Quedarán libres 4 mil acusados de narco sin la prisión preventiva
Resumen:
Los narcotraficantes presos sin sentencia ya vislumbran la posibilidad de traspasar las rejas en las que están recluidos.
Transcripción:
Los narcotraficantes presos sin sentencia ya vislumbran la posibilidad de traspasar las rejas en las que están recluidos.
La posibilidad de que puedan quedar libertad, cuando seis de cada 10 reos en cárceles federales pertenecen a los cárteles más peligrosos como son Los Zetas, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que más de 4 mil no han sido condenados, es casi un hecho si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que MILENIO obtuvo vía la ley de Transparencia y Acceso a la Información, indican que hasta marzo pasado había 20 mil 628 confinados en los penales administrados por el gobierno federal.
Del total, 11 mil 823 son parte de la delincuencia organizada y 8 mil 805 no tienen vínculos con dichas agrupaciones. Esto equivale a que 57 de cada 100 internos forman parte del narco.
Los Zetas es el grupo criminal con más miembros encarcelados, sumando mil 536. La fuerza de este cártel, que ganó fama de ser el más temible y sanguinario en el sexenio de Felipe Calderón, se ha ido diluyendo con el paso de los años.
Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, considera que existe "una altísima probabilidad de que estos presos se reincorporen a alguna banda criminal - no necesariamente a la que estuvieron antes de ser aprehendidos- porque muchos de ellos no saben hacer otra cosa".
El especialista prevé que la Suprema Corte eliminará la prisión preventiva oficiosa, "pero no puede ser de golpe no va a ser de golpe". También opina que la presencia de miembros de grupos criminales que "prácticamente ya no existen" (Los Zetas) refleja que muchos de esos imputados llegaron en sexenios pasados.
Aunque también hay personas encarceladas capturada en la actual administración, lo que evidencia que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "sí regresó a la estrategia de detener a los generadores de violencia: través del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia", agrega el experto.
Después de Los Zetas, las mafias que tienen a más de sus integrantes tras las rejas son los cárteles de Jalisco y Sinaloa, con mil 338 y mil 140, respectivamente Son estas dos organizaciones las que ostentan hoy el mayor poderío criminal y protagonizan una lucha encarnizada que, como en tiempos del calderonismo; xenio de Enrique Peña Nieto, no han dejado de ocupar los titulares de prensa.
Un tercio, sin sentencia Las cifras del organismo de prevención obtenidas dejan ver que 29 por ciento de todos los internos en penales federales no han sido sentenciados. En el caso de los ligados al narcotráfico y la deincuencia organizada, la proporción sube a 35 por ciento.
En números absolutos, son 6 mil 41 presos sin sentencia en cárceles federales, de los que 4 mil 170 pertenecen a algún cártel. Esto solo en las prisiones que administra la Federación.
La Suprema Corte está próxima a resolver la desaparición de la prisión preventiva oficiosa del sistema de justicia penal, luego de que en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano eliminarla por ser contraria a las garantías internacionales.
Esto no implica en lo inmediato una desbandada de las cárceles, pero sí permitiría a los abogados solicitar a los jueces que revisen la medida cautelar impuesta a sus clientes y la sustituyan para que lleven su juicio en libertad.
La prisión preventiva oficiosa, recogida en el artículo 19 de la Constitución, permite enviar de forma automática a la cárcel a quien sea acusado de un catálogo de 16 delitos de alto impacto que van desde delincuencia organizada, secuestro y homicidio doloso hasta robo de casa habitación.
El argumento para justificar una medida cautelar así es que evita que el acusado se dé a la fuga mientras transcurre el juicio o tome represalias contra las víctimas, testigos e incluso los jueces que analizan el caso.
Quienes se oponen a que siga esa figura procesal sostienen que viola la presunción de inocencia al encarcelar a personas que legalmente no son culpables.
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la prisión preventiva oficiosa en México viola el principio de presunción de inocencia y que solo debe ser usada en casos excepcionales, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno dela Ciudad de México solicitaron a la SCJN no declarar inconstitucional tal medida cautelar.
Sin distingo de partido político, los mandatarios estatales se unificaron para presentar un recurso de amicus curiae para advertir a los ministros que una decisión así "impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país".
La posibilidad de que puedan quedar libertad, cuando seis de cada 10 reos en cárceles federales pertenecen a los cárteles más peligrosos como son Los Zetas, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que más de 4 mil no han sido condenados, es casi un hecho si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que MILENIO obtuvo vía la ley de Transparencia y Acceso a la Información, indican que hasta marzo pasado había 20 mil 628 confinados en los penales administrados por el gobierno federal.
Del total, 11 mil 823 son parte de la delincuencia organizada y 8 mil 805 no tienen vínculos con dichas agrupaciones. Esto equivale a que 57 de cada 100 internos forman parte del narco.
Los Zetas es el grupo criminal con más miembros encarcelados, sumando mil 536. La fuerza de este cártel, que ganó fama de ser el más temible y sanguinario en el sexenio de Felipe Calderón, se ha ido diluyendo con el paso de los años.
Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, considera que existe "una altísima probabilidad de que estos presos se reincorporen a alguna banda criminal - no necesariamente a la que estuvieron antes de ser aprehendidos- porque muchos de ellos no saben hacer otra cosa".
El especialista prevé que la Suprema Corte eliminará la prisión preventiva oficiosa, "pero no puede ser de golpe no va a ser de golpe". También opina que la presencia de miembros de grupos criminales que "prácticamente ya no existen" (Los Zetas) refleja que muchos de esos imputados llegaron en sexenios pasados.
Aunque también hay personas encarceladas capturada en la actual administración, lo que evidencia que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "sí regresó a la estrategia de detener a los generadores de violencia: través del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia", agrega el experto.
Después de Los Zetas, las mafias que tienen a más de sus integrantes tras las rejas son los cárteles de Jalisco y Sinaloa, con mil 338 y mil 140, respectivamente Son estas dos organizaciones las que ostentan hoy el mayor poderío criminal y protagonizan una lucha encarnizada que, como en tiempos del calderonismo; xenio de Enrique Peña Nieto, no han dejado de ocupar los titulares de prensa.
Un tercio, sin sentencia Las cifras del organismo de prevención obtenidas dejan ver que 29 por ciento de todos los internos en penales federales no han sido sentenciados. En el caso de los ligados al narcotráfico y la deincuencia organizada, la proporción sube a 35 por ciento.
En números absolutos, son 6 mil 41 presos sin sentencia en cárceles federales, de los que 4 mil 170 pertenecen a algún cártel. Esto solo en las prisiones que administra la Federación.
La Suprema Corte está próxima a resolver la desaparición de la prisión preventiva oficiosa del sistema de justicia penal, luego de que en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano eliminarla por ser contraria a las garantías internacionales.
Esto no implica en lo inmediato una desbandada de las cárceles, pero sí permitiría a los abogados solicitar a los jueces que revisen la medida cautelar impuesta a sus clientes y la sustituyan para que lleven su juicio en libertad.
La prisión preventiva oficiosa, recogida en el artículo 19 de la Constitución, permite enviar de forma automática a la cárcel a quien sea acusado de un catálogo de 16 delitos de alto impacto que van desde delincuencia organizada, secuestro y homicidio doloso hasta robo de casa habitación.
El argumento para justificar una medida cautelar así es que evita que el acusado se dé a la fuga mientras transcurre el juicio o tome represalias contra las víctimas, testigos e incluso los jueces que analizan el caso.
Quienes se oponen a que siga esa figura procesal sostienen que viola la presunción de inocencia al encarcelar a personas que legalmente no son culpables.
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la prisión preventiva oficiosa en México viola el principio de presunción de inocencia y que solo debe ser usada en casos excepcionales, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno dela Ciudad de México solicitaron a la SCJN no declarar inconstitucional tal medida cautelar.
Sin distingo de partido político, los mandatarios estatales se unificaron para presentar un recurso de amicus curiae para advertir a los ministros que una decisión así "impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país".