Senado aprueba Ley de Telecomunicaciones; oposición la llama 'Ley Censura'
Resumen:
El Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bautizada por la oposición como la «Ley Censura», al considerarla un atentado contra la libertad de expresión. La votación en lo general fue de 77 votos a favor y 30 en contra, y en lo particular se aceptó una reserva relativa a la suspensión precautoria de transmisiones. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Transcripción:
El Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bautizada por la oposición como la «Ley Censura», al considerarla un atentado contra la libertad de expresión. La votación en lo general fue de 77 votos a favor y 30 en contra, y en lo particular se aceptó una reserva relativa a la suspensión precautoria de transmisiones. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Según el Senado, la legislación busca fortalecer a los medios comunitarios, indígenas y públicos, garantizando su acceso a la radiodifusión con un enfoque multicultural y de derechos humanos. El documento plantea una reestructuración del marco institucional, regulatorio y operativo del sector, para favorecer a medios sin fines de lucro con mayor viabilidad financiera y legal.
Uno de los cambios más relevantes es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta nueva agencia contará con una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano con independencia técnica y operativa, integrado por cinco comisionados.
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La ley reconoce a las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, esenciales para garantizar derechos como la educación, salud, información y libertad de expresión.
Además, regula la asignación y uso del espectro radioeléctrico, incluyendo nuevas modalidades como esquemas compartidos, redes inteligentes y plataformas de gran altitud. También se contemplan beneficios fiscales y exenciones para concesionarios que operen en zonas de difícil acceso.
Originalmente, la propuesta incluía el controvertido artículo 109, que facultaba a la ATDT a bloquear temporalmente plataformas digitales que incumplieran la normativa. La inclusión de esta medida provocó una oleada de críticas, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a solicitar su eliminación o modificación, aclarando que "nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie".
Finalmente, el artículo fue eliminado del dictamen, así como el esquema de propaganda extranjera, que también generaba preocupación.
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Otro punto polémico es la ampliación de las causales para la suspensión de transmisiones de radio y televisión. Para la oposición, este apartado representa un riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información.
El PRI y el PAN calificaron la legislación como un retroceso democrático, mientras que expertos como Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco, matizaron que esta figura legal ya existía desde 2014 y nunca ha sido aplicada. Aclaró que debe existir un procedimiento administrativo formal antes de ordenar cualquier suspensión, lo cual impide que se ejerza de manera arbitraria.
(WCLS)
Según el Senado, la legislación busca fortalecer a los medios comunitarios, indígenas y públicos, garantizando su acceso a la radiodifusión con un enfoque multicultural y de derechos humanos. El documento plantea una reestructuración del marco institucional, regulatorio y operativo del sector, para favorecer a medios sin fines de lucro con mayor viabilidad financiera y legal.
Uno de los cambios más relevantes es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta nueva agencia contará con una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano con independencia técnica y operativa, integrado por cinco comisionados.
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La ley reconoce a las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general, esenciales para garantizar derechos como la educación, salud, información y libertad de expresión.
Además, regula la asignación y uso del espectro radioeléctrico, incluyendo nuevas modalidades como esquemas compartidos, redes inteligentes y plataformas de gran altitud. También se contemplan beneficios fiscales y exenciones para concesionarios que operen en zonas de difícil acceso.
Originalmente, la propuesta incluía el controvertido artículo 109, que facultaba a la ATDT a bloquear temporalmente plataformas digitales que incumplieran la normativa. La inclusión de esta medida provocó una oleada de críticas, lo que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a solicitar su eliminación o modificación, aclarando que "nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie".
Finalmente, el artículo fue eliminado del dictamen, así como el esquema de propaganda extranjera, que también generaba preocupación.
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Otro punto polémico es la ampliación de las causales para la suspensión de transmisiones de radio y televisión. Para la oposición, este apartado representa un riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información.
El PRI y el PAN calificaron la legislación como un retroceso democrático, mientras que expertos como Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco, matizaron que esta figura legal ya existía desde 2014 y nunca ha sido aplicada. Aclaró que debe existir un procedimiento administrativo formal antes de ordenar cualquier suspensión, lo cual impide que se ejerza de manera arbitraria.
(WCLS)