Rechazan cancelar proceso a implicado
Resumen:
Rechazan cancelar proceso a implicado
Transcripción:
Rechazan cancelar proceso a implicado
Un juez federal rechazó cancelar el proceso iniciado a un ex subordinado de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por una supuesta contratación ilegal de más de 77 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
Luis Benitez Alcántara, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, desestimó la solicitud que le hizo Javier Arrambide Olvera, director de Operación de Programas de Delegaciones e Información Estratégica de la Secretaría, para sobreseer o anular el procedimiento.
De acuerdo con informes judiciales, el procesado solicitó la cancelación del proceso bajo la premisa de que no es su firma la que aparece en las actas de entrega-recepción de los trabajos relacionados con el contrato de la Secretaría que se encuentra bajo cuestionamiento.
Al tratarse de un tema que debe dilucidarse en el juicio y no durante el trámite del proceso, el juzgador declaró infundada la pretensión del exfuncionario.
Según registros judiciales, Arrambide ya impugnó la decisión del juez y será el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en esta ciudad el que resuelva su recurso.
En marzo de 2023, el juez Benítez vinculó a proceso al exfuncionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, junto con José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR).
También a José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones; y José Luis Sánchez Buendía, director de Proyectos Estratégicos, todos ellos de la Sedatu.
La imputación está relacionada con el convenio general de colaboración suscrito el 17 de febrero de 2016 entre la Sedatu y la UPQR, en el que esta debía prestar servicios para darle seguimiento a la atención a los beneficiarios del Programa de Infraestructura 2016.
La universidad debía integrar una base de datos con el listado de 85 mil personas que podrían ser susceptibles de recibir un apoyo para la ampliación de la vivienda, a las cuales debía notificar.
Según la auditoría practicada, la universidad subcontrató el 100 por ciento de los servicios con ocho empresas, pese a que la Ley de Adquisiciones solo permite subcontratar el 49 por ciento.
Javier Arrambide Olvera, exdirector de Operación de Programas de Delegaciones.
Un juez federal rechazó cancelar el proceso iniciado a un ex subordinado de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por una supuesta contratación ilegal de más de 77 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
Luis Benitez Alcántara, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, desestimó la solicitud que le hizo Javier Arrambide Olvera, director de Operación de Programas de Delegaciones e Información Estratégica de la Secretaría, para sobreseer o anular el procedimiento.
De acuerdo con informes judiciales, el procesado solicitó la cancelación del proceso bajo la premisa de que no es su firma la que aparece en las actas de entrega-recepción de los trabajos relacionados con el contrato de la Secretaría que se encuentra bajo cuestionamiento.
Al tratarse de un tema que debe dilucidarse en el juicio y no durante el trámite del proceso, el juzgador declaró infundada la pretensión del exfuncionario.
Según registros judiciales, Arrambide ya impugnó la decisión del juez y será el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en esta ciudad el que resuelva su recurso.
En marzo de 2023, el juez Benítez vinculó a proceso al exfuncionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, junto con José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR).
También a José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones; y José Luis Sánchez Buendía, director de Proyectos Estratégicos, todos ellos de la Sedatu.
La imputación está relacionada con el convenio general de colaboración suscrito el 17 de febrero de 2016 entre la Sedatu y la UPQR, en el que esta debía prestar servicios para darle seguimiento a la atención a los beneficiarios del Programa de Infraestructura 2016.
La universidad debía integrar una base de datos con el listado de 85 mil personas que podrían ser susceptibles de recibir un apoyo para la ampliación de la vivienda, a las cuales debía notificar.
Según la auditoría practicada, la universidad subcontrató el 100 por ciento de los servicios con ocho empresas, pese a que la Ley de Adquisiciones solo permite subcontratar el 49 por ciento.
Javier Arrambide Olvera, exdirector de Operación de Programas de Delegaciones.