Analiza la Corte cumplir sentencia de la Coridh para víctimas de Atenco
Resumen:
Analiza la Corte cumplir sentencia de la Coridh para víctimas de Atenco
Transcripción:
Analiza la Corte cumplir sentencia de la Coridh para víctimas de Atenco
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en las siguientes semanas un proyecto que reconoce y define las acciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) para coadyuvar a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre el "caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México", emitida el 28 de noviembre de 2018, la cual debe ser acatada por el Poder Ejecutivo y otras autoridades del Estado mexicano.
De acuerdo con fuentes judiciales, se prevé que el pleno discuta el proyecto —no público aún— del ministro Alberto Pérez Dayán el 28 de abril, el cual plantea marcar el criterio que deben tomar los tribunales y juzgados mexicanos para garantizar la reparación del daño a 11 mujeres víctimas, reconocido por la sentencia de la Coridh.
Asimismo, la Corte ordenaría informar de su decisión al pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum para tomar acciones conjuntas.
El caso Atenco es considerado uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos contra mujeres en México. Fue perpetrado en mayo de 2006, cuando policías federales y estatales reprimieron, con uso excesivo de la fuerza, una manifestación de floristas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que bloqueaban la carretera Lechería-Texcoco.
Allí murieron dos jóvenes civiles y fueron detenidas 217 personas, muchas de las cuales denunciaron actos de tortura. De las aprehendidas, 26 mujeres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Según sus testimonios, fueron incomunicadas y los agentes ministeriales aprovecharon su situación de vulnerabilidad para agredirlas sexualmente, golpearlas y amenazarlas de muerte, así como de hacer daño a sus familias.
A pesar de las denuncias, los presuntos responsables no fueron sancionados. En total, 22 policías fueron señalados, pero todos resultaron absueltos, incluidos los acusados de agresiones sexuales.
Frente a la impunidad, 11 mujeres llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2016 lo remitió a la Coridh debido a la falta de justicia en México.
En noviembre de 2018, la Coridh condenó al Estado mexicano por detenciones arbitrarias, tortura sexual, física y psicológica, así como por la falta de acceso a la justicia. Como parte de la sentencia, ordenó investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los mandos superiores; brindar atención médica y psicológica a las víctimas; fortalecer los mecanismos de prevención de la tortura sexual y crear un observatorio independiente sobre el uso de la fuerza.
La SCJN también tiene pendiente abordar otra sentencia de la Coridh: el caso "García Rodríguez y otro contra México", en lo relativo a su ejecución dentro del orden jurídico nacional. En dicho fallo se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la detención, procesamiento y privación de la libertad de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en las siguientes semanas un proyecto que reconoce y define las acciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) para coadyuvar a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre el "caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México", emitida el 28 de noviembre de 2018, la cual debe ser acatada por el Poder Ejecutivo y otras autoridades del Estado mexicano.
De acuerdo con fuentes judiciales, se prevé que el pleno discuta el proyecto —no público aún— del ministro Alberto Pérez Dayán el 28 de abril, el cual plantea marcar el criterio que deben tomar los tribunales y juzgados mexicanos para garantizar la reparación del daño a 11 mujeres víctimas, reconocido por la sentencia de la Coridh.
Asimismo, la Corte ordenaría informar de su decisión al pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum para tomar acciones conjuntas.
El caso Atenco es considerado uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos contra mujeres en México. Fue perpetrado en mayo de 2006, cuando policías federales y estatales reprimieron, con uso excesivo de la fuerza, una manifestación de floristas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que bloqueaban la carretera Lechería-Texcoco.
Allí murieron dos jóvenes civiles y fueron detenidas 217 personas, muchas de las cuales denunciaron actos de tortura. De las aprehendidas, 26 mujeres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Según sus testimonios, fueron incomunicadas y los agentes ministeriales aprovecharon su situación de vulnerabilidad para agredirlas sexualmente, golpearlas y amenazarlas de muerte, así como de hacer daño a sus familias.
A pesar de las denuncias, los presuntos responsables no fueron sancionados. En total, 22 policías fueron señalados, pero todos resultaron absueltos, incluidos los acusados de agresiones sexuales.
Frente a la impunidad, 11 mujeres llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2016 lo remitió a la Coridh debido a la falta de justicia en México.
En noviembre de 2018, la Coridh condenó al Estado mexicano por detenciones arbitrarias, tortura sexual, física y psicológica, así como por la falta de acceso a la justicia. Como parte de la sentencia, ordenó investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los mandos superiores; brindar atención médica y psicológica a las víctimas; fortalecer los mecanismos de prevención de la tortura sexual y crear un observatorio independiente sobre el uso de la fuerza.
La SCJN también tiene pendiente abordar otra sentencia de la Coridh: el caso "García Rodríguez y otro contra México", en lo relativo a su ejecución dentro del orden jurídico nacional. En dicho fallo se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la detención, procesamiento y privación de la libertad de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz.