Narco engancha a migrantes con visas laborales para EU y Canadá
Resumen:
Son miles los albañiles, carpinteros, jardineros, soldadores y otros trabajadores de primera línea que buscan empleo en Norteamérica, más allá del río Bravo.
Transcripción:
Son miles los albañiles, carpinteros, jardineros, soldadores y otros trabajadores de primera línea que buscan empleo en Norteamérica, más allá del río Bravo.
A ellos, los cárteles de la droga los ven como botín y ya toman control de ese trabajo migrante temporal en Estados Unidos y Canadá con el fin de diversificar sus actividades ilícitas.
De acuerdo con sindicatos, activistas y autoridades de Canadá, Estados Unidos y México que han denunciado por décadas las violaciones de los derechos laborales, el crimen organizado tomó notas del ninguneo a las víctimas y fue tras el millonario negocio.
Observó que pueden pedir cuotas ilegales de entre 7 mil y 25 mil pesos por reclutamiento o por ofrecer trabajos inexistentes; que no pasa nada si cobran por transportar a los aspirantes a sus sitios de trabajo, aunque esté prohibido; que montar falsas entrevistas laborales es sencillo y que pueden llevar de aquí para allá a narcos, amén de las víctimas de trata.
Entre 2015 y 2020 la organización civil estadunidense Polaris identificó a más de 10 mil potenciales víctimas de trata relacionadas con México que laboraban en diversas industrias en EU.
El Sindicato de Alimentosy Co mercio de Canadá (UFCW, por su sigla en inglés) denunció entre 2017 y 2018 una red de trabajo sexual y explotación laboral que funcionaba a base de engaños y extorsiones a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT).
"Lo que nos están diciendo los trabajadores que buscan ayuda en Canadá es que los reclutadores van a sus municipios y les venden la idea de que harán ciertas labores, pero en realidad es una oportunidad para el crimen organizado de meterse en la economía gris, bajo la mesa, a través de la contratación temporal.
"El problema es que hay una falta de inspección por parte de los gobiernos en el PTAT de cómo se crean o cómo operan muchas empresas que están llevando a los trabajadores", advirtió Pablo Godoy, director de Asuntos Internacionales del UFCW, en entrevista con MILENIO.
El Programa de Trabajadores inició operaciones en 1974 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de México y Canadá con el fin de mantener un movimiento migratorio regulado que se ha mantenido en un incremento ligero, pero persistente.
Para este año, oficialmente se calcula que llegará a 27 mil personas. Desde 2018, cuando fueron 25 mil 331 trabajadores, cada año se ha mantenido desde una base de 22 mil 130 en 2020 hasta picos de 26 mil 407 en 2019, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración.
A pesar de la importancia binacional, Godoy señala que el programa no cuenta con un registro público y abierto, le falta inspección y hay lagunas legales.
Esquemas más complejos enfrentan quienes van a EU, reconoce la asociación binacional Centro de los Derechos del Migrante (CDM), que desde 2014 ha documentado los abusos a través de la contratación temporal, que impactan anualmente hasta a 10 mil familias.
A diferencia de lo que sucede con Canadá, con EU no hay un acuerdo formal para la movilidad. Sin embargo, este ofrece visas H2A, para trabajadores agrícolas, y H2B, para oficios como construcción, jardinería, ferias y carnavales. A través de éstas se llevan desde aquí a más de 350 mil personas.
Aunque en tiempos recientes el Departamento del Trabajo en EU exige más requisitos a sus empresas, estas todavía tienen libertad de contratar a intermediarios para el reclutamiento en México, es justo ahí donde los cárteles meten su colmillo: con esquemas ilegales mueven a capricho las "plazas" y dominan las actividades económicas.
La ley del más fuerte
El CDM se dio cuenta de que las bandas criminales tomaron en sus manos la migración documentada cuando, después de la pandemia, los activistas del centro intentaron dar capacitaciones contra fraudes en poblados de Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato.
Descubrieron que los nuevos victimarios de los jornaleros y obreros temporales ya no eran los simples vivillos escurridizos que defraudaban y se iban para no volver, sino que la ley del más fuerte había llegado para quedarse.
"Cuando hicimos los análisis de seguridad nos dimos cuenta de que no había condiciones adecuadas para hacer los talleres o dar capacitaciones: en los caminos hay personas armadas que están vigilando y no permiten el paso", advierte Jocelyn Reyes, directora de Promoción, Educación y Desarrollo del CDM.
Aunque este perfil de denuncia no es nuevo en el país, sí se ha extendido en varios estados desde 2012, según el informe "Jornaleros mexicanos en EU con visa: los modernos olvidados" del proyecto Jornaleros Safe.
Con el aval de las organizaciones Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers, activistas sociales documentaron casos en Baja California, Guerrero, Oaxaca, Sonoray Veracruz. "No sabemos a qué cártel pertenecen, pero tienen el control de las visas H2A y de las listas de espera", refiere Leticia Gutiérrez, quien fue parte de la investigación.
En Monterrey, Nuevo León, líder mundial en emisión de visas H2, el abogado José Jiménez, cuyo nombre fue modificado por seguridad, documentó el caso de tres empresas de EU que contrataron a 250 personas para cortar zacate, pero nunca llegaron al trabajo.
"Había algo sospechoso cuando fueron al despacho y me pidieron ayuda para llenar las solicitudes para visas H2", recuerda. "Yo me dedico a eso y, al entrevistarlos, noté que todos se presentaban como campesinos, pero tenían las manos suaves, como si nunca hubieran tocado la tierra, y pantalones de marca. Después deduje que eran del Cártel Jalisco Nueva Generación llevando gente a EU".
