Talamontes destruyen reserva en Campeche y Petén
Resumen:
Considerada una de las áreas selváticas más ricas en maderas preciosas, la frontera entre Campeche (México) y Petén (Guatemala) poseé una de las reservas ecológicas más importantes de árboles Granadillos, que son usados para muebles, instrumentos musicales, yates, y demás productos de gran lujo.
Transcripción:
Considerada una de las áreas selváticas más ricas en maderas preciosas, la frontera entre Campeche (México) y Petén (Guatemala) poseé una de las reservas ecológicas más importantes de árboles Granadillos, que son usados para muebles, instrumentos musicales, yates, y demás productos de gran lujo. Autoridades de los dos países realizan esfuerzos contra la tala clandestina, pero son insuficientes ante el tamaño de la selva. En el recuadro izquierdo, un talamontes detenido. (Fotos: InSight Crime) » Pág. 16
Por Redacción / El Independiente
nivel mundial cerca del 78% de los bosques primarios han sido estruidos por humanos y el 22% restante se ha visto afectado por la extracción de madera; sólo el 12% de los bosques están asignados a la conservación de la biodiversidad. Si bien por un lado sabemos que los árboles liberan oxígeno y transforman el dióxido de carbono en biomasa, reduciendo el efecto invernadero; son fuente de materia prima para la elaboración de medicinas, alimentos, papel, combustible, fibras, corcho, resinas y caucho, es decir, con un objetivo comercial, abriendo la posibilidad de una tala clandestina, como la que se vive en la frontera de México y Guatamala.
Para demostrarlo, los investigadores Alejandro Melgoza y Alex Papadovassilakis, de Insight Crime, dieron a conocer su reportaje Patrullaje en la selva Maya: La lucha contra la tala ilegal en la frontera Guatemala-México, donde revelan cómo gran parte de la densa selva de la Reserva de la Biósfera Mirador Azul en Petén, en el extremo norte de Guatemala, un grupo élite de guardaparques y militares buscan detener el fenómeno de la tala clandestina.
En la investigación, se explica que una oscura red de taladores comenzó a ingresar a territorio guatemalteco desde el 2018 en busca de granadillo, ya que las reservas en el lado mexicano empezaron a escasear.
Por eso, en noviembre de 2021, un equipo de InSight Crime acompañó a los guardaparques de ambos lados de la frontera durante una decena de días dentro de la selva Maya, acechada por organizaciones criminales.
La investigación, dividida en siete capítulos, se realizó en la Reserva de la Biósfera Maya, una reserva natural cuya extensión posee más de 2 millones de hectáreas y alberga a 2 mil 800 especies de plantas y animales. Entre los testimonios del ecocidio, está el de Francisco Asturias, un guardaparques que lleva 34 años vigilando la selva maya desde el servicio público y junto a organizaciones de la sociedad civil. A Paco, como lo llama todo su equipo, lo respetan no solo por las operaciones que ha comandado en contra de criminales que quieren arrasar con los recursos naturales, sino porque hasta la fecha, a sus 61 años, sigue patrullando dentro de las selvas.
“Mi lucha es por la selva Maya. Mi sueño es integrar a Guatemala, México y Belice para protegerla, porque la selva Maya es la más prístina y salvaje de Mesoamérica, dice Asturias de manera insistente.
Paco cuenta que fue en 2018 cuando se empezaron a enfrentar a diversas redes criminales en la frontera México-Guatemala. Más precisamente nos habla de taladores que cruzan del lado mexicano a las reservas naturales de Petén buscando extraer granadillo, un tipo de madera protegida a nivel internacional y codiciada en el mercado chino.
Según Ministerio Público de Guatemala, entre 2018 y 2020 se realizaron al menos 62 denuncias que involucran a presuntos taladores, intermediarios e incluso funcionarios.
Dentro del reportaje Patrullaje en la selva Maya: La lucha contra la tala ilegal en la frontera Guatemala-Véxico, queda en evidencia cómo los guardaparques realizan los recorridos en pequeños grupos y sin armas, a pesar de que están expuestos a criminales. Aunque se les encomendó la gigantesca tarea de vigilar un área vasta y rica en recursos, los guardaparques no pueden realizar arrestos sin la ayuda del ejército y la policía guatemaltecos, quienes solo los acompañan esporádicamente.
