Transcripción:
Cuenta corriente
Caso Aguakan en Q. ROO, será referente para IP
Alicia Salgado
Una de las preocupaciones centrales del sector privado y financiero del país, está focalizada en la forma en que procesen y resuelvan asuntos civiles, mercantiles y administrativos (locales), en el Poder Judicial en los estados donde hubo elección y sustitución de jueces locales.
De ahí que el caso de Aguakan --empresa concesionaria desde hace 30 años de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad-- uno de los más controversiales en Quintana Roo durante los últimos años, se vuelva "observable y referente", para definir el costo del riesgo judicial de establecer una inversión o realizar un contrato en el estado que gobierna Mara Lezama.
Todo comenzó con la prórroga de la concesión de agua potable y saneamiento otorgada mediante el Decreto 250 en 2014, y que desde 2023 el Congreso local busca revertir con el Decreto 195. Este intento ha derivado en una batalla legal, cuyo desenlace está en manos del Poder Judicial, y podría sentar un precedente grave sobre la certeza jurídica y la validez de las decisiones públicas de largo plazo.
La magistrada Berenice Polanco Córdova conoce bien el expediente de Aguakan porque en 2014, siendo legisladora de la XIV Legislatura del Congreso de Quintana Roo y presidenta de la Comisión de Justicia, votó a favor del decreto que ratificó y prorrogó hasta 2053 la concesión del servicio integral de agua potable y saneamiento en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
Hoy, más de una década después, Polanco Córdova integra el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el mismo que deberá resolver hoy, si no sucede nada extraño, si se revoca la admisión del amparo 71/2024, promovido por una de las empresas afectadas por el Decreto 195, con el que el Congreso local pretende anular la prórroga. Es decir, una misma persona podría estar sosteniendo, en dos momentos distintos, posturas jurídicas diferentes frente al mismo caso, ¿ocurrirá?
Además, en la misma resolución intervendrá también el ahora magistrado Lenin Zenteno Ávila, quien fue director jurídico y luego secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez en Quintana Roo que encabezó como presidente municipal Gregorio Sánchez, personaje que en 2010 fue arrestado por cargos relacionados con narcotráfico.
Lenin Zenteno también ha participado como asesor y abogado del gobierno de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez; quienes conocen su trayectoria, afirman que su ascenso en el Poder Judicial no ha estado vinculado a una trayectoria o carrera jurisdiccional, sino a designaciones políticas promovidas desde el gobierno del estado. Obvio se visualiza un claro conflicto de interés.
Lo mismo puede decirse de Polanco Córdova: su llegada al tribunal obedece a una nominación respaldada por la gobernadora Mara Lezama, dado que fue subsecretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal antes de ocupar su actual cargo judicial. Ambos magistrados fueron nombrados en septiembre de 2025 tras el proceso de elección judicial.
Por eso insisto: dada la relevancia del caso, no sólo es la trayectoria de los juzgadores la que está en juego, sino además la confianza pública en la imparcialidad de la impartición de justicia del Poder Judicial que concentra inversiones por 36 mil 700 millones de dólares al cierre de 2025 y, la posible revocación de un amparo concedido es un tema grave.
DE FONDOS A FONDO
PlanRE-Nissan... Rodrigo Centeno, presidente y CEO de Nissan Motors Corporation México, confirmó en diciembre, junto con Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura, el inicio de la construcción de la nueva nave industrial del complejo de Aguascalientes, que albergará la producción de la NP-300 (90 mil vehículos) y el Versa (110 mil vehículos), que suma la producción de Civac, Morelos y el de la planta de Argentina.
Caso Aguakan en Q Roo será referente para IP.
Cuenta corriente, Alicia Salgado.
Está en juego la confianza pública en la imparcialidad de la impartición de justicia del PJ.
Una de las preocupaciones del sector privado está focalizada en la forma en que procesen asuntos en el Poder Judicial.
En el servicio público, las decisiones no se borran. Se archivan... y tarde o temprano, regresan. Hoy es la insistencia de violar la ley para revocar una concesión no por mala administración ni demanda popular como se quiere justificar, sino porque el gobierno de Lezama la considera una fuente adicional de recursos estatales donde los impuestos al turismo ya no dan para más.