Para tener la versión de los hechos por parte de la Secretaría del Trabajo mexicana, vigilante de las contrataciones H2, este diario contactó al área de Comunicación Social, pero no respondió.
A ellos, los cárteles de la droga los ven como botín y ya toman control de ese trabajo migrante temporal en Estados Unidos y Canadá con el fin de diversificar sus actividades ilícitas.
De acuerdo con sindicatos, activistas y autoridades de Canadá, Estados Unidos y México que han denunciado por décadas las violaciones de los derechos laborales, el crimen organizado tomó notas del ninguneo a las víctimas y fue tras el millonario negocio.
Observó que pueden pedir cuotas ilegales de entre 7 mil y 25 mil pesos por reclutamiento o por ofrecer trabajos inexistentes; que no pasa nada si cobran por transportar a los aspirantes a sus sitios de trabajo, aunque esté prohibido; que montar falsas entrevistas laborales es sencillo y que pueden llevar de aquí para allá a narcos, amén de las víctimas de trata.
Entre 2015 y 2020 la organización civil estadunidense Polaris identificó a más de 10 mil potenciales víctimas de trata relacionadas con México que laboraban en diversas industrias en EU.
El Sindicato de Alimentosy Co mercio de Canadá (UFCW, por su sigla en inglés) denunció entre 2017 y 2018 una red de trabajo sexual y explotación laboral que funcionaba a base de engaños y extorsiones a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT).
"Lo que nos están diciendo los trabajadores que buscan ayuda en Canadá es que los reclutadores van a sus municipios y les venden la idea de que harán ciertas labores, pero en realidad es una oportunidad para el crimen organizado de meterse en la economía gris, bajo la mesa, a través de la contratación temporal.
"El problema es que hay una falta de inspección por parte de los gobiernos en el PTAT de cómo se crean o cómo operan muchas empresas que están llevando a los trabajadores", advirtió Pablo Godoy, director de Asuntos Internacionales del UFCW, en entrevista con MILENIO.
El Programa de Trabajadores inició operaciones en 1974 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de México y Canadá con el fin de mantener un movimiento migratorio regulado que se ha mantenido en un incremento ligero, pero persistente.
Para este año, oficialmente se calcula que llegará a 27 mil personas. Desde 2018, cuando fueron 25 mil 331 trabajadores, cada año se ha mantenido desde una base de 22 mil 130 en 2020 hasta picos de 26 mil 407 en 2019, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración.
A pesar de la importancia binacional, Godoy señala que el programa no cuenta con un registro público y abierto, le falta inspección y hay lagunas legales.
Esquemas más complejos enfrentan quienes van a EU, reconoce la asociación binacional Centro de los Derechos del Migrante (CDM), que desde 2014 ha documentado los abusos a través de la contratación temporal, que impactan anualmente hasta a 10 mil familias.
A diferencia de lo que sucede con Canadá, con EU no hay un acuerdo formal para la movilidad. Sin embargo, este ofrece visas H2A, para trabajadores agrícolas, y H2B, para oficios como construcción, jardinería, ferias y carnavales. A través de éstas se llevan desde aquí a más de 350 mil personas.
Aunque en tiempos recientes el Departamento del Trabajo en EU exige más requisitos a sus empresas, estas todavía tienen libertad de contratar a intermediarios para el reclutamiento en México, es justo ahí donde los cárteles meten su colmillo: con esquemas ilegales mueven a capricho las "plazas" y dominan las actividades económicas.
La ley del más fuerte
El CDM se dio cuenta de que las bandas criminales tomaron en sus manos la migración documentada cuando, después de la pandemia, los activistas del centro intentaron dar capacitaciones contra fraudes en poblados de Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato.
Descubrieron que los nuevos victimarios de los jornaleros y obreros temporales ya no eran los simples vivillos escurridizos que defraudaban y se iban para no volver, sino que la ley del más fuerte había llegado para quedarse.
"Cuando hicimos los análisis de seguridad nos dimos cuenta de que no había condiciones adecuadas para hacer los talleres o dar capacitaciones: en los caminos hay personas armadas que están vigilando y no permiten el paso", advierte Jocelyn Reyes, directora de Promoción, Educación y Desarrollo del CDM.
Aunque este perfil de denuncia no es nuevo en el país, sí se ha extendido en varios estados desde 2012, según el informe "Jornaleros mexicanos en EU con visa: los modernos olvidados" del proyecto Jornaleros Safe.
Con el aval de las organizaciones Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y United Farm Workers, activistas sociales documentaron casos en Baja California, Guerrero, Oaxaca, Sonoray Veracruz. "No sabemos a qué cártel pertenecen, pero tienen el control de las visas H2A y de las listas de espera", refiere Leticia Gutiérrez, quien fue parte de la investigación.
En Monterrey, Nuevo León, líder mundial en emisión de visas H2, el abogado José Jiménez, cuyo nombre fue modificado por seguridad, documentó el caso de tres empresas de EU que contrataron a 250 personas para cortar zacate, pero nunca llegaron al trabajo.
"Había algo sospechoso cuando fueron al despacho y me pidieron ayuda para llenar las solicitudes para visas H2", recuerda. "Yo me dedico a eso y, al entrevistarlos, noté que todos se presentaban como campesinos, pero tenían las manos suaves, como si nunca hubieran tocado la tierra, y pantalones de marca. Después deduje que eran del Cártel Jalisco Nueva Generación llevando gente a EU".
Para tener la versión de los hechos por parte de la Secretaría del Trabajo mexicana, vigilante de las contrataciones H2, este diario contactó al área de Comunicación Social, pero no respondió.