Nudo Gordiano // Lord Elevador (¿y el Estado?)
Resumen:
Lord Elevador (¿y el Estado?)
Transcripción:
Lord Elevador (¿y el Estado?)
El video es insoportable. Un hombre, identificado ya como Jaime Salem, golpea salvajemente a una mujer en un elevador mientras ella intenta defenderse. No es una película, no es ficción. Es México, es real, ocurre todos los días en espacios que creemos seguros: elevadores, estacionamientos, oficinas, hogares. La diferencia es que esta vez quedó grabado.
Lo que vemos en esas imágenes no es un "incidente aislado" ni un "problema de pareja". Es violencia de género en su expresión más cruda; el hecho de que todavía necesitemos que la víctima presente una denuncia para que el Estado actúe nos convierte en cómplices institucionales.
Imaginemos que el video mostrara a alguien robando un banco o vendiendo drogas. ¿Esperaría la fiscalía que el banco presentara una denuncia? Sin embargo, cuando una mujer es brutalizada con evidencia videográfica irrefutable, de pronto necesitamos su denuncia formal. Como si la violencia contra las mujeres fuera un asunto privado, un problema menor, una cuestión doméstica que sólo compete a los involucrados. Esta lógica perversa ignora que muchas víctimas no denuncian por miedo, por dependencia económica, por amenazas, por vergüenza o simplemente porque han normalizado la violencia después de años de sufrirla. ¿Y lo peor? Si la mujer decide denunciar, le puede costar la vida.
México necesita urgentemente reformar su sistema de justicia para que la violencia de género sea perseguida de oficio en todos los casos donde exista evidencia clara del delito. No podemos seguir poniendo la carga de la justicia sobre los hombros de las mujeres. Cuando el Estado tiene conocimiento de un delito de violencia de género -sea por video, testimonio de terceros, reportes médicos o cualquier otra evidencia- debe actuar inmediatamente. La integridad física y la vida de las mujeres no pueden estar condicionadas a su capacidad o voluntad de navegar en un sistema judicial hostil, revictimizante y, frecuentemente, ineficaz.
Exigirle a una mujer golpeada que inicie el proceso legal es decirle que su dolor es su responsabilidad, que la violencia que sufre es un asunto privado, que el Estado sólo la protegerá si ella hace el trabajo de convencernos de que merece protección. Mientras que los agresores pueden actuar con relativa impunidad porque saben que muchas víctimas no denunciarán. Saben que el miedo, la vergüenza y las presiones sociales juegan a su favor.
La reforma necesaria no es sólo legal, es cultural. Necesitamos fiscalías especializadas con perspectiva de género.
Jueces que entiendan que la violencia de género no es un conflicto interpersonal, sino un delito contra la sociedad.
Políticas públicas que protejan a las víctimas independientemente de si denuncian o no. Necesitamos también que la sociedad deje de ser espectadora. Que quienes graben o presencien estos actos no solo los suban a redes sociales para generar indignación, sino que los reporten a las autoridades para que actúen, aun sin denuncia formal de la víctima.
En México, 11 mujeres son asesinadas cada día. Muchas de ellas tuvieron episodios previos de violencia que fueron minimizados, ignorados o archivados porque "no había denuncia". Cada feminicidio es precedido por una escalada de violencia que el Estado pudo y debió detener. El caso del elevador no es excepcional, sino porque quedó grabado.
La persecución de oficio de la violencia de género no es una concesión generosa del Estado; es una obligación básica de cualquier sociedad que se precie de proteger los derechos humanos. Mientras sigamos tratando la violencia contra las mujeres como un asunto privado que requiere el valor sobrehumano de las víctimas para ser atendido, seguiremos siendo cómplices de cada golpe, de cada feminicidio, de cada vida truncada por nuestra indiferencia institucionalizada.
México no puede seguir esperando a que las mujeres golpeadas pidan ayuda. Es el Estado el que debe dar el primer paso; debe decir con acciones contundentes que la violencia de género es inaceptable, imperdonable, y será perseguida con todo el peso de la ley.
Ese hombre en el elevador no solo golpeó a una mujer.
Nos golpeó a todos como sociedad. La pregunta es si vamos a responder o si seguiremos mirando hacia otro lado, esperando que la próxima víctima sea más valiente que nosotros.
