Pendiente Resbaladiza // Ley de telecomunicaciones: la inconformidad generalizada
Resumen:
Pendiente Resbaladiza
Transcripción:
Pendiente Resbaladiza
Ley de telecomunicaciones: la inconformidad generalizada, casi un mes después de que se hiciera pública la iniciativa para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no ha pasado un solo día sin que se publiquen decenas de notas periodísticas advirtiendo sobre sus riesgos para los derechos de los mexicanos. A finales de abril, la 4T ya tenía previsto aprobar la nueva ley y publicarla en el Diario Oficial de la Federación en un máximo de dos o tres días, con el objetivo de que entrara en vigor precisamente en estas fechas.
El régimen de censura era tan descarado y persistente en todo el ordenamiento que la sociedad alcanzó a indignarse y manifestarse en las redes sociales con tal magnitud y rapidez que el oficialismo se vio forzado a parar el proceso legislativo y por lo menos escuchar algunas opiniones, ya sea de representantes de los sectores más afectados o de expertos.
Se implementó una nueva figura parlamentaria a la que llamaron "conversatorios", en los que los ponentes expondrían ante el Senado de la República sus principales preocupaciones sobre la nueva legislación.
Los conversatorios, en realidad, no tienen una fuerza vinculante que obligue a los legisladores a considerarlos en la ley o atender las preocupaciones de los ponentes, pero sí han servido hasta ahora para exhibir que la inconformidad con la iniciativa de la nueva ley es en esencia generalizada. Si bien la característica más llamativa de la iniciativa fue la censura, en los conversatorios se ha observado que la variedad de problemas relacionados con la nueva ley es amplísima. Se advierten riesgos graves sobre el debilitamiento de la regulación asimétrica del sector de telecomunicaciones, el desbalance de la regulación entre los servicios de televisión y las plataformas digitales, el sobrecosto del espectro radioeléctrico, las vulnerabilidades de la nueva estructura institucional, el severo régimen de sanciones, la desnaturalización de las concesiones de uso social y público que simulan concesiones comerciales, entre muchos otros. Los problemas son tan diversos y afectan en tantos niveles y dimensiones que los ponentes han debido administrar con sumo cuidado los cinco minutos que cada uno de ellos tiene en los conversatorios para priorizar las peticiones más urgentes.
Si tuviéramos que resumir las preocupaciones que se han expuesto hasta ahora en los cuatro (de cinco) conversatorios concluidos a la fecha, podría decirse que la iniciativa está plagada de inconsistencias, excesos, deficiencias de técnica legislativa y violaciones constitucionales, y en lo absoluto refleja la voluntad de la sociedad, como debería ocurrir en un sistema democrático.
La eliminación o replanteamiento de uno o dos de los artículos que mayor revuelo causaron en el debate público, de ninguna manera será suficiente para contener los problemas legislativos y judiciales que vendrían si no se incluyen ajustes estructurales en la iniciativa. Lamentablemente, hasta ahora tanto la presidenta Sheinbaum como los líderes de su bancada en el Senado han sugerido que los cambios serán más bien cosméticos, dando a entender que los conversatorios no serán más que un ejercicio de democracia utópica. Esperemos que las aportaciones de los ponentes en los conversatorios hagan mella en la postura de los legisladores, pues de lo contrario, podría anticiparse la interposición de una lluvia de amparos en contra de la ley, tan pronto como ésta entre en vigor. Considerando los tiempos de la elección judicial y el plazo de entrada en vigor previsto para la nueva ley, estos amparos posiblemente sean resueltos todavía por el Poder Judicial Federal actual o, en todo caso, por jueces recién electos que probablemente no se encuentren todavía establecidos y organizados para atender de manera consistente y sólida una acción judicial masiva de esta magnitud.
Diana N. Ronquillo
Ley de telecomunicaciones: la inconformidad generalizada, casi un mes después de que se hiciera pública la iniciativa para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no ha pasado un solo día sin que se publiquen decenas de notas periodísticas advirtiendo sobre sus riesgos para los derechos de los mexicanos. A finales de abril, la 4T ya tenía previsto aprobar la nueva ley y publicarla en el Diario Oficial de la Federación en un máximo de dos o tres días, con el objetivo de que entrara en vigor precisamente en estas fechas.
El régimen de censura era tan descarado y persistente en todo el ordenamiento que la sociedad alcanzó a indignarse y manifestarse en las redes sociales con tal magnitud y rapidez que el oficialismo se vio forzado a parar el proceso legislativo y por lo menos escuchar algunas opiniones, ya sea de representantes de los sectores más afectados o de expertos.
Se implementó una nueva figura parlamentaria a la que llamaron "conversatorios", en los que los ponentes expondrían ante el Senado de la República sus principales preocupaciones sobre la nueva legislación.
Los conversatorios, en realidad, no tienen una fuerza vinculante que obligue a los legisladores a considerarlos en la ley o atender las preocupaciones de los ponentes, pero sí han servido hasta ahora para exhibir que la inconformidad con la iniciativa de la nueva ley es en esencia generalizada. Si bien la característica más llamativa de la iniciativa fue la censura, en los conversatorios se ha observado que la variedad de problemas relacionados con la nueva ley es amplísima. Se advierten riesgos graves sobre el debilitamiento de la regulación asimétrica del sector de telecomunicaciones, el desbalance de la regulación entre los servicios de televisión y las plataformas digitales, el sobrecosto del espectro radioeléctrico, las vulnerabilidades de la nueva estructura institucional, el severo régimen de sanciones, la desnaturalización de las concesiones de uso social y público que simulan concesiones comerciales, entre muchos otros. Los problemas son tan diversos y afectan en tantos niveles y dimensiones que los ponentes han debido administrar con sumo cuidado los cinco minutos que cada uno de ellos tiene en los conversatorios para priorizar las peticiones más urgentes.
Si tuviéramos que resumir las preocupaciones que se han expuesto hasta ahora en los cuatro (de cinco) conversatorios concluidos a la fecha, podría decirse que la iniciativa está plagada de inconsistencias, excesos, deficiencias de técnica legislativa y violaciones constitucionales, y en lo absoluto refleja la voluntad de la sociedad, como debería ocurrir en un sistema democrático.
La eliminación o replanteamiento de uno o dos de los artículos que mayor revuelo causaron en el debate público, de ninguna manera será suficiente para contener los problemas legislativos y judiciales que vendrían si no se incluyen ajustes estructurales en la iniciativa. Lamentablemente, hasta ahora tanto la presidenta Sheinbaum como los líderes de su bancada en el Senado han sugerido que los cambios serán más bien cosméticos, dando a entender que los conversatorios no serán más que un ejercicio de democracia utópica. Esperemos que las aportaciones de los ponentes en los conversatorios hagan mella en la postura de los legisladores, pues de lo contrario, podría anticiparse la interposición de una lluvia de amparos en contra de la ley, tan pronto como ésta entre en vigor. Considerando los tiempos de la elección judicial y el plazo de entrada en vigor previsto para la nueva ley, estos amparos posiblemente sean resueltos todavía por el Poder Judicial Federal actual o, en todo caso, por jueces recién electos que probablemente no se encuentren todavía establecidos y organizados para atender de manera consistente y sólida una acción judicial masiva de esta magnitud.
Diana N. Ronquillo