Abstención razonada
Resumen:
Ante la farsa electoral judicial, toca ejercer la abstención razonada como protesta por la destrucción de derechos democráticos.
Transcripción:
Ante la farsa electoral judicial, toca ejercer la abstención razonada como protesta por la destrucción de derechos democráticos.
Abstención razonada
Me preguntan si es un deber cívico ir a votar en la próxima farsa para elegir jueces y magistrados. Contesto: tener elecciones y votar no es sinónimo de contar con derechos y libertades democráticas. Ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, la extinta Unión Soviética y ahora Rusia, etcétera. En estos países hay elecciones y no hay democracia. La cuatroté ha utilizado su artificial mayoría legislativa para destruir las instituciones democráticas encargadas de vigilar, regular y garantizar dichas libertades y derechos.
Salvo el fracasado caso de Bolivia, ningún país del mundo elige jueces por sufragio directo. Esta "elección" es una farsa que los líderes de Morena quieren convalidar con nuestro voto. Lo que el gobierno federal nos vende como un avance democrático es, en realidad, un mecanismo de la cuatroté para acabar con la independencia judicial y consolidar el control de su poder político sobre el sistema de justicia. Esto representa una grave pérdida del contrapeso institucional que otorga certidumbre jurídica al país.
Hay muy pocos aspirantes que valen la pena; no los van a dejar ganar. Los jueces deben ser seleccionados por sus méritos, trayectoria y ética profesional, no por popularidad ni por una ruidosa campaña electoral. El proceso ha sido manipulado desde el inicio, con un proceso de selección de candidatos ilógico y oscuro, y un INE cooptado.
El sistema de votación es muy complicado. Los ciudadanos no van a contar los votos ni tendrán garantía alguna de que el proceso refleje su voluntad. Esta "elección" no será un proceso ciudadano libre, transparente, respetado y verificable de principio a fin. Por el contrario, los líderes de Morena y el CO son quienes tienen un interés concreto en capturar el Poder Judicial para proteger sus propios intereses, que nada tienen que ver con justicia para los ciudadanos, y aprovechan su capacidad de movilización con engaños y extorsión para lograr una participación que, por lo menos, rebase el 10 por ciento del padrón electoral.
No votar, en estas condiciones, no es sinónimo de apatía, sino una forma legítima y crítica de ejercer los derechos democráticos. El académico Javier Martín Reyes se apoya en 10 argumentos para sustentar la abstención de una forma razonada.
Razones pragmáticas:
1. El proceso es arbitrario, con reglas cambiadas sobre la marcha y criterios opacos.
2. Se ha debilitado la transparencia electoral: sin PREP, conteo rápido ni observación independiente.
3. Existen desigualdades en el valor del voto, y la imposición de paridad al votante limita la libertad.
4. No hay garantías legales efectivas, pues el Tribunal Electoral actúa con parcialidad.
Razones de principios:
5. La elección popular no es adecuada para el perfil de jueces, cuya función exige imparcialidad técnica, no popularidad.
6. Cambiar el método de selección no soluciona los problemas estructurales del sistema judicial.
7. Obligar a los jueces a hacer campaña degrada su función, al convertirlos en actores políticos.
Razones democráticas:
8. El proceso se basa en una mentira: se presenta como democrático, pero oculta una intención de control político.
9. La participación ciudadana va más allá del voto: también implica la denuncia, la vigilancia crítica y la resistencia simbólica.
Razones personales:
10. El contexto político desnaturaliza el rol del juez, volviéndolo una figura útil al poder, no a la justicia. Por eso, los aspirantes íntegros estarían mejor perdiendo que ganando bajo estas condiciones.
Esta "elección" no resolverá la crisis del sistema judicial; más bien la agravará al depender de lógicas partidistas y electorales.
Es un fraude histórico por su falta de garantías, la simulación de la participación ciudadana y la manipulación de los resultados. Además, hay una clara incongruencia en el discurso oficial: mientras se defiende la elección popular para los jueces, se evita aplicar este mismo criterio a otras figuras clave como los fiscales.