Yuriria Sierra
El video es insoportable. Un hombre, identificado ya como Jaime Salem, golpea salvajemente a una mujer en un elevador mientras ella intenta defenderse. No es una película, no es ficción. Es México, es real, ocurre todos los días en espacios que creemos seguros: elevadores, estacionamientos, oficinas, hogares. La diferencia es que esta vez quedó grabado.
Lo que vemos en esas imágenes no es un "incidente aislado" ni un "problema de pareja". Es violencia de género en su expresión más cruda; el hecho de que todavía necesitemos que la víctima presente una denuncia para que el Estado actúe nos convierte en cómplices institucionales.
Imaginemos que el video mostrara a alguien robando un banco o vendiendo drogas. ¿Esperaría la fiscalía que el banco presentara una denuncia? Sin embargo, cuando una mujer es brutalizada con evidencia videográfica irrefutable, de pronto necesitamos su denuncia formal. Como si la violencia contra las mujeres fuera un asunto privado, un problema menor, una cuestión doméstica que sólo compete a los involucrados. Esta lógica perversa ignora que muchas víctimas no denuncian por miedo, por dependencia económica, por amenazas, por vergüenza o simplemente porque han normalizado la violencia después de años de sufrirla. ¿Y lo peor? Si la mujer decide denunciar, le puede costar la vida.
México necesita urgentemente reformar su sistema de justicia para que la violencia de género sea perseguida de oficio en todos los casos donde exista evidencia clara del delito. No podemos seguir poniendo la carga de la justicia sobre los hombros de las mujeres. Cuando el Estado tiene conocimiento de un delito de violencia de género -sea por video, testimonio de terceros, reportes médicos o cualquier otra evidencia- debe actuar inmediatamente. La integridad física y la vida de las mujeres no pueden estar condicionadas a su capacidad o voluntad de navegar en un sistema judicial hostil, revictimizante y, frecuentemente, ineficaz.
Exigirle a una mujer golpeada que inicie el proceso legal es decirle que su dolor es su responsabilidad, que la violencia que sufre es un asunto privado, que el Estado sólo la protegerá si ella hace el trabajo de convencernos de que merece protección. Mientras que los agresores pueden actuar con relativa impunidad porque saben que muchas víctimas no denunciarán. Saben que el miedo, la vergüenza y las presiones sociales juegan a su favor.
La reforma necesaria no es sólo legal, es cultural. Necesitamos fiscalías especializadas con perspectiva de género.
Jueces que entiendan que la violencia de género no es un conflicto interpersonal, sino un delito contra la sociedad.
Políticas públicas que protejan a las víctimas independientemente de si denuncian o no. Necesitamos también que la sociedad deje de ser espectadora. Que quienes graben o presencien estos actos no solo los suban a redes sociales para generar indignación, sino que los reporten a las autoridades para que actúen, aun sin denuncia formal de la víctima.
En México, 11 mujeres son asesinadas cada día. Muchas de ellas tuvieron episodios previos de violencia que fueron minimizados, ignorados o archivados porque "no había denuncia". Cada feminicidio es precedido por una escalada de violencia que el Estado pudo y debió detener. El caso del elevador no es excepcional, sino porque quedó grabado.
La persecución de oficio de la violencia de género no es una concesión generosa del Estado; es una obligación básica de cualquier sociedad que se precie de proteger los derechos humanos. Mientras sigamos tratando la violencia contra las mujeres como un asunto privado que requiere el valor sobrehumano de las víctimas para ser atendido, seguiremos siendo cómplices de cada golpe, de cada feminicidio, de cada vida truncada por nuestra indiferencia institucionalizada.
México no puede seguir esperando a que las mujeres golpeadas pidan ayuda. Es el Estado el que debe dar el primer paso; debe decir con acciones contundentes que la violencia de género es inaceptable, imperdonable, y será perseguida con todo el peso de la ley.
Ese hombre en el elevador no solo golpeó a una mujer.
Nos golpeó a todos como sociedad. La pregunta es si vamos a responder o si seguiremos mirando hacia otro lado, esperando que la próxima víctima sea más valiente que nosotros.
Yuriria Sierra