Transcripción:
OPINIÓN encomún causa® FERNANDO ESCOBAR AYALA
Nombres sin cuerpo en Común, recientemente presentamos un informe sobre el contexto institucional que rodea a la desaparición de personas, con el fin de resaltar cómo el debilitamiento de las instituciones buscadoras ha terminado por provocar una crisis de proporciones alarmantes.
a omisión del Estado mexicano y la ineficiencia institucional han permitido que miles de personas permanezcan en la incertidumbre, sin justicia ni respuestas.
Mientras las cifras de desaparecidos siguen en aumento, las estrategias gubernamentales para su búsqueda e identificación han demostrado ser insuficientes e incluso negligentes.
Desde 2006, la violencia vinculada al crimen organizado ha provocado un incremento sin precedentes en el número de desapariciones. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta finales de 2024, se contabilizaban 120,628 personas desaparecidas.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las desapariciones alcanzaron un récord histórico con 53,261 casos, un 64 por ciento más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto y 215 por ciento más que en el de Felipe Calderón.
La situación se agrava con la llegada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. En sus primeros 100 días, se registraron 4,120 desapariciones, lo que representa un aumento del 1104 por ciento en comparación con el inicio del sexenio de López Obrador.
Uno de los factores que ha obstaculizado la búsqueda efectiva de desaparecidos es la manipulación de cifras por parte del gobierno. En 2024, la administración federal intentó reducir artificialmente el número de desaparecidos a través de un "censo" elaborado sin el respaldo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR) o las fiscalías estatales. Este "censo" reclasificó los casos en tres nuevas categorías que carecen de sustento legal, resultando en una disminución arbitraria de la cifra oficial a 12,377 desaparecidos.
El hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en una constante. De acuerdo con el Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas de la CNB, desde 2006 hasta 2023 se han localizado 5,698 fosas en el país. Durante el sexenio de López Obrador, el 50 por ciento de estas fosas fueron descubiertas, principalmente en Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua. Sin embargo, la capacidad del Estado para procesar los restos encontrados es precaria.
Las fiscalías estatales y la FGR han fallado en la creación de registros confiables y en la identificación de cuerpos.
De los 94,893 cuerpos recibidos en 2023 por las unidades forenses, 9,134 no fueron identificados. Muchas morgues operan al límite de su capacidad y terminan trasladando los restos a fosas comunes sin una estrategia clara de exhumación y reintegración a sus familias.
El debilitamiento de la CNB y las Comisiones de Búsqueda estatales ha sido una estrategia deliberada del gobierno.
La CNB, que debería ser la entidad rectora del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), ha sufrido recortes presupuestarios y ha sido capturada por intereses políticos. En 2024, la excomisionada Karla Quintana renunció debido a la presión del gobierno y fue reemplazada por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, cuyo nombramiento fue ampliamente criticado por colectivos de víctimas y organismos internacionales.
El presupuesto destinado a la búsqueda de personas también ha sido insuficiente. Mientras el gasto público se destina a megaproyectos, el financiamiento de la CNB y las Comisiones de Búsqueda ha representado apenas el 0.02 por ciento del presupuesto total de los gobiernos estatales. La mayoría de estas comisiones cuentan con menos de 10 empleados para atender miles de casos, lo que hace imposible el cumplimiento de su función.
El sistema de justicia mexicano ha fallado en investigar y sancionar los delitos de desaparición. Entre 2019 y 2022, el 99 por ciento de las denuncias por desaparición permanecieron impunes. La falta de personal capacitado y de un protocolo de atención a víctimas ha llevado a que muchas familias sean revictimizadas por las propias autoridades, quienes suelen justificar las desapariciones como "ausencias voluntarias" o culpar a las víctimas de su situación.
Las madres buscadoras han asumido la responsabilidad que el Estado ha abandonado, realizando las búsquedas con sus propios recursos y enfrentando riesgos letales. Entre 2010 y 2024, 16 madres buscadoras fueron asesinadas o desaparecidas, 13 de ellas durante el sexenio de López Obrador.
El Sistema Nacional de Búsqueda es una estructura fallida. Las instituciones responsables de la búsqueda e identificación de personas han sido debilitadas, el financiamiento es insuficiente y las cifras han sido manipuladas para encubrir la magnitud del problema. La impunidad sigue siendo la norma, y las víctimas continúan en el abandono. @causaencomun de las desapariciones en México es una herida abierta que solo podrá cerrarse con verdad, justicia y la acción decidida del Estado. Mientras esto no ocurra, seguirá habiendo nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre, en espera de ser encontrados.