Los patrullajes, según narra uno de los capítulos de esta investigación, han dejado como resultado alrededor de una decena de arrestos por tala o cacería ilegal. También han ayudado a documentar la extracción ilegal de aproximadamente 200 árboles de granadillo entre 2018 y 2021, con un valor estimado de $1.4 millones de dólares cuando la madera llega a los puertos de México.
Uno de los operativos de inteligencia más destacados, según la investigación, ocurrió en 2018, cuando la policía civil y el ejército sorprendieron a un grupo de tres madereros en un sitio denominado La Giera, ubicado en la línea fronteriza entre Guatemala y México.
En aquella ocasión, el talador mexicano les ofreció unos $2 mil 500 dólares que supuestamente traería un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cambio de dejarlos en libertad. Respecto a este caso, Sedena no respondió a la petición de comentario de InSight Crime.
Ni los guardabosques ni los soldados querían terminar en una situación tensa con el ejército extranjero, así que decidieron no esperar a nadie. Se llevaron al talador preso al Ministerio Público de Flores, pero más tarde salió libre bajo un criterio que permite la liberación para quienes cometen un delito por primera vez. Para los guardaparques se vuelve un “círculo vicioso” porque muchas veces los jueces no dimensionan el tamaño de los delitos ambientales, lo que beneficia a los taladores que salen libres en poco tiempo.
Una vez recabados los testimonios en Guatemala, los investigadores también describieron que lo que pasa en suelo mexicano no dista mucho, como lo muestran en sus recorridos en Arroyo Negro, una pequeña comunidad en Campeche. En este estado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió 27 expedientes por tráfico ilegal de granadillo entre 2006 y 2021.
Para la investigación, se tomó como referencia la Reserva de la Biósfera de Calakmul, una zona que alcanza las 723 mil 185 hectáreas y alberga el 80 por ciento de las especies vegetales de la Península de Yucatán, además de casi 100 especies de mamíferos, 75 de reptiles, 18 de anfibios y 350 de aves.
En el texto se explica que la estructura de tala de madera está altamente organizada y, a nivel local, son los lugareños empobrecidos quienes sirven como mano de obra barata para realizar el “trabajo sucio”
A esos taladores locales los reclutan para que en las épocas secas del año ingresen a la reserva, busquen los árboles y los marquen con sus iniciales. Dos o tres días después llega otro grupo de gente encargada de talar y cortar los árboles marcados y dejarlos listos para el traslado. Cuando ya tienen todos los árboles que necesitan, un tráiler se los lleva.
A los taladores, que por lo general son personas de pocos recursos que viven en aldeas dentro de la reserva, se les paga entre 12 mil y 15 mil pesos el metro cúbico de granadillo, Es decir, una jugosa cantidad dinero en comunidades cuyos habitantes trabajan como jornaleros en ranchos.
Pero son los intermediarios de la red criminal, de acuerdo a la investigación, muchas veces empresarios que viven lujosamente en grandes ciudades, son quienes realmente sacan provecho de la tala ilegal. Para ellos, el precio del metro cúbico de granadillo se puede multiplicar hasta cuatro o cinco veces cuando la madera está lista para exportar a mercados internacionales.
Un metro cúbico equivale a un árbol de más de diez metros en forma de un rectángulo alargado y podado sin cortezas. Esta modificación se realiza para transportar la madera fácilmente pero también con el fin de que se confunda con cualquier madera con pocas restricciones para exportación, lo que le permite a la mafia conseguir papeles falsos para los controles aduaneros. A este proceso se le conoce como “lavado de madera"
Normalmente el “lavado” se realiza en aserraderos, en donde se despoja a la madera en bruto de sus aspectos característicos. Estos centros son el pan de cada día en las comunidades cercanas a las selvas. De unos 366 aserraderos ilegales detectados en el país a partir de 2012, 68 estaban localizados en Calakmul, según Profepa.
Toda esta logística se puede financiar gracias al jugoso precio del granadillo y es lo que les permite a los intermediarios y las empresas de madera de la red gozar de sus ganancias substanciales con una apariencia de legalidad, mientras los taladores locales asumen el riesgo de ser capturados en flagrancia por las autoridades.
