Transcripción:
Y AHORA, ISR PARA LA EDUCACIÓN PRIVADA
Como no hay dinero que alcance a cubrir un gargantuesco gasto público para 2026 (unos 1,140 millones de pesos por hora), ahora las cerca de 40 mil escuelas privadas serán sujetas al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre sus utilidades, una tasa que ronda el 30% promedio. Esto, en principio, significará un aumento proporcional en las colegiaturas que pagan los padres de familia. A través de una circular, el Servicio de Administración Tributaria anunció a los colegios, institutos y universidades privadas agrupadas en la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que encabeza Alfredo Villar Jiménez, que deberán cubrir ese gravamen de años anteriores y hacerlo en lo subsecuente.
No se trata de una pretensión fiscal nueva; ya en 2017 el SAT promovió esa cobranza, pero los amparos presentados por las asociaciones civiles lograron que se respetara lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley del ISR, que en su fracción décima señala que no son contribuyentes de tal gravamen las escuelas que forman parte de una asociación civil.
La aplicación del ISR tendría un efecto de encarecimiento de colegiaturas en los centros de ese tipo en el país que atienden a 5 millones de niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, como no todos los padres de familia podrán soportar el pago indirecto del impuesto (además de que las colegiaturas suben a un ritmo de casi 8.0% anual promedio), surgirían dos efectos adversos: 1) el envío de estudiantes a escuelas públicas, donde es conocida la insuficiencia de infraestructura y docentes; 2) por falta de flujo y pérdida de alumnos, se produciría la quiebra de instituciones privadas, a las que, curiosamente, suelen asistir los hijos de los encumbrados políticos morenistas.
Alfredo Villar comenta que los agremiados temen recurrir al recurso de amparo. Y es como dijo en la tribuna de San Lázaro el diputado priista Jericó Abramo Masso: la recién aprobada reforma a la Ley de Amparo es una "reforma fiscal disfrazada".
Si las escuelas que soliciten el amparo deben garantizar lo reclamado por el SAT (es decir, pagar) hasta que se resuelva el fondo del asunto, "y con el riesgo de que, al faltar algún elemento en la declaración fiscal de la escuela que promueva el amparo, podría caer en el supuesto de defraudación fiscal en grado de delincuencia organizada por ser una asociación civil sujeta a la extinción de dominio", apunta Villar.
Temen también que, dada la proclividad de la actual Corte de Justicia hacia las decisiones del gobierno federal, sus amparos sean derrotados. Pero, aun así, promoverán sus medios de defensa... y es una buena oportunidad para que los ministros muestren que legítimamente están "de lado del pueblo".
Preparan otra "licitación a modo" para Black Ecco. La misma empresa que vendió el año pasado miles de impresoras Lexmark al Poder Judicial Federal por 999 millones de pesos, arrumbadas en bodegas por falta de refacciones e insumos, como fue notificado por Fernando Garcidueñas cuando fungía como director de recursos materiales del Consejo de la Judicatura Federal, ya tiene el camino pintadito para ganar otro concurso, este por unos 500 millones de pesos en una dependencia del gobierno.
Se trata de una licitación para servicio de fotocopiado, impresión y escaneo a través de equipos multifuncionales que apenas el lunes pasado tuvo su junta de aclaraciones, donde las 79 preguntas fueron respondidas por la jefa de la unidad de servicios generales y de apoyo, Rosa Elena López Valenzuela, con tal precisión para definir al ganador que solo le faltó decir "queremos las Lexmark de Black Ecco".
El dueño de dicha empresa, René Quintero, ha vendido esos equipos a Pemex y al gobierno del Estado de México, donde abundan las quejas de los usuarios por equipos que suelen estar descontinuados, en mal estado y/o mal instalados. Así como lo hace con el nombre de Black Ecco, también lo hace con sus otras firmas: Soluciones Tecnológicas de Villa y/o Soluciones Tecnológicas de Grijalva.
Y bueno, recién ganó la licitación para proveer a la SEP Oaxaca... pero no han podido cumplir y ya llevan penalización por casi 7 millones de pesos. Pero si ahora "le hacen el milagrito", ni de qué preocuparse.
MAURICIO FLORES