Corporativo // Retroceso en Ley de Amparo
Resumen:
Retroceso en Ley de Amparo
Transcripción:
Retroceso en Ley de Amparo
En el frente empresarial existe preocupación por las reformas planteadas al Congreso a la Ley de Amparo del pasado 11 de septiembre, que además involucran modificaciones al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Uno de los organismos del sector privado más vocales ha sido Coparmex, que preside Juan José Sierra, quien ha afirmado que "lejos de acercar la justicia al pueblo, la propuesta dificulta la defensa de los derechos de los ciudadanos".
Asimismo, expertos en Derecho Constitucional como Ana Laura Magaloni Kerpel, tras la revisión de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han afirmado que los cambios propuestos afectarán con mayor fuerza a quienes cuentan con menos recursos, además de blinda actos autoritarios y daría espacio a la impunidad.
Aunque se han anunciado mejoras -como la digitalización de trámites y la fijación de plazos más cortos para dictar sentencias-, la realidad es que la iniciativa en cuestión pretende que el ciudadano requiera más requisitos para obtener la protección de la ley ante un acto de abuso de autoridad, impone más obstáculos para detener actos injustos, especialmente para obtener una suspensión provisional, y en pocas palabras, dará menos oportunidades de defensa tanto al ciudadano como a los grupos que busquen la defensa colectiva.
El caso es que existe inquietud en el sector privado, ya que la iniciativa presenta como avances la agilización procesal y la digitalización de trámites; sin embargo, en lo esencial reduce la eficacia del amparo como recurso constitucional, fortalece a la autoridad frente al ciudadano y puede contravenir compromisos internacionales.
Esto ocurre en un contexto de concentración del poder político, dado el control que ejerce Morena en el Congreso y su gran influencia en la conformación del nuevo poder judicial.
En un escenario de mayor control gubernamental sobre los datos, telecomunicaciones y, por supuesto, debido a sus potestades en seguridad, el ciudadano tendrá menos herramientas para defender su libertad y patrimonio.
Al final, por supuesto, está la relación que ciudadanos y empresas tengan con los jueces, donde el respeto a los derechos dependerá más de la discrecionalidad que de la protección judicial efectiva.
Coparmex ha resaltado lo relativo a la suspensión provisional que entraña el juicio de amparo.
La mala noticia es que la reforma endurece los requisitos para conceder la suspensión: ahora se debe probar la apariencia de buen derecho, un interés suspensional específico y que no haya daño a la sociedad.
Además, amplía los casos en los que esa parte del proceso jurídico ya no procederá, como bloqueos financieros, obtención de información, permisos y concesiones, prisión preventiva oficiosa, así como actos en telecomunicaciones y competencia.
También surge la problemática de una actualización de redacción: se cambia la mención expresa al IFT y Cofece por una referencia genérica a los nuevos órganos reguladores previstos en la reciente reforma al artículo 28 constitucional, manteniendo la misma restricción.
En caso de que se proceda al bloqueo de una cuenta bancaria debido a una diferencia con la autoridad, solo se podrá usar una parte mínima de ese dinero para sobrevivir, mientras se demuestra que es lícito, con el inconveniente de que los datos personales y financieros podrán ser obtenidos por la autoridad sin control judicial, sin posibilidad de frenar el acto preventivamente.
Si la empresa depende de un permiso y este se cancela arbitrariamente, no se podrá detener el acto reclamado, y podrías ir a la quiebra antes de que termine el juicio. Si eres imputado con prisión preventiva oficiosa, no podrás obtener suspensión para recuperar tu libertad, aunque haya irregularidades en el proceso.
Si el usuario o la empresa está en el sector de telecomunicaciones, no podrás frenar de inmediato una norma o decisión que te afecte; deberás esperar la sentencia final, incluso si el daño ya es irreversible.
El caso es que el juicio de amparo, con la propuesta del oficialismo, dejará al ciudadano en gran vulnerabilidad, por lo que tampoco es el mejor escenario para la generación de nuevas inversiones nacionales y extranjeras que tanto requiere la economía para recuperar el crecimiento perdido en estos años.
Las reformas planteadas a la Ley de Amparo afectarán en el futuro a quienes soliciten la protección en lo individual y en temas colectivos, lo que limitará la defensa ciudadana.