De acuerdo con los cálculos de los guardaparques, el metro cúbico “lavado” asciende a unos 70 mil pesos para los intermediarios o “coyotes” gente con dinero de Ciudad de México o Yucatán que reclutan los taladores locales y compran grandes cantidades de madera ilegal en nombre de clientes en mercados extranjeros.
Pese a ello, entre 2012 y 2021 en Campeche, solo se logró confiscar un total de 120 metros cúbicos de granadillo. Y estos podrían estar valorados en unos 9.4 millones de pesos mexicanos. Y en el mismo periodo solo ha habido cuatro denuncias.
Entre los problemas que el reportaje también expone es que los propietarios de tierras, en muchas ocasiones ofrecen a veces sus nombres para solicitar autorizaciones de extracción de madera comercial, y los permisos se utilizan después para “lavar” la madera en los aserraderos, según el mismo informe. El dinero de la mafia maderera ha incentivado la realización de estos pactos en comunidades donde la agricultura es una de las únicas formas de ingresos, según los guardaparques. Además, esa colusión ha hecho que muchos lugares sean impenetrables para las autoridades, a menos que se hagan grandes operativos.
Sobre la forma de transportación, los investigadores establecen a Puerto Progreso, una aduana ubicada en Yucatán, como de el mayor tráfico de madera, hacia el mercado internacional. Aquí es donde llegan los camiones cargados con troncos de granadillo.
Este puerto es tan relevante que en junio de 2021 la FGR detectó unos 27 contenedores, de los cuales en 25 había granadillo, a partir de una denuncia anónima vía telefónica que se había recibido días antes. El granadillo, que está legalmente protegido y no puede ser exportado según la ley mexicana, pretendía ser trasladado hacia China y tenía un valor de más de 3 millones de dólares, un indicio de lo millonaria que es la industria del saqueo ilegal de granadillo.
Pero ahí no acabó la historia. Unos meses más tarde, el 8 de septiembre de 2021, la Fiscalía envió un oficio a la aduana de Puerto Progreso para que liberara un contenedor incautado en junio de ese año debido a que se había realizado un segundo peritaje que acreditaba que no era granadillo, según publicó la revista digital Emeequis.
De acuerdo con los detalles del caso reportados por Emeequis, verificados por InSight Crime, la solicitud para liberar el contenedor se produjo después de que un bufete de abogados que representa a empresarios chinos hizo una visita a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México y ofreció un soborno considerable. El caso se archivó entonces, y la mafia maderera logró reclamar la mayor parte de los contenedores mediante el envío de más cartas oficiales, según una fuente anónima de la FGR citada por Emeequis.
*Con información de es.insightcrime.org
Por Redacción / El Independiente
nivel mundial cerca del 78% de los bosques primarios han sido estruidos por humanos y el 22% restante se ha visto afectado por la extracción de madera; sólo el 12% de los bosques están asignados a la conservación de la biodiversidad. Si bien por un lado sabemos que los árboles liberan oxígeno y transforman el dióxido de carbono en biomasa, reduciendo el efecto invernadero; son fuente de materia prima para la elaboración de medicinas, alimentos, papel, combustible, fibras, corcho, resinas y caucho, es decir, con un objetivo comercial, abriendo la posibilidad de una tala clandestina, como la que se vive en la frontera de México y Guatamala.
Para demostrarlo, los investigadores Alejandro Melgoza y Alex Papadovassilakis, de Insight Crime, dieron a conocer su reportaje Patrullaje en la selva Maya: La lucha contra la tala ilegal en la frontera Guatemala-México, donde revelan cómo gran parte de la densa selva de la Reserva de la Biósfera Mirador Azul en Petén, en el extremo norte de Guatemala, un grupo élite de guardaparques y militares buscan detener el fenómeno de la tala clandestina.
En la investigación, se explica que una oscura red de taladores comenzó a ingresar a territorio guatemalteco desde el 2018 en busca de granadillo, ya que las reservas en el lado mexicano empezaron a escasear.
Por eso, en noviembre de 2021, un equipo de InSight Crime acompañó a los guardaparques de ambos lados de la frontera durante una decena de días dentro de la selva Maya, acechada por organizaciones criminales.
