La ruta hasta el desafuero
Resumen:
En caso de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente pruebas sólidas de actividades vinculadas al narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya senador Enrique Inzunza, su extradición tardaría meses debido la protección que les otorga el fuero.
Transcripción:
La ruta hasta el desafuero
En caso de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente pruebas sólidas de actividades vinculadas al narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, su extradición tardaría meses debido a la protección que les otorga el fuero.
Aunque existe un tratado de extradición con EU, la detención con fines de proceso penal en México requiere que el Congreso de la Unión retire primero la inmunidad, explicó el abogado penalista Gabriel Regino.
Correspondería a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra ambos. En el caso del gobernador, el Congreso local debe ratificar la remoción.
La ruta legal que enfrentan llevaría varios meses
PROCESO CONTRA ROCHA, INZUNZA Y OCHO MÁS
POR HÉCTOR FIGUEROA
En caso de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente pruebas sólidas de actividades vinculadas al narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, el proceso para ser extraditados a Estados Unidos podría prolongarse por varios meses.
Aunque el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos prevé que las solicitudes de extradición se resuelvan ipso facto, en este caso, por tratarse de un funcionario público y un representante popular, ambos están protegidos por la figura de inmunidad procesal o fuero.
El procedimiento de extradición, de acuerdo con el tratado, es administrativo y formalmente penal y prevé una figura autónoma y previa que es la detención provisional de la persona requerida, según señaló el abogado penalista Gabriel Regino a través de su plataforma digital.
"Para que aquella se realice, es condición que la persona requerida cuente con un mandato judicial de captura por parte del Estado requirente, lo que en el caso Sinaloa se cumple, y sólo debe enviarse la petición diplomática, copia de la orden de arresto y datos de identificación del requerido", argumentó el penalista.
Sin embargo, la detención con fines de proceso penal en México, tanto de gobernadores y legisladores, está sujeta a que previamente se les retire el fuero o inmunidad procesal, por lo que el Congreso de la Unión interviene y la Fiscalía General de la República tendría que solicitar su desafuero, una vez que considere tener las pruebas suficientes.
Así, correspondería a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra ambos, a fin de retirarles el fuero, para que pudieran ser detenidos, enfrentar a la justicia mexicana y, en su caso, ser extraditados.
El proceso de desafuero es el siguiente: la FGR o el Ministerio Público presenta una denuncia ante la Cámara de Diputados. La solicitud pasa a la Sección Instructora, integrada por cuatro diputados, y esta subcomisión revisa el caso, practica diligencias y da derecho de audiencia al acusado.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que tras 60 días hábiles, la Sección Instructora emite un dictamen indicando si hay elementos para proceder penalmente. Acto seguido, el pleno se erige en Jurado de Procedencia para votar el dictamen de desafuero.
Si la mayoría absoluta aprueba el desafuero, el funcionario queda separado de su cargo inmediatamente y sujeto a los tribunales ordinarios. Si es un funcionario local, como un gobernador, por ejemplo, el Congreso local debe ratificar la remoción.
Por ejemplo, en abril de 2021, en el caso del desafuero del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Cámara de Diputados federal le retiró el fuero, pero el Congreso de Tamaulipas rechazó retirarle la inmunidad procesal. Actualmente se encuentra como no localizable.
El gobernador y el senador están protegidos por la figura de inmunidad procesal o fuero.
DESAPARICIÓN DE PODERES. Si un gobernador es llevado ante la justicia por delitos federales o locales, el Senado de la República tiene que decretar la desaparición de poderes en la entidad, ante la ausencia del mandatario estatal y nombrar a un gobernador provisional, en tanto se organizan nuevas elecciones.
PARA LLEGAR A LA EXTRADICIÓN. En los pasos legales que ello conllevaría participan el Congreso federal y el local, a reserva de presentar las pruebas requeridas. EL PROCESO DE DESAFUERO. Denuncia y revisión: Una Sección Instructora analiza el caso durante 60 días hábiles. Votación: El pleno de la Cámara de Diputados decide por mayoría absoluta si procede el desafuero. Ratificación local: En el caso de un gobernador, el Congreso del estado debe ratificar la decisión. CONSECUENCIAS POLÍTICAS. Desaparición de poderes. Nombramiento de un gobierno provisional. Convocatoria para nuevas elecciones.