Lejos de ser parte de una verdadera reforma al sistema de justicia, esta farsa es un pretexto para concentrar verticalmente el poder.
ISABEL SEPÚLVEDA
Abstención razonada
Me preguntan si es un deber cívico ir a votar en la próxima farsa para elegir jueces y magistrados. Contesto: tener elecciones y votar no es sinónimo de contar con derechos y libertades democráticas. Ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, la extinta Unión Soviética y ahora Rusia, etcétera. En estos países hay elecciones y no hay democracia. La cuatroté ha utilizado su artificial mayoría legislativa para destruir las instituciones democráticas encargadas de vigilar, regular y garantizar dichas libertades y derechos.
Salvo el fracasado caso de Bolivia, ningún país del mundo elige jueces por sufragio directo. Esta "elección" es una farsa que los líderes de Morena quieren convalidar con nuestro voto. Lo que el gobierno federal nos vende como un avance democrático es, en realidad, un mecanismo de la cuatroté para acabar con la independencia judicial y consolidar el control de su poder político sobre el sistema de justicia. Esto representa una grave pérdida del contrapeso institucional que otorga certidumbre jurídica al país.
Hay muy pocos aspirantes que valen la pena; no los van a dejar ganar. Los jueces deben ser seleccionados por sus méritos, trayectoria y ética profesional, no por popularidad ni por una ruidosa campaña electoral. El proceso ha sido manipulado desde el inicio, con un proceso de selección de candidatos ilógico y oscuro, y un INE cooptado.
El sistema de votación es muy complicado. Los ciudadanos no van a contar los votos ni tendrán garantía alguna de que el proceso refleje su voluntad. Esta "elección" no será un proceso ciudadano libre, transparente, respetado y verificable de principio a fin. Por el contrario, los líderes de Morena y el CO son quienes tienen un interés concreto en capturar el Poder Judicial para proteger sus propios intereses, que nada tienen que ver con justicia para los ciudadanos, y aprovechan su capacidad de movilización con engaños y extorsión para lograr una participación que, por lo menos, rebase el 10 por ciento del padrón electoral.
No votar, en estas condiciones, no es sinónimo de apatía, sino una forma legítima y crítica de ejercer los derechos democráticos. El académico Javier Martín Reyes se apoya en 10 argumentos para sustentar la abstención de una forma razonada.
Razones pragmáticas:
1. El proceso es arbitrario, con reglas cambiadas sobre la marcha y criterios opacos.
2. Se ha debilitado la transparencia electoral: sin PREP, conteo rápido ni observación independiente.
3. Existen desigualdades en el valor del voto, y la imposición de paridad al votante limita la libertad.
4. No hay garantías legales efectivas, pues el Tribunal Electoral actúa con parcialidad.
Razones de principios:
5. La elección popular no es adecuada para el perfil de jueces, cuya función exige imparcialidad técnica, no popularidad.
6. Cambiar el método de selección no soluciona los problemas estructurales del sistema judicial.
7. Obligar a los jueces a hacer campaña degrada su función, al convertirlos en actores políticos.
Razones democráticas:
8. El proceso se basa en una mentira: se presenta como democrático, pero oculta una intención de control político.
9. La participación ciudadana va más allá del voto: también implica la denuncia, la vigilancia crítica y la resistencia simbólica.
Razones personales:
10. El contexto político desnaturaliza el rol del juez, volviéndolo una figura útil al poder, no a la justicia. Por eso, los aspirantes íntegros estarían mejor perdiendo que ganando bajo estas condiciones.
Esta "elección" no resolverá la crisis del sistema judicial; más bien la agravará al depender de lógicas partidistas y electorales.
Es un fraude histórico por su falta de garantías, la simulación de la participación ciudadana y la manipulación de los resultados. Además, hay una clara incongruencia en el discurso oficial: mientras se defiende la elección popular para los jueces, se evita aplicar este mismo criterio a otras figuras clave como los fiscales.
Lejos de ser parte de una verdadera reforma al sistema de justicia, esta farsa es un pretexto para concentrar verticalmente el poder.
ISABEL SEPÚLVEDA