La investigación, dividida en siete capítulos, se realizó en la Reserva de la Biósfera Maya, una reserva natural cuya extensión posee más de 2 millones de hectáreas y alberga a 2 mil 800 especies de plantas y animales. Entre los testimonios del ecocidio, está el de Francisco Asturias, un guardaparques que lleva 34 años vigilando la selva maya desde el servicio público y junto a organizaciones de la sociedad civil. A Paco, como lo llama todo su equipo, lo respetan no solo por las operaciones que ha comandado en contra de criminales que quieren arrasar con los recursos naturales, sino porque hasta la fecha, a sus 61 años, sigue patrullando dentro de las selvas.
“Mi lucha es por la selva Maya. Mi sueño es integrar a Guatemala, México y Belice para protegerla, porque la selva Maya es la más prístina y salvaje de Mesoamérica, dice Asturias de manera insistente.
Paco cuenta que fue en 2018 cuando se empezaron a enfrentar a diversas redes criminales en la frontera México-Guatemala. Más precisamente nos habla de taladores que cruzan del lado mexicano a las reservas naturales de Petén buscando extraer granadillo, un tipo de madera protegida a nivel internacional y codiciada en el mercado chino.
Según Ministerio Público de Guatemala, entre 2018 y 2020 se realizaron al menos 62 denuncias que involucran a presuntos taladores, intermediarios e incluso funcionarios.
Dentro del reportaje Patrullaje en la selva Maya: La lucha contra la tala ilegal en la frontera Guatemala-Véxico, queda en evidencia cómo los guardaparques realizan los recorridos en pequeños grupos y sin armas, a pesar de que están expuestos a criminales. Aunque se les encomendó la gigantesca tarea de vigilar un área vasta y rica en recursos, los guardaparques no pueden realizar arrestos sin la ayuda del ejército y la policía guatemaltecos, quienes solo los acompañan esporádicamente.
Los patrullajes, según narra uno de los capítulos de esta investigación, han dejado como resultado alrededor de una decena de arrestos por tala o cacería ilegal. También han ayudado a documentar la extracción ilegal de aproximadamente 200 árboles de granadillo entre 2018 y 2021, con un valor estimado de $1.4 millones de dólares cuando la madera llega a los puertos de México.
Uno de los operativos de inteligencia más destacados, según la investigación, ocurrió en 2018, cuando la policía civil y el ejército sorprendieron a un grupo de tres madereros en un sitio denominado La Giera, ubicado en la línea fronteriza entre Guatemala y México.
En aquella ocasión, el talador mexicano les ofreció unos $2 mil 500 dólares que supuestamente traería un coronel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cambio de dejarlos en libertad. Respecto a este caso, Sedena no respondió a la petición de comentario de InSight Crime.
Ni los guardabosques ni los soldados querían terminar en una situación tensa con el ejército extranjero, así que decidieron no esperar a nadie. Se llevaron al talador preso al Ministerio Público de Flores, pero más tarde salió libre bajo un criterio que permite la liberación para quienes cometen un delito por primera vez. Para los guardaparques se vuelve un “círculo vicioso” porque muchas veces los jueces no dimensionan el tamaño de los delitos ambientales, lo que beneficia a los taladores que salen libres en poco tiempo.
Una vez recabados los testimonios en Guatemala, los investigadores también describieron que lo que pasa en suelo mexicano no dista mucho, como lo muestran en sus recorridos en Arroyo Negro, una pequeña comunidad en Campeche. En este estado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió 27 expedientes por tráfico ilegal de granadillo entre 2006 y 2021.
Para la investigación, se tomó como referencia la Reserva de la Biósfera de Calakmul, una zona que alcanza las 723 mil 185 hectáreas y alberga el 80 por ciento de las especies vegetales de la Península de Yucatán, además de casi 100 especies de mamíferos, 75 de reptiles, 18 de anfibios y 350 de aves.
En el texto se explica que la estructura de tala de madera está altamente organizada y, a nivel local, son los lugareños empobrecidos quienes sirven como mano de obra barata para realizar el “trabajo sucio”
A esos taladores locales los reclutan para que en las épocas secas del año ingresen a la reserva, busquen los árboles y los marquen con sus iniciales. Dos o tres días después llega otro grupo de gente encargada de talar y cortar los árboles marcados y dejarlos listos para el traslado. Cuando ya tienen todos los árboles que necesitan, un tráiler se los lleva.
