azúcar, se ordenó la captura de 22 funcionarios, empresarios y destinatarios finales del dinero.
Hasta el momento no se han esclarecido los presuntos desvíos por más de 9 mil 500 millones de pesos, registrados en la gestión de Ignacio Ovalle.
El ex director de Segalmex no es investigado penalmente y actualmente se desempeña como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
En su acusación por escrito contra los Dávila, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) también solicitó imponer a los Dávila una multa de 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a 5.4 millones de pesos.
Al mismo tiempo, reclamó el pago de la reparación del daño, aunque la autoridad ministerial hará una consulta con la Procuraduría Fiscal de la Federación para determinar el monto, según funcionarios consultados.
Tras presentar la acusación, el mes pasado se convocó a los procesados a la audiencia intermedia ante un juez del Reclusorio Norte; sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo porque los acusados se reportaron enfermos.
Los Dávila fueron procesados en junio del año pasado por el delito de captación ilegal de recursos, sancionado por la Ley de Instituciones de Crédito, aunque siempre han llevado su procedimiento en libertad provisional.
Corafi es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) constituida en el 2009 por el chiapaneco René Dávila de la Vega y Alejandro Díaz Ceballos Rubio.
La acusación de la FGR se basa en el hecho de que la Procuraduría Fiscal de la Federación emitió una opinión de delito que establece que dicha entidad financiera no estaba regulada, ya que no contaba con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para celebrar fideicomisos y captar recursos.
Esta causa judicial tiene como origen una denuncia de hechos presentada el 16 de abril de 2021 ante la FGR por Carlos Antonio Dávila Amerena, entonces director de Asuntos Jurídicos de Segalmex y principal denunciante de los presuntos actos de corrupción en el organismo.
Conforme a la imputación, el 20 de julio de 2018 Liconsa -entidad que este sexenio pasó a formar parte de Segalmex- suscribió con CI Casa de Bolsa un contrato de intermediación bursátil.
A través del convenio, la institución financiera de los Dávila fue autorizada para que comprara, vendiera, diera y recibiera en garantía, guardara o administrara los valores, como representante de Segalmex.
Según la ASF, en el estado de cuenta de junio de 2020 Linconsa obtuvo rendimientos de 11 millones 183 mil 300 pesos, pero en diciembre del mismo año ya no hubo pago alguno.
Los depósitos aparentemente fueron autorizados por René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, para adquirir certificados bursátiles a través de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), propiedad de los Dávila.
Por el caso Segalmex, la FGR ha judicializado siete expedientes contra funcionarios, empresarios y destinatarios finales del dinero presuntamente desviado.
En seis de ellos es acusado Gavira Segreste, preso en el Reclusorio Norte desde diciembre pasado, y a quien de momento le han iniciado tres procesos.
Por uno de ellos, por la presunta simulación de la compra-venta de 7 mil toneladas de azúcar, se ordenó la captura de 22 funcionarios, empresarios y destinatarios finales del dinero.
Hasta el momento no se han esclarecido los presuntos desvíos por más de 9 mil 500 millones de pesos, registrados en la gestión de Ignacio Ovalle.
El ex director de Segalmex no es investigado penalmente y actualmente se desempeña como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
En su acusación por escrito contra los Dávila, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) también solicitó imponer a los Dávila una multa de 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a 5.4 millones de pesos.
Al mismo tiempo, reclamó el pago de la reparación del daño, aunque la autoridad ministerial hará una consulta con la Procuraduría Fiscal de la Federación para determinar el monto, según funcionarios consultados.
Tras presentar la acusación, el mes pasado se convocó a los procesados a la audiencia intermedia ante un juez del Reclusorio Norte; sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo porque los acusados se reportaron enfermos.
Los Dávila fueron procesados en junio del año pasado por el delito de captación ilegal de recursos, sancionado por la Ley de Instituciones de Crédito, aunque siempre han llevado su procedimiento en libertad provisional.
Corafi es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) constituida en el 2009 por el chiapaneco René Dávila de la Vega y Alejandro Díaz Ceballos Rubio.
La acusación de la FGR se basa en el hecho de que la Procuraduría Fiscal de la Federación emitió una opinión de delito que establece que dicha entidad financiera no estaba regulada, ya que no contaba con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para celebrar fideicomisos y captar recursos.
Esta causa judicial tiene como origen una denuncia de hechos presentada el 16 de abril de 2021 ante la FGR por Carlos Antonio Dávila Amerena, entonces director de Asuntos Jurídicos de Segalmex y principal denunciante de los presuntos actos de corrupción en el organismo.
Conforme a la imputación, el 20 de julio de 2018 Liconsa -entidad que este sexenio pasó a formar parte de Segalmex- suscribió con CI Casa de Bolsa un contrato de intermediación bursátil.
A través del convenio, la institución financiera de los Dávila fue autorizada para que comprara, vendiera, diera y recibiera en garantía, guardara o administrara los valores, como representante de Segalmex.
Según la ASF, en el estado de cuenta de junio de 2020 Linconsa obtuvo rendimientos de 11 millones 183 mil 300 pesos, pero en diciembre del mismo año ya no hubo pago alguno.