En caso de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente pruebas sólidas de actividades vinculadas al narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, su extradición tardaría meses debido a la protección que les otorga el fuero.
Aunque existe un tratado de extradición con EU, la detención con fines de proceso penal en México requiere que el Congreso de la Unión retire primero la inmunidad, explicó el abogado penalista Gabriel Regino.
Correspondería a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra ambos. En el caso del gobernador, el Congreso local debe ratificar la remoción.
La ruta legal que enfrentan llevaría varios meses
PROCESO CONTRA ROCHA, INZUNZA Y OCHO MÁS
POR HÉCTOR FIGUEROA
En caso de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente pruebas sólidas de actividades vinculadas al narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, el proceso para ser extraditados a Estados Unidos podría prolongarse por varios meses.
Aunque el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos prevé que las solicitudes de extradición se resuelvan ipso facto, en este caso, por tratarse de un funcionario público y un representante popular, ambos están protegidos por la figura de inmunidad procesal o fuero.
El procedimiento de extradición, de acuerdo con el tratado, es administrativo y formalmente penal y prevé una figura autónoma y previa que es la detención provisional de la persona requerida, según señaló el abogado penalista Gabriel Regino a través de su plataforma digital.
"Para que aquella se realice, es condición que la persona requerida cuente con un mandato judicial de captura por parte del Estado requirente, lo que en el caso Sinaloa se cumple, y sólo debe enviarse la petición diplomática, copia de la orden de arresto y datos de identificación del requerido", argumentó el penalista.
Sin embargo, la detención con fines de proceso penal en México, tanto de gobernadores y legisladores, está sujeta a que previamente se les retire el fuero o inmunidad procesal, por lo que el Congreso de la Unión interviene y la Fiscalía General de la República tendría que solicitar su desafuero, una vez que considere tener las pruebas suficientes.
Así, correspondería a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra ambos, a fin de retirarles el fuero, para que pudieran ser detenidos, enfrentar a la justicia mexicana y, en su caso, ser extraditados.
El proceso de desafuero es el siguiente: la FGR o el Ministerio Público presenta una denuncia ante la Cámara de Diputados. La solicitud pasa a la Sección Instructora, integrada por cuatro diputados, y esta subcomisión revisa el caso, practica diligencias y da derecho de audiencia al acusado.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que tras 60 días hábiles, la Sección Instructora emite un dictamen indicando si hay elementos para proceder penalmente. Acto seguido, el pleno se erige en Jurado de Procedencia para votar el dictamen de desafuero.
Si la mayoría absoluta aprueba el desafuero, el funcionario queda separado de su cargo inmediatamente y sujeto a los tribunales ordinarios. Si es un funcionario local, como un gobernador, por ejemplo, el Congreso local debe ratificar la remoción.
Por ejemplo, en abril de 2021, en el caso del desafuero del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Cámara de Diputados federal le retiró el fuero, pero el Congreso de Tamaulipas rechazó retirarle la inmunidad procesal. Actualmente se encuentra como no localizable.
El gobernador y el senador están protegidos por la figura de inmunidad procesal o fuero.
DESAPARICIÓN DE PODERES. Si un gobernador es llevado ante la justicia por delitos federales o locales, el Senado de la República tiene que decretar la desaparición de poderes en la entidad, ante la ausencia del mandatario estatal y nombrar a un gobernador provisional, en tanto se organizan nuevas elecciones.
PARA LLEGAR A LA EXTRADICIÓN. En los pasos legales que ello conllevaría participan el Congreso federal y el local, a reserva de presentar las pruebas requeridas. EL PROCESO DE DESAFUERO. Denuncia y revisión: Una Sección Instructora analiza el caso durante 60 días hábiles. Votación: El pleno de la Cámara de Diputados decide por mayoría absoluta si procede el desafuero. Ratificación local: En el caso de un gobernador, el Congreso del estado debe ratificar la decisión. CONSECUENCIAS POLÍTICAS. Desaparición de poderes. Nombramiento de un gobierno provisional. Convocatoria para nuevas elecciones.