A los taladores, que por lo general son personas de pocos recursos que viven en aldeas dentro de la reserva, se les paga entre 12 mil y 15 mil pesos el metro cúbico de granadillo, Es decir, una jugosa cantidad dinero en comunidades cuyos habitantes trabajan como jornaleros en ranchos.
Pero son los intermediarios de la red criminal, de acuerdo a la investigación, muchas veces empresarios que viven lujosamente en grandes ciudades, son quienes realmente sacan provecho de la tala ilegal. Para ellos, el precio del metro cúbico de granadillo se puede multiplicar hasta cuatro o cinco veces cuando la madera está lista para exportar a mercados internacionales.
Un metro cúbico equivale a un árbol de más de diez metros en forma de un rectángulo alargado y podado sin cortezas. Esta modificación se realiza para transportar la madera fácilmente pero también con el fin de que se confunda con cualquier madera con pocas restricciones para exportación, lo que le permite a la mafia conseguir papeles falsos para los controles aduaneros. A este proceso se le conoce como “lavado de madera"
Normalmente el “lavado” se realiza en aserraderos, en donde se despoja a la madera en bruto de sus aspectos característicos. Estos centros son el pan de cada día en las comunidades cercanas a las selvas. De unos 366 aserraderos ilegales detectados en el país a partir de 2012, 68 estaban localizados en Calakmul, según Profepa.
Toda esta logística se puede financiar gracias al jugoso precio del granadillo y es lo que les permite a los intermediarios y las empresas de madera de la red gozar de sus ganancias substanciales con una apariencia de legalidad, mientras los taladores locales asumen el riesgo de ser capturados en flagrancia por las autoridades.
De acuerdo con los cálculos de los guardaparques, el metro cúbico “lavado” asciende a unos 70 mil pesos para los intermediarios o “coyotes” gente con dinero de Ciudad de México o Yucatán que reclutan los taladores locales y compran grandes cantidades de madera ilegal en nombre de clientes en mercados extranjeros.
Pese a ello, entre 2012 y 2021 en Campeche, solo se logró confiscar un total de 120 metros cúbicos de granadillo. Y estos podrían estar valorados en unos 9.4 millones de pesos mexicanos. Y en el mismo periodo solo ha habido cuatro denuncias.
Entre los problemas que el reportaje también expone es que los propietarios de tierras, en muchas ocasiones ofrecen a veces sus nombres para solicitar autorizaciones de extracción de madera comercial, y los permisos se utilizan después para “lavar” la madera en los aserraderos, según el mismo informe. El dinero de la mafia maderera ha incentivado la realización de estos pactos en comunidades donde la agricultura es una de las únicas formas de ingresos, según los guardaparques. Además, esa colusión ha hecho que muchos lugares sean impenetrables para las autoridades, a menos que se hagan grandes operativos.
Sobre la forma de transportación, los investigadores establecen a Puerto Progreso, una aduana ubicada en Yucatán, como de el mayor tráfico de madera, hacia el mercado internacional. Aquí es donde llegan los camiones cargados con troncos de granadillo.
Este puerto es tan relevante que en junio de 2021 la FGR detectó unos 27 contenedores, de los cuales en 25 había granadillo, a partir de una denuncia anónima vía telefónica que se había recibido días antes. El granadillo, que está legalmente protegido y no puede ser exportado según la ley mexicana, pretendía ser trasladado hacia China y tenía un valor de más de 3 millones de dólares, un indicio de lo millonaria que es la industria del saqueo ilegal de granadillo.
Pero ahí no acabó la historia. Unos meses más tarde, el 8 de septiembre de 2021, la Fiscalía envió un oficio a la aduana de Puerto Progreso para que liberara un contenedor incautado en junio de ese año debido a que se había realizado un segundo peritaje que acreditaba que no era granadillo, según publicó la revista digital Emeequis.
De acuerdo con los detalles del caso reportados por Emeequis, verificados por InSight Crime, la solicitud para liberar el contenedor se produjo después de que un bufete de abogados que representa a empresarios chinos hizo una visita a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México y ofreció un soborno considerable. El caso se archivó entonces, y la mafia maderera logró reclamar la mayor parte de los contenedores mediante el envío de más cartas oficiales, según una fuente anónima de la FGR citada por Emeequis.
*Con información de es.insightcrime.org