ROGELIO VARELA
En el frente empresarial existe preocupación por las reformas planteadas al Congreso a la Ley de Amparo del pasado 11 de septiembre, que además involucran modificaciones al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Uno de los organismos del sector privado más vocales ha sido Coparmex, que preside Juan José Sierra, quien ha afirmado que "lejos de acercar la justicia al pueblo, la propuesta dificulta la defensa de los derechos de los ciudadanos".
Asimismo, expertos en Derecho Constitucional como Ana Laura Magaloni Kerpel, tras la revisión de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han afirmado que los cambios propuestos afectarán con mayor fuerza a quienes cuentan con menos recursos, además de blinda actos autoritarios y daría espacio a la impunidad.
Aunque se han anunciado mejoras -como la digitalización de trámites y la fijación de plazos más cortos para dictar sentencias-, la realidad es que la iniciativa en cuestión pretende que el ciudadano requiera más requisitos para obtener la protección de la ley ante un acto de abuso de autoridad, impone más obstáculos para detener actos injustos, especialmente para obtener una suspensión provisional, y en pocas palabras, dará menos oportunidades de defensa tanto al ciudadano como a los grupos que busquen la defensa colectiva.
El caso es que existe inquietud en el sector privado, ya que la iniciativa presenta como avances la agilización procesal y la digitalización de trámites; sin embargo, en lo esencial reduce la eficacia del amparo como recurso constitucional, fortalece a la autoridad frente al ciudadano y puede contravenir compromisos internacionales.
Esto ocurre en un contexto de concentración del poder político, dado el control que ejerce Morena en el Congreso y su gran influencia en la conformación del nuevo poder judicial.
En un escenario de mayor control gubernamental sobre los datos, telecomunicaciones y, por supuesto, debido a sus potestades en seguridad, el ciudadano tendrá menos herramientas para defender su libertad y patrimonio.
Al final, por supuesto, está la relación que ciudadanos y empresas tengan con los jueces, donde el respeto a los derechos dependerá más de la discrecionalidad que de la protección judicial efectiva.
Coparmex ha resaltado lo relativo a la suspensión provisional que entraña el juicio de amparo.
La mala noticia es que la reforma endurece los requisitos para conceder la suspensión: ahora se debe probar la apariencia de buen derecho, un interés suspensional específico y que no haya daño a la sociedad.
Además, amplía los casos en los que esa parte del proceso jurídico ya no procederá, como bloqueos financieros, obtención de información, permisos y concesiones, prisión preventiva oficiosa, así como actos en telecomunicaciones y competencia.
También surge la problemática de una actualización de redacción: se cambia la mención expresa al IFT y Cofece por una referencia genérica a los nuevos órganos reguladores previstos en la reciente reforma al artículo 28 constitucional, manteniendo la misma restricción.
En caso de que se proceda al bloqueo de una cuenta bancaria debido a una diferencia con la autoridad, solo se podrá usar una parte mínima de ese dinero para sobrevivir, mientras se demuestra que es lícito, con el inconveniente de que los datos personales y financieros podrán ser obtenidos por la autoridad sin control judicial, sin posibilidad de frenar el acto preventivamente.
Si la empresa depende de un permiso y este se cancela arbitrariamente, no se podrá detener el acto reclamado, y podrías ir a la quiebra antes de que termine el juicio. Si eres imputado con prisión preventiva oficiosa, no podrás obtener suspensión para recuperar tu libertad, aunque haya irregularidades en el proceso.
Si el usuario o la empresa está en el sector de telecomunicaciones, no podrás frenar de inmediato una norma o decisión que te afecte; deberás esperar la sentencia final, incluso si el daño ya es irreversible.
El caso es que el juicio de amparo, con la propuesta del oficialismo, dejará al ciudadano en gran vulnerabilidad, por lo que tampoco es el mejor escenario para la generación de nuevas inversiones nacionales y extranjeras que tanto requiere la economía para recuperar el crecimiento perdido en estos años.
Las reformas planteadas a la Ley de Amparo afectarán en el futuro a quienes soliciten la protección en lo individual y en temas colectivos, lo que limitará la defensa ciudadana.
ROGELIO VARELA