La educación no es un privilegio
Resumen:
ESTHELA DAMIÁN PERALTA CONSEJERA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA.
Transcripción:
LA EDUCACIÓN NO ES UN PRIVILEGIO
Las becas y apoyos sociales que otorga el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum no son un regalo ni una concesión discrecional
MTRA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA
CONSEJERA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
Hablar de educación, si somos honestas y honestos, implica ir más allá de aulas, libros y discursos bien intencionados. La educación no ocurre en el aire. En nuestro país, ocurre en contextos concretos atravesados por desigualdades económicas, sociales y de género. Para que alguien pueda estudiar necesita algo muy básico: condiciones materiales.
Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, fecha impulsada por la UNESCO y la ONU para recordar que la educación no es un privilegio de quien pueda pagarla, sino un derecho humano que debe ejercerse en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución.
En ese contexto, las becas y apoyos sociales que otorga el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum no son un regalo ni una concesión discrecional. Son políticas públicas en su sentido más profundo: decisiones que buscan equilibrar el punto de partida y garantizar que el derecho a la educación no dependa del ingreso familiar.
A pesar de que algunas personas piensan que estos apoyos son un uso ineficiente del recurso público, diversas teorías económicas y estudios en materia política social han sostenido que garantizar un ingreso mínimo universal tiene un impacto directo en la reducción de desigualdades y en el ejercicio efectivo de los derechos sociales.
Se ha documentado que contar con un piso básico de ingreso permite tomar decisiones menos condicionadas por la urgencia de la supervivencia inmediata, de manera que no sólo se contribuye a disminuir la pobreza, sino a fortalecer la permanencia escolar, mejorar las condiciones de salud y ampliar las oportunidades reales de desarrollo.
Estas políticas públicas no sólo impactan a quien recibe el apoyo. Transforman dinámicas familiares, comunitarias y sociales; rompen la transmisión intergeneracional de la desigualdad y redefinen el papel del Estado como garante activo de derechos.
Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta visión se traduce en una política social que no evade responsabilidades y que entiende que la igualdad requiere intervención pública sostenida.
Durante mucho tiempo se nos dijo que la educación era únicamente un asunto de mérito individual. Que quien "quería" podía. Hoy sabemos que esa narrativa es incompleta y profundamente excluyente. El mérito sin condiciones apropiadas para estudiar es sólo un espejismo.
Conmemorar el Día Internacional de la Educación también exige mirar el tema con responsabilidad institucional. No basta con abrir escuelas o ampliar la cobertura si no se crean las condiciones que permitan ejercer plenamente ese derecho.
La educación no se garantiza sólo en el papel: se materializa cuando existen políticas que acompañan trayectorias educativas.
Invertir en educación y en becas es una forma concreta de asumir que la igualdad requiere acción pública sostenida, reglas claras y un compromiso real con quienes han estudiado en desventaja.
Cuando el Estado apuesta por la educación y el bienestar, está sembrando futuro. Bajo la conducción de nuestra Presidenta esas decisiones adquieren sentido a largo plazo. Cuando las políticas públicas colocan a las personas en el centro y se sostienen con convicción, los frutos trascienden lo individual y se convierten en bienestar colectivo, cohesión social y un horizonte compartido de oportunidades.
"Diversas teorías han sostenido que garantizar un ingreso mínimo universal tiene un impacto directo en la reducción de desigualdades".
Las becas y apoyos sociales que otorga el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum no son un regalo ni una concesión discrecional
MTRA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA
CONSEJERA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA
Hablar de educación, si somos honestas y honestos, implica ir más allá de aulas, libros y discursos bien intencionados. La educación no ocurre en el aire. En nuestro país, ocurre en contextos concretos atravesados por desigualdades económicas, sociales y de género. Para que alguien pueda estudiar necesita algo muy básico: condiciones materiales.
Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, fecha impulsada por la UNESCO y la ONU para recordar que la educación no es un privilegio de quien pueda pagarla, sino un derecho humano que debe ejercerse en condiciones de igualdad, como lo establece la Constitución.
En ese contexto, las becas y apoyos sociales que otorga el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum no son un regalo ni una concesión discrecional. Son políticas públicas en su sentido más profundo: decisiones que buscan equilibrar el punto de partida y garantizar que el derecho a la educación no dependa del ingreso familiar.
A pesar de que algunas personas piensan que estos apoyos son un uso ineficiente del recurso público, diversas teorías económicas y estudios en materia política social han sostenido que garantizar un ingreso mínimo universal tiene un impacto directo en la reducción de desigualdades y en el ejercicio efectivo de los derechos sociales.
Se ha documentado que contar con un piso básico de ingreso permite tomar decisiones menos condicionadas por la urgencia de la supervivencia inmediata, de manera que no sólo se contribuye a disminuir la pobreza, sino a fortalecer la permanencia escolar, mejorar las condiciones de salud y ampliar las oportunidades reales de desarrollo.
Estas políticas públicas no sólo impactan a quien recibe el apoyo. Transforman dinámicas familiares, comunitarias y sociales; rompen la transmisión intergeneracional de la desigualdad y redefinen el papel del Estado como garante activo de derechos.
Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta visión se traduce en una política social que no evade responsabilidades y que entiende que la igualdad requiere intervención pública sostenida.
Durante mucho tiempo se nos dijo que la educación era únicamente un asunto de mérito individual. Que quien "quería" podía. Hoy sabemos que esa narrativa es incompleta y profundamente excluyente. El mérito sin condiciones apropiadas para estudiar es sólo un espejismo.
Conmemorar el Día Internacional de la Educación también exige mirar el tema con responsabilidad institucional. No basta con abrir escuelas o ampliar la cobertura si no se crean las condiciones que permitan ejercer plenamente ese derecho.
La educación no se garantiza sólo en el papel: se materializa cuando existen políticas que acompañan trayectorias educativas.
Invertir en educación y en becas es una forma concreta de asumir que la igualdad requiere acción pública sostenida, reglas claras y un compromiso real con quienes han estudiado en desventaja.
Cuando el Estado apuesta por la educación y el bienestar, está sembrando futuro. Bajo la conducción de nuestra Presidenta esas decisiones adquieren sentido a largo plazo. Cuando las políticas públicas colocan a las personas en el centro y se sostienen con convicción, los frutos trascienden lo individual y se convierten en bienestar colectivo, cohesión social y un horizonte compartido de oportunidades.
"Diversas teorías han sostenido que garantizar un ingreso mínimo universal tiene un impacto directo en la reducción de